Se cae de su peso que lo que define una democracia es la existencia de una oposición política al Gobierno. O al Estado, siempre que no sea armada. La historia del país se ha caracterizado por el cogobierno de los partidos tradicionales o, en su defecto, por los acuerdos electorales entre sus facciones. Eso sin contar con el uso de facultades extraordinarias. Entre 1886 y 1991 se gobernó bajo el despotismo del Estado de sitio. Desde 1958 se instaló el Frente Nacional. Nuestra democracia es limitada y muy imperfecta debido a esas maniobras de las elites.

Uribe ha jugado, pese a su obsesión enfermiza por el poder, un papel importante en el teje-maneje democrático y tiene detenido el acuerdo de La Habana. Tanto el gobierno de Santos como las Farc han tenido que aplicarse a estudiar las razones del No y a intentar un nuevo acuerdo. Hasta donde van las cosas, el bloque que ganó el plebiscito presenta fracturas que podrán crecer y debilitarían al uribismo. Ya los cristianos y la Iglesia aclararon dudas sobre la dichosa “ideología de género” y la familia, y con los empresarios el tema de la santa propiedad privada. Las discusiones en La Habana serán duras. Un nuevo capítulo del que saldrá una propuesta de modificación que, sin lugar a dudas, no pasará por encima de las líneas rojas que las partes han trazado y que permitieron hacer el “mejor acuerdo posible”. Presumo que Uribe va a quedar defendiendo imposibles. Pero tampoco irá a la guerra, aunque ganas no le falten. Ojalá su gente lo entienda así también y acepte convertirse en oposición política civil.

Será una oposición no a Santos, sino al acuerdo. En este punto las cosas podrían rodar poco a poco hacia una pragmática alianza política de las Farc con el Gobierno —de hecho lo es— que habría que formalizar para sacar el acuerdo por la vía que sea. Si es por el Congreso, necesitará aislar al uribismo e impedir que el vargasllerismo termine de resbalarse hacia la oposición franca. Si es por los cabildos, ni se diga. La operación avispa, como la llamó López, se tendría que revivir a punta de mermelada.

Vistas así las cosas, lo que sigue es una coalición sin esguinces de ninguna de las partes para salvar lo esencial del acuerdo: su carácter vinculante, el Tribunal Especial, la conexidad, las reservas campesinas. Y como Uribe continuará su campaña presidencial, a la otra parte se le abre la puerta para una alianza política de fuerzas progresistas para las elecciones del 2018 y, por tanto, la posibilidad de un gobierno de transición hacia la democracia plena.

La tesis de un gobierno de transición no es nueva. Marulanda, Jacobo y hasta el mismo Mono Jojoy la esbozaron. En otros momentos la fórmula se ha ensayado y dio resultados para mermar los enfrentamientos armados: el gobierno de Rafael Reyes incluyó a los liberales en su administración al final de la guerra de los Mil Días. El Frente Nacional fue un pacto para que gobernaran liberales y conservadores, enfrentados a sangre y fuego durante los años 50. ¿Por qué no ensayar ahora un gobierno de transición, con un solo candidato, entre un movimiento que dejó las armas y que se podría llamar Frente Amplio Renovador Colombiano, con otro que una al Sí? Y dejar que Uribe y Vargas Lleras sigan en la oposición.

(*) Sociólogo, periodista y escritor colombiano.