¿Para qué podría servir una alianza de guerra en una región de paz? ¿Se justifica la continuidad de una iniciativa que entrega soberanía política y territorio a una potencia extranjera? ¿Qué se debe hacer ahora con el Plan Colombia?

La firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, representa un paso sólido, necesario y largamente esperado por la sociedad colombiana, que a partir de ahora tiene en sus manos la posibilidad de poner fin a un conflicto de más de medio siglo y con ello abrir una nueva etapa en su historia, lejos de la violencia, el dolor y la muerte.

El acuerdo, además, envía un mensaje de esperanza para el mundo entero, y de manera particular, para quienes creemos que América Latina debe convertirse, sin reparos de ningún tipo, en una zona de paz, en el marco de “los principios y normas del Derecho Internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”; comprometida con “la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región”, tal y como se proclamó en la Cumbre de la CELAC en La Habana, en el año 2014.

Pero la puesta en escena en Cartagena de Indias también dejó imágenes llenas de simbolismos, que admiten diversas lecturas. En lo personal, la presencia de Rafael Correa, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en el mismo escenario hizo inevitable la evocación del bombardeo del ejército colombiano –con apoyo del ejército de los Estados Unidos- al territorio ecuatoriano de Sucumbíos, en el 2008, que acabó con la vida de 21 personas: entre ellas Raúl Reyes, alto dirigente de las FARC, y cuatro estudiantes universitarios mexicanos.

Este nefasto incidente, sobre el que todavía reclaman justicia los miembros de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos (el presidente Santos, entonces Ministro de Defensa del gobierno de Uribe, ha sido señalado como autor intelectual del ataque), elevó las tensiones políticas entre Ecuador y Colombia y puso a nuestra América en una coyuntura sumamente delicada y de desenlaces impredecibles, dado el exacerbado guerrerismo que caracterizaba al gobierno colombiano de esa época. Eran los tiempos de la presidencia de mano dura de Álvaro Uribe y su lugarteniente Santos, y de la apuesta ciega por el aniquilamiento de las FARC; eran los tiempos de la implantación en América Latina del discurso de la guerra contra el terrorismo y del uso de la doctrina de las guerras preventivas (es decir, la tesis según la cual las fuerzas militares de un Estado pueden perseguir y atacar a los terroristas allí donde se encuentren), invocada por el imperialismo como artificio jurídico e ideológico para legitimar sus invasiones a Afganistán e Irak.

Todo esto ocurrió al amparo del apoyo económico, militar, tecnológico y logístico del Plan Colombia, que convirtió al país –con pleno consentimiento de sus élites- en el portaviones de los Estados Unidos en nuestra región, y en su mejor aliado en la consecución de los objetivos de su geopolítica imperialista. Ni las tendencias y matices del conflicto colombiano en el siglo XXI, ni la opción de las FARC por el diálogo y la paz negociada, podrían comprenderse al margen de las proyecciones nacionales e internacionales de ese Plan.

Hoy, en medio de los festejos y los preparativos del plebiscito del próximo 2 de octubre, que refrendará o rechazará el acuerdo de paz, se habla poco del Plan Colombia; pero conviene recordar que precisamente en este 2016 se cumplieron 15 años de vigencia de la controversial alianza militar (que supuso una inversión de $10.000 millones de dólares, según fuentes estadounidenses). En febrero pasado, los presidentes Santos y Barack Obama acordaron en Washington los términos de un nuevo plan enfocado en el posconflicto (con tres ejes: programas de desmovilización de guerrilleros y desminado; respaldo a las víctimas y lucha contra las drogas), cuya ayuda económica para su etapa inicial ha sido estimada en $400 millones de dólares. ¿Por qué no se dijo nada en ese momento, por ejemplo, de la disminución del asesoramiento militar, del retiro de tropas estadounidenses del territorio colombiano o de una eventual clausura de las bases militares que le permiten al Comando Sur mantener un arco de control sobre Ecuador, Bolivia, Venezuela y el Caribe? Sencillamente, porque Estados Unidos, con o sin acuerdo de paz, no concibe ni siquiera como hipótesis la idea de retirarse de su enclave estratégico; y a los factores de poder que gobiernan Colombia tampoco les interesa que esto ocurra.

Sin embargo, las preguntas permanecen: ¿para qué podría servir una alianza de guerra en una región de paz? ¿Se justifica la continuidad de una iniciativa que entrega soberanía política y territorio a una potencia extranjera? ¿Qué se debe hacer ahora con el Plan Colombia?

Este es un debate que, esperamos, la sociedad colombiana pueda acometer en el futuro cercano. Sus implicaciones para la paz de América Latina así lo exigen.

(*) Académico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Investigación y Docencia en Educación, de la Universidad Nacional de Costa Rica.