Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El Proyecto de Enmienda Constitucional conocido como “PEC del techo” fue aprobado en segunda vuelta por el Senado brasileño, por 53 votos a favor y 16 en contra, tras su exitoso paso por Diputados. A partir de 2017, como prioridad legislativa del Gobierno, los brasileñxs tendrán el gasto público congelado por 20 años –solo pudiendo ser ajustado por el nivel inflacionario del año anterior-. La medida, rechazada por el 60% de la población[1], afecta principalmente a las áreas de salud y educación. A este éxito del establishment económico le sigue otro proyecto ad hoc, la reforma del sistema jubilatorio que, de concretarse, afectará gravemente la situación social y económica de grandes mayorías en el país suramericano.

Un techo para el gasto público

La economía brasilera se encuentra en recesión desde fines de 2014. La caída del PBI es sostenida y todos los indicadores económicos y sociales empeoran. La producción industrial cayó -9,19% en los últimos 12 meses. La inversión acumula una caída anual de -11,59% que se ve reflejada en la caída de la producción de bienes de capital de -17,42% anual a octubre y de la construcción de -13,26%. El consumo de las familias cayó – 4,7% anual al mismo mes y la tasa de desocupación alcanzó, para el tercer trimestre del corriente año, un -11,8%. En estas condiciones de caída de la producción, la inversión y el consumo y el claro deterioro del nivel de vida de la población, Temer decidió poner el foco sobre el déficit fiscal. El déficit primario alcanzó en septiembre a representar un 3% del PBI de Brasil. Con el cuestionable argumento de que será un mecanismo institucional fundamental para superar la crisis económica por la que atraviesa Brasil, se promovió desde el gobierno la PEC 55 -como se la trató en el Senado- o PEC 241 -como se la conoció en Diputados- proyecto actualmente convertido en normativa constitucional que limita el gasto público por al menos 20 años, actualizándolo al nivel inflacionario del año anterior.  Esta propuesta de ajuste fiscal es la estrella del gobierno. Sin embargo, esta medida sólo muestra con claridad la primacía del gobierno por mostrar “buenos resultados” para afuera más que la preocupación por reactivar la economía para los brasileños.

Esta enmienda rompe con un importante lineamiento constitucional que aseguraba, a largo plazo, mejorar las condiciones de vida del pueblo y disminuir la desigualdad social. Según la Constitución, el 18% de la recaudación fiscal debía ser para inversión en educación pública y el 13,7% de la misma para la salud pública. Congelar el presupuesto en ambos rubros, no sólo es dejar de invertir para mejorar sino es haber tomado la decisión de empeorar las condiciones de estos servicios sólo teniendo en cuenta el aumento poblacional en 20 años.

Otro de los puntos polémicos de la PEC es el congelamiento del salario mínimo. Este es uno de los únicos aspectos que se modifican con respecto a la seguridad social, hasta el momento. El salario contaba con una actualización no sólo inflacionaria sino progresiva en cuanto a la evolución del producto, que lograba mejorar las condiciones de los que menos salario cobran al ritmo del crecimiento del país. Esto último fue también anulado con la PEC 55 al reducirlo también a la actualización por inflación.

Reforma jubilatoria

Las jubilaciones -que representan más del 40% del gasto público- quedaron fuera de la PEC 55, pero representan un aspecto esencial para que el “equilibrio fiscal” perseguido por dicha enmienda tenga éxito. Según Márcio Holland, ex Secretario de Política Económica de Hacienda, “si no se aprueban cambios en el sistema jubilatorio, un gasto que crece por encima de la inflación todos los años, tendrá que haber recortes en otras áreas, como salud y educación”[2].

El pasado 15 de diciembre la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJC), en Diputados, aprobó la admisibilidad de la propuesta de reforma jubilatoria. El trámite tiene otras etapas, en la Cámara baja y en el Senado, que acontecerán durante el próximo año pero, de aprobarse, las modificaciones en el sistema actual tendrán un alto impacto en la población. En Brasil, las personas pueden jubilarse por edad o por tiempo de contribución. En el primer caso, los hombres tienen que tener 65 años y las mujeres 60 -y ambos deben haber contribuido por al menos 15 años. En el segundo, no hay edad mínima exigida y basta que los hombres hayan contribuido por 35 años y las mujeres 30. Con la reforma, el tiempo de contribución pasa a un mínimo de 25 años y el de edad jubilatoria para 65 años para ambos sexos. Por lo tanto, las opciones anteriores se unifican y será necesario cumplir ambos requisitos para percibir el beneficio. Como señala Gil Alessi[3], de aprobarse la reforma quien se jubile recibirá el 76% de la media de los salarios contribuidos, más un punto porcentual por cada año de contribución. Para alcanzar el 100% de ese valor -siempre respetando el techo de 5.189 reales del INSS (Instituto Nacional del Seguro Social), una persona tendría que trabajar 49 años[4].

Unificar las dos opciones actuales afecta de lleno en la desigual sociedad brasileña. En 19 municipios del país, por ejemplo, la expectativa de vida es de 65 años; en otras 63 ciudades es de 66[5]. Claramente, la medida impacta muy desfavorablemente sobre la población que no goza de condiciones de vida y de salud suficientes como para hacer uso del derecho al retiro. También se ha advertido que esta reforma favorecerá notablemente el negocio de las jubilaciones privadas: entre enero -cuando se comenzó a anunciar la reforma- y octubre de este año las empresas que ofrecen este servicio han incrementado en un 21,2% la cantidad de clientes, lo que significa un aumento de más de 42 mil millones de reales en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En definitiva, la propuesta para sacar de la crisis a Brasil, consiste en una sumatoria de medidas contractivas que probablemente logren reducir el déficit, pero que no conseguirán reactivar con ello la producción, el empleo y el nivel de vida del pueblo. La perspectiva está puesta en recuperar la confianza internacional para aumentar el volumen de inversiones extranjeras. Reducir el Estado brasileño a partir de privatizar sus activos y congelar su capacidad de actuar, y ajustar el bienestar social para priorizar los negocios, parecen ser los ejes de la política de un Gobierno cada vez más impopular.

Notas

[1]  http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1840989-senado-aprova-pec-do-teto-que-limita-gastos-do-governo-nos-proximos-20-anos.shtml

[2]  http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476125574_221053.html

[3]  http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38229630

[4]  El texto de la reforma excluye a las Fuerzas Armadas. http://oglobo.globo.com/economia/previdencia-temer-defende-militares-fora-da-reforma-20663895#ixzz4TODzoIOA

[5]  https://theintercept.com/2016/12/16/os-dois-lados-da-proposta-de-reforma-da-previdencia/

Lucía Converti. Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires. Miembro de la comisión de Economía y de la Dirección del partido Nuevo Encuentro – CABA. Ha trabajado como jefa de gabinete de presidencia del Banco BICE (2014-2015); y Dirección de Proyectos Especiales dela Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) (2013).

Camila Vollenweider. Magister en Sociología por la Universidad Autonoma de Barcelona y Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rio Cuarto.Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Rio Negro y es investigadora del CIETES (UNRN).

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