Argentina: la provincia de Santa Fe ante los embates del cambio climático – Por Juan Altamirano (Especial para NODAL)

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por segunda vez en menos de un año, la provincia de Santa Fe, el tercer distrito de la República Argentina (gobernado por Miguel Lifschitz), debe enfrentar millonarias pérdidas en su sistema productivo por las consecuencias de intensas lluvias y tormentas que azotaron la región litoral.

Si tomamos en cuenta la emergencia hídrica de abril–diciembre de 2016 y la de comienzos de este año, el saldo de los costos superaría los 3.000 millones de dólares. En este contexto desolador, la provincia invirtió en caminos, en ayuda a productores y está realizando una inversión inédita en obra pública en todas las regiones del territorio provincial. La ayuda oficial del gobierno de Mauricio Macri está lejos de ser considerada importante, los 55 millones de pesos recibidos para la emergencia desde abril hasta estos últimos días constituyen una suma verdaderamente escasa para la asistencia económica que requiere una provincia clave en el engranaje productivo del país como lo es Santa Fe.

Evaluación y líneas de acción en marcha

Desde hace más de 9 años la provincia de Santa Fe es gobernada por el Partido Socialista en la coalición del Frente Progresista Cívico y Social, y actualmente es la única administración opositora al gobierno de Mauricio Macri no Justicialista, con un claro perfil socialdemócrata y democrático.

La gestión del actual gobernador Miguel Lifschitz ha destinado gran cantidad de recursos económicos para enfrentar las consecuencias del cambio climático, pero en menos de un año los fenómenos naturales se fueron incrementando, lo que tornó difícil la capacidad de respuesta sin la colaboración de la administración federal.

La Junta Provincial de Protección civil realizó hace pocos días un balance de la situación actual de la emergencia hídrica. Durante la conferencia de prensa el Ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani expresó que, “el balance en términos de la afectación productiva es muy duro, sobre todo para el sector lácteo”, y graficó que “en los seis departamentos damnificados, con Castellanos a la cabeza, sobre 3.500 tambos que hay en la zona, 869 fueron afectados, con una estimación de pérdida de 1.500.000 de litros de leche/día, que llevado a los próximos 30 días, que es el cálculo mínimo que analizamos como de afectación segura, estamos hablando de una pérdida de 45.000.000 millones de litros de leche/día, que representan unos 256 millones de pesos. Esto sin cuantificar los daños en infraestructura y caminos”.

“La situación es desoladora”, dijo Contigiani, quien recordó que “estos tamberos recibieron dos golpes en menos de un año” (en referencia a las lluvias de abril pasado). En este sentido adelantó que “se prorrogaron los plazos de los decretos de 2016, lo que le permitirá a unos 7.500 productores agropecuarios que ya tienen certificado de emergencia (un 20%) y desastre (un 80%) vencido el 31 de diciembre, poder continuar con los mismos en condición de validez, para que no tengan realizar nuevamente el trámite. Mientras, quienes no tenían este certificado, ahora tendrán la posibilidad de tramitarlo por un plazo de 180 días”.

El funcionario aclaró que estas cifras “están compuestas por datos oficiales y privados, y se suman a las pérdidas por la emergencia del año pasado de 2.500 millones de dólares. Además, recordó que “la provincia invirtió en caminos, en ayuda a productores y demás, mucho más de lo que recibimos del gobierno federal”, concluyó Contigiani.

Reforestación provincial

El gobierno de Miguel Lifschitz diseñó un ante proyecto de ley para recuperar el patrimonio forestal santafesino, seriamente degradado desde fines del siglo XIX.

La iniciativa apuesta a repoblar de árboles el territorio y para ello, entre otros aspectos, dispone la obligatoriedad para todos los productores agropecuarios de forestar un porcentaje de sus establecimientos.

La Ley del Árbol se presentó en sociedad con la misión superior de combatir los efectos del cambio climático y preservar la biodiversidad. Los mecanismos para alcanzar tales fines son: declarar de interés público la promoción y conservación del arbolado; definir al árbol como un bien jurídico tutelado; impulsar la forestación gradual y sostenida en los ámbitos públicos y privados; establecer un censo provincial de arbolado y registro de “árboles distinguidos”; y crear una red de viveros forestales para asegurar la provisión de ejemplares. La iniciativa del gobierno de Miguel Lifschitz, también establece la creación de un fondo provincial para financiar estas acciones.

Al margen de los reclamos de algunas organizaciones ruralistas y de la falta de asistencia del gobierno nacional, la profundización del cambio climático pone sobre el tapete, como nunca antes en la Argentina, los efectos negativos del

monocultivo de la soja. No solo requiere un acuerdo federal para obras emblemáticas de riego y canalización interprovinciales, lo que está en discusión es la urgente necesidad de reformas de fondo en el sistema agropecuario argentino.

(*) Miembro del Instituto de Formación Política – Partido Socialista, Santa Fe, Argentina.