Morales calificó de “liviano” el fallo de la ONU, mientras organismos de DDHH reclaman la liberación de Milagro Sala

Los organismos de derechos humanos Amnistía Internacional, Andhes y CELS pidieron ayer al Estado argentino que cumpla con lo dispuesto por la ONU y libere a Milagro Sala. Pero del otro lado, el gobernador de Jujuy e instigador de la detención arbitraria de la parlamentaria del Unasur, Gerardo Morales, consideró de “liviano” la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

“Para mí es bastante liviana la opinión porque afirmar que está presa por el acampe y desconocer que se robaron 29 millones de pesos, que hemos visto todos los argentinos, no se ajusta a la verdad”, expresó hoy el mandatario jujeño en declaraciones a la prensa.

Según Morales, el Grupo de Trabajo de la ONU “tomó como válido” que la detención de Milagro Sala desde enero último fue a causa del acampe de protesta de cooperativistas frente a la sede del gobierno provincial encabezado a comienzos de este año por la organización Túpac Amaru, que ella lidera.

“Hay desconocimiento de situaciones, cerraron un informe a abril por lo que no tienen toda la historia. Desconocen que ya es cosa juzgada, que no tienen fueros los parlamentarios del Mercosur y además hay dos prisiones preventivas dictadas (contra Milagro Sala) en causas, hay una megacausa, así que me parece que no han contado con toda la información”, argumentó el gobernador de Jujuy.

Por otro lado, los organismos de derechos humanos Cels, Amnesty International y Andhes volvieron a pedir al Estado nacional que se torne efectiva la resolución dispuesta por Naciones Unidas y libere de inmediato a Milagro Sala.

“Para tomar esta decisión el Grupo de Trabajo consideró la información sobre todas las causas judiciales contra Milagro Sala, aportada tanto por las organizaciones que realizamos la denuncia internacional como por el propio Estado, y concluyó que ‘la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria’ y que debe ser liberada”, señalaron los tres organismos en un comunicado.

Según el mismo texto, que resumió una nota enviada a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el Grupo de Trabajo “también le encomendó al Estado informar sobre las medidas de seguimiento de la resolución”. Entre las mismas se incluyen la fecha de su liberación, si ha tenido lugar algún tipo de reparación, si se ha “llevado a cabo una investigación sobre la violación de los derechos de la señora Sala” y con qué resultados, y qué medidas se tomaron “para evitar la repetición de los hechos que originaron la intervención del mecanismo internacional”.

“La decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país”, argumentaron los tres organismos.
En consecuencia, sostuvieron que “su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino”.

“Por otra parte, ante decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Estado no puede utilizar como excusa para incumplir que se trataría de una supuesta interferencia indebida en otros poderes o jurisdicciones”, porque “tal proceder significaría desconocer sus obligaciones internacionales, el rol que tiene el Estado federal como garante y numerosos antecedentes”, argumentaron en la nota dirigida a Malcorra y Avruj.

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