Corte Interamericana de DDHH condenó al Estado por el abuso hacia activistas

Violación de DD. HH. en Antioquia le ha costado al Estado más de $27.000 millones

Las masacres perpetradas por paramilitares en las zonas rurales del departamento de Antioquia, los asesinatos de líderes de derechos humanos y el secuestro de tres mujeres en la Comuna 13 de Medellín le han costado al Estado colombiano más de 27 mil millones de pesos por condenas en cortes internacionales.

La última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra de Colombia tiene que ver con los crímenes de los que fueron víctimas cinco líderes comunitarias y sus familias, que vivían en la Comuna 13 en el momento en que se desarrollaron las cuestionadas operaciones militares ordenadas por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, entre ellas la operación Orión.

El organismo de justicia internacional decidió recientemente que el Estado colombiano es culpable de no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, cuya vida le fue arrebatada en 2004 a pesar de que había denunciado su situación de riesgo.

Así mismo, la Corte determinó que los hostigamientos contra cinco líderes de una de las comunas más violentas de Medellín y la detención ilegal de tres de ellas fue culpa del Estado. Las víctimas son María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa.

Por todos los daños materiales e inmateriales causados a estas mujeres y sus familias, que tuvieron que desplazarse de la Comuna 13 a otras zonas de la ciudad, el Estado tendrá que pagar una indemnización de 542.000 dólares o 1.612 millones de pesos.

Esta es la cuarta vez que la Corte IDH falla en contra de Colombia por violaciones a derechos humanos en el departamento de Antioquia.

La primera sentencia es del 1 de julio de 2006, cuando los jueces extranjeros obligaron al Estado colombiano a admitir su responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, ocurridas en 1996 y 1997.

El 11 de junio de 1996, un grupo de 30 paramilitares al mando de Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero’, los hermanos Vicente y Carlos Castaño y Salvatore Mancuso asesinaron a cinco campesinos del corregimiento La Granja.

Ese día, los hombres armados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) recorrieron el caserío, cerraron los negocios, sacaron a los habitantes a las calles, acusaron a los hombres de ayudar a la guerrilla y los torturaron y asesinaron en frente de sus vecinos y familiares. Según la Fiscalía, los campesinos no tenían nexos ni con las Farc ni con el Eln.

La masacre del corregimiento El Aro, también en el municipio de Ituango, ocurrió un año y tres meses después, el 22 de octubre de 1997.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó haber ordenado la incursión armada, en la que perdieron la vida 15 campesinos acusados por las Auc de colaborar con los grupos insurgentes.

Por estos dos hechos la Corte IDH condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización de 2 millones 676 mil dólares, que se repartieron entre 123 familiares de los campesinos asesinados, según las cifras de la Corporación Excelencia para la Justicia.

Además, el tribunal internacional ordenó varias acciones de reparación simbólica como la ubicación de placas conmemorativas en los corregimientos afectados y un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en las masacres, con presencia de “altas autoridades”.

Otro caso que le salió caro al Estado colombiano fue la masacre de Pueblo Bello, en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño.

En la noche del 14 de enero de 1990, un grupo denominado ‘Los Tangueros’, al mando del paramilitar Fidel Castaño Gil, irrumpió en el caserío de Pueblo Bello y raptó a 43 personas señaladas de ser colaboradoras de la guerrilla.

En tres camionetas los condujeron a la finca Las Tangas -propiedad de los hermanos Castaño-, en el municipio de Valencia (Córdoba), donde los torturaron y asesinaron.

En sentencia del 25 de noviembre de 2006, la Corte IDH determinó que el Estado colombiano “propició la creación de grupos de autodefensas con fines específicos, pero éstos se desbordaron y empezaron a actuar al margen de la ley”.

De este modo, señala la sentencia, “el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso”.

En total, Colombia tuvo que pagar 5 millones 616 mil dólares a los familiares de las víctimas de Pueblo Bello, aparte de la construcción de un memorial en el corregimiento y el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado.

Por esos mismos hechos fueron condenados en Colombia los exparamilitares Gildardo Enrique Ospina, alias ‘San Tropel’, Efrén Rafael Ogaza Molina, alias ‘Villa’, y otras 21 personas que recibían órdenes de los Castaño.

La otra sentencia de la Corte IDH por hechos ocurridos en Antioquia tiene que ver con el asesinato del abogado Jesús María Valle, creador del Comité Permanente de Derechos Humanos del departamento.

Valle fue asesinado en su oficina en el centro de Medellín el 27 de febrero de 1998, después de haber denunciado la complicidad del Ejército en las masacres de La Granja y El Aro, entre otras violaciones a los derechos humanos en el departamento.

El Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 40 años de prisión como coautores del asesinato a Álvaro Gómez Mesa y Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, que nunca fueron capturados por la justicia.

Por su parte, la Corte IDH señaló al Estado como responsable por la violación de los derechos humanos de Jesús María Valle, lo obligó a pagar una indemnización de 220.000 dólares y a colocar una placa en memoria del abogado en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia.

Colombia, el segundo país con más demandas en la Corte IDH

Sólo después de México, Colombia es el país con más demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según las cifras del tribunal internacional, en 2015 llegaron a la Corte 419 peticiones de colombianos, aunque en todo el año sólo se abrieron 53 casos.

Desde 2006 hasta 2015, la Corte IDH otorgó 71 medidas cautelares por casos colombianos, siete demandas llegaron a una solución amistosa, 32 informes fueron archivados y tres informes de fondo fueron publicados.

El Colombiano


Corte Interamericana condena al Estado por abusos en la Comuna 13 de Medellín

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por los abusos que se cometieron durante las operaciones militares con las que se buscó recuperar el control de la Comuna 13 en Medellín en el año 2002. Cinco casos de mujeres defensoras de derechos humanos que fueron detenidas ilegalmente, desplazadas y una de ellas asesinada fueron los expedientes que analizó la Corte IDH, que determinó que el Estado, desde sus distintos organismos como el Ejército, violó sus derechos fundamentales. Así lo dice en una sentencia que acaba de conocer El Espectador.

Se trata de las líderes Myriam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María del Socorro Mosquera Londoño y Ana Teresa Yarce. Las dos primeras fueron amenazadas, hostigadas, sufrieron allanamientos y ocupación de sus viviendas y, consecuentemente, fueron obligadas a desplazarse”, dice la Corte IDH. Las otras tres fueron “privadas arbitrariamente de su libertad, obligadas a desplazarse y tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública en la zona, fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004”, agregó el tribunal internacional.

Todo sucedió en el año 2002, época en la que Andrés Pastrana daba sus últimos golpes después de haber terminado la zona de distensión y que Álvaro Uribe Vélez entró a la Presidencia declaró el estado de conmoción interior. Uribe, entonces, decidió recuperar zonas que consideraba que estaban bajo el control de grupos guerrilleros. En el caso de la Comuna 13, donde vivían las defensoras de derechos humanos, se desarrollaba una guerra entre milicias de las Farc, el Eln, y el bloque Cacique Nutibara de los paramilitares para tomar el poder en la zona. Fue entonces que se dio vida a una serie de operativos militares que dejaron una larga estela de graves violaciones de derechos humanos.

La primera intervención se hizo el 21 de mayo de 2002 con la Operación Mariscal, cuando Pastrana era presidente. Luego vino en junio la Operación Potestad. En agosto esta última cambió el nombre a Operación Antorcha y finalmente se ordenó la intervención más fuerte y recordada en la Comuna 13: Orión, que se llevó a cabo entre el 16 y 22 de octubre de ese mismo año. Se trató de una gran operación militar en las que, además del Ejército, participaron la Policía, el DAS y la Fiscalía. Sin embargo, en diversas investigaciones de la justicia colombiana se ha señalado que la Fuerza Pública contó con la ayuda de grupos paramilitares que operaban en la zona al ejecutar operaciones como Orión.

La Corte IDH tomó apartes de la investigación que realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la Comuna 13, “La huella invisible de la guerra”, en la que se documentaron una serie de asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y acciones contra la población civil. Fue un despliegue militar nunca antes visto en una ciudad colombiana, pero sus resultados no lograron acabar con la ilegalidad en la zona, pues los paramilitares continuaban ejerciendo un dominio territorial pese a la presencia de las Fuerzas Armadas. Las amenazas, enfrentamientos, desapariciones y homicidios crecieron exponencialmente, al punto que las cifras de familias víctimas de desplazamiento intraurbano aumentaron.

“Concretamente, durante 2002, más de 1.200 personas se desplazaron de la Comuna 13, siendo dicho año en el que más personas se vieron forzadas a abandonarla, tomando en consideración un período de 17 años, desde 1982 a 2009”, se lee en el fallo de la Corte IDH. Además, se hace referencia a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las defensoras de derechos humanos en ese entonces, pues eran las principales víctimas de los hostigamientos y agresiones que se evidenciaron. Las mujeres no solo resultaban afectadas, también lo fueron sus hijos y parejas.

Así sucedió con el caso de las cinco líderes, a quienes las desplazaron y amenazaron a sus familias. Ellas participaban en la Asociación de Mujeres de las Independencias, en las que realizaban trabajos de violencia de género en la Comuna 13. Asimismo, trabajan en las Juntas de Acción Comunal, convirtiéndolas en referentes políticos y objetivos militares de los grupos paramilitares que querían ejercer control en la zona. En pocas palabras, eran un obstáculo para los intereses de las autodefensas, quienes las incluyeron en sus infames “listas negras”.

La Corte IDH responsabilizó al Estado por no garantizar el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad, a la protección de la familia, a la honra y dignidad, a la circulación y residencia, a la libertad de asociación, y al derecho de tener garantías y protección judicial. Sin embargo, el tribunal internacional especificó que no en todos los casos hubo responsabilidad del Estado, pues algunos de los hechos fueron investigados y los responsables, condenados.

Este caso llegó al sistema interamericano por petición del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos el 27 de octubre de 2004, el mismo que manejó los procesos de Jesús María Valle y las masacres de Ituango. Doce años después, el tribunal interamericano ordenó la reparación de las cinco mujeres y sus familias por los daños ocasionados durante las intervenciones militares en la Comuna 13 de Medellín. Además, se trata del primer fallo en el que se responsabiliza al Estado por los excesos de fuerza y violaciones a derechos humanos que se cometieron durante estas intervenciones de la Fuerza Pública, especialmente, durante la Operación Orión.

El Espectador

Acceda aquí al último informe de la situación de los DDHH en Colombia para el año 2016, elaborado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Allí destacan el aumento de la violencia contra el movimiento social.