Dentro de las reformas que se consignan en el proyecto de Ley Especial de Migración y Extranjería, los diputados de la comisión de relaciones exteriores, integración centroamericana y salvadoreños en el exterior buscan crear una nueva figura que se encargue de proteger a niños y adolescentes en los diferentes pasos fronterizos.

La Ley de Migración, Ley de Extranjería, Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a la República y la Ley Especial para Residentes Rentistas son cuatro cuerpos normativos que por años han estado dispersos en el país, pero ninguno contempla o incluye la figura en mención.

Los diputados no solo buscan fusionar las cuatro leyes en una sola (en la Ley Especial de Migración y Extranjería), sino que pretenden darle vida a la figura de los oficiales migratorios de Protección a la Niñez y Adolescencia, a quienes la nueva normativa les otorgaría la facultad de velar y garantizar la seguridad de menores de edad, en aspectos relacionados con el tráfico ilegal y trata de estos.

De acuerdo con estadísticas que la Policía Nacional Civil (PNC) maneja hasta 2014 acerca de niños y adolescentes desaparecidos en el país, se registró un total de 765 menores (entre cero y 17 años) que fueron reportados como extraviados.

Sin embargo, un estudio más actualizado y elaborado por ORMUSA, con datos de la PNC, muestra que en 2015 se reportaron 560 casos de niños y adolescentes desaparecidos.

Esto ha derivado en que los diputados de la comisión de relaciones exteriores busquen la creación de estos oficiales de protección, quienes se encarguen única y exclusivamente en atender y verificar los casos migratorios de los menores de edad.

“Es una figura que no está regulada actualmente en nuestra legislación y que vendría a ser una novedad dentro del contenido de este proyecto de ley”, expresó la presidenta de la comisión, la diputada del FMLN Karina Sosa.

Según el proyecto de ley, estos oficiales migratorios serían los encargados, entre otras funciones, de notificar y coordinar con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) y sus juntas de Protección, para atender los casos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes; de igual forma, coordinarían con la PNC, para auxiliarse en el cumplimiento de sus funciones.

“Me parece que es positivo porque habría una mejor atención para nuestros menores y existe el compromiso de Migración, de que esto no generaría un costo adicional, ya que se capacitará al mismo personal que está en fronteras”, dijo la diputada de ARENA Martha Évelyn Batres.

La Prensa Gráfica