Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Tal como ha ocurrido con varios asuntos de la defensa ligados a las relaciones internacionales de la Argentina, el gobierno de Cambiemos ha optado, otra vez, por el sigilo y la opacidad. Pero a diferencia de otras cuestiones —por ejemplo el eventual envío de militares a misiones de Naciones Unidas en África— ahora hay un hecho consumado: el 13 de diciembre de 2016 se firmó un acuerdo, no un tratado, entre el Ministerio de Defensa argentino y la Guardia Nacional del estado de Georgia de Estados Unidos.

El tema es delicado y merece analizarse. El denominado National Guard State Partnership Program (SPP) se enmarca en los llamados Security Cooperation Programs del Departamento de Defensa estadounidense. El papel del Departamento de Estado en este programa es menor. De hecho, hay que localizar este tipo de iniciativas en el marco más amplio del debilitamiento del tacto diplomático y el auge del músculo militar en la política exterior estadounidense desde el fin de la Guerra Fría. El origen del SPP se remonta al comienzo de la Posguerra Fría y su propósito era brindar asistencia y entrenamiento, mediante convenios entre distintas guardias nacionales estaduales y las ex repúblicas que fueron parte de la Unión Soviética. Como bien señala un informe de la Oficina de Auditoria estadounidense de 2012 (“State Partnership Program: Improved Oversight, Guidance, and Training Needed for National Guard’s Efforts with Foreig Partners”), en el contexto de 1992-93 se optó por involucrar a las guardias nacionales estaduales pues ello resultaba “menos provocador” hacia Rusia que la presencia de “militares propiamente dichos” en naciones de su otrora área de influencia.

El SPP fue evolucionando, creciendo y diversificándose. En la actualidad hay acuerdos de distintas guardias nacionales con más de 70 países; la mayoría de ellos—23—con las naciones bajo la órbita del Comando Sur. Como indicara en marzo de 2015 el entonces Comandante del USSOUTHCOM y hoy designado por el Presidente Donald Trump en el cargo de Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, general John Kelly, el SPP es un programa de “gran impacto y bajo costo”. Cabe aclarar que Brasil no ha firmado hasta el momento este tipo de compromiso.

En su comienzo, en los noventa, la asistencia provista por las guardias nacionales se destinó a instruir a las fuerzas armadas de varios países de la antigua URSS en temas tales como las relaciones cívico-militares y el aporte para eventuales misiones de paz. De acuerdo con la información del National Guard (http://www.nationalguard.mil/Leadership/Joint-Staff/J-5/International-Affairs-Division/State-Partnership-Program/) entre los beneficios que brindan hoy estos acuerdos está el mejoramiento de las “capacidades militares de espectro completo” tales como la “respuesta a desastres”, la “seguridad en las fronteras, los puertos y la aviación”, y las tareas “contra el tráfico de narcóticos”.

En años recientes, efectivos de las guardias nacionales han participado en situaciones de conflicto en los Balcanes y en grandes guerras como Irak y Afganistán. En ese contexto, y ante lo que los especialistas estadounidenses identifican como el incremento de las “amenazas asimétricas” (terrorismo, criminalidad transnacional, etc.) y los “conflictos híbridos” (que involucran actores estatales y no estatales que recurren a la ciberguerra), han surgido voces que procuran asignarle un papel más importante a las guardias nacionales en el marco del Departamento de Seguridad Nacional y en la política internacional estadounidense. Así, en la plataforma electoral del partido Republicano en 2016 titulada “Estados Unidos Resurgente” se destaca que desde septiembre de 2001 las guardias nacionales se han transformado de “una reserva estratégica en una fuerza de combate operacional completamente integrada”. En esa dirección, y para “evitar una sobre-extensión de los militares” el programa del partido triunfador en las últimas elecciones propone una “mayor fuerza activa” reforzando legislativa y presupuestariamente a las National Guards. En breve, todo lo anterior apunta a una nueva readecuación del rol de esas guardias en la política interna de seguridad y de defensa externa de Estados Unidos. Ahora, como lo fue en los noventas en otra coyuntura, el argumento es similar: bajar relativamente el perfil de involucramiento de las fuerzas armadas estadounidenses en ciertas tareas militares en el exterior y elevar la participación de las guardias nacionales en cuestiones en las que se borran los linderos entre seguridad y defensa.

El “agreement” argentino-estadounidense respecto a la National Guard de Georgia es sumamente escueto y vago. Es importante que el Congreso de la Nación realice audiencias para conocer en detalle a qué se compromete el país con este acuerdo. No es un tratado y no debe ser ratificado por el legislativo, pero sí es un compromiso político-militar que exige estudiarse, debatirse y aclararse.

(*) Juan Gabriel Tokatlian. Profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella.

Clarín