El gobernador Alejandro García Padilla rinde hoy cuentas ante la nueva autoridad que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, lo que puede representarle la última oportunidad para dejar su huella en un plan hacia la recuperación fiscal de la Isla.

A solo 25 días de las elecciones, la presentación de García Padilla es también un choque con la nueva realidad de los funcionarios electos de la Isla: tener que responderle a una nueva capa colonial de autoridad entre ellos y el Congreso estadounidense.

Desde el pasado día 7, el gobernador tiene que enviar informes semanales de ingresos y gastos a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el nombre que le otorga la ley PROMESA al grupo de siete personas nombradas por el presidente de EE.UU. para decidir los asuntos fiscales y de deuda pública de Puerto Rico.

Hoy, le toca presentar el plan fiscal más reciente, que hace tres semanas, según dijo entonces el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, apuntaba a un déficit de sobre $4,300 millones de cara a junio de 2017. En el plan fiscal de 2015, el gobierno de Puerto Rico había calculado que en una década el déficit rondaría los $23,000 millones.

La grave falta de dinero en caja, según fuentes de El Nuevo Día, continúa aunque el Gobierno ha logrado mejorar sus recaudos, implementó la Ley de Sostenibilidad Fiscal (Ley 66) y ha “cerrado la pluma”, por medio de la Ley de Moratoria de Emergencias de Puerto Rico, en lo que atañe a gastos operacionales.

El futuro de la moratoria, sin embargo, está ante el juez federal Francisco A. Besosa, que tiene pendientes 11 demandas en contra de ese estatuto.

Según las fuentes, el plan ante la JSF descarta hacer más ajustes a la Universidad de Puerto Rico (UPR), entidad que ahora exhibe un déficit de unos $2,000 millones.

También echa a un lado modificar las pensiones que reciben unos 130,000 jubilados del gobierno y no contempla proceder con la reducción de la jornada laboral ni el despido de empleados públicos.

“No hay mucho más que se pueda lograr con austeridad. Se ha hecho mucho de ese lado, si recortas más, la continuidad del gobierno estará comprometida y eso va a ir en contra de la economía”, dijo una de las fuentes, quien pidió anonimato por no estar autorizado a discutir los pormenores del plan.

Ayer, El Nuevo Día reveló un estudio confidencial del gobierno en el que se indica que si se reduce la jornada laboral de los empleados públicos en un día por semana, ello implicaría la pérdida de unos 25,000 puestos de trabajo en el sector privado y la pérdida de $700 millones en salarios. Ello se traduciría en menos dinero para comprar bienes y servicios en una economía que se ha achicado en 14% desde 2006.

Congelación de plazas

Sin embargo, el plan contempla la reducción de la nómina pública por lavía de congelación de plazas, renuncias y jubilación.

En los pasados tres años, el empleo público ha mermado en cifras más o menos similares a la reducción que se produjo bajo la administración de Luis Fortuño. Entre 2009 y 2015, según documentos del Gobierno, la fuerza laboral pública se achicó en 73,000 puestos de trabajo.

Mientras Fortuño optó por el despido de unas 12,500 personas más la eliminación de plazas por renuncias o retiro, García Padilla ha optado por achicar el empleo público por la segunda vía, a través de la Ley 66, estatuto que también supuso la congelación de salarios y la pérdida de ciertos beneficios marginales. Ello continuaría, sea por la Ley 66 u otro mecanismo, si la JSF acoge el plan fiscal revisado.

Dado que la austeridad acabaría por desarticular la economía, el plan parece instar a la JSF a que logre su encomienda, tocando a las puertas del Congreso y negociando con los bonistas.

El plan advierte de la incertidumbre sobre el agotamiento a finales de 2017 de los $1,200 millones anuales en fondos de Medicaid otorgados por Obamacare –casi la mitad del presupuesto del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico– y el vencimiento en 2018 del crédito del Tesoro al impuesto sobre las ventas de las corporaciones de control foráneo, base para recaudos que rondan los $1,900 millones anuales.

“La renegociación de la deuda es ineludible y así está en el plan”, dijo otra de las fuentes.

El plan, sin embargo, sugiere que se proceda con renegociación voluntaria empleando lo dispuesto en el título III de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Financiera de Puerto Rico (PROMESA, en inglés).

El testimonio de hoy del gobernador, quien está en Nueva York desde el miércoles y tendrá que responder preguntas, es el asunto principal en la agenda de la Junta.

“Pienso que ambas partes tienen serios motivos para colaborar y dialogar con mutuo respeto. Ambas partes se necesitan”, indicó el abogado experto en quiebras David Martin.

Cuando se le preguntó hace dos semanas al presidente de la JSF, José Carrión III, la utilidad de examinar ahora un plan fiscal que puede ser distinto a la agenda del próximo gobernador –aunque las decisiones últimas corresponden a la Junta–, el recién elegido presidente de la autoridad fiscal sostuvo que era importante poner los trabajos en marcha. “El plan fiscal no es estático. Cuando venga el cambio de gobierno se retomará la discusión”, dijo entonces Carrión.

Hoy se verá el intercambio inicial público entre el gobernador y la Junta, pero buena parte del trabajo dependerá de futuras comunicaciones.

“Debido al tiempo limitado de la reunión (de hoy) pienso que sería más bien una oportunidad para hacer preguntas y aclaraciones básicas al gobernador sobre el plan fiscal. Luego anticipo una correspondencia detalladas por escrito para llegar a un plan final acordado entre la Junta y el gobierno”,afirmó el abogado Martin.

Al próximo gobernador le tocaría lidiar principalmente con los mandatos de la nueva autoridad fiscal y ejecutar las decisiones finales sobre los recortes que se avecinan, sea en gastos o las obligaciones de deuda.

Cuando se debatió en el Congreso la crisis fiscal y la ley PROMESA que impuso el control de la JSF, los republicanos –incluidos líderes del Senado como Orrin Hatch (Utah) y Charles Grassley (Iowa)– fueron consecuentes en que lo primero que debe hacerse es reformar el gobierno y reducir gastos.

En un foro ayer en Nueva York, el exportavoz de la mayoría republicana en la Cámara baja, Eric Cantor, sostuvo que tiene su esperanza en que la Junta “empiece por las reformas” del gobierno de Puerto Rico.

Segunda reunión

Para la Junta Federal, el encuentro de hoy se trata de solo su segunda reunión oficial.

En la primera, los siete miembros con derecho al voto seleccionaron a Carrión III como presidente, decidieron oficializar poner bajo su control directo a casi todo el gobierno de Puerto Rico y encaminaron el proceso para la selección del director ejecutivo y el oficial de revitalización.

La selección del director ejecutivo puede extenderse. Pero, al gobernador le deben presentar a más tardar a finales de mes una lista de tres personas para el puesto de oficial de revitalización, que va a ser el gerente de proyectos económicos de emergencia que puedan pasar por encima de normas ambientales de Puerto Rico.

También están en busca, con urgencia, de un consejero legal.

Entre las tareas que tiene bajo estudio la Junta Federal, se incluye la posibilidad de intervenir en las demandas presentadas en el Tribunal Federal de San Juan que buscan impugnar el manejo que ha hecho el gobierno de sus fondos y a la moratoria en el cobro de deuda.

La nueva sede

La reunión de hoy tendrá lugar en el salón de reuniones de la Autoridad Metropolitana de Tránsito (MTA), en la avenida Broadway en el bajo Manhattan, a pasos del edificio Alexander Hamilton en que se celebró el primer cónclave oficial de la Junta y de Wall Street.

El primer encuentro estuvo matizado por protestas que recordaron el carácter antidemocrático de una Junta que tacha funciones constitucionales al gobernador y la Legislatura de Puerto Rico, y profundiza la relación colonial de la Isla. Hedge Clippers y activistas boricuas anunciaron que volverán a protestar esta mañana.

La próxima reunión tendría lugar en noviembre en Puerto Rico.

Reunión informal

Antes de su presentación oficial de esta mañana, García Padilla se reunía anoche informalmente con los 8 miembros de la Junta: Carrión, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, José Ramón González, Ana Matosantos, Arthur González y Richard Ravitch.

Los primeros cuatro fueron recomendados por republicanos. Los últimos cuatro son demócratas, pero Ravitch, quien representa al gobernador, no tiene voto en el organismo.

Agenda de la segunda reunión

Aprobación de minutas de la reunión del 30 septiembre

Informe del presidente de la Junta

Asuntos administrativos

Guía para entidades sujetas a la Ley PROMESA y solicitud de planes fiscales adicionales

Presentación del plan fiscal a largo plazo del gobierno de Puerto Rico. Comparecencia del gobernador de Puerto Rico y su equipo financiero. Su presentación incluirá un informe sobre planes para el crecimiento económico.

Preguntas de la Junta de Supervisión Fiscal al gobernador y su equipo financiero.

El Nuevo Día