Santos anuncia medidas para proteger a líderes sociales ante los crecientes ataques

Fortalecer la acción de la Fiscalía en las zonas afectadas por el conflicto, así como la presencia de la Fuerza Pública en los territorios que eran ocupados por las Farc y focalizar la presencia institucional fueron las acciones que anunció este jueves el presidente Juan Manuel Santos para disminuir los ataques a líderes sociales.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio al finalizar la primera sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en Popayán, Cauca.

Esta instancia hace parte del punto de fin del conflicto acordado en La Habana y servirá para combatir y desmantelar aquellas organizaciones que atentan contra defensores de derechos humanos y quienes participan en la implementación de los acuerdos de paz.

“Ordené redoblar la presencia de la Fuerza Pública en los lugares en los que antes hacían presencia las Farc. Son 65.000 hombres que se dedicarán a este propósito y que ya están llegando en su totalidad a los territorios”, dijo Santos.

Esta acción es conocida en las Fuerzas Militares como el Plan Victoria, con el que se busca evitar el crecimiento de los nuevos grupos ilegales que están empezando a aparecer en zonas en las que hacían presencia las Farc.

La Comisión también decidió dar prioridad y fortalecer la presencia institucional en los cuatro departamentos en los que más ataques a líderes sociales se han dado: Cauca, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander

En estos territorios se crearán equipos técnicos que se encargarán de recopilar información relevante para la Fiscalía y de formular planes de acción para evitar las agresiones a líderes sociales.

Según informes del Gobierno, en los últimos 12 meses se han presentado 74 ataques a líderes sociales, de los cuales 10 han ocurrido en lo que va del 2017.

“La Fiscalía ha avanzado con eficacia en la identificación de los responsables de estos atentados. En 25 de los 74 casos hay avances significativos en la investigación. Hay siete casos con órdenes de captura, hay 12 casos con imputaciones, hay 50 personas privadas de la libertad y 66 personas vinculadas”, contó Santos.

Este tipo de hechos causan preocupación en el Gobierno, pues se dan en momentos en que las Farc hacen su tránsito a la vida civil y se teme que se repitan casos como el de la Unión Patriótica, en los 90, movimiento que fue prácticamente exterminado.

“No vamos a permitir que se repita la historia de la Unión Patriótica”, manifestó el mandatario.

El Tiempo


Informe de la ONG Somos Defensores: CONTRA LAS CUERDAS

Si la lucha de los defensores de derechos humanos en Colombia fuera una pelea de boxeo, en 2016 estos activistas estarían contra las cuerdas. Incrementos desproporcionados en asesinatos y atentados y una desprotección por parte del Estado que no tiene justificación “ad portas” de la finalización del conflicto colombiano son el tema que aborda el Informe Anual 2016. Que la Paz no les cueste la vida a los defensores(as) en Colombia es la consigna. Las advertencias del pasado se cumplieron y el Estado colombiano continua en silencio.

Bogotá D.C. – Colombia 22 de febrero de 2015 – Comunicaciones Programa Somos Defensores

El año 2016 será recordado en la historia por ser el tiempo de la finalización de unos atropellados diálogos de paz entre FARC y gobierno, pero también el año en que los colombianos(as) se apartaron de la decisión más importante del país en décadas (el plebiscito por la paz) con una abstención superior al 60%. Y es precisamente en este año en el que las acciones bélicas derivadas del conflicto disminuyeron a sus niveles mas bajos, que la violencia contra defensores de DD.HH y líderes sociales se recrudece a niveles no vistos hace 10 años.

Durante 2016 fueron asesinados 80 defensores de DD.HH. y otro 49 fueron víctimas de atentados contra su vida (incrementos del 22% y 29% respectivamente con referencia a cifras del 2015). Muy a pesar de que durante el año 2016 hayan surgido de manera paralela, distintas cifras acerca del número de defensores asesinados, lo cierto es que el porcentaje de estas muertes se incrementó de manera significativa frente a los asesinatos de años anteriores (63 en 2015) y también a pesar del descenso histórico de homicidios y acciones violentas producto del cese al fuego entre las FARC y el Gobierno de Colombia[1].

Centros de estudios como el CERAC[2] o INDEPAZ[3], así como movimientos sociales y políticos como Marcha Patriótica o Cumbre Agraria o agencias internacionales como OACNUDH[4], a lo largo del 2016 hicieron evidente que el incremento en los homicidios eran una realidad y no solo pertenecía a las solitarias cifras que durante años ha publicado el Programa Somos Defensores en sus informes semestrales y anuales. Estos ejercicios de compilación de datos dieron como resultado diversas cifras entre ellas la escalofriante suma de 125 asesinatos[5].

Ahora bien, de acuerdo con el concepto usado por el Programa Somos Defensores para identificar a los defensores de DDHH, de estos 125 casos recopilados solo se pudo documentar el perfil de líder social o defensor(a) en 80 casos. Sin embargo y a pesar de que las cifras sean disimiles, es preocupante e incomprensible en todo sentido que el Gobierno de Colombia, aún no cuente con un sistema de información propio que documente estas muertes, así como tampoco lo tiene la Fiscalía General de la Nación, principal ente investigador del país.

Este incremento en las acciones de violencia física contra defensores de DD.HH se hace crítico por la ínfima respuesta estatal de prevención y protección ante estas muertes y atentados que al parecer dan cuenta de la incapacidad del Estado Colombiano en proporcionar las garantías suficientes para que estos activistas desarrollen sus labores durante la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz en Colombia.

El presente informe hace también una revisión básica, mediante 6 capítulos o rounds, sobre las vicisitudes que han tenido que soportar los activistas por la paz y los DD.HH. en 2016 para desarrollar su trabajo. Llama la atención como en este análisis se señala a departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander y Bogotá como las zonas con mayor concentración de agresiones contra estos activistas.

Tema aparte es la presunta responsabilidad en estas muertes y agresiones que a todas luces, los grupos herederos del paramilitarismo son los mayores responsables (66% en agresiones y 55% en homicidios). Esta situación contrasta con la negación de la existencia del paramilitarismo por parte del gobierno y la falta de resultados del la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones por todo tipo de agresiones contra defensores que al menos durante el gobierno Santos suma casi 3000 defensores agredidos y más de 400 asesinados. Ante este escenario de dificultad y agresiones la consigna de los defensores es y seguirá siendo QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA.

Las cifras completas del Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia SIADDHH para el periodo 2016 y otros periodos pueden ser consultados en www.somosdefensores.org

El Espectador