El Consejo Permanente de la OEA se vuelve a reunir para analizar la situación en Venezuela

Contexto Nodal
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, presentó un informe en el que propone la suspensión de Venezuela del organismo regional si no se celebran elecciones generales en el país. Desde el gobierno, denuncian que Almagro está violando las normas de la OEA y que busca generar las condiciones para una intervención extranjera. En tanto, el presidente Nicolás Maduro llamó a debatir sobre la permanencia de Venezuela en la OEA.

Consejo Permanente de la OEA se reúne para buscar salidas a ruptura democrática en Venezuela

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará este lunes en una sesión extraordinaria los últimos acontecimientos en Venezuela y buscará salidas al conflicto político que vive el país.

El Consejo Permanente de la OEA convocó el viernes una reunión urgente, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojara la semana pasada de sus competencias a los diputados de la Asamblea Nacional y declarara legal que los magistrados del supremo asumiesen sus funciones.

La sesión fue convocada a petición de 20 estados miembros: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay.

La reunión de la OEA de este lunes se mantiene a pesar de que el TSJ devolvió el sábado sus funciones a la Asamblea Nacional.

El máximo tribunal del país dio marcha atrás en su intento de despojar a la Asamblea Nacional de sus atribuciones, después de que el presidente Nicolás Maduro lo exhortara a que lo hiciera, tras la condena internacional a la medida.

La reunión estará presidida por Bolivia, que desde el sábado ostenta la presidencia de turno del Consejo Permanente y que suele aliarse con Venezuela en las votaciones en la OEA.

Preocupación consensuada

En la agenda del día de la reunión está prevista la votación de un proyecto de resolución en el que los estados miembros expresarían su “profunda preocupación por la grave alteración institucional del orden democrático” en Venezuela y su “apoyo continuo para el diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático”.

El proyecto de resolución fue consensuado el viernes por 13 países, entre los que destacan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Perú. El texto se acordó antes de que el supremo diera marcha atrás.

Michael Shifter, presidente del centro de análisis político Diálogo Interamericano, consideró que es difícil saber lo que hará el Consejo Permanente este lunes.

“Hay preocupación creciente y puede haber llamados con acciones más específicas para el Gobierno venezolano, pero políticamente dudo de que el consejo estaría dispuesto a aceptar la posición del secretario general para suspender al país de la OEA”, explicó Shifter a DPA.

El secretario de la OEA, Luis Almagro, ha pedido al Consejo Permanente que suspenda a Venezuela del foro si no se celebran elecciones. El político uruguayo calificó lo ocurrido esta semana en Venezuela de “autogolpe de Estado”.

Presión sin suspensión

Los estados miembros de la OEA se encuentran más inclinados a explorar de momento la vía diplomática y ven la suspensión de Venezuela de la organización como un último recurso.

“No está claro cómo una posible suspensión de Venezuela de la OEA conduciría a una salida democrática de la crisis que atraviesa el país”, señaló Shifter.

El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunció el sábado que los cancilleres de la OEA se reunirán la siguiente semana para tomar una posición sobre la decisión de Venezuela de cerrar el Legislativo.

Los cancilleres deberían decidir si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, lo que daría paso a una serie de gestiones diplomáticas y podría llevar, si esto falla, a su suspensión en la OEA.

La reunión de cancilleres todavía no ha sido convocada oficialmente, pero, de celebrarse, lo más probable es que tenga lugar después de la reunión de embajadores de la OEA de este lunes, en una fecha todavía por determinar.

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada en septiembre de 2001 en sesión especial de la asamblea de la OEA en Lima, Perú. Es el instrumento que tiene la organización hemisférica para fortalecer y proteger la democracia en la región.

La OEA ya suspendió a Honduras de la OEA, tras el golpe de Estado que sufrió el país centroamericano.

Correo del Caroní


La Asamblea Nacional amenazó con remover de sus cargos a los magistrados del TSJ

A partir de este martes la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, comenzará el proceso para remover de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Esos magistrados que dieron un golpe de estado no pueden quedar impunes”, afirmó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, desde el Palacio Federal Legislativo y anunció que la Cámara iniciará el proceso de destitución de los juristas del máximo tribunal este martes.

Noticias 24


Comunicado del Mercosur sobre la situación institucional en Venezuela

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,

Reafirmando que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la existencia y el desarrollo del Mercosur,

Teniendo en cuenta la ruptura del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela,

En cumplimiento del Tratado de Asunción y sus Protocolos y reafirmando sus principios y objetivos,

Deciden

1.- Instar al Gobierno de Venezuela a adoptar inmediatamente medidas concretas con la oposición, de acuerdo a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normas aplicables, para asegurar la efectiva separación de poderes, el respeto al estado de derecho, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas.

2.- Exhortar al Gobierno de Venezuela a respetar el cronograma electoral que se deriva de su normativa institucional, restablecer la separación de poderes, garantizar el pleno goce de los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades fundamentales y liberar a los presos políticos.

3.- Continuar las entre sí y promover consultas con la República Bolivariana de Venezuela tendientes al restablecimiento de la plena vigencia de las instituciones democráticas en ese país, acompañado de dicho proceso.

4.- Instruir a la Presidencia Pro Tempore a iniciar las consultas indicadas en el párrafo anterior, con todas las partes venezolanas involucradas.

5.- Reiterar su solidaridad al pueblo hermano de Venezuela, a las víctimas de persecución política y de violación de derechos humanos, así como su disposición a colaborar en pos de una solución pacífica y definitiva de la crisis política, institucional, social, de abastecimiento económica que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela.

Buenos Aires, 1 de abril de 2017

Por la República Argentina, Susana Malcorra

Por la República Federativa del Brasil, Aloysio Nunes Ferreira

Por la República del Paraguay, Eladio Loizaga

Por la República Oriental del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa

Prodavinci


Comunicado de la Cancillería de Venezuela en respuesta a la reunión del Mercosur celebrada este 01 de abril

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES

COMUNICADO

La República Bolivariana de Venezuela expresa su categórico rechazo a la reunión de Cancilleres de Argentina, Uruguay y Paraguay, y el Canciller de facto de Brasil, celebrada hoy en Buenos Aires, quienes excediendo sus competencias y atribuciones, y persistiendo en la ilegalidad de vulnerar la condición de Venezuela como Estado Parte del MERCOSUR, han tomado decisiones contra Venezuela al margen de la legalidad e institucionalidad de esta organización y del Derecho Internacional.

Esta acción de la nueva Triple Alianza constituye un nuevo intento para desconocer los derechos de la República Bolivariana de Venezuela, con plena capacidad jurídica dentro del MERCOSUR, y atenta nuevamente contra el sistema legal del bloque, afectando no sólo a Venezuela sino a toda la Región, generando falsos positivos mediáticos que pretenden ser legitimados sobre la base de un fraudulento consenso. Denunciamos a la comunidad internacional esta bufonesca injerencia que pretende socavar la soberanía de Venezuela.

Los cancilleres que se reunieron para discutir la “situación de Venezuela” protagonizaron una dantesca escena. Un canciller de facto, una canciller disminuida por las criminales políticas sociales y económicas de su país, un canciller a escasas horas del asesinato de un disidente político y masiva represión en las calles contra el pueblo, son apenas una muestra de la fantochería de quienes con desparramada hipocresía e inmoralidad condenan a Venezuela.

Venezuela reitera, de manera enfática, que sus asuntos internos sólo pueden ser resueltos por las y los venezolanos, sin injerencismo de ningún tipo, tal como expresamente está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas e innumerables instrumentos jurídicos internacionales. La derecha regional intolerante, conformada en coalición interventora, solivianta a la opinión pública internacional y convierte un conflicto de poderes perfectamente normal en cualquier democracia vigorosa en groseras justificaciones para avalar su vulgar intervencionismo.

La República Bolivariana de Venezuela exige el cese del hostigamiento, acoso y agresiones contra el país y de los intentos de desestabilización adelantados por este club de gobiernos confabulados de la región y algunos de sus personeros, todos obedeciendo mandatos imperiales, y hace un llamado a los pueblos a defender al MERCOSUR y la estabilidad política de Nuestramérica. MERCOSUR nació, y se desarrolló con los Gigantes del Sur, para la integración social y productiva de los pueblos, para el crecimiento compartido, el desarrollo conjunto y la solidaridad.

Caracas, 1 de abril de 2017

Últimas Noticias


TSJ de Venezuela aclara sentencia sobre la AN para superar impasse entre poderes públicos

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aclaró la sentencia N° 155 y 156 sobre las competencias de la Asamblea Naciones (AN) de mayoría opositora y en condición de desacato, y la inmunidad parlamentaria.

“Se Aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido”, dice un comunicado emitido por el TSJ en su página web oficial, atendiendo un exhorto del Consejo de Defensa del país.

Asimismo, indica que “en lo que respecta al punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime”.

Este viernes surgió un impasse entre los Poderes Públicos venezolanos, ante la postura asumida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre las decisiones del TSJ que tenía como objetivo garantizar el estado de derecho en el país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este martes a una reunión de urgencia del Consejo de Defensa para resolver las diferencias entre los poderes públicos de la nación.

El Consejo exhortó al TSJ a revisar las decisiones 155 y 156 de manera que se mantenga la estabilidad constitucional.

La decisión del TSJ venezolano, en consonancia con la Carta Magna, ocurre para hacer frente al desacato que se mantienen desde el 5 de enero de 2016 por la AN al juramentar a tres diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas (sur) el 6 de diciembre, luego de ser suspendidos provisionalmente a causa de irregularidades de votos en esa región. Esta medida hace que todas las acciones del Parlamento desde entonces sean nulas mientras los legisladores no sean desincorporados.

Telesur


Comunicado íntegro del Tribunal Supremo de Justicia

JUNTA DIRECTIVA

El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Junta Directiva, actuando en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica que lo rige, emite el presente comunicado a la opinión pública nacional e internacional:

El Tribunal Supremo de Justicia, apegado al principio constitucional de colaboración de las ramas del Poder Público en la realización de los fines del Estado, atiende el exhorto efectuado por el Consejo de Defensa de la Nación.

El Poder Judicial, en ejercicio de la función de la administración de justicia, que constituye potestad de emanación popular, garantiza la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, cumpliendo irreductiblemente con los mandatos previstos en los artículos 335 y 336 constitucional, que le atribuyen la facultad de ser el máximo y último interprete de la Constitución, correspondiéndole, entre otras atribuciones, resolver conflictos entre las distintas ramas del Poder Público y declarar la inconstitucionalidad de la omisión del poder legislativo municipal, estadal o nacional, para garantizar el funcionamiento del Estado.

El Tribunal Supremo de Justicia en su actuación jurisdiccional ha garantizado el Estado constitucional de derecho y el cumplimiento de los mandatos dados por la Carta Magna, y con ello contribuye a lograr el equilibrio entre las ramas del Poder Público, garantizando la gobernabilidad, el ejercicio de la soberanía nacional y la estabilidad democrática.

Las decisiones dictadas en resguardo del orden constitucional implican la adopción de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficaz de la institucionalidad democrática del Estado venezolano y la protección del Pueblo Soberano, lo cual no puede verse afectado o alterado en ningún caso.

Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo ha disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional. Es sólo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio, legal y legítimo, de sus competencias constitucionales, al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho.

El sistema de gobierno venezolano está conformado por cinco Poderes Públicos nacionales que funcionan de manera autónoma, y los conflictos que pudieren existir se resuelven atendiendo al ordenamiento constitucional, sin embargo, el Poder Judicial no demostrará pasividad ante los ataques de los cuales pudiéramos ser objeto por parte de factores nacionales e internacionales, que hoy se alzan con una vocería tendenciosa y desconocedora de la soberanía.

El Tribunal Supremo de Justicia en consideración al exhorto efectuado por el Consejo de Defensa de la Nación ha procedido a revisar las decisiones 155 y 156, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano, y en tal sentido, hoy son públicas y notorias sendas sentencias aclaratorias que permiten sumar en lo didáctico y expresar cabalmente el espíritu democrático constitucional que sirve de fundamento a las decisiones de este Máximo Tribunal.

Desde el Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela en correspondencia con nuestro talante, ratificamos la disposición al diálogo nacional y la resolución de controversias entre las distintas ramas del Poder Público conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando la defensa de la Nación y la Constitución que el Pueblo Venezolano se dio para transitar el rumbo que irrevocablemente le corresponde en la Historia: ser soberana, libre e independiente.

Panorama