Paraguay: mujeres trans quedan afuera de una ley de protección integral
La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó la Ley de Protección Integral a las mujeres contra toda forma de violencia pero sin mencionar en el texto la palabra género ni incluir a las mujeres trans. Ese mismo día, el 6 de diciembre, una travesti fue asesinada a balazos en Ciudad del Este. Desde 1989, en Paraguay se registraron 57 crímenes de odio. Qué pasa con el debate para una ley de identidad de género.
Andrea tenía veinte años, sufría una discapacidad y la asesinaron en la calle de seis tiros, en Ciudad del Este, zona de la triple frontera de Paraguay con Brasil y Argentina. El crimen ocurrió en la noche del martes 6 de diciembre, horas después de que en Asunción la cámara de Diputados de Paraguay aprobara una Ley de Protección Integral a las mujeres contra toda forma de violencia, que dejó afuera a las personas trans. Con Andrea, suman 57 -desde 1989 hasta la fecha-, los casos catalogados como crímenes de odio por la Organización Panambí, que promueve y defiende los derechos de las personas trans en Paraguay. Las instituciones encargadas de la investigación del asesinato no supieron cómo identificar a Andrea; no llevaba cédula de identidad, y, aunque lo llevara, probablemente en el documento aparecería un nombre con el cuál ella no se identificaba.
“Nos matan porque somos mujeres trans, nos matan por odio, nos matan porque no nos perdonan haber desobedecido sus pautas y sus roles, nos matan porque saben que están en un país que no tiene herramientas para protegernos”, dice el comunicado de Panambí. La organización exigió a las autoridades el esclarecimiento del caso y que los autores sean castigados para terminar con la impunidad de los asesinatos contra las personas trans.
Paraguay es uno de los países en donde los derechos de las personas trans, lesbianas, gays, bisexuales e intersex (TLGBI) todavía son negados desde las instituciones. Si bien no existe actualmente un proyecto de ley que reconozca el derecho a la identidad basada en el género, sí existe un incipiente debate en la sociedad y un pequeño avance: una resolución reciente del Ministerio de Salud que permite a las personas trans registrarse con nombre social en los servicios de salud.
La Ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia en su versión inicial incluía la protección de las personas con identidad de género, pero todos los artículos que contenían identidad de género fueron eliminados. También la palabra “género”. El proyecto fue aprobado luego de casi dos años de ser presentado. “Existe un debate que anteriormente no se producía, que fue colocado mediante esta ley: mientras los sectores de organizaciones sociales de Derechos Humanos tienen como un elemento de lucha el derecho a la identidad de género; el sector conservador ha insistido en oponerse a ello hasta el punto de oponerse a cualquier mención a la palabra género y eso generó un debate interesante, pero que todavía es muy limitado”, reconoce Lilian Soto, feminista e integrante del Centro de Documentación y Estudios (CDE), una de las organizaciones que realiza estudios de género en Paraguay.
Para la activista trans Yren Rotela, de Panambí, esta ley obligó al debate no solo en las organizaciones sociales de Derechos Humanos y en los espacios políticos, sino también en interior de la comunidad trans. “Entendemos que este debate y la visibilización del derecho a la identidad es el producto también de la incidencia que estamos logrando mediante nuestras acciones como colectivo”, expone.
Avances y silencios
“Existe un anteproyecto de ley de identidad de género que trabajamos desde la comunidad trans y sobre el cual hemos pedido el apoyo técnico a la dirección de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Paraguay”, cuenta Rotela. Sin embargo, considera que este no es el momento para lograr la aprobación de una ley.
“El primer avance que tenemos en materia de reconocimiento de identidad es el respeto dentro de los servicios de salud. Es la resolución 695 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que solicita a todos servicios y redes de servicios de salud, que las personas trans sean registradas con nombres sociales al momento de consultas”, dice Rotela, pero la resolución no ha tenido difusión alguna en el sitio web del Ministerio de Salud de Paraguay y si bien las activistas han levantado en las redes sociales las fotos con el ministro Antonio Barrios, en las páginas oficiales no hay mayores referencias.
Es posible que la estrategia del silencio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tenga fundamentos por el miedo a posibles reacciones políticas: los conservadores han creado recientemente un “Frente Parlamentario por la vida y la familia” que se propone “luchar contra la ideología de género y el aborto”. Paraguay fue el primer país en la región en volver a un gobierno ultraconservador luego de un juicio político al gobierno de Fernando Lugo en un tiempo récord y hoy tiene un proyecto de ley para dar identidad a niños no nacidos en el Parlamento, pero no tiene un proyecto que reconozca la identidad de género.
El miedo a la palabra “género”
En la Cámara de Diputados no hubo debate. Sólo se votó levantando la mano a favor o en contra de cada artículo. Cuando se trató en la Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Protección Integral a las mujeres, la legisladora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, instó al debate dentro del Parlamento y pidió que sea transmitido por internet: “Por más que exista un acuerdo previo sobre los votos, no podemos dejar de decir qué es el género” dijo la legisladora.
Los conservadores, que hace unos años se preguntaron “¿¡Cómo podemos ser tolerantes con homosexuales y transvestis!?” (sic) guardaron silencio esta vez que se trataba un proyecto de “protección a las mujeres” que venían con las movilizaciones masivas e internacionales de #NiUnaMenos.
Martínez, que pertenece al bloque del ex presidente Fernando Lugo, insistió en que “la violencia contra las mujeres no está definida solamente por su sexo; no es solamente porque tiene ovarios, porque tiene senos más grandes, porque tiene clítoris o porque tiene una serie de características biológicas”. Martínez recordó en plenaria por qué razón había 56 asesinatos personas trans que no fueron aclarados en este país en los últimos años. “Es importante que el debate se haga acá”, dijo refiriéndose al parlamento.
Rocío Casco es diputada por Avanza País, el otro sector de la izquierda parlamentaria en Paraguay y una de las proyectistas de la ley que fue aprobada recientemente con modificaciones. Para Casco, el debate sobre identidad de género “es muy incipiente”.
“Creo que varios sectores organizados de la sociedad han hablado a favor y en contra. Sectores confesionales han hecho por supuesto públicamente su posición en contra de iniciativas legislativas que tengan que ver con la identidad de género. Es un debate que todavía no se ha hecho en profundidad. Creo que sí existe un pronunciamiento y una posición de organizaciones y de grupos que trabajan en temas de Derechos Humanos, así como existe un pronunciamiento de algunos legisladores, pero todavía necesitamos un mayor debate público”, dice.
Para Casco, existe una ausencia de debate en el ámbito de la academia. “Me parece sumamente importante como uno de los espacios donde debe debatirse el tema de la identidad de género, porque actualmente con este parlamento conservador en su mayoría-termina el periodo en el año 2018- cualquier iniciativa legislativa que plantee el tema de la identidad de género será rechazada por una mayoría absoluta”, explica.
Casco sostiene que los legisladores conservadores se escudan en “la constitución nacional” cuando se trata de temas de derechos de personas no heterosexuales en Paraguay. “Solamente reconocen la identidad del hombre y la mujer, estereotipada desde la construcción social, impregnado por el pensamiento hegemónico que en nuestro país es predominantemente conservador”, dice.
La diputada es clara respecto a que no habría votos suficientes en este periodo para una iniciativa legislativa sobre identidad, pero quizá un proyecto podría ayudar a la discusión y al debate en el ámbito político, es decir, en el Parlamento.
