Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Días atrás citábamos un artículo del doctor Carlos Peña, aparecido en el diario El Mercurio de Chile, en el cual se refería a la vergonzosa conducta de la Corte Suprema de ese país durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Decía, con frases lacerantes, cómo “la Corte Suprema de la época, con amable docilidad, aceptó las instrucciones de Pinochet” y sometió a consulta del dictador la sentencia favorable sobre los militares que habían participado en el asesinato de Orlando Letelier.

Vale la pena detenerse en sus reflexiones porque de muchas maneras sus palabras llegan hasta esta hora aciaga que hoy vive Venezuela, en medio de una inmensa conspiración de complicidades, mentiras y justificaciones impresentables ante cualquier corte del mundo, incluso en aquellos países en los que el Estado de Derecho es una ambigüedad.

El doctor Peña refleja nuestro drama y el de otros países atrapados entre el autoritarismo y la dictadura maquillada de democracia. Para él, “la Corte Suprema de la época no solo se habría doblegado ante Pinochet; se habría mostrado, además, solícita para cooperar con sus designios. Una cosa es doblegarse, ceder frente a una amenaza (algo que, atendida la naturaleza humana, puede ser comprensible); otra cosa es la conducta solícita, cooperar con un designio ajeno renunciando a los propios deberes (algo que no puede ser calificado sino de indigno)”.

Resulta fundamental seguir este razonamiento en paralelo con lo que nos aqueja en Venezuela luego de la infeliz decisión de la Sala Constitucional que mutila la vigencia y el respeto entre los poderes constituidos. Una decisión que da mayor ventaja a un hipertrofiado Poder Ejecutivo que, apoyado en muletas militares, castiga la democracia y prepara su entierro definitivo para complacer al presidente de la República y abrirle la puerta a cualquier atropello, no solo a los derechos fundamentales de los ciudadanos sino, para mayor desgracia, a su propia dignidad como magistrados.

Indica certeramente el doctor Carlos Peña que, en verdad, “los actuales integrantes de la corte no incurrieron en esa conducta y que, en cambio, todos o la mayoría de ellos hoy la miran con distancia y, es probable, con desprecio; pero una de las características de los órganos del Estado es su continuidad, el hecho de que su vida y su trayectoria van más allá de la vida y trayectoria biológica de quienes la integran”. De manera que los magistrados que hoy siembran el desconocimiento y la barbarie legal en Venezuela deben mirarse en ese espejo porque jamás serán olvidados.

“Como lo saben los abogados, y los jueces” –advierte el doctor Peña– “los actos formales (como la dictación de una sentencia) que ejecutan los integrantes individuales de un órgano, especialmente si es del Estado, se consideran como si fueran conductas ejecutadas por el propio órgano. Así, cuando los integrantes de la Corte Suprema (…) se doblegaron primero, y se genuflectaron luego, frente a las demandas de un dictador afanoso en ocultar un crimen que habría personalmente ordenado, fue la propia Corte Suprema la que se habría doblegado primero y genuflectado después”.

Una lección histórica para quienes hoy oscurecen una instancia que, justamente, existe en función de la ley y la justicia.

El Nacional