Delante de miles de trabajadores de la economía social, acompañados por otros tantos trabajadores registrados, enrolados en la CGT, movilizados frente al Congreso Nacional bajo la consigna “Unidad para la Justicia Social-Basta de despidos”, el dirigente Daniel Menéndez, de Barrios de pie, exhortó a los diputados a aprobar antes de fin de año el proyecto de ley de emergencia social, que ayer obtuvo media sanción del Senado y que la Cámara baja tratará probablemente el próximo jueves en una sesión especial. “Hay rumores de que una vez más el Presidente quiere vetar una ley que beneficia a los trabajadores, como ya lo hizo con la ley de suspensión de despidos, que terminó con 135 mil desocupados más”, denunció Menéndez.

Juan Carlos Alderete, líder de Corriente Clasista y Combativa, por su parte, afirmó que “estamos agobiados por la flexibilidad laboral y los tarifazos”, y acusó al gobierno de la alianza Cambiemos de haber mentido al prometer pobreza cero “mientras la situación se sigue agravando y continúa la recesión”. “Debemos reconocer –agregó- que “en los despachos oficiales nos atienden bien pero no nos dan respuesta”, y reclamó retomar el programa de Huerta Grande (de la CGT de los Argentinos, de junio de 1962) y los 26 puntos de la CGT Brasil, conducida por el cervecero Saúl Ubaldini, cuyas consignas también reivindicó el dirigente cegetista Juan Carlos Schmid: “paz, pan y trabajo”.

Alderete enfatizó que “los trabajadores nunca hemos sido desestabilizadores”, pero advirtió que la administración actual cumplirá un año “sin ninguna medida para favorecer a los más necesitados: con su política están destruyendo la industria nacional y el trabajo de los argentinos”. Por último, afirmó que “el movimiento obrero tiene mucha paciencia pero se nos puede acabar”.

Esteban Castro, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, una de las organizaciones convocantes, sostuvo que “desde el 76 sufrimos la concentración económica y la transferencia de la toma de decisiones a los monopolios”. Reclamó unidad de acción entre todos los sectores del campo popular, y celebró que la CGT haya reconocido que “todos somos trabajadores”.

Schmid, a su turno, sostuvo que “está crujiendo el tejido social de la Argentina” y advirtió que si el Gobierno veta la ley de emergencia social y alimentaria, habrá un “escenario de mayor conflicto”. “Hay mucha gente que está sufriendo, todos sabemos que estamos ante un país desigual”, señaló el último orador de la marcha convocada por las organizaciones sociales y de la economía popular.

El triunviro Juan Carlos Schmid destacó la masiva movilización de los sindicatos de la CGT y los movimientos sociales hacia el Congreso para reclamar “no solo por la emergencia social sino también para que se terminen los despidos” porque “la crisis está golpeando a la puerta de millones de argentinos”. “Esta no es una marcha más”, sostuvo Schmid y advirtió que la central sindical está acumulando “el poder social que permita torcer el destino y la tristeza de millones de compatriotas y lo vamos a hacer negociando, pero también confrontando si fuera preciso”.

El secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento fue el encargado de cerrar la masiva movilización que copó la Plaza de los Dos Congresos y  frente a los miles de asistentes –a la izquierda del escenario, los movimientos sociales; a la derecha, los sindicatos de la CGT– se hizo “eco de la voz de la Iglesia”, reclamó por las tres “T” (techo, tierra y trabajo) enarboladas por el papa Francisco  y aseguró que “la marginación y la pobreza, son la medida de todo un sistema económico que ha fracasado”.

El secretario general dela CGT advirtió que “nada permite asegurar una solución futura, porque los indicadores no dan tranquilidad para los millones de excluidos, los jubilados que cobran miseria ni los millones de jóvenes que no estudian ni trabajan”, y reclamó la la promulgación de la ley de emergencia social. “Trabajo digno y salario justo quiere decir trabajo con sindicatos, con convenios colectivos, con seguridad social, con los derechos sociales que reclaman los compañeros que todavía no lo tienen”.

Schmid sostuvo que “después de tres décadas de democracia, no hay macana ni cagada que no hayamos cometido para encontrarnos en esta situación” y aunque dijo no quería “poner el acento” sobre ninguna gestión de gobierno, habló de quienes “saquearon las conquistas y multiplicaron los pobres” en nombre del “peronismo o de no sé qué proyecto renovador”. Exigió “a la clase política que salga detrás de los disfraces, que salga de la excusa de la herencia recibida y trabaje para una nueva argentina”.

El sindicalista subrayó que el Consejo Directivo de la CGT “no tiene un balde en la cabeza” y agregó: “Lo que estamos haciendo es acumular el poder social que permita torcer el destino y la tristeza de millones de compatriotas. Lo vamos a hacer negociando, pero también confrontando, si fuera preciso”. “De nosotros (los trabajadores registrados) depende recuperar esa mística, de nosotros depende tender una mano a las barriadas populares”, añadió el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento..

Por último, Schmid volvió a invocar el discurso de la Iglesia y sostuvo que “el camino de la paz pasa por el desarrollo, pero no sólo el económico, sino el humano, de la gente de carne y hueso que tiene que ser beneficiaria de cualquier modelo de desarrollo”.

Página 12


Proyecto de Emergencia Social en Diputados logra avales, pero podría no ser tratado este año

El proyecto que declara la Emergencia Social y Alimentaria que anoche obtuvo media sanción en el Senado y fue girado a Diputados comenzó este jueves un debate informal en la Cámara baja. Tres de los grandes bloques de oposición, FpV, Bloque Justicialista y el Frente Renovador, adelantaron a ámbito.com que van a acompañarlo aunque dudan que pueda tratarse este año.

La iniciativa que declara por un año la emergencia social a nivel nacional, incrementa en ese tiempo 15% las AUH y promueve la creación de un millón de puestos de empleos impone al Estado un costo fiscal superior a los $ 50.000 millones que el Gobierno no está dispuesto a pagar. Desde el Gabinete adelantaron que el Ejecutivo vetará la norma de llegar a lograr su sanción definitiva en el Congreso.

Los bloques consultados por este medio coincidieron que hay “voluntad política” para avanzar pero advirtieron que dependerá del ritmo del trámite legislativo de los próximos días. Se trata de una carrera contrareloj porque para llegar a la última sesión del año que sería el 30 de noviembre, debería firmarse el dictamen el 22 de este mes, cinco días hábiles antes de su llegada al recinto.

Pero hay otros mecanismos que dependerán de la negociación política y de reunir mayorías. Una es que se convoque a una sesión especial en donde se pueden incluir proyectos con menos de una semana de dictamen o que los diputados lo incluyan sobre tablas el mismo día si es que logran dos tercios de las voluntades. La última alternativa es que el Ejecutivo extienda las sesiones ordinarias o llame a extraordinarias en incluya este proyecto en el temario, algo casi imposible.

Lo concreto es que proyecto fue girado desde la Cámara alta y aún no fue convocada ninguna comisión. Los bloques sin embargo hace tiempo trabajan en el proyecto que fue impulsado en el Senado por FpV y el GEN. El bloque del FpV está definiendo su estrategia aunque aclararon que hace al menos dos meses su titular Héctor Recalde se reunió con el senador Juan Manuel Abal Medina, impulsor del proyecto y recibieron a organizaciones sociales para reunir más información.

“Creemos que hay emergencia social y hay que hacer algo al respecto, seguramente acompañemos” explicaron a ámbito.com desde el Frente Renovador al tiempo que adelantaron que propondrán modificaciones para mejorar la ayuda y advirtieron que ellos también elaboraron “un proyecto sobre la cuestión social y la inserción de planes sociales al mercado laboral”. Sobre el tratamiento en comisión dijeron que van a ver “cómo van las negociaciones antes de la última sesión”.

El bloque justicialista también confirmó que votará a favor y que realizaron una jornada con el Movimiento Evita la semana pasada para escuchar sus reclamos. “Por lo que uno puede observar de la mayoría de los compañeros hay un amplio consenso de apoyar este proyecto”, dijo por su parte, el diputado nacional Pablo Kosiner.
“Puede llegar a haber algún tipo de problema desde el punto de vista del dictamen pero también es verdad que puede tratarse en alguna de las sesiones de acá a fin de año”, dijo sobre el trámate legislativo. “Si existe la voluntad política creo que puede encontrase la salida”, sentenció.

También criticó que Gobierno ya haya adelantado que iba a vetar esta iniciativa. “Antes que discutir un veto habría que discutir cual es la realidad con la cual estamos terminado el año”, concluyó.

El proyecto que logró media sanción con 45 votos a favor (PJ y centroizquierda) frente a 13 en contra (Cambiemos y el PJ disidente), establece además la conformación del Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario.

En tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) y organizaciones sociales marcharán este viernes hacia el Congreso para reclamar la aprobación definitiva de la norma que ahora debe debatirse en la Cámara de Diputados.

Ámbito Financiero