Los indígenas representan alrededor del 40 % de los 137 ambientalistas y defensores de derechos humanos asesinados este año en el mundo, afirmó ayer a Efe la relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Esas cifras muestran una tendencia que no ha cambiado en los últimos años y que reflejan el número significativo de indígenas entre quienes están protestando contra el acaparamiento de tierras que realizan los grandes poderes políticos y económicos, sostuvo Tauli-Corpuz durante una visita a Roma.

La relatora de Naciones Unidas, que participó en una reunión de un grupo de agencias de ese organismo en apoyo a los pueblos indígenas, señaló que esas personas “carecen de protección porque los que están en el poder son los que tienen más interés en lograr esas tierras”.

Detalló que hay países que no poseen leyes que defienden los derechos indígenas y otros como Brasil (con empresarios agrícolas en el Parlamento) que sí las tienen pero no las aplican porque dan prioridad a las que sirven para desarrollar proyectos mineros o hidráulicos.

“Los intereses de los grandes poderes económicos y políticos también están en la Administración”, insistió.

Mencionó el caso de Perú, país en el que “la prioridad de los gobiernos desde el pasado hasta ahora ha sido generar crecimiento económico a partir de las industrias extractivas”, lo que hace que los líderes indígenas sean una “amenaza para el deseo del Estado de usar las tierras y generar beneficio de interés para las grandes corporaciones mineras”.

Sobre las últimas agresiones contra la campesina peruana Máxima Acuña, reconocida por su defensa del medioambiente oponiéndose a la minera Yanacocha en la región de Cajamarca, Tauli-Corpuz sostuvo que se está repitiendo la técnica de emplear a los guardias de seguridad de las propias compañías para atacar a los indígenas.

“Es lo mismo que pasó en Honduras, donde los implicados en el asesinato de Berta Cáceres fueron miembros de la seguridad privada de la empresa (constructora) incluyendo algunos militares”, apuntó.

Por el momento varias personas han sido detenidas en relación con el crimen hace siete meses de Cáceres, activista de etnia lenca que se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca por considerarlo una amenaza para su comunidad.

Ante la indefensión de los indígenas, la relatora -procedente del pueblo Kankana-ey Igorot en Filipinas- instó a llevar ante la justicia nacional o internacional los casos de violación de sus derechos y fortalecer a los pueblos para que puedan mantener un “diálogo franco con los gobiernos y las corporaciones”.

Pidió que se refuerce el papel de los relatores de la ONU en la investigación de esos casos y otros relacionados con la contaminación de los recursos naturales, así como que la sociedad apoye más la lucha de los indígenas porque estos “contribuyen a la conservación de los ecosistemas” de los distintos países.

“Debería haber un proceso activo que desafíe el sistema dominante de desarrollo, que está siendo promovido por la mayoría de los gobiernos, y apreciar la contribución de los indígenas en la promoción de la diversidad cultural y biológica”, dijo.

La Tribuna