Ayer, martes 22 de noviembre, tuvo lugar, ante la Tercera Corte de Asís de Roma, la 56ª audiencia por el secuestro y homicidio de víctimas de la Operación Cóndor en varios países sudamericanos. Estuvo dedicada a las declaraciones finales de los abogados Mario Angelelli para los casos de Gerardo Gatti, Héctor Giordano, Aída Sanz (Uruguay) y Jaime Donato (Chile); Arturo Salerni para los casos de Juan Pablo Recagno, Andrés Bellizzi, Miguel Ángel Río Casas, Alfredo Moyano (Uruguay), Juan Montiglio, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) (Chile), Luis Stamponi, Horacio Campiglia (Argentina) y la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asofamd) (Bolivia); y Enrico Maggiore para el caso de Juan Pablo Recagno y en representación de la ciudad de Roma, constituida en parte civil en este juicio.

Angelelli decidió no discutir los casos de Donato y Sanz y referirse a la documentación ya entregada por los abogados Lucisano, Speranzoni, Mejía y Ramadori en las pasadas audiencias. Presentó, en cambio, una larga declaración sobre el caso de Gerardo Gatti y algunas palabras sobre el de Héctor Giordano. Recapituló las circunstancias de la desaparición del sindicalista uruguayo, secretario del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP): “La historia del secuestro y de la desaparición de Gatti es sumamente importante, porque se trata de uno de los casos de los que hay más documentación y porque es paradigmática del horror que vivió una generación entera”.

El abogado recordó que el secuestro del dirigente tuvo lugar el 9 de junio de 1976 y que en la misma fecha, pero 23 años después, Marta Casal del Rey, su esposa, presentó la denuncia ante la Justicia italiana: “La señora Casal del Rey se puso en acción inmediatamente y presentó varios habeas corpus. Luego de dos meses de búsqueda sin éxito, se expatrió en Francia, y fue allá que tuvo conocimiento de que un amigo de Gatti, Washington Pérez, recién llegado a Suecia, se había encontrado con él en [el centro clandestino de detención, tortura y exterminio] Automotores Orletti cinco veces”.

A partir de ese punto, Angelelli reconstruyó la historia del intento de extorsión al PVP que hicieron los militares, quienes pidieron dos millones de dólares a cambio de la liberación de Gatti; del primer vuelo que trasladó a Uruguay a 23 militantes, y de la farsa del chalet Susy. “Todos los testigos a los que hemos escuchado en esta Aula concuerdan en la historia de la extorsión y en las condiciones en las que se encontraba Gerardo Gatti en Orletti. La tortura que le practicaban era continua y su situación física era muy mala. Habla de eso Edelweiss Zahn, quien refirió haber visto a Gatti en condiciones desastrosas, deshecho, echado en el piso; Eduardo Dean describió a Gatti como una persona que había sufrido torturas muy violentas; y Sara Méndez relata una circunstancia que nos hace entender la atrocidad de lo que vivieron. Méndez contó, en la audiencia del 11 de junio de 2015, que un día, antes de llevarla a la tortura, le preguntaron si quería ver a Gerardo Gatti. Ella contestó que sí, y le respondieron que eso dependía de cómo se desarrollara el interrogatorio.

Luego de una sesión de tortura muy pesada, no volvieron a preguntarle y ella no pidió por él, porque se había dado cuenta de que otra forma de torturar a Gatti era la de hacerle ver los cuerpos martirizados de sus compañeros. Aun más: Sara Méndez recuerda que en cierto punto los prisioneros se dieron cuenta de que Gatti estaba echado en un colchón en la misma sala de tortura, separado sólo por una cortina, y sólo retiraban la cortina para hacerle ver los cuerpos torturados de los compañeros”.

Angelelli concluyó mencionando a todos los testigos que declararon haber reconocido a los imputados que actuaban en esas circunstancias: “No tengo ninguna duda de que José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio son responsables de esas acciones, y me uno a la petición formulada por el fiscal”.

Con respecto a Héctor Giordano, recordó su actividad como abogado laboralista y los escasos testimonios que lo colocan en el centro de detención El Palomar. “La última visión que tenemos de él viene del relato de una vecina que el día del secuestro lo vio cuando lo arrastraban desde su casa, con una manta ensangrentada que le envolvía la cabeza”, dijo.

El abogado Arturo Salerni empezó por el caso de Andrés Bellizzi. Recordó brevemente la figura del joven y la de su madre, María Bellizzi, “una mujer que nació en Calabria en 1924, que es una de la iniciadoras de este juicio y que todavía está buscando su hijo”. “Por ella también tenemos que reconstruir lo que pasó”, dijo, aunque no haya sido posible exponer conclusiones debido a la muerte de Juan Manuel Contreras, el único acusado.

Utilizó pocas palabras y se remitió a cuanto había sido expuesto por sus colegas sobre los casos de Juan Montiglio -“la historia de un muchacho que sobrellevó la responsabilidad de defender al presidente [Salvador] Allende”-, de Luis Stamponi -“un personaje fundamental” en la articulación en América Latina de “luchas de liberación y luchas sociales”- y el dirigente montonero Horacio Campiglia. Salerni hizo foco en el caso de Juan Pablo Recagno: “El 1º de octubre de 1976, Juan Pablo Recagno estaba sentado en un bar de Buenos Aires, tomando café con su amigo Álvaro Nores Montedónico. Allí ocurre el secuestro de ambos, que tendrán un tratamiento parecido en Orletti, aunque destinos diferentes. Juan Pablo desaparece, mientras que Álvaro salva su vida, probablemente porque su hermana Pilar colabora con los militares e intercede por la vida del hermano.

En las declaraciones de Nores, fallecido en 1985, que están en las actas de este juicio, no tenemos constancia de ese trueque de información por la vida, pero Nores, sobreviviente, en sus afirmaciones restituye todo lo que puede sobre la vida de los que desaparecieron, y así sabemos algo de Juan Pablo Recagno”. Luego analizó los casos de Miguel Ángel Río Casas, “cuya historia se inserta en el espacio temporal increíble y tremendo de diciembre 1977-enero 1978, que se cierra con la desaparición de Célica Gómez”, y de Alfredo Moyano. Salerni recordó a este último como parte de la historia de Mary Artigas, su compañera, y de Victoria Moyano, su hija nacida en cautiverio y reencontrada después de diez años por la abuela: “Si pudiéramos hacer una jerarquía del horror, esta historia abarca todo lo posible”.

“Para los procedimientos referidos a Río Casas y Moyano, el imputado es [Jorge] Tróccoli, y sobre él se concentran muchos elementos probatorios: su papel en la dirección del S2 en la Marina uruguaya, su rol en la coordinación de la represión, y otros elementos que serán llevados por el abogado de la República Oriental del Uruguay. Hemos tenido la oportunidad de leer su pésimo libelo La ira de Leviatán, en el que él mismo admite sus responsabilidades y reivindica las acciones que se cumplieron”, sostuvo.

El abogado Enrico Maggiore, parte civil por el hermano de Juan Pablo Recagno y representante de la ciudad de Roma, recordó las motivaciones de la participación de la ciudad de Roma como parte ofendida en el proceso, porque “estas acciones fueron lesivas de los principios de libertad de expresión, de pensamiento y de opinión que están en la base del estatuto de nuestra administración”.

La próxima audiencia tendrá lugar el viernes 25. Se presentarán los alegatos finales de los abogados Danilo Leva por la parte civil Gámbaro (Uruguay); Antonello Madeo por el Frente Amplio, el Partido Democrático y los casos D’Elía, Gámbaro, Borelli y Casco (Uruguay); y Fabio Maria Galiani en representación de la República Oriental del Uruguay y para los casos Dossetti y García Ramos (Uruguay).

La Diaria