La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avaló el contenido de una iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para crear una ley de seguridad interior, que otorgue un marco jurídico a las fuerzas armadas para el uso legítimo de la fuerza en operativos contra amenazas que pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública, como el narcotráfico e incluso la corrupción.

La iniciativa, elaborada por el coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, y la legisladora Martha Sofía Tamayo, propone distinguir la seguridad nacional de la interior, y prevé la participación del Ejército y la Marina en acciones de orden interno, que serían coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

Las operaciones que incluye la propuesta son: destacamentos de seguridad, escoltas de seguridad, establecimiento de bases de operaciones móviles y fijas, así como puestos de seguridad, intercepción terrestre, aérea y marítima, patrullajes, puestos de vigilancia, reconocimientos, seguridad en instalaciones estratégicas y las demás que se consideren necesarias.

Como en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, la propuesta prevé que militares y marinos puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información y obligaría a las instituciones gubernamentales, así como a los órganos autónomos, a proporcionar información.

Podrían combatir delincuencia organizada y corrupción

Entre las amenazas concretas que ameritarían la intervención del Ejército y la Armada se consideran fenómenos por cambio climático, corrupción, deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros.

Diputados de la Comisión de Defensa Nacional informaron que, en una reunión la semana pasada con el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, éste les comentó que la iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación para su dictamen, contó con su visto bueno.

En su propuesta, Camacho Quiroz y Tamayo definen que la seguridad interior deriva de una de las funciones primarias e irrenunciables del Estado, tanto para su propia subsistencia como para garantizar las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de las potencialidades de sus habitantes, mediante la adopción de todo tipo de medidas políticas, económicas y sociales, incluyendo el ejercicio del monopolio del uso legítimo de la fuerza.

También indican que para ello, en primer término debe hacer uso de todos los medios y recursos legítimos que se encuentren a su disposición y, en caso de que la situación concreta así lo amerite, bajo el principio de gradualidad en el uso de la fuerza, disponer de las fuerzas armadas como la última ratio del poder nacional.

Para los priístas, es necesario un ordenamiento legal específico que defina y regule las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes en el mantenimiento de la seguridad interior, y responder a cuestionamientos o confusiones sobre el alcance y las tareas de seguridad pública.

Los asuntos en materia de seguridad pública son atendidos por las instituciones policiales especializadas de los tres órdenes de gobierno; por su parte, la complejidad de los fenómenos de seguridad interior requiere de la actuación coordinada de diversas dependencias e instituciones del Ejecutivo federal, así como de la participación corresponsable de las autoridades de las entidades federativas y los municipios, indican.

También argumentan que la seguridad interior, como vertiente de la seguridad nacional, implica la posibilidad de que el presidente de la República, como comandante supremo de las fuerzas armadas, disponga de la totalidad de la fuerza armada permanente, esto es Ejército, Armada y Fuerza Aérea, para hacer frente a fenómenos que impacten a la seguridad interior.

Incluso refieren que las respectivas leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México definen como una de sus misiones coadyuvar en la seguridad interior del país.

La iniciativa prevé el apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, para determinar la intervención de la Federación en temas de seguridad interior, así como del secretario de Gobernación, en su carácter de secretario ejecutivo del Consejo, para coordinar el análisis estratégico de las amenazas.

Además, precisa que la intervención se hará a partir de acciones de seguridad interior y de acciones de orden interno.

Las primeras son presentadas como las aplicadas previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, que no tendría los efectos de una suspensión de garantías.

Consisten en operaciones de restauración del orden y operaciones para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y desastres, esto es, reactivas frente a amenazas inminentes a la seguridad interior.

Y las segundas serán de carácter permanente, como el eje preventivo de la seguridad interior, fundamental para anticipar la acción del Estado frente a fenómenos que pretendan vulnerar el orden interno.

La Jornada