Lanzan grupo asesor para esclarecer la muerte de la hondureña Berta Cáceres

Familiares de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) lanzaron ayer en Tegucigalpa un grupo internacional de expertos para apoyar la investigación del crimen.

“Se ha hecho el lanzamiento del GAIPE (Grupo Internacional de Personas Expertas), que surgió a petición de la familia y el COPINH para esclarecer el asesinato de mi madre a través de la creación de una comisión independiente de investigación”, dijo a Efe Berta Zúniga, hija de la ambientalista asesinada.

Cáceres, quien fue asesinada en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras, era además coordinadora general del COPINH.

La también defensora de derechos humanos se oponía a un proyecto hidroeléctrico de una empresa local, financiado con bancos internacionales, porque en su opinión atentaba contra el ambiente.

“Nosotros manifestamos siempre la voluntad de que hubiesen personas con experiencia suficiente para que nos garanticen esclarecer el crimen contra mi madre y contra Gustavo Castro”, ambientalista mexicano que era huésped de Cáceres el día del crimen, subrayó Zúniga, quien considera que el Estado hondureño nunca respondió a esa solicitud.

Castro resultó herido de bala, no de gravedad, en una oreja, y durante un mes permaneció en Honduras a petición de las autoridades locales para que informara sobre lo ocurrido.

El GAIPE lo integran dos abogados de Colombia, uno de Estados Unidos, uno de Guatemala y otro de Holanda, todos expertos en asuntos de derechos humanos y desaparición forzada de personas, entre otros asuntos.

La hija de Cáceres señaló además que “ha habido una serie de irregularidades muy fuertes” en el caso del asesinato de su madre y que como familiares han sido “excluidos del proceso de investigación, lo que nos hace tener serias dudas sobre si se va a llegar a la investigación, a la justicia real”.

Por el asesinato de Cáceres hasta ahora han sido detenidas seis personas, mientras que hoy un juez de Tegucigalpa le dictó auto de prisión preventiva al exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona.

Cardona supuestamente incurrió en el delito de abuso de autoridad al no informar a las comunidades de la licencia ambiental otorgada a la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), responsable del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

Además, Cardona, quien fue capturado el 14 de octubre, habría aprobado una modificación a la licencia para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace tres años por DESA, pero que está paralizado desde el asesinato de Cáceres.

Cardona supuestamente ordenó el aumento de la capacidad de energía de 16 a 21,7 megavatios para el proyecto Agua Zarca, según denuncias del Ministerio Público.

La hija de la ambientalista asesinada enfatizó en que no es suficiente que se tenga capturadas a varias personas como presuntas autoras materiales del crimen, sino que hace falta esclarecer quiénes son los autores intelectuales.

La abogada colombiana Liliana Uribe, miembro del GAIPE, dijo a periodistas que el trabajo del grupo es contribuir a esclarecer el “crimen de Berta Cáceres y poder aportar también para el diseño y puesta en marcha de líneas lógicas de investigación que permitan el esclarecimiento de las responsabilidades penales en el caso”.

“Es importante también que nos vean como un factor también de apoyo en esa construcción de esas líneas de investigación”, añadió.

En un comunicado el GAIPE indicó que se han reunido con oficiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Para hoy también tienen previsto hacerlo con ejecutivos de la empresa DESA.

Además, buscan establecer canales de comunicación para dar seguimiento al proceso investigativo en torno al crimen y recoger iniciativas y propuestas en la perspectiva de asegurar una investigación integral y exhaustiva, que tome en consideración el contexto en que ocurrieron los hechos, apostilló.

La Tribuna