Deforestación, papeleras, modelos de desarrollo

De acuerdo con Greenpeace, América Latina es el lugar elegido por los países desarrollados para la expansión de la industria papelera. Pero la proliferación de fábricas de materia prima puede tener consecuencias peligrosas para la población. La preocupación de la organización ambientalista está dada principalmente porque las empresas que producen celulosa forman parte de una industria que es “voraz, devastadora de los recursos naturales, tanto por su alto consumo de agua y energía –entre otros recursos-  como por la elevada demanda de tierras para plantaciones, su presión sobre áreas de bosques nativos y sus descargas contaminantes.” La instalación de las finlandesas Ence y Botnia en Uruguay, generó la movilización de los vecinos de Gualeguaychú, y generó un conflicto entre Uruguay y Argentina que está lejos de resolverse.

¿Crear dos, tres, muchas papeleras?

Hugo Dufrechou/Martín Jauge*

La empresa Upm comunicó el interés de instalar su segunda planta de celulosa. Sería la tercera en nuestro país, procesaría el doble de madera que la planta de Fray Bentos, y su construcción demoraría cuatro años, dando empleo en esa etapa a 8 mil trabajadores.

La empresa Upm comunicó el interés de instalar su segunda planta de celulosa. Sería la tercera en nuestro país, procesaría el doble de madera que la planta de Fray Bentos, y su construcción demoraría cuatro años, dando empleo en esa etapa a 8 mil trabajadores.

Además, la inversión total será de 5.000 millones de dólares: 4.000 millones por parte de Upm y 1.000 millones por parte del Estado, para asegurar condiciones de infraestructura y logística tanto para el transporte de la materia prima hacia la planta como de la producción hasta el puerto de Montevideo. El Estado espera realizar esta inversión en gran medida a través de inversiones privadas.

Los beneficios económicos y sociales de estas megainversiones están permanentemente en debate. Sus defensores manifiestan que son beneficiosas por la cantidad de empleos directos e indirectos que generan, por las posibilidades de transformar la matriz productiva al avanzar en el encadenamiento vertical, integrando procesos productivos más complejos; por ejemplo, fabricar papel.

Los opositores argumentan que la cantidad de empleos directos e indirectos generados por este tipo de inversión suele no ser tal. Sostienen además que estos proyectos generan daños en el ambiente que impactarán en las generaciones futuras. Aseguran que la promesa de ser pasos intermedios hacia una transformación productiva asociada a la industria de alta tecnología es vacía, dado que de acuerdo a la división internacional del trabajo esas actividades están restringidas a los centros económicos, como Estados Unidos, algunos países de Europa y Japón. Argumentan, además, que la estrategia de incentivo a la inversión desarrollada por el gobierno –por ejemplo mediante la ley de promoción de inversiones o las zonas francas– no parece apropiada para estas inversiones, ya que los principales incentivos para su instalación tienen que ver con las condiciones del suelo o la calidad institucional que promueve “reglas” claras.

Hay que recordar que la ley de promoción de inversiones permite la exoneración de hasta un 100 por ciento del impuesto a la renta empresarial (Irae), y las zonas francas se benefician de un régimen de exoneración tributaria total, con excepción de los aportes a la seguridad social. En otros países, como Noruega, China, Argentina, Chile, Estados Unidos, se utiliza parte de la renta captada de esas empresas para capitalizar fondos soberanos de inversión, previendo que las futuras generaciones no tendrán beneficios cuando se agote el recurso natural que explotan (por ejemplo el petróleo). Uruguay, parece estar en las antípodas de esas políticas.

Experiencias anteriores. Hoy el país cuenta con la experiencia acumulada de las dos plantas de celulosa existentes, y tiene nuevos insumos para el debate. Pese a que ambas son menores a la que se instalaría, en su momento fueron “la inversión más grande en la historia del país”. En ambos casos la construcción y la puesta en funcionamiento generaron un fuerte impacto en el Pbi –en 2015 el crecimiento fue de 1 por ciento, según la ley de rendición de cuentas, pero al descontar el efecto de Montes del Plata (Mdp), el mismo fue de 0,3 por ciento–. A su vez, su influencia en la generación de empleo tiene un fuerte aumento en la fase de construcción, cayendo drásticamente al quedar operativa la planta. Actualmente hay unos 600 trabajadores en cada una de ellas.

Respecto de los empleos indirectos, se estiman en unos 2.800 para Upm y 5 mil para Mdp. Si bien este es un indicador importante para ver el potencial de este tipo de inversiones, también es cierto que la estimación es bastante difusa, ya que muchos puestos de trabajo existían previamente. Tampoco se incluye en el análisis la destrucción de actividades que se hacían en zonas cercanas.

Posturas contrarias

La posición en contra de la nueva planta de celulosa se hace más compleja en esta coyuntura. Si bien siempre hubo discursos sumamente críticos hacia este tipo de inversiones, hoy el escenario es otro: el desempleo ha empezado a aumentar y se hace sentir en los sectores más humildes de nuestra sociedad, por lo que un posicionamiento contrario debería al menos contemplar esta situación e intentar esbozar alternativas.

Respecto del perjuicio ambiental, el debate parece estar aún en fojas cero debido a que los posibles impactos ambientales negativos de este tipo de industria recién serán mensurables más adelante. Sin embargo debería pensarse la crítica ambiental a toda la cadena de valor, y en particular la referida a la erosión del suelo que produce el eucalipto. La crítica por este lado debería apuntar no sólo a la parte industrial de la producción, sino al proceso general, con énfasis en el modelo forestal. Otro cuestionamiento apunta a lo poco democrática que resulta la toma de este tipo de decisiones. Ante la necesidad de superar momentos recesivos (y a veces no tanto), se atenta contra los mecanismos establecidos. Por ejemplo, al hacer el anuncio, el presidente Vázquez da por sentadas dos cosas: la aprobación de la Dinama, deslegitimando la opinión de –o ejerciendo presión sobre– el órgano de contralor en temas ambientales; y la inversión en infraestructura requerida por Upm, estableciendo que en gran medida será provista por privados y mediante la modalidad de participación público-privada. Tampoco resultan claros cuáles son los resguardos que pueda tener el Estado ante la inversión que se comprometió a hacer, con plazos que lo van a limitar y que debilitarán su capacidad para controlar aspectos fundamentales de las grandes inversiones.

¿Por qué el Gobierno lo celebra? El gobierno recibió esta noticia como una bendición caída del cielo. En un momento de contracción económica, la estrategia es desarrollar mecanismos que atraigan más al capital internacional. ¿Cómo? Garantizando mejoras en infraestructuras logísticas (por eso se anunció un plan de infraestructura quinquenal de 12.700 millones de dólares, que no sufre modificaciones en la actual rendición de cuentas); atacando el déficit fiscal para mantener el acceso a mercados internacionales de financiación, pero sin modificar los incentivos fiscales a las inversiones y resignando potenciales aumentos de los ingresos fiscales. En otro plano, pero con el mismo objetivo, se fijaron para el sector privado pautas salariales que desvalorizan la fuerza de trabajo mediante la reducción del salario real al desindexar los salarios en un momento de inflación creciente –pautas que no varían pese al insistente reclamo del movimiento sindical.

Para salir de la actual desaceleración económica se requieren fuertes shocks de inversiones. Pero esta coyuntura es el resultado de un modelo económico basado en la producción de commodities exportables y en un fuerte flujo de entrada de la inversión extranjera directa (Ied). Por eso, ante una disminución del precio de las materias primas y la retracción de la Ied, la economía uruguaya enlentece su crecimiento y genera un aumento del desempleo en áreas hasta ahora dinámicas, como la construcción, que ocupa entre otros a un porcentaje relativamente grande de trabajadores no calificados y que perdió cerca de 20 mil puestos de trabajo en los dos últimos años.

La apuesta del gobierno para salir de los problemas económicos que han generado las propias limitaciones de este modelo productivo, curiosamente, es su profundización. Vale aclarar que el modelo no es patrimonio del actual gobierno, se arrastra desde los años ochenta y noventa y tiene como hitos simbólicos y jurídicos la aprobación de la ley forestal (15.939, en 1987), la ley 15.921 de zonas francas (en 1987) y la ley número 16.906, de promoción y protección de inversiones, de 1998. Pero también hay que decir que su permanencia no ha sido cuestionada por quienes desde hace más de una década tienen el monopolio de las decisiones económicas en el gobierno (casi en exclusividad el Frente Liber Seregni).

La fundamentación para sostenerlo no pondera si el modelo es bueno en sí y tiene una oferta productiva deseable, sino que pone el foco en la inversión que realiza, la actividad económica que despliega y el empleo que puede dar. El modelo también propicia un proceso de fuerte concentración: del millón de hectáreas que hay forestadas, 200 mil corresponden a Upm y 230 mil a Mdp. Lo que muestra el alto grado de extranjerización y concentración de esta actividad económica.

En síntesis, en un escenario donde la conflictividad crece progresivamente (con la próxima votación de la rendición de cuentas y la continuación de la negociación en los consejos de salarios), se pueden apreciar las consecuencias del modelo al que se quiere seguir apostando por parte del gobierno. No obstante –unificando las diferentes luchas disgregadas–, se debería trabajar para generar condiciones como para que una planta de celulosa no sea la solución para sostener la economía, ni muchos compatriotas precisen de ella para mantener su empleo.

* Economistas. Integrantes de la cooperativa Comuna.