Miles de manifestantes salen a las calles para exigir justicia por sobornos de Odebrecht

Miles de personas recorrieron este domingo varias calles de la ciudad dominicana de San Francisco de Macorís (noreste) para exigir que los involucrados en los sobornos que pagó en el país la constructora brasileña Odebrecht sean llevados ante los tribunales y sancionados.

Los manifestantes, a través de pancartas y consignas, reclamaron a las autoridades una investigación independiente y que sean apresados y enviados a la Justicia, todas las personas vinculadas en el caso de la transnacional suramericana.

Asimismo, exigieron que retorne al Tesoro dominicano el dinero, que según alegan fue robado al pueblo con “sobrevaluaciones de obras que ha ejecutado en el país Odebrecht desde 2002 hasta la fecha”.

Representantes del movimiento Marcha Verde, organizador de la protesta, también rechazaron el acuerdo entre el Estado dominicano y la constructora brasileña, homologado por un juez esta semana, al asegurar que favorece a Odebrecht y a la agenda política del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Además, plantearon la destitución del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, porque “está actuando” en contra de los intereses del pueblo dominicano.

También acusaron al presidente dominicano, Danilo Medina, de utilizar la “avasalladora maquinaria mediática” y todo el poder del Gobierno para manipular y tratar de desvirtuar las certeras evidencias que lo incriminan como principal responsable, junto a la cúpula de su partido, de los más escandalosos y bochornosos actos de corrupción registrados en el país en los años recientes.

En un documento, el colectivo aseguró que el Gobierno de Medina y sus relacionados en el sistema de justicia “corrupto” manipularon y desnaturalizaron de forma brutal figuras jurídicas del derecho procesal penal vigente con la llamada homologación del acuerdo “de impunidad” entre el Estado y Odebrecht, con la intención de dejar sin efecto la persecución criminal contra los ejecutivos de la multinacional.

Aunque miembros de la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad del Estado vigilaron de cerca la concentración, no se produjeron detenciones ni incidentes de importancia.

A la marcha asistieron dirigentes de los partidos políticos de oposición, de organizaciones populares, artistas y diferentes personalidades.

La de este domingo fue la tercera manifestación multitudinaria que realiza Marcha Verde, que precisamente se constituyó como movimiento cívico a raíz de las revelaciones de sobornos que la firma internacional admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre pasado.

El juez Danilo Quevedo validó el miércoles pasado el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares en ocho años, el doble de lo que admitió pagó en sobornos en el país, y revelar en 30 días los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean juzgados localmente.

El acuerdo compromete a Odebrecht a entregar a las autoridades “toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices”.

Horas después del fallo, el procurador Rodríguez expresó su “satisfacción” y aseguró que en 30 días Odebrecht revelará los nombres de las personas que recibieron los sobornos que la empresa aseguró haber entregado en el país entre 2001 y 2014 para hacerse con contratos de obras públicas.

“Esta homologación acelera y agiliza la investigación y nos acerca a los sobornados”, aseguró el funcionario.

El acuerdo estipula que serán sometidos a la Justicia “las sociedades o personas que no formen parte del grupo Odebrecht, sus representantes comerciales, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios, consultores, empresarios y consorciados”.

También, “funcionarios públicos o exservidores del Estado, que hayan recibido o participado en el pago de sobornos”.

Acento


Odebrecht, múltiples casos que se confunden entre sí

La complejidad del caso que en el país tiene como centro las operaciones de la empresa constructora brasileña Odebrecht ha hecho que gran parte de la población confunda procesos que, aunque vinculados, son distintos y con implicaciones jurídicas diferentes.

La empresa brasileña llegó al país en 2001, ya siendo una de las más importantes del mundo, y desde ese entonces tuvo bajo su cargo las principales obras de infraestructura construidas por el Estado dominicano.

El escándalo que ha salpicado a doce países, once latinoamericanos y uno africano, arrancó en Brasil con una investigación de reclamos de sobornos por parte de ejecutivos de la empresa petrolera brasileña Petrobras a una serie de contratistas que le deban servicios y parte de esos recursos eran utilizados para beneficiar a políticos de las principales fuerzas políticas de ese país suramericano.

El esquema que se inició con Petrobras en Brasil fue exportado a otras naciones a través de la constructora Norberto Odebrecht, saliendo a relucir que esta empresa pagó sobornos para conseguir contratos en esos otros países, incluyendo República Dominicana donde confesó haber entregado a funcionarios públicos US$ 92 millones.

Ese escándalo encierra tras de sí varios procesos diferentes, aunque con la constructora Odebrecht como hilo conductor.

EL DÍA presenta algunos items para poder distinguir los diferentes casos que se entrecruzan y entender con mayor claridad.

A saber, se tienen los casos de soborno, financiación ilegal de campañas, pago de honorarios de Joao Santana y el de Petrobras.

El origen: “Lava Jato”, corrupción en Petrobras

Con ese nombre se conoce en Brasil el caso que ha desestabilizado la clase política de ese país. La “Operación Lava Jato” llegó al gran público en marzo de 2014, con la detención de 24 personas en varios estados de Brasil, pero había comenzado en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero de tamaño mediano que operaba desde Brasilia y São Paulo.

Tras meses de investigación, el hilo acabó llevándole de vuelta al estado de Paraná, donde vivía el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero, viejo conocido de la Policía Federal y un personaje fundamental en el engranaje descubierto.

Tras su detención en marzo, llegó a un acuerdo de delación premiada con la Policía: sus testimonios y los de otro ‘colaborador’ con la Justicia, Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, hicieron explotar el caso que ha salpicado a políticos brasileños.

Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación de empleos en el país.

Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que rondaban el 3 % del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios.

El dinero era reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser blanqueado. Luego era transferido al extranjero, a través de empresas ‘fachada’, a cuentas en China y Hong Kong.

Según las autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de constructoras corrompió a funcionarios de distintos países para obtener importantes concesiones en toda América Latina.

El dinero que se pagaba en sobornos era cargado al costo final de las obras a través de adendas al contrato original.

1.  Soborno

El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a cambio de contratos para obras de 2001 a 2014.

2. Financiación de campañas

La Ley Electoral prohíbe a los partidos políticos recibir fondos de “grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”.

Al ser Odebrecht una empresa extranjera, entra en esta prohibición. Sin embargo, la legislación no establece una sanción para quien violente esa prohibición.

Altos ejecutivos de Odebrecht han confesado que hicieron aportes a las campañas en República Dominicana, aunque no han especificado a cuál o cuáles.

En otros países, como en el caso de Brasil y Colombia, la financiación ilegal de las campañas sí tiene sanciones.

3. Honorarios de los publicistas políticos

El brasileño Joao Santana ganó fama como uno de los mejores publicistas políticos de América Latina y trabajaba junto a su esposa y colega Mónica Moura asesorando candidatos en diversas partes del mundo.

Sus éxitos más resonado fueron con las campañas de Lula ca Silva (2006) y Dilme Rouseff (2010 y 2014).

Fue contratado por la campaña de Danilo Medina para las elecciones de 2012 y abandonó el país en febrero de 2016 para enfrentar acusaciones que se le hacían en Brasil, por lo cual él y su esposa fueron condenados a prisión.

Ambos han declarado que sus honorarios aquí no fueron pagados por Odebrecht ni ninguna otra empresa brasileña.

Santana y Moura están condenados por sus vínculos con la red de corrupción que implica a Petrobras y empresas constructoras de su país, incluyendo Odebrecht. Santana fue condenado a ocho años y Moura a cinco años.

Los dos negociaron con la Fiscalía General de Brasil para ofrecer informaciones útiles, veraces y relevantes con relación al caso conocido como “Lava Jato”.

4. Joao Santana y Odebrecht, dos casos que se confunden

Son dos casos diferentes.

La empresa brasileña pudo haber hecho aportes directos a las campañas de candidatos presidenciales, alcaldes, senadores y diputados, sin que eso implicara que tuviera que pagar los honorarios de los respectivos asesores de campañas de esas candidaturas.

Santana y Moura han afirmado que Odebrecht ni ninguna otra empresa brasileña pagó su trabajo en las campañas en República Dominicana, contrario a lo ocurrido en otros países.

El Día