Argentina: organizaciones gremiales y sociales marcharon contra la quita de pensiones por discapacidad

La decisión de cancelar el pago de alrededor de 70 mil pensiones a discapacitados sigue sumando repudios. A medida que pasan las horas crece la indignación. La administración de Cambiemos, mientras tanto, intenta evitar que se profundice el costo político. No será fácil.Este jueves, la CTA de los Trabajadores que comanda Hugo Yasky se movilizó hasta el Obelisco para encabezar una protesta contra el recorte ejecutado por el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley.Y la movilización contó con una enorme adhesión.

Convocada para las 17, la protesta contó con la participación de otras organizaciones sociales y del sector autogestivo, como la Multisectorial contra el Ajuste, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y la agrupación Mayo, entre otros espacios.

“El cercenamiento de las pensiones a ciudadanos y ciudadanas con discapacidad es la expresión brutal de una política de ajuste que no se detiene ante nada. Cientos de miles de argentinos están angustiados porque tienen hijos con discapacidad. De esas pensiones depende que puedan ir a la escuela, que tengan el transporte especial que necesitan, que cuenten con todo lo que requiere sostener la crianza, la educación y el afecto con un chico con discapacidad. Ni que hablar con los adultos con discapacidades. O de la situación de los ancianos”, subrayó Yasky en diálogo con Tiempo Argentino.

La polémica por la eliminación de las pensiones por discapacidad se potenció por la crudeza de algunos testimonios, por las historias que se conocieron en los últimos días.

El gobierno macrista no tardó en tomar nota de los efectos perjudiciales de esta medida. Y ayer dio marcha atrás en su decisión.

La movilización tuvocinco consignas centrales: “No a las suspensiones masivas de pensiones no contributivas; esta gestión ajusta y recorta, toma variable de ajuste a los que menos tienen; no a la violencia laboral; no a la violencia institucional; por la restitución de derechos, decimos basta”.

“Eliminar las pensiones de un golpe, como si fuera, apenas, arrojar lastre del presupuesto nacional, es algo indignante e imprevisto. Arrojan a la incertidumbre y a la angustia a miles de ciudadanos de la Argentina, porque esto impacta directamente a los padres y a las madres de los chicos que van a las escuelas especiales”, advirtió Yasky a Tiempo.

Tiempo Argentino


Marcha atrás del Gobierno: vuelven a pagar las pensiones por discapacidad

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció ayer la decisión de Mauricio Macri de dar marcha atrás con la baja de pensiones a personas con discapacidad. En un comunicado, Stanley sostuvo que el Gobierno “va a asegurar el pago de las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad”.

Luego de que Clarín revelara en su edición del domingo que el Gobierno había dado de baja, sin previo aviso, esta asistencia a 70.000 personas reflotando un olvidado decreto menemista, el equipo de Stanley defendió la medida. Pero los recursos de amparo presentados en la Justicia, sumado al rechazo de la oposición (desde el kirchnerismo, el massismo y la izquierda), como del sindicalismo, de las asociaciones defensa de los derechos de personas con capacidades diferentes, de la Defensoría de Pueblo de Nación y hasta del Arzobispado de Buenos Aires, obligaron a la Casa Rosada a tomar cartas en el asunto y anunciar la marcha atrás del ajuste.

Las quitas se acentuaron en los últimos dos meses. El uso del decreto 423 de 1997, (que había caído en desuso desde la adhesión de Argentina en 2014 a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad) fue la excusa para que el ministerio eliminara, sin notificación previa, la ayuda de $4.400 mensuales a personas con capacidades diferentes. Clarín reveló también el criterio económico elaborado para la quita, que no consta en ninguna ley, sino que fue elaborado por el titular del área de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, según el mismo reconoció a este diario: bienes a nombre del beneficiario -incluidos los autos usados que hayan sido fruto de una donación-, un entorno familiar con ingresos cercanos $19.200 (tres jubilaciones mínimas), o que el beneficiario tuviera un cónyuge que percibiera otra asistencia del Estado, como por ejemplo una jubilación mínima de $ 6.377.

La reacción de la Casa Rosada ocurrió el mismo día en que cientos personas con capacidades diferentes y sus familiares realizarán una protesta en el Obelisco clamando por la restitución de las pensiones. Pero hubo una reunión que fue clave para la marcha atrás del Gobierno: fue la que mantuvo Stanley ayer con Pablo Molero, responsable de la Comisión de personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires. Molero le pidió a la ministra la urgente revisión de la medida tomando los mismos argumento que exhibió la Defensoría del Pueblo de la Nación: no hubo aviso previo a los damnificados por la quita, lo que los dejaba en una situación de vulnerabilidad extrema porque no pudieron prever la merma en sus ingresos, como así tampoco hubo una evaluación socio ambiental de cada pensionado antes de la quita de la asistencia. Ese proceder incluso viola la ley de procedimiento administrativo.

Ayer por la mañana la situación se agravaba para los damnificados. Las dependencias de la Anses contestaban a quienes reclamaban que al menos debían esperar hasta agosto para que el Gobierno pudiera cumplir con la visita de trabajadores sociales que evaluaran si la persona merecía o no la asistencia del Estado. Pero con estos nuevos reclamos en mano, Molero junto con la vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso, Gabriela Troiano, acudieron a Stanley que prometió la automática restitución de las pensiones a partir de la semana que viene. Y Stanley levantó la vara del criterio económico: “No se les restituirá la pensión a los que tengan ingresos confirmados de 100 mil pesos”, dijeron fuentes oficiales. En la Argentina hay cerca de 5 millones de personas con capacidades diferentes, sólo un millón cobra la pensión.

Clarín