Esta novedosa iniciativa surgió en el 2011, cuando transcurría el primer año de la gestión de Galo Chiriboga Zambrano, como fiscal General del Estado ecuatoriano.

Su experiencia y trayectoria en el Derecho le permitió visualizar la necesidad de contar con una herramienta regional que ayude a la desarticulación de la delincuencia transnacional. Pero no solo a las bandas que operan en los diferentes países, también atacar a las cúpulas o ‘cabecillas’ e incautar su patrimonio económico.

El plan para la creación de la Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) nació en medio de la preocupación que se generó cuando el Fiscal General ecuatoriano constató que las estadísticas revelaban que los delitos más graves en Ecuador y en los países de la región son aquellos relacionados con el crimen organizado.

Esta propuesta inédita, mentalizada por Chiriboga Zambrano, fue desarrollada por un comité interinstitucional, como Fiscalía, Cancillería, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y otras.

El proyecto en las diferentes fases también contó con la cooperación del embajador Francisco Carrión y la de Leopoldo Robayo (hoy embajador en Nigeria).

La recta final del proceso estuvo a cargo de Andrés Terán y su equipo. Le correspondió consolidar la madurez jurídica de la propuesta, es decir la perfeccionaron con la ayuda de los conocimientos de juristas internacionales y más.

Hasta la consolidación del proyecto

A la propuesta se la socializó y se debatió en 27 seminarios, rees bilaterales y conferencias, organizados por la Fiscal ecuatoriana dentro y fuera del país.

Uno de estos eventos fue la Conferencia de Fiscales Generales de la XIII Reunión Especializada de Ministerios Públicos de Mercosur, en Argentina, en junio del 2012.

Otra de las citas fue el seminario ‘Perspectivas de una Corte Penal Regional en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas’, que se desarrolló en Argentina. Este contó con la participación de la Asociación Juristas Americanos (AAJ, rama Argentina), en el 2015.

También se realizaron encuentros en República Dominicana, Colombia, Perú y otros países. En estas citas, fiscales y procuradores de la región, jueces de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador y más expertos también aportaron con sus planteamientos para fortalecer la propuesta. Su asesoramiento fue en especial para el desarrollo del estatuto que regiría a esta Corte.

Asimismo se aprovechó de la experiencia de la Corte Penal Internacional. Este organismo envió un experto para que asesore en especial para la definición de la estructura administrativa y financiera.

Hasta que el jueves 15 de septiembre del 2016, el proyecto fue entregado al Ejecutivo para que lo socialice ante los mandatarios de los países de la Unión de Naciones Suramericanas.

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Fiscalía General del Estado de Ecuador