El camino que ahora emprenden Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil, aplaudido por la derecha criolla y que se nos presenta como el único futuro posible, no es otra cosa sino la regresión a un pasado empobrecedor y excluyente: tal es la utopía perversa que hoy enuncian los ideólogos del capitalismo salvaje.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) acaba de publicar un valioso informe titulado La matriz de la desigualdad social en América Latina, en el que, partir de la conceptualización de la desigualdad como fenómeno complejo, histórico y estructural de nuestros países, y con el apoyo de los datos estadísticos, profundiza en el análisis de algunas dimensiones o “ejes estructurantes de la profunda y persistente desigualdad social que caracteriza a nuestra región”, a saber: la condición socioeconómica (la clase social); las desigualdades étnicas y raciales y su relación con las desigualdades de género; las desigualdades a lo largo del ciclo de vida; y las desigualdades territoriales.

La divulgación de este documento llega en un momento oportuno, toda vez que, en un contexto regional signado por el avance de la restauración conservadora y neoliberal, las acciones políticas y económicas de las fuerzas de derecha que han llegado al poder –unos por la vía de las elecciones y otros por el golpismo de nuevo patrón- amenazan seriamente la sostenibilidad de los avances en materia de desarrollo social y humano alcanzados durante los últimos 15 años, especialmente por los gobiernos progresistas y nacional-populares.

CEPAL reconoce que la reducción de la desigualdad alcanzada en períodos recientes tuvo un fuerte componente de voluntad y decisión política, en contexto económico favorable para América Latina, toda vez que “los gobiernos de los países de la región dieron una alta prioridad a los objetivos de desarrollo social y promovieron políticas activas de carácter redistributivo e incluyente”. En efecto, entre los años 2000 y 2014 la pobreza bajó sustancialmente, al pasar de un 43,9% a un 28,2%; en tanto que la indigencia o pobreza extrema se redujo de un 19,3% a un 11,8%, en virtud del “aumento de los ingresos de los hogares a causa de la mejora del mercado de trabajo (disminución de la tasa de desocupación, aumento de los ingresos laborales e incremento de la formalización y de la participación laboral de las mujeres) y por la expansión del gasto público social y de las políticas de lucha contra la pobreza, entre ellas, las transferencias monetarias”.

Sin embargo, esto todavía no es suficiente, y se requieren cambios de más hondas repercusiones en nuestras sociedades. “Como muestra la experiencia histórica y reciente de América Latina y el Caribe -dice el informe-, si bien el crecimiento económico es un factor fundamental para la reducción de la pobreza, la desigualdad puede limitar significativamente ese proceso. Sin un cambio en la distribución del ingreso, incluso los altos niveles de crecimiento son insuficientes para reducir la pobreza en forma sostenible”.

Frente a esta realidad, que afecta con mayor dureza a los indígenas, a los afrodescendientes; a las mujeres, a los niños y adultos mayores; y a los jóvenes excluidos de los sistemas educativos y precarizados en los mercados de trabajo, CEPAL formula ocho recomendaciones -a manera de desafíos- para los gobiernos latinoamericanos:

1) articular la política económica, la ambiental y la social, “supone lidiar con la cultura y la economía política de los intereses que históricamente han dificultado este tipo de transformaciones en la región”;

2) desarrollar políticas públicas con enfoque de derechos y ciudadanía social, esto es, “que todas las personas, por el solo hecho de ser parte de la sociedad, tienen pleno derecho a acceder al bienestar social”;

3) construir políticas de desarrollo bajo el principio de universalidad sensible a las diferencias, “para romper las barreras de acceso a los servicios sociales y al bienestar que enfrentan las personas que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, las mujeres, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas que residen en áreas rezagadas, las personas con discapacidad y los migrantes, así como los niños, los jóvenes y los ancianos”;

4) el fortalecimiento de la institucionalidad social, con miras a “reforzar la sostenibilidad de las políticas sociales como políticas de Estado y no solo de gobierno;

5) la promoción de la cohesión territorial por medio de políticas sociales;

6) la mejora en las bases de datos y los indicadores estadísticos para la toma de decisiones;

7) la protección del gasto social y el resguardo de los ingresos tributarios frente a “una elite activa y con poder de veto” en nuestros países, que se opone sistemáticamente al pago de impuesto; y por último,

8) la necesidad de “transitar de la cultura del privilegio a una cultura de la igualdad”, que restituya la igualdad y dignidad de “aquellos cuyos derechos sociales han sido vulnerados durante siglos y que se han visto invisibilizados, en condiciones de exclusión y segregados por un sistema que favorece los privilegios de unos en desmedro de otros”.

Lo social sigue siendo el gran horizonte emancipador de nuestra época. Por eso, con todas las limitaciones y errores que se les pueda señalar, debe reconocerse que fueron los gobiernos progresistas y nacional-populares los que empezaron a andar un vía diferente en el combate de la pobreza y la desigualdad, lejos del dogmatismo economicista de los neoliberales, propia de los años 1990.

Y también fueron ellos quienes dieron pasos, más o menos consistentes, en la dirección que sugiere CEPAL. Por el contrario, el camino que ahora emprenden Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil, aplaudido por la derecha criolla y que se nos presenta como el único futuro posible, no es otra cosa sino la regresión a un pasado empobrecedor y excluyente: tal es la utopía perversa que hoy enuncian los ideólogos del capitalismo salvaje.

(*) Académico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Investigación y Docencia en Educación, de la Universidad Nacional de Costa Rica.