Las ciudades que tenemos en el mundo de hoy están muy lejos de ser lugares de justicia. Son en cambio la clara expresión de la creciente desigualdad y violencia que sufren nuestras sociedades, en las que la ganancia y los cálculos económicos están por encima del bienestar, la dignidad, las necesidades y los derechos de las personas y la naturaleza.

La concentración del poder económico y político es un fenómeno de explotación, exclusión y discriminación cuyas dimensiones espaciales son claramente visibles: ciudades duales de lujo y miseria; procesos de gentrificación que desplazan y desalojan poblaciones tradicionales y de bajos ingresos; millones de viviendas y edificios vacíos al mismo tiempo que hay millones de personas sin un lugar digno donde vivir; campesinos sin tierra y tierra sin campesinos, sujeta a los abusos del agronegocio, la minería y otras industrias extractivas y proyectos de gran escala.

Así, la acumulación capitalista y la concentración de la riqueza sin límites están condenando a más de la mitad de la población mundial a vivir en la pobreza, mientras las desigualdades y la brecha entre los que más y los que menos tienen siguen creciendo en todas las regiones del planeta. ¿Qué oportunidades reales se está brindando, en particular a la gente más joven, si, de acuerdo con las Naciones Unidas, el 85% de los nuevos empleos a nivel global se crean en la economía “informal”[1]?

Al mismo tiempo, la segregación espacial de grupos sociales, la falta de acceso a vivienda, servicios públicos básicos e infraestructura adecuada, así como muchas de las actuales políticas de vivienda, están creando las condiciones materiales y simbólicas para la reproducción de la marginalización y la situación de desventaja de amplios sectores de la población. Los barrios desfavorecidos (habitualmente calificados de asentamientos “irregulares” y/o “informales”) son el hogar de al menos un tercio de los habitantes en el sur global .

Como sabemos, no tener un lugar donde vivir y no tener una dirección reconocida también resulta en la negación de otros derechos económicos, sociales, culturales y políticos (tales como la educación, la salud, el trabajo, el derecho a voto, a la información y a la participación, entre muchos otros). ¿Qué clase de ciudadanas/os y de democracia estamos produciendo en estas ciudades divididas?

No es novedad para nadie que, especialmente durante las décadas de implementación más estricta de las políticas neoliberales (enmarcadas en el Consenso de Washington), muchos gobiernos abandonaron sus responsabilidades en la planeación urbano-territorial, dejando que “el mercado” operara libremente la apropiación privada de espacios públicos, casi sin ninguna restricción a la especulación inmobiliaria y la creación de ganancias exponenciales.

En consecuencia, prácticamente en todos los países los precios de la tierra se han multiplicado varias veces, mientras que el salario mínimo ha permanecido prácticamente en el mismo nivel (con la consecuente disminución del poder adquisitivo real), convirtiendo a la vivienda adecuada en inaccesible para una gran parte de la población, incluso aquella que cuenta con un empleo formal y salarios y prestaciones que establece la ley. (…)

En su conceptualización, el derecho a la ciudad, colectivo y complejo, implica la necesidad de democratizar la sociedad y la gestión urbana, no simplemente accediendo a lo que existe sino transformándolo y renovándolo. Para ello, será central recuperar la función social de la propiedad y hacer efectivo el derecho a participar en la toma de decisiones.

Al mismo tiempo, el avance de la urbanización popular era claramente visible en muchas ciudades latinoamericanas, producto de la migración masiva del campo a la ciudad vinculada sobre todo al proceso de industrialización nacional que, con diversos ritmos y variantes, comenzó a desarrollarse en varios países desde el período de entreguerras. Las demandas por acceso a suelo, vivienda, servicios y equipamientos públicos fueron centrales para la conformación paulatina de un movimiento por la reforma urbana que, inspirada en los postulados y avances de la reforma agraria, fue cobrando fuerza hasta desembocar, a fines de la década de los ‘80 y principios de los ’90, en reformas constitucionales como las de Brasil y Colombia.

La movilización social y la práctica comprometida y militante de profesionales de la arquitectura, el urbanismo, el trabajo social, la sociología y el derecho, entre muchas otras disciplinas, así como la presencia territorial de instituciones eclesiales y la reflexión y debate de un ámbito académico no ajeno a las tensiones y preocupaciones de su tiempo, fueron algunos de los factores claves que se tradujeron en propuestas de marcos legales, instituciones, políticas y programas que pretendían vincular las orientaciones de la política urbana a las preocupaciones por la justicia social.

Al inicio del nuevo milenio, bajo el eslogan de “la ciudad que soñamos”, la primera Asamblea Mundial de Habitantes reunió a más de 350 delegadas y delegados de movimientos sociales de 35 países en la Ciudad de México para avanzar en los que resultarían también insumos muy relevantes para la elaboración de la Carta Mundial para el Derecho a la Ciudad, un proceso desarrollado dentro del Foro Social Mundial entre 2001 y 2005.

Durante la última década, ese documento ha inspirado numerosos debates similares y otros documentos colectivos sobre la ciudad que queremos, tales como la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010). A la vez, muchas de esas propuestas están ahora incluidas en instrumentos firmados por gobiernos nacionales (entre los que destaca la nueva Constitución de Ecuador, sancionada en 2008), así como por algunas instituciones internacionales (tales como la UNESCO y ONU-Hábitat). (…)

¿Es posible el buen vivir en las ciudades? Es necesario decirlo fuerte y con todas las letras: no habrá derecho a vivir dignamente en las ciudades sin el derecho a vivir dignamente en el campo. Considerando que esas categorías no son estáticas —y hoy más que nunca se están viendo cuestionadas por las yuxtaposiciones, las convivencias y las mixturas varias que se dan entre ellas—, el derecho a la ciudad nos obliga a mirar el territorio y los lugares donde vivimos de una manera más integral y compleja.

Aunque diversos análisis y políticas casi pendulares se empeñen en presentarlas como realidades más o menos autónomas y desvinculadas, lo cierto es que campo y ciudad no pueden entenderse —y por lo tanto tampoco transformarse— uno sin la otra y viceversa. Los fenómenos ambientales (ecosistemas, cuencas, climas, entre otros), sociales (migraciones), económicos (circuitos de producción, distribución, consumo, reutilización, reciclaje y desecho), políticos (marcos legales, políticas y programas) y culturales (idiomas, tradiciones, imaginarios) entretejen relaciones y procesos que los vinculan estrechamente. Nuestras luchas y propuestas no pueden ser cómplices de una visión dualista que los mantiene separados y enfrentados, en una relación que es más de competencia y explotación que de complementariedad y equilibrio.

Sin duda, muchos de los contenidos de este nuevo derecho se encuentran en cosmovisiones y prácticas anteriores al capitalismo y muchas de ellas son, en esencia, no solo distintas, sino incluso contrarias a él. Debemos retomar y profundizar esta perspectiva si queremos que la reforma urbana avance como propuesta de cambio de paradigma frente a lo que muchos no dudan en llamar una “crisis civilizatoria”. Tal y como lo estamos planteando, creemos que los valores y propuestas que contiene el derecho a la ciudad presentan varios puntos en común con las cosmovisiones milenarias del buen vivir (Sumak Kawsay, en quechua) y el vivir bien (Suma Qamaña, en aymara, que han cobrado particular relevancia política y programática en la última década.

* Presidenta de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC).