Uruguay: retiran el arma a más de 500 policías por situaciones de violencia doméstica

SCJ detectó que jueces fallan en casos de violencia doméstica por teléfono

La Suprema Corte de Justicia detectó que en varios casos derivados al Juzgado de Familia, relacionados con menores o con violencia doméstica, los jueces adoptaron resoluciones por teléfono y sin convocar a las personas involucradas para interrogarlas, según informó hoy el semanario Búsqueda.

El pasado 30 de diciembre, se emitió una resolución a raíz de estas medidas adoptadas por los magistrados, que advierte que “la no convocatoria a audiencia luego de dictadas medidas que se decreten en forma telefónica es considerada por la Suprema Corte de Justicia como falta grave e inexcusable”.

El ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, señaló que “existe la costumbre de decretar medidas graves de manera telefónica y no se convoca a audiencia a oír a las partes” en los casos de violencia doméstica y de vulneración a los derechos de los menores de edad. De esta forma, “queda todo en sucinta información policial, afectándose garantías esenciales del debido proceso”.

La ley N° 17.514, referente a la violencia doméstica, y el Código de la Niñez y la Adolescencia, establecen mecanismos urgentes de protección, para que se ordenen medidas cautelares. Pero de todos modos, se determina que los jueces tienen que realizar una convocatoria a audiencia para escuchar a las partes.

El Anuario Estadístico del Poder Judicial indica que en 2015, los jueces de Familia Especializados adoptaron un total de 11.821 resoluciones por vía telefónica. Sin embargo, solo se realizaron 10.612 audiencias.

En la tarde del miércoles pasado, fue enviado a prisión el policía de 42 años que mató de un disparo en la cabeza —y frente a sus dos pequeños hijos— a Valeria Sosa, quien tenía 29 años y era bailarina de la comparsa Mi Morena.

El juez Gustavo Iribarren le tipificó un delito de homicidio en calidad de autor a J.A.L.M., de 42 años, haciendo lugar al pedido de la fiscal Serrana Fernández. Horas antes, el Ministerio del Interior dispuso una investigación interna para saber por qué el homicida tenía su arma de reglamento, cuando pesaba en su contra una denuncia de violencia doméstica y, según el protocolo, el arma le debería haber sido retirada.

“Se inició una investigación de urgencia para ver cómo se tramitó el tema de la denuncia que existía en noviembre de 2015. Va a ser muy profunda, por esa razón va a llevar unos días. De constatarse que existió un mal procedimiento, las medidas van a ser muy fuertes. Tenemos más de 500 policías sin armas por situación de violencia doméstica”, indicó July Zabaleta, directora de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior.

“Siempre estamos pensado otras medidas alternativas a la tobillera. Por eso, el 18 de diciembre lanzamos una aplicación con la cual las víctimas pueden hacer la denuncia sin tener que trasladarse hasta una seccional. En la aplicación aparecen algunos hechos y delitos en donde está incluido el de violencia doméstica. Para utilizarla, la persona tiene que registrarse e ingresar sus datos personales. Se recomienda tener el GPS encendido, ya que informa con exactitud en dónde se encuentra el usuario y beneficia la respuesta policial. Una vez que se hace la denuncia a través de la app, no llega a toda la cola de denuncias de ese día, sino que pasa a estar en el primer lugar, pasa a ser de prioridad uno”, precisó.

“Tenemos un protocolo que está en un decreto de 2015, que lo que hace es abordar la situación de forma integral. Hay una parte que es de prevención, otra de atención, otra de sanción y otra de reparación. Lo más conocido es que cuando hay una denuncia contra un policía por violencia doméstica se tiene que retirar obligatoriamente el arma en forma preventiva. Inmediatamente se lo deriva a los servicios especializados de violencia doméstica del Hospital Policial y allí tiene que hacer un proceso para que después la Junta Nacional de Aptitud evalúe si está apto para que se le reintegre el arma. El proceso puede llevar meses e incluso más de un año. Una de las cosas que se quejan los policías es que no les devuelven el arma enseguida, ya que antes de eso deben pasar por evaluaciones”, dijo.

El País