Informe sobre el impacto ambiental y social de las empresas energéticas españolas

Las empresas transnacionales tienen un poder económico mayor que muchos estados y sus beneficios no han dejado de aumentar a pesar de la crisis. Sin embargo, su expansión y toma de poder no ha producido precisamente el enriquecimiento de las mayorías sociales, sino que ha fomentado la explotación laboral, la especulación financiera, la pérdida de derechos de las poblaciones y el daño ecológico. Las energéticas tienen un papel primordial en el tablero mundial y, en concreto, las españolas han contribuido al desastre medioambiental, económico y social en América Latina, según destaca el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en un informe.

Los efectos negativos sobre las comunidades locales y el medioambiente en América Latina de empresas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Endesa han sido recogidos en el informe “Energía y Derechos Humanos” del OMAL, que presentan este lunes el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, y el eurodiputado de la misma formación Miguel Urbán, junto a la investigadora del OMAL Erika González, el impulsor de la Red Latinoamericana Redlar, Gustavo Castro, y la coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cote Romero.

En América Latina, las empresas españolas se han convertido en grandes transnacionales pero, al contrario de lo que suele prometerse en discursos oficiales “como el de la marca España”, los máximos beneficiarios “no han sido las clases trabajadoras sino los grandes propietarios y los máximos directivos de estas compañías”, señala el informe.

Algunos ejemplos de los daños perpetrados se refieren a Repsol en los casos de contaminación y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, o la financiación que el Banco Santander ha otorgado a proyectos muy agresivos en términos sociales y medioambientales en Brasil.

Según destaca el estudio, la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en territorios indígenas y la extensión de megainfraestructuras de transporte de electricidad a lo largo de miles de kilómetros por parte de Endesa “ocasionó graves perjuicios ambientales, sociales y culturales”, mientras que también han sido denunciados “fuertes impactos sobre la soberanía energética ya que la compañía controla “gran parte de la generación eléctrica”. En 2014, Enel se quedó con las filiales de Endesa en América Latina.

En Brasil, por ejemplo, después de que Endesa se adjudicara más de un 50% de la Compañía Energética de Ceará (Coelce) se eliminaron 1.494 puestos de trabajo y se produjeron 40 accidentes laborales mortales, en gran medida ocasionados por la sobrecarga laboral o la precarización de las condiciones. Mientras, en Chile, Endesa ha protagonizado varios casos polémicos desde que adquiriera la compañía Energis en 1997. La empresa española fue investigada por donar 3,5 millones de dólares a políticos chilenos durante la campaña electoral de 2013 con el fin de obtener permisos para la construcción de una central eléctrica en territorio mapuche.

Por otro lado, Unión Fenosa, ahora Gas Natural Fenosa, “ha sido una de las compañías eléctricas que más denuncias ha tenido por abusos en su actividad de distribución de electricidad y gas a la población de América Latina y Caribe”, destaca el informe. Entre los múltiples casos que se recogen se encuentra uno relacionado con la soberanía nacional. La empresa denunció al Gobierno argentino por las medidas económicas tomadas en la crisis de 2001 porque, según aseguraban, se redujeron las expectativas de ingresos en la empresa.

El documento destaca la eliminación selectiva de los activistas que se oponían a la gestión privada de la electricidad en Colombia por parte de los grupos paramilitares o el impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos de Gas Natural Fenosa en Costa Rica. También, recoge el estudio, la compañía “gestiona con irresponsabilidad el servicio de gas en Monterrey (México), donde las tarifas se dispararon durante su actividad”.

Además, el informe incide en “los impactos ambientales ocasionados por megaproyectos eólicos y por la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en Brasil” de Iberdrola, que contradicen “la imagen verde que la empresa proyecta en sus anuncios”. Además, la eléctrica está presente en el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, relacionado con un caso de corrupción por donaciones millonarias a las campañas electorales del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Corrupción y puertas giratorias

El informe denuncia el gran poder que han acumulado las multinacionales a través de una compleja arquitectura económica, política, cultural y jurídica que funciona únicamente para satisfacer los intereses de estas grandes compañías. En cuanto a la corrupción, las empresas se lucran con “estafa, soborno, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, fraude, paraísos fiscales…”. El modus operandi se compone de prácticas ilegales, alegales y legales para conseguir el máximo beneficio bajo el marco de una “arquitectura de la impunidad”, según define el estudio, que se nutre de la vinculación política-económica que existe entre los Estados centrales y las multinacionales.

Los derechos de los ciudadanos quedan relegados a los privilegios de estas grandes compañías en parte porque los políticos y empresarios se benefician de las llamadas puertas giratorias. El informe recuerda que “el 40% de los ministros españoles desde 1977 se han pasado a grandes empresas del sector privado”. De este modo, las grandes empresas disponen de mecanismos de recompensa o reconocimiento hacia aquellos que les premian cuando se encuentran en el poder.

OMAL