Colombia: El honorable exsenador Bula y el gran negocio de la guerra – Por Alfredo Molano Bravo

El honorable exsenador Bula es un gran discípulo: sabe borrar, al costo que sea, todo trillo; no deja huella y endosa a sus subalternos las que se le quedan por ahí olvidadas por su soberbia. Y como es un bandido profesional, es también un sapo que está cantando y tiene embrollados a tirios y troyanos, a sus amigos y enemigos. Lo de Odebrecht es el último caso, porque el hombre tiene su historia y es tan hábil y tan cínico como Popeye –el sicario de Pablo Escobar–, con quien habría podido ser otro de los organizadores de la manifestación del sábado.

La Procuraduría lo tiene entre ojos por el robo de tierras en Montes de María y otras regiones, problema que tiene historia y que rebasa su rollo y el de sus compinches. Comienza con una repartición de tierras y la fundación de pueblos (San Pelayo, Cereté, Lorica, Ciénaga de Oro) hecha por Antonio de La Torre y Miranda a fines del siglo XVIII, reformas que crearon buena parte del campesinado libre de Córdoba, Sucre, Bolívar. Eran buenas tierras que compartieron con los terratenientes como medieros, arrendatarios y concertados. Hasta que un siglo después se cansaron de tanto abuso y se rebelaron.

Fundaron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), cuyo lema fue “La tierra es para el que la trabaja”. Surgieron las primeras bandas de sicarios armados por terratenientes, que después, cuando aparecieron las guerrillas, formaron los grupos de paramilitares al mando de los hermanos Castaño, de Cadena y de Juancho Dique. Impusieron su orden a sangre y fuego: 56 masacres y 20.677 personas se vieron obligadas a desplazarse. Las tierras campesinas quedaron abandonadas, los ranchos quemados. La fuerza pública miraba impasible.

Entonces corrió la bola de que las cosas se quedaban así, que había llegado la Seguridad Democrática; de los bancos se fugaron datos sobre hipotecas, y muchos campesinos, arrinconados por ambos lados, optaron por vender. La hora de los testaferros, los comisionistas y los vivos como Bula y el gordo García había llegado. A comprar tierras a como diera lugar. En las notarías se hacía cola para firmar escrituras con unos personajes grises que la gente apodó los Cachacos, pero que eran en general paisas. Grandes empresas compraron miles de hectáreas a campesinos dueños de predios de cinco a 20 hectáreas. La Agropecuaria Carmen de Bolívar del Urabá, de don Guillermo Gaviria, dueño del periódico El Mundo; Agropecuaria El Génesis; Agropecuaria Montes de María; Empresa Invesa, de Ricardo Sierra Moreno, uno de los ‘cacaos’ de Antioquia, fundador de la empresa Distrihogar; Tierras de Promisión S. A.; Bernardo Hoyos, gerente del Comité Central de Ganaderos de Búfalos; Cementera Argos, y Agropecuaria El Central, cuyo representante era Otto Nicolás Bula Bula, el segundo renglón del senador Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe.

La Procuraduría les ha puesto el ojo a unas 1.800 hectáreas del señor Bula adquiridas después de la creación de los Comités municipales de atención integral a la población desplazada, que tienen la facultad de declarar una región en estado de desplazamiento y por tanto congelar la compra y la venta de propiedades. Lo complicado es que muchos campesinos no tienen título registrado sino cartas-venta, condición que se presta para todo tipo de trapisondas.

Bula tiene tres grandes predios emproblemados: Barcelona, de 500 hectáreas, que hace parte de fincas tituladas por el Incora a campesinos, la mayoría con restricción de compra-venta; en otros las ventas fueron a ruego y los firmantes fueron llevados a la notaría por Bula. Predio La Cuba, de 1.010 hectáreas que las víctimas consideran simplemente robadas por el exsenador. Predios Puerto Rico, La Florida, Oso Negro, con 300 hectáreas. Los vivos hacían que el comité emitiera esas autorizaciones en el aire y muchas veces ni siquiera las notificaban a los campesinos que vendían. Estas vueltas y colaboraciones, o catorces, no se podían hacer sin ayuda de funcionarios y por eso están embollados Alberto Jacinto Vázquez, notario de San Jacinto, y doña Ana Güete Herrera, exregistradora de instrumentos públicos. También Argos y la Agropecuaria Montes de María están en juicios de restitución en la vereda La Larga de Tumaradó, municipio de Turbo, Antioquia.

Bula puede ser uno de los hombres más prósperos de Córdoba y, con lo de Odebrecht, de los más ricos del país. Una vez más queda claro que la guerra protegida por el poder político es un gran negocio.

(*) Sociólogo, periodista y escritor colombiano.