Carlos Vargas Serna es el presidente Ascal-G, una organización campesina que recoge 68 juntas de acción comunal de las regiones de Losada y Guayabero (Meta) y en la que participan cerca de 8000 personas. “Somos una organización defensora del medio ambiente y los derechos humanos que en el último tiempo ha tenido mucha actividad por la llegada de las empresas petroleras a la región”, expresa el dirigente popular. Vargas además manifiesta la enorme preocupación y miedo que en este momento sienten por los hechos violentos que se han registrado este fin de semana, pide el apoyo del Gobierno Nacional y no duda en señalar al alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, del Centro Democrático, de ser quien ha instigado la violencia contra la organización campesina, pues en numerosas ocasiones ha señalado a sus líderes de ser colaboradores de la guerrilla.

¿Qué ha ocurrido este fin de semana en esta región entre el Meta y Caquetá?

Desde el viernes vienen ocurriendo casos muy alarmantes en nuestra región. El viernes a las 5 de la tarde mataron a Erley Monroy, quien fue fiscal de la organización, y en este momento era presidente de Asogasam. Fue asesinado llegando al batallón Cazadores en San Vicente del Caguán. Ese mismo viernes, a las 9:00 de la noche, mataron a Didier Losada, presidente de la Junta de Acción de Platanillo. Un encapuchado la disparó nueve veces delante de su familia. Y anoche, tras salir del velorio de Erley, atentaron contra el dirigente Hugo Cuellar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Victoria. El hecho ocurrió sobre las 11 de la noche luego de salir de la funeraria, donde acompañaba a la familia de nuestro compañero asesinado. Está gravemente herido en Florencia y ya se dice que su estado de salud es crítico. Con todo esto estamos muy preocupados y asustados.

¿Por qué piensa que están atentando contra los líderes agrarios de esta región?

Nosotros le echamos la culpa al alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, quien en varias ocasiones ha dicho que tienen que acabar con Ascal-G. Dice que somos colaboradores de la guerrilla y nos ha puesto en un enorme riesgo, a nosotros y nuestras familias.

También se dice que en el último tiempo ha habido un resurgimiento del paramilitarismo en esta región, frontera del Meta y Caquetá…

Hace tres meses vimos aparecer un brote de paramilitares en Puerto Losada y La Unión. Y lo que más nos asusta es que en esta zona está operando el Ejército del Caquetá. Ellos mismos borraron todos los avisos que los paramilitares habían puesto en paredes, plazas y puentes de los diferentes cascos urbanos de esta región. Nos preocupa que haya Ejército pero pese a esto surjan los paramilitares y empiecen a matar a los dirigentes campesinos.

Su actividad como organización ha estado enfocada en la defensa del medio ambiente, ¿cree que este sea el motivo por el que los están persiguiendo?

No sabemos, lo que si es cierto es que a la zona han llegado muchas empresas petroleras, se está adelantando la sísmica y en algunos casos ya hay producción. Nos hemos pronunciado en contra de esta actividad porque somos defensores del medio ambiente y la extracción petrolera causa un enorme daño social y ambiental. Nos oponemos a que está actividad se realice en el municipio de La Macarena.

¿Cómo está su situación de seguridad?

Muy preocupante. En este momento estoy reunido con compañeros de la organización que están muy asustados con lo que está ocurriendo. Muchos otros compañeros, incluido un concejal de San Juan de Losada, han recibido amenazas y también han sido señalados a por el alcalde de San Vicente del Caguán. Yo no he recibido amenazas pero siento mucho miedo.

¿El Gobierno se ha comunicado con ustedes para brindar seguridad?

Hasta el momento nadie se ha comunicado con nosotros. Estamos a la deriva y no sabemos qué hacer. Pedimos a las autoridades que le metan mano a esta situación y nos protejan.

El Espectador