Colombia: Un camino sin más muertos (Por Gonzalo Sánchez)

Es difícil lograr acuerdos con respecto al origen del conflicto armado interno colombiano. Analistas y militantes debaten si se remonta al conflicto agrario de los años treinta, a la liquidación del movimiento popular que encarnó el gaitanismo o al cierre de los espacios políticos y sociales por el acuerdo bipartidista del Frente Nacional. En todo caso, cualquiera que sea la fecha, el conflicto colombiano es el más largo de América Latina, e incluso uno de los más prolongados a nivel mundial.

La larga duración de esta guerra tiene como trasfondo una sistemática subvaloración de los conflictos sociales y políticos que exacerbaron la Violencia y que perduraron más allá de los acuerdos bipartidistas. Cuando las élites empezaron a enfrentar la Violencia quisieron resolverla a costo cero. Partían arrogantemente del supuesto de una escasa capacidad de proyección armada o política de unas guerrillas de origen y composición campesina, o le apostaban a su bandolerización y desaparición como proyectos políticos insurgentes.

Esta ha sido una guerra prolongada porque tanto guerrillas como Estado se ilusionaron con una pronta y decisiva victoria militar, incluso en momentos de negociación, como el del Caguán, aprovechado por ambas partes, mientras estuvieron sentadas en la mesa, para incrementar su capacidad bélica.

En efecto, buena parte del mundo político y de la sociedad confiaron, e incluso muchos aún confían, en la capacidad de acabar la guerra con más guerra. Y tienen audiencia. El discurso guerrerista resulta electoralmente rentable en una buena parte de la sociedad resentida especialmente con las Farc, que solo considera aceptable la derrota o abdicación de la insurgencia, por encima de la búsqueda de acuerdos con ella.

Esta guerra ha sido también muy larga porque con el fin de la Guerra Fría, y la pérdida de respaldo político y financiero internacional a las guerrillas en muchas partes del mundo, en Colombia estos grupos encontraron en el negocio de los cultivos ilícitos, primero, y del narcotráfico, posteriormente, el combustible necesario para continuar la guerra con recursos internos. El narcotráfico les inyectó capacidad operativa a los actores armados, y también a la contrainsurgencia, apoyada a menudo por miembros de instituciones estatales. Pero a la larga, ese recurso operó en desmedro de todos: degradó a la insurgencia, corrompió al Estado, a los partidos, y a los poderes locales y regionales.

El narcotráfico convirtió a los actores armados en sus socios, o en sus adversarios ocasionales, y diluyó en buena medida las fronteras entre la insurgencia y la criminalidad común. La combinación de secuestro, extorsión y narcotráfico fortaleció militarmente  a las guerrillas, las hizo más opulentas que cualquiera otra de sus pares en el continente, pero les restó cualquier tipo de legitimidad a su acción y les granjeó incluso el repudio de gran parte de la población. La arrogancia militar que exhibían en las tomas de pueblos, o el control de carreteras (las “pescas milagrosas”), corría en paralelo con la impotencia de ampliar su convocatoria. Se llegó a un nudo ciego. La nuestra ha sido una guerra que por prolongada y degradada se quedó cada vez con más y más  armas y recursos, pero con cada vez menos  sociedad.

Ha durado mucho esta guerra también porque las insurgencias tardaron demasiado en reconocer que el país, que América Latina y el mundo habían cambiado, y, por tanto, era ya una guerra huérfana, que no tenía manto protector al cual acogerse luego de la caída de todos los modelos revolucionarios, por lo menos de los que le fueron cercanos: soviético, cubano, chino, que deben enfrentar hoy otros problemas  de reacomodo en el mapa de los juegos estratégicos mundiales.

Las Farc son una guerrilla que, de alguna manera, se dispuso a negociar la paz por fuera de su tiempo: cuando los marcos normativos internos y externos hacen más vigilada y más constreñida la acción insurgente; cuando la tolerancia social a la violencia –y a la violencia política específicamente– se ha estrechado notablemente en todo el continente; y cuando Cuba, que había inspirado los movimientos revolucionarios, está buscando caminos para salir del aislamiento y negociar un nuevo trato con Estados Unidos que le impone también una nueva relación a la isla con el resto del continente. La negociación interna de Colombia coincide así con el fin de la más asimétrica e injusta relación interestatal en la región: la relación Estados Unidos-Cuba.

La colombiana es una guerra tan larga y sus transformaciones han sido tan densas en el curso de las décadas que los marcos normativos y los contextos que acompañaron su origen distan mucho de los que predominan en el momento de la negociación hoy. Un país y una insurgencia, acostumbrados a negociar desde el siglo XIX sobre la base de los horizontes recurrentes de las amnistías, tropezaron ahora con unas exigencias internacionales y unas demandas de las víctimas y de la sociedad que hicieron, por momentos, muy impredecible el resultado. Que Colombia haya entrado así a la fase de terminación pactada de la confrontación es, hoy por hoy, un triunfo de la democracia para el mundo que hará de Colombia uno de los referentes más frescos y laboriosos para la solución de los conflictos armados internos. Colombia es observada hoy como ejemplo de las complejidades de la guerra y, a la vez, ejemplo de las complejidades de la negociación.

Nos tardó tanto llegar hasta aquí porque esta ha sido para muchos, y de diversas maneras, una guerra con la que ha sido posible convivir en relativa tranquilidad. Pese a la enorme cantidad de víctimas, esta ha sido vivida como una guerra ajena, distante de los centros de poder político y económico, anclada en las periferias, lejana socialmente para los habitantes de las ciudades. Ha sido, en gran parte de su trayectoria, un conflicto armado de muertos anónimos, de muertos campesinos, de tragedias rurales. El ciudadano del común perdió la capacidad de asombro frente a noticieros y páginas de periódicos que registraban las vicisitudes de la guerra como simples noticias judiciales. Dada su espacialidad periférica y su inusual longevidad, se produjo un acostumbramiento perverso con la guerra: si a la economía no le iba mal, o no demasiado mal, qué importaba que el país siguiera desangrándose. Si no alteraba el modelo de desarrollo imperante, sino que incluso contribuía a mantenerlo, si no desafiaba los modos de regulación social, ¿por qué inquietarse? A la sombra de la guerra muchos negocios criminales (armas, drogas, despojo) prosperaban y hasta a algunos, no necesariamente criminales, les resultaba funcional.

Solo cuando la guerrilla se instaló o se aproximó a territorios económicamente relevantes, y sus frentes armados se constituyeron en una amenaza real para los entornos citadinos, se tomó conciencia de la engañosa marginalidad política y social que se le atribuía a la guerra.

Abandonadas a su suerte, las periferias alcanzaron reconocimiento paradójicamente cuando los niveles de violencia en ellas se volvieron amenaza para el centro. Pero que se rompiera la indiferencia no significaba que se pasara a un apoyo militante por la paz. Los mismos hechos de guerra pueden ser un argumento para la continuación de la guerra o un argumento para construir una salida negociada.

Desafíos para la paz

Nuestro entusiasmo con la terminación negociada del conflicto armado interno está lleno de alertas, de las cuales debemos ser conscientes, para no desfallecer en este propósito colectivo y atribuirle a la paz impactos negativos que no le corresponden. Al respecto, el analista y exministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, nos advierte: “La guerra la hacen los guerreros, la paz la hace la sociedad”. Y a la sociedad esa tarea le tomará mucho tiempo.

Entre los muchos desafíos, sin duda uno de los más notorios está ligado a la exclusión política y social. Ambas estuvieron como argumento en el origen del conflicto armado. Parcialmente encontraron resonancia en el discurso participativo de la Constitución de 1991, pero lo normativamente establecido aún no permea al conjunto de la sociedad y la cotidianidad del ejercicio de la política. En ambas esferas, la social y la política, la diversidad y la oposición son aún entendidas como factores de disociación, y no como  valores sustantivos de la contienda democrática. La negación como interlocutor, la descalificación personal o de sus demandas y la eliminación física del adversario son prácticas que de manera continua e histórica han reemplazado la confrontación de argumentos, la deliberación y el acogimiento a las reglas y decisiones democráticas. Por ello, el sometimiento a las reglas democráticas no solo debe exigirse a los alzados en armas, sino también a quienes ejercen la política. Mientras no surjan transformaciones en la forma de abordar el ejercicio político, la amenaza de retomar o empuñar las armas para oponerse a las decisiones institucionales no cesará.

Lo que se abre camino con la paz negociada es una posibilidad de ampliación de la democracia, una ampliación a la que muchos temen. Hay incluso quienes afirman “preferir una guerra conocida a una paz desconocida” ante el temor de una transformación política o económica drástica o desfavorable a sus intereses. Ahora bien, de lo que no se han percatado es que esa transformación ya no recae en el poder de las armas, sino en el de las urnas. Ese poder ya no recaerá en la fortaleza de los ejércitos, sino en la creatividad de toda la sociedad.

El conflicto se volvió también por décadas una excusa tanto en el plano político como social para dejar de encarar problemas de sociedad que por mucho rebasan el enfrentamiento armado. La paz con las Farc a nivel militar es hoy una posibilidad certera y es un enorme logro del que tenemos que ser conscientes, como también debemos serlo de que la inequidad, el recurso a la violencia, el precario aparato de justicia, los bajos niveles de participación, la pobreza, la corrupción, la incredulidad en la clase política, son asuntos pendientes que exceden lo tramitado en La Habana. Las Farc no fueron el principio de todos nuestros males, ni su desaparición como actor armado marcará el fin de todas nuestras dolencias. La paz soñada está lejos. Pero el camino para llegar a ella se vislumbra más claramente cuando no está lleno de muertos.

*Director del CNMH. En colaboración con María I. Cristina González

Revista Arcadia