Contexto Nodal
En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían en autobuses a la capital mexicana a conmemorar la masacre de Tlatelolco en 1968. El saldo de la represión fue de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos. Sin avances en la investigación, sus familiares siguen reclamando justicia y denunciando la responsabilidad del Estado.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, informó que la próxima semana realizarán en Iguala y Cocula, Guerrero, una nueva búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

En esta diligencia participarán forenses extranjeros, representantes de los padres de los normalistas y miembros del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con tecnología Lidar, que permite obtener imágenes tridimensionales subterráneas y así poder ubicar posibles fosas clandestinas.

Además, indicó que continúa la investigación contra Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, que fue acusado de manipular la escena del crimen.

La procuradora también se refirió a las fosas clandestinas localizadas en Coahuila y Tlaxcala, en las que se han encontrados miles de restos humanos, y destacó que las investigaciones están a cargo de las procuradurías de esas entidades, pero se comprometió a analizar la posibilidad de que pueda atraer los casos.

Fue una larga comparecencia de poco más de cuatro horas, en la cual la funcionaria respondió cuestionamientos sobre los normalistas de Ayotzinapa, la investigación contra Zerón, los restos hallados en fosas clandestinas, el proceso de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán y los hechos de Nochixtlán.

Sobre El Chapo Guzmán manifestó que tras la recaptura del narcotraficante “desearía que este mismo año concluya el proceso de extradición”, pero recordó que “estos casos llegan a prolongarse hasta por cinco años”.

Al responder a los cuestionamientos de los senadores por los escasos resultados en “los juicios de extinción de dominio”, subrayó que “aunque parecen pocos, son muchos, porque como está la ley no se puede hacer más; es necesario que se modifique la legislación y que se tipifique como está en la Ciudad de México o a escala internacional”.

En el caso Iguala, el senador petista David Monreal le recordó que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) manifestaron el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones. Arely Gómez destacó: “se han atendido 93 por ciento de las recomendaciones; en su último informe hicieron 20, que se están trabajando”.

En este punto abundó: “se sigue una línea de investigación en Huitzuco, que ya estaba en el expediente, pero tanto el GIEI como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidieron que se profundizara. Han declarado 70 policías municipales y también se tienen en investigación 3 mil 220 números telefónicos, entre ellos los de los normalistas desparecidos, de diversas autoridades e integrantes del cuerpo de seguridad pública. Pedimos a las compañías telefónicas que no borren ninguno de estos números, ya que cada dos años eliminan las conversaciones”.

También, refirió, se investiga a El Caminante, ya que este sujeto tuvo contacto con 11 policías de Iguala.

En la búsqueda de los estudiantes “utilizaremos tecnología Lidar, que nos permitirá obtener diferentes tipos de imágenes; a través de luz y calor nos indicará alteraciones recientes en el terreno. Ya están programadas las nuevas acciones de búsqueda”.

Los panistas Adriana Dávila, Pilar Ortega y Héctor Flores insistieron en las fosas clandestinas en Coahuila y Tlaxcala, en las que se han hallado miles de restos enterrados “por el crimen organizado”, y solicitaron que atraiga el caso.

La perredista Angélica de la Peña manifestó su preocupación por los casos de Tanhuato, Tlatlaya, Nochixtlán, San Fernando y Allende, y le pidió “una respuesta puntual, imparcial, caiga quien caiga, porque si no las instituciones pueden sufrir un resquebrajamiento”.

La Jornada