Obviamente, la reconciliación no se puede dar sobre la impunidad, sobre el olvido, sobre el borrón y cuenta nueva: unas quince mil personas, entre niños, varones y mujeres, sufrieron desaparición forzada entre los años 1980 y 2000 en el Perú.

El pasado no ha sido saldado y los muertos y sus familiares reclaman justicia. Hoy, el nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski, tiene la oportunidad y el desafío de construir una memoria que promueva la reconciliación, en momentos en que el resultado del plebiscito colombiano desalienta nuevas pacificaciones

Hace tres décadas, el congresista evangélico (y fujimorista) Gilberto Siura, para justificar la Ley de Amnistía de 1995 que impidió durante años el procesamiento de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, señaló “Esta noche no generemos el odio, ni continuemos con el debate de la rebelión que empezó en mayo de 1980. Les pido que tengamos la hidalguía y la capacidad del Maestro de maestros en la enseñanza cristiana: practicar el perdón por encima de todo. El perdón puede ayudar a todos los peruanos”.

Siura afectó a cientos de personas que tuvieron que esperar que el régimen cayera para que estos actos pudieran ser procesados, al tratar de librar de las responsabilidades al gobierno de Fujimori por la desaparición de los estudiantes de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta, trató de minimizar el hallazgo de las llaves del estudiante Armando Amaro Cóndor, encontradas junto con sus restos calcinados, explicando que, si las llaves fueran del estudiante se debieron “destruir con el fuego”.

El caso Cantuta es un caso emblemático, no sólo por la crueldad y brutalidad de la tortura, ejecución extrajudicial y desaparición de cadáveres de nueve estudiantes y un profesor, sino porque puso en evidencia la existencia de un grupo paramilitar de agentes del servicio de inteligencia del ejército que seguían las órdenes de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.

Dicha amnistía buscó ser ampliada cuando el régimen ya preparaba la fuga. Alberto Bustamante, entonces ministro de Justicia, quiso que los militares comprometidos en narcotráfico participaran en la misma, causando que la oposición dejara la Mesa de Diálogo de la OEA. Tuvo que retirar la propuesta, ante la abierta grosería de la misma.

La condena al expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad, peculado, usurpación de funciones y corrupción, se cimentó en el trabajo de la Procuraduría ad hoc. “Históricamente, el sistema de lucha anticorrupción tuvo un papel importante entre el 2000 y 2005, pero luego palideció por falta de voluntad política”, señaló Julio Arbizu, director del centro Liber y exprocurador anticorrupción. Pero combatir la impunidad es un trabajo de largo aliento que va más allá de esa Procuraduría.

Contexto

En las elecciones de 1990 el escritor Mario Vargas Llosa competía por la presidencia -con su plataforma neoliberal- contra un oscuro candidato de una variopinta coalición, Alberto Fujimori. El triunfo de éste en segunda vuelta fue sorpresa, pero la mayor sorpresa fue que disolvió el parlamento en 1992 y emprendió una vigorosa escalada que logró aplastar a los movimientos guerrilleros y capturar a la cabeza de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán el 12 de setiembre de 1992.

Durante la funesta década fujimorista, y con la co-conducción de Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia, la estrategia oficial fue la de resaltar el conflicto como forma de acumular poder, ganar legitimidad. Esa línea fue, también, una permanente fuente de negocios. La antinomia entre gobierno y terrorismo permitió obviar el debate sobre la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, y ensalzar la figura del Fujimori “pacificador”.

La operación del desalojo de la Residencia del embajador de Japón, tomada por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), autorizada por Fujimori, permitió el rescate de 71 de los 72 rehenes con vida en 1997: mataron a todos los miembros del MRTA (tres de ellos ya rendidos y fueron ejecutados extrajudicialmente por los comandos).

Montesinos, ex jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, enfrenta desde su encarcelamento en 2001, más de seis decenas de cargos que van desde violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad (tortura, asesinatos, incineración de cuerpos), tráfico de drogas e influencia, venta ilegal de armas. El 27 de septiembre último, Valdimiro Montesinos recibió una condena de 22 años de cárcel, por la desaparición forzada de los estudiantes de Economía Martín Roca y Kenneth Anzualdo y del profesor Justiniano Najarro.

Ya con su popularidad en fuga y mientras se trataba de enjuiciarlo, Fujimori escapó a Japón y recuperó su ciudadanía nipona allá. Pero se le juzgó y condenó en ausencia. En 1995 fue a Chile, donde creyó estar a salvo, pero los chilenos se lavaron las manos, lo extraditaron a Perú, donde fue encarcelado.

En los años posteriores, cuando decenas de funcionarios de la dictadura fujimorista fueron procesados por corrupción y violaciones a los derechos humanos, no faltaron voces que “en aras de la reconciliación”, exigían perdón y olvido, siempre de la mano de la prensa hegemónica.

Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), señaló que gracias a la reciente Ley de Búsqueda aprobada por el anterior presidente, Ollanta Humala, el actual gobierno de Kuczynski tiene el la posibilidad de permitir el rastrillaje de los restos de las centenas de personas desaparecidas en los cuarteles.

Reconciliación no es olvido

Un comunicado del Frente Amplio destaca que “Cualquier pedido de indulto o de conmutación de penas debe ajustarse al ordenamiento jurídico nacional e internacional. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el señor Alberto Fujimori ha sido condenado judicialmente por delitos de asesinato, secuestro agravado y lesiones en la matanza de Barrios Altos y en el caso de los estudiantes de La Cantuta.

Según el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estos delitos configuran crímenes de lesa humanidad en los cuales está prohibido la figura de la amnistía o indultos. Por lo que un Estado democrático donde se respeta la legalidad no se puede promover figuras de impunidad y de desconocimiento de la gravedad de estos crímenes”.

La líder del izquierdista Frente Amplio, Verónika Mendoza, señala que “El fujimorismo rebaja a la condición de odio (le llama odio) lo que en realidad son constataciones que permiten profundizar en el tipo de populismo que ejerció en los 90s, y que para cantidad de personas que no lo tienen claro por ser muy jóvenes o en ese entonces apenas haber nacido, al mostrárselos, hacerlos conscientes del nivel de manipulación a través de los medios -a menudo comprados- a los que podía llegar”.

“Y le llama odio porque es una manera en que todas las denuncias sobre las conductas perversas del fujimorismo aparecen justificadas, y se traslada a los demás la responsabilidad de lo que ellos mismos hicieron”, añade Mendoza, quien insiste en que “Para acabar con la corrupción hay que cambiar esta Constitución corrupta” (la de 1993, aprobada durante el fujimorismo). “Hay que llamar corruptos a los corruptos, así lideren encuestas y vistan saco y corbata”, anotó. Sobre Alan García, Mendoza recordó el caso narcoindultos: “Tenemos otro expresidente que indultó a cientos de narcotraficantes”.

Para Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad CVR, está claro que la figura del indulto no procede para este caso: “El delito de secuestro agravado no contempla que el perpetrador pueda acogerse a beneficios penitenciarios de ninguna clase. El delito de homicidio calificado –cometido en este caso– ha sido declarado por el tribunal que examinó la responsabilidad de Fujimori como crimen de lesa humanidad y por tanto no le corresponde indulto ni amnistía según las exigencias del derecho internacional”.

Quienes defienden la propuesta del indulto han formulado la tesis de que la eventual concesión de esta gracia favorecería la consecución de la “reconciliación nacional”, e incluso han dejado entrever que ello sería un elemento importante para “negociar condiciones de gobernabilidad” con la nueva administración. Obviamente, negociar impunidad no tiene que ver nada con la reconciliación ni con la afirmación de la democracia en la sociedad.

La reconciliación solo puede gestarse a partir del ejercicio de la verdad en clave fáctica y moral –la memoria de la injusticia perpetrada contra las víctimas–, así como la acción de la justicia en términos legales y políticos.

“Las víctimas de los crímenes cometidos por la autoridad política de los años noventa eran y son peruanos como nosotros, personas que poseen derechos y dignidad. No podemos desconocer sus exigencias de justicia al reducirla a una simple negociación y cálculo de beneficios políticos. Hemos de respetar los principios que dan sentido a la vida social, por eso la opinión pública debe observar con atención el desarrollo de este tema de indudable importancia moral, legal y política”, concluye Lerner.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)