La noticia de los dos guerrilleros –Joaco y Mónica– muertos en la zona minera de la Serranía de San Lucas, sur de Bolívar, le puso los pelos de punta a la opinión pública, que vive con el credo en la boca sobre el cese bilateral de fuegos.

El Gobierno habló de combate, mientras las Farc, más prudentes, pidieron una investigación a fondo de la Misión de Monitoreo y Verificación: “Exigimos toda la verdad de lo ocurrido”, declaró Ricardo Téllez. Para el comandante del Ejército, general Mejía, los guerrilleros “no andaban de paseo y estaban extorsionando y muy lejos de la zona de preagrupamiento”. La Corporación Solidaridad Jurídica –nacida en los años 80 de la Asociación de Juristas Demócratas– declaró que los guerrilleros se trasladaban a una zona de preconcentración, calificó el hecho como “un ataque aleve y sorpresivo” y declaró que la guerrillera había sido “ultimada en forma despiadada al tratar de auxiliar a uno de sus compañeros”.

Los términos aleve y sorpresivo coinciden con la hipótesis de Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, de que los guerrilleros “fueron ejecutados por un francotirador”. El mismo general Mejía da una pista muy significativa para entender lo sucedido cuando declara que en el operativo se incautaron “tres armas cortas, munición y proveedores”.

Si se juntan retazos, es difícil imaginarse tres guerrilleros con pistolas enfrentándose a soldados de la fuerza de tarea Marte, armada hasta los dientes. Uno de los insurgentes fue capturado y “aseveró mediante una carta” –dijo el general– que pertenecía con sus compañeros al Frente 37 de las Farc. El comandante Carlos Antonio Lozada viajó desde el Yarí a Bogotá para exigir de la comisión de vigilancia del cese de fuegos una investigación exhaustiva y un peritaje forense. Son dos exigencias de muy alta responsabilidad. La Comisión de Monitoreo y Verificación está conformada por el gobierno colombiano, las Farc-Ep y la misión de la ONU. No obstante, “el componente internacional –Naciones Unidas–, con imparcialidad y transparencia, será el encargado de hacer la evaluación final de lo ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación”, según el acuerdo de La Habana. El informe debe ser presentado muy pronto no sólo porque pone a prueba el papel de la comisión, sino porque el acuerdo sobre cese del fuego está en inminente peligro. Tres muertos más y adiós al sueño.

De otro lado, Medicina Legal –y en particular el doctor Carlos Valdez, director nacional de la institución– debe producir un informe forense exhaustivo sobre el modo como murieron los guerrilleros. ¿Se trató de un combate o fueron ultimados a mansalva? Porque, aun si se acepta la explicación del general Mejía, nada autoriza a la fuerza pública a disparar sin antes intentar la rendición. La vieja fórmula “capturar o dar de baja” puede resultar en una ejecución fuera de combate proscrita por el DIH. La actitud de las Farc muestra hasta dónde están comprometidas con los acuerdos y, más al fondo, con la llamada institucionalidad, al responder con prudencia y sensatez a un hecho gravísimo.

No cabe duda sobre la urgencia de sacar adelante la implementación por la vía legislativa. Una guerrilla sin actividad militar es una especie de pensionado, que una vez que se desayuna comienza a tener malos pensamientos.

(*) Sociólogo, periodista y escritor colombiano.