Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Mientras que en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se aprueba una declaración presentada por Argentina, Brasil, Canadá, Honduras, Estados Unidos, México, Costa Rica y Perú, que anima el diálogo y pide “al gobierno y a la Mesa de Unidad Democrática alcanzar resultados concretos en un plazo razonable para poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela”, aquí en Caracas el inefable Tribunal Supremo de Justicia se las juega otra vez contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta vez, el TSJ ni siquiera guarda las formas ni aparenta una imparcialidad que debería ser su norte. Al prohibir a los venezolanos salir a protestar pacíficamente, como bien lo admite la carta magna, cruza una barrera que jamás debió franquear de forma tan arbitraria y desafiante, pues les cierra a los ciudadanos un derecho inalienable y, por lo demás, indispensable para impedir que las angustias y las incertidumbres conduzcan estas naturales protestas hacia estallidos sociales con consecuencias impredecibles para el país.

Nadie puede estar ciego y sordo ante la terrible y extenuante crisis que padece la sociedad venezolana, y mucho menos contribuir con sus desacertados actos a que estos peligros que se anuncian en el horizonte se hagan realidad más pronto que tarde, como todo hace pensar si el gobierno y quienes les acompañan desde posiciones relevantes en los otros poderes, siguen apartándose de lo único que debe ser respetado por encima de cualquier excepcional e imprevista circunstancia histórica: la carta magna.

Mal y equivocado rumbo el escogido por los magistrados para dejar el camino señalado claramente por la Constitución y tomar senderos paralelos que no vienen al caso y resultan contraproducentes en esta hora aciaga para la estabilidad de la república. El irrespeto a la ley por cualquiera de los poderes no ayuda en nada a lo que los venezolanos pedimos en este momento y que, como bien se sabe, no es otra cosa que estabilidad institucional, la convivencia ciudadana, el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos.

A menudo estos reclamos se formulan y toman vida activa siguiendo respetuosamente las instancias adecuadas, otros escogen pacíficamente como escenario las calles de las ciudades y los caminos del campo. Pero en todos estos casos no debe actuarse desde el poder de manera precautelativa, avasallante y castradora pues estamos ante el ejercicio de un derecho constitucionalmente establecido, y esto en todos los casos no debe olvidarse jamás.

No olvidemos tampoco que en este momento estamos ante los ojos del mundo que, preocupados y atentos a cualquier desmán, aconsejan mesura y serenidad, tal como lo ha hecho ayer el Consejo Permanente de la OEA en sesión extraordinaria.

Por lo demás, subrayan especialmente los representantes ante ese Consejo sobre “la necesidad de que las autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales actúen con prudencia y eviten cualquier acto de violencia o amenazas al proceso en marcha”. No es hora entonces de cometer atropellos y perderse en desvaríos que sólo anuncian días de desgracia.

El Nacional