Bombas lacrimógenas y agua a presión lanzó la policía a los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que este jueves exigían justicia por el asesinato de su extinta presidenta, la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres.

El desalojo violento se produjo en las afueras del Ministerio Público, donde los miembros de la comunidad Lenca protestaban en compañía de ciudadanos garífunas por la lentitud en el proceso judicial de Cáceres, quien fue asesinada el pasado 3 de marzo en circunstancias, que aún el Estado no ha esclarecido.

Los ciudadanos de los pueblos originarios fueron acorralados, mientras los elementos de la policía les lanzaban bombas lacrimógenas y agua a presión. En el incidente se produjo, además, la detención de algunos de los protestantes.

El apoderado legal del COPINH y de la familia Cáceres, Víctor Fernández, dijo que es una manifestación de fuerza absurda la que ha ejercido este día la Policía Nacional de Honduras porque el ataque comenzó cuando los miembros de la etnia garífuna y los lencas realizaban una ceremonia espiritual. “Es una vergüenza, es indignante lo que ha pasado”, expresó

El también exfiscal, manifestó que con lo ocurrido hoy la policía quiere demostrar acciones de fuerza para generar terror en la población. Es lamentable, tenemos una policía que se ha convertido en verdugo del pueblo, añadió.

Fernádez dijo que la policía le está saliendo muy cara a los hondureños porque “la pagamos por todos lados”, al igual que el Ministerio Público, un ente que legítima la impunidad y para lo cual el Estado destina más de mil millones de lempiras y ahora está pidiendo ampliación del presupuesto sin dar los resultados deseados, condenó, para finalizar diciendo que la acción de la policía es un acto de “cobardía, de irresponsabilidad e indignación”.

Por su parte, uno de los manifestantes calificó que la acción es repudiante porque “nosotros no estamos haciendo nada mala solo estamos pidiendo justicia para nuestra hermana Berta Cáceres, que el único delito fue defender los recursos como lo hizo el cacique Lempira”.

El hombre dijo que pese a la represión del Estado “los lencas seguiremos ese legado (Lempira y de Berta Cáceres) defendiendo lo que nos corresponde”.

Amplió que les duele y lamentan los atropellos del gobierno y la represión que ejerce la policía “irrespetando la vida de sus ciudadanos y olvidando su función de proteger y dar seguridad”.

“Estamos en forma pacífica y nos están atacando, son unos sinvergüenzas los de este gobierno de Juan Orlando, que no quieren que uno se manifieste de manera pacífica”, añadió el lenca.

Una vez desalojados de las afueras del Ministerio Público, los miembros del COPINH fueron perseguidos por los policías por los bulevares Morazán y Los Próceres. Los uniformados golpearon ,además, a periodistas y transeúntes que encontraban a su paso.

Criterio


Con agentes de EE UU tratan de resolver crimen de dirigente del MUCA

El asesinato del dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, ya estaría casi resuelto, según confiaron a EL HERALDO fuentes ligadas al Ministerio Público.

El crimen de Flores se produjo el pasado 18 de octubre en la comunidad de La Confianza, departamento de Colón. En el hecho también fue ultimado Silmer Dionisio George.

La investigación de ambos crímenes está a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), quienes están siendo apoyados por detectives de Estados Unidos, quienes serían los mismos que apoyaron en la investigación del crimen de la ambientalista Bertha Cáceres, ocurrido el 3 de marzo en La Esperanza, Intibucá.

Las fuentes consultadas por EL HERALDO revelaron que el crimen “ya está casi resuelto, hay muchos avances y muy buenos”.
Sin ahondar en detalles, dijo que los agentes de Estados Unidos se sumaron a las acciones investigativas luego del anuncio del embajador de ese país, James Nealon.

El diplomático condenó el crimen del dirigente campesino y ofreció el apoyo de su gobierno para realizar las investigaciones del caso y evitar que ambos crímenes queden en la impunidad.
El crimen

Los dirigentes campesinos fueron asesinados luego de participar en una reunión a la cual asistieron unos cuarenta campesinos.
Según testigos de los hechos, el atentado iba dirigido al presidente del Muca, pero su acompañante recibió varios impactos de bala debido a que viajaba en el mismo vehículo.

Informaron a las autoridades que los asesinos portaban fusiles y que luego de cometer el crimen, los delincuentes huyeron del lugar sin que nadie pudiera detenerlos. En su momento, la Fiscalía informó que estaba indagando sobre una denuncia de Flores, quien supuestamente ya había recibido otro atentado en un sector del departamento de Colón.
Sigue la condena

Mientras, la condena a este crimen no para. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (Omct), junto al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), condenaron enérgicamente el asesinato de Flores.

Denuncian la responsabilidad del Estado hondureño por su falta de acción decidida para evitar estos crímenes.

“Condenamos este trágico asesinato y denunciamos la responsabilidad del Estado de Honduras por no haber brindado la protección debida a José Ángel Flores pese a ser beneficiario de medidas cautelares”, dice un comunicado.

“Actualmente tememos por la integridad de los también defensores del Bajo Aguán, Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, y exigimos medidas urgentes para su protección”, añade el comunicado.

El Heraldo