Tras el rechazo del primer acuerdo de paz el pasado 2 de octubre y luego de 40 días de diálogo con los sectores que votaron ‘No’, Gobierno y Farc firmaron ayer un nuevo acuerdo para la terminación de más de 50 años de conflicto armado.

El anuncio tomó por sorpresa al país puesto que los ajustes propuestos fueron más de 500, agrupados en 57 ejes temáticos, y, de acuerdo con las declaraciones de las delegaciones, se revisaron y se discutieron uno a uno.

La noticia la dieron desde La Habana los jefes de las delegaciones de paz, Humberto De la Calle y Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez) a través de un comunicado conjunto y, luego, en la firma pública del texto.

“Atendiendo el clamor de los colombianos por concretar su anhelo de paz y reconciliación, hemos alcanzado un nuevo Acuerdo Final”, se aseguró en el documento.

Con este nuevo convenio, el Ejecutivo y la guerrilla esperan que “se supere la polarización y se recojan todas las expresiones políticas y sociales”.

Ya en las declaraciones públicas, y en presencia de los representantes de los países garantes (Cuba y Noruega), De la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, manifestó que haría una “confesión personal”. “Dije que el Acuerdo del 26 de septiembre era el mejor Acuerdo posible, aunque era también susceptible de críticas”; sin embargo, “hoy (ayer) con humildad reconozco que este Acuerdo es mejor”, aseguró.

En su intervención, el político y abogado que ha encabezado el equipo desde el 2012 recordó el camino recorrido desde la victoria del No (50,22%) por estrecho margen frente al Sí (49,77%) en el proceso de refrendación.

Asimismo, mencionó desde “las múltiples reuniones que sostuvo el jefe de Estado con los diferentes líderes del ‘No” hasta los constantes viajes desde y hacía la capital cubana.

Luciano Marín, el hombre que ha representado a la guerrilla en las negociaciones de paz, también intervino y agradeció a los garantes por “impulsar contra viento y marea los avances de la mesa”.

Calificó como “ángeles de la guarda” a los acompañantes de Venezuela y Chile, y a nombre de Colombia dio las gracias por “durante tanto tiempo ayudar a encontrar las sendas de la paz”.

“Seguiremos apoyando”

Estados Unidos también se pronunció al respecto. “Quiero felicitar al gobierno y al pueblo de Colombia por lograr un acuerdo de paz revisado”, dijo el secretario de Estado, John Kerry.

Indicó que su país, en coordinación con el Gobierno de Colombia, seguirá apoyando la plena aplicación del acuerdo final de paz.

“Aquí no se logró avanzar”

El presidente Juan Manuel Santos se pronunció y habló sobre dos de los temas que más encontraron oposición: la inclusión de la llamada ‘ideología’ de género y la participación política de las Farc.

Sobre el primero aseguró que fue revisado por la Iglesia Católica, por los pastores cristianos y otros voceros del No y no aparecerá en el texto definitivo.

Sin embargo, hubo un “único punto” de los 57 de renegociación en el que no pudo conciliarse con el grupo armado ilegal y es el referente al que permite que los jefes de las Farc sean elegidos para cargos públicos. “Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos (negarles la posibilidad de participar en política). En la mesa de La Habana los negociadores del Gobierno insistieron mucho en ese punto para responder a esa preocupación. Tengo que decirlo con franqueza: aquí no se logró avanzar”, explicó.

El presidente señaló, en todo caso, que “no tendrán curules a dedo, tendrán que participar en las elecciones”. Y aseguró que el partido de las Farc recibirá el mismo dinero que otros.

Uno de los aspectos que resaltaron el presidente y los jefes negociadores es que el nuevo acuerdo no será incorporado a la Constitución, como estaba previsto con el anterior.

Las delegaciones no revelaron el texto completo del nuevo acuerdo. En el comunicado conjunto, señalaron que la “integración total” estará “disponible en próximos días”. No obstante, precisaron que en la página web www.mesadeconversaciones.com.co se podrá consultar un documento en el que se señalan las “modificaciones y los nuevos elementos”.

“Que textos no tengan alcance definitivo”: Álvaro Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez habló desde Rionegro, donde se reunió con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre el nuevo Acuerdo de Paz.

“En compañía de los doctores Juan Gómez Martínez y Claudia Bustamante he acudido a la reunión a la cual me convocaron el Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, y su ministro de Defensa, doctor Luis Carlos Villegas”, aseguró.

Dijo además que pidió al presidente Santos “que los textos que anuncian de La Habana no tengan alcance definitivo, que sean puestos en conocimiento de los voceros del ‘No’ y de las víctimas, quienes los estudiarán en breve tiempo y expondrán cualquier observación o solicitud de modificación en nueva reunión con el equipo negociador del Gobierno”.

“He insistido al Presidente de la República en la necesidad de un Acuerdo Nacional sobre la paz, que incluya a las instituciones de justicia”, concluyó.

Las 22 modificaciones destacadas por el Gobierno

1. Reparación de víctimas: Las Farc entregaran sus bienes y la plata que tengan disponible. En el nuevo acuerdo, las Farc tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas.

2. Restricción de la libertad: El Tribunal especial debe fijar en cada caso los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas, establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción, imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción. El tiempo que pasen en las zonas veredales se tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación.

3. Tiempo de la JEP: Se mejora y articula la justicia transicional con nuestro sistema judicial ordinario. Se pone un límite de tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz: funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años.

4. Las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar: Sólo presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal.

5. No habrá jueces extranjeros. Todos serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes.

6. Manejo de las tutelas frente a las decisiones de la Justicia Especial para la Paz. Como parte de la articulación con las otras jurisdicciones, las tutelas contra decisiones de la JEP podrán a ser revisadas.

7. Respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente. Se ratificó y se respetará el derecho a la propiedad.

8. Sobre la legislación agraria, se creó una comisión de expertos para revisar inquietudes que no hacen parte del Acuerdo de Cartagena.

9. El catastro –fundamental para formalizar la tierra– no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras. En virtud de este acuerdo no se autorizaran nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas zonas.

10. Posible impacto de las inversiones del posconflicto en la estabilidad macro económica. Se incluyó que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del Gobierno.

11. Posible cacería de brujas en la aplicación para ellos de la justicia transicional. quienes no sean responsables de crímenes graves, tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria.

12. Tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz. Nueva fórmula garantiza a soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica.

13. Las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes, establecidas para las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto, ya no serán para las Farc. En el nuevo acuerdo se incluye que el partido que surja de la reincorporación de las Farc no podrá inscribir candidatos para esos espacios.

14. Se redujo desde el primer año en 30% la financiación al partido de las Farc, para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos.  En este mismo capítulo, se establece que la protesta social debe ser siempre pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos.

15. Protección de los reincorporados a la vida civil. Se creó una comisión de protección y garantías de seguridad, en la que tenían participación las Farc. En el nuevo acuerdo, se eliminó la participación de las Farc en esa comisión. Se eliminó también las facultades de esa comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada.

16. Narcotráfico. El nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Justicia especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico, de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. El Gobierno mantiene además todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, y los programas de sustitución para los campesinos.

17. No habrá formalización de ningún predio en Colombia, sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos. Se robustece el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores.

18. Incorporar todo el acuerdo al bloque de constitucionalidad. Ahora, sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por si hacen parte de la Constitución.

19. Posibilidad de un co-gobierno con las Farc en la implementación del acuerdo. Ha quedado mucho más claro que el Gobierno será el único responsable de la implementación. Habrá, eso sí, una comisión que hará seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los acuerdos.

20. Ideología de género y posible afectación los valores de la familia. El tema fue revisado con sumo cuidado por la Iglesia Católica, por los pastores cristianos y otros voceros del No. Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente –no lo estaba— ni siquiera de manera sugerida. Este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos.

21. Se incorporaron en el nuevo acuerdo los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto.

22. Participación en política. Las Farc no tendrán curules a dedo. Al contrario, tendrán que participar en las elecciones. Tampoco tendrán cargos en el Gobierno, como ha ocurrido en muchos otros casos. Pero sí podrán ser elegidos.

El Tiempo

En La Habana, jefes de las delegaciones firmaron el nuevo texto de paz

El punto de justicia y víctimas, uno de los que más costó negociar con las Farc para el acuerdo original de paz, pero también uno de los que más reparos tenía de quienes promovieron el ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre, terminó con varios ajustes en el nuevo acuerdo anunciado este sábado desde La Habana.

Humberto de la Calle fue claro en decir que se mantuvo la idea de darles más importancia a “las víctimas que a los barrotes”, pero destacó la amplitud de precisiones y cambios hechos para dejar satisfechos a los críticos del primer acuerdo.

En el punto de justicia no se acogió la idea de quienes exigían una reclusión tradicional para los guerrilleros acusados de delitos graves, pero sí se precisaron las condiciones de la sanción de restricción de la libertad.

Para empezar, quedó claro que los guerrilleros sentenciados con restricción de libertad no podrán movilizarse más allá de una zona veredal, y que para hacerlo tendrán que cumplir los horarios que para ello defina el Tribunal Especial para la Paz.

Este Tribunal, además, fijará un sitio de residencia fijo para el guerrillero sancionado con restricción de libertad de entre 5 y 8 años si dice la verdad.

Estas precisiones podrían considerarse una de las mayores concesiones de las Farc a quienes promovieron el ‘No’ en el plebiscito, pues esta guerrilla había insistido en que los sancionados necesitaban trasladarse de un sitio a otro para las actividades propias de la vida política que asumirán cuando dejen las armas.

De hecho, en el acuerdo de paz que se firmó en Cartagena el 26 de septiembre no estaba especificado el tamaño de la zona territorial donde se cumpliría la sentencia.

Esta decisión se había dejado a los magistrados que integrarán la Jurisdicción Especial para la Paz, y algunas vertientes del ‘No’ insistieron en que se precisara el espacio para cumplir la sanción, de tal manera que no terminara siendo un departamento completo o que incluso se les permitiera a los guerrilleros la movilidad por todo el territorio nacional.

Por otro lado, las Farc terminaron aceptando que los magistrados de la Jurisdicción para la Paz determinen, caso por caso, y en concordancia con la jurisprudencia ya existente de las cortes, si una acusación por narcotráfico podrá considerarse conexa al delito político.

Otros reparos recurrentes entre los promotores del ‘No’ al acuerdo de paz que se firmó en Cartagena estaban relacionados con la soberanía de la justicia colombiana y la duración de la Jurisdicción Especial para La Paz. Decían que esta debía tener límite en el tiempo.

Para resolver estas inquietudes, el Nuevo Acuerdo de Paz con las Farc eliminó la participación de magistrados extranjeros –podrán participar solo dando conceptos– y precisó que la Jurisdicción para la Paz tendrá una duración máxima de 10 años. Solo podrá abrir investigaciones por delitos cometidos en medio del conflicto armado durante los primeros dos años de funcionamiento.

Pero, además, el nuevo acuerdo admite tutelas contra fallos de la Jurisdicción para la Paz, y su resolución quedará en cabeza de la Corte Constitucional.

En el acuerdo original con las Farc, la eventual revisión de un fallo era competencia de la misma Jurisdicción para la Paz.

En el mismo punto de justicia, pero ya referido a la reparación de las víctimas de las Farc, quedó establecido que esta guerrilla entregará la lista de sus bienes durante el periodo de dejación de las armas.

Confianza, la apuesta

Otro de los temas de mayor debate con las Farc durante la negociación del acuerdo que se firmó en Cartagena había sido el blindaje jurídico de los pactos de paz.

Esta guerrilla insistía en que solo se sentía segura si lo acordado quedaba incorporado a la Constitución.

Como explicó De la Calle anoche, “se eliminó la idea de incorporar el acuerdo a la Constitución Política y al llamado bloque de constitucionalidad. El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado”.

Restricción política

Si bien las Farc no aceptaron la petición de varios sectores del ‘No’ que insistían en la inhabilidad política de los guerrilleros con delitos graves, sí estuvieron de acuerdo en que miembros del grupo armado no puedan aspirar a las 16 curules que se darán en la Cámara para las zonas afectadas por el conflicto.

También aceptaron que se redujera la ventaja económica que se dará al partido político que conformen las Farc. Los aportes para su funcionamiento se reducirán en 30 por ciento frente a lo que se había pactado en Cartagena.

En ese acuerdo decía que el partido de las Farc recibiría anualmente el 10 por ciento del total del presupuesto que se distribuye entre todos los partidos, y los promotores del ‘No’ habían alegado que la ayuda económica debía ser igual para todos los movimientos.

Tanto el presidente Juan Manuel Santos como Humberto de la Calle fueron explícitos anoche en que seguramente el Nuevo Acuerdo de Paz con las Farc no tendrá un apoyo unánime, pero resaltaron el carácter democrático que tiene. Ambos pidieron a la comunidad internacional y a los colombianos respaldar el nuevo acuerdo.

Y el jefe de la delegación guerrillera, ‘Iván Márquez’, sostuvo que las Farc cedieron “hasta los límites de lo razonable”.

El Tiempo