Día Mundial del Medio Ambiente: el impacto en América Latina y el Caribe

Las reservas de terreno cultivable más grandes del mundo se concentran en América Latina y el Caribe, con 576 millones de hectáreas, cifra que equivale, aproximadamente, al 30% de su territorio. El 47% de la superficie regional está cubierta de bosques. El 92% del bosque regional se encuentra en Sudamérica, principalmente en Brasil y Perú. Estos dos países junto con Colombia, Ecuador, México y Venezuela albergan entre un 60 y un 70% de todas las formas de vida del planeta.

La tercera parte de los recursos hídricos renovables del mundo se encuentra en la región latinoamericana. Sin embargo, tres de sus principales zonas hidrográficas – las cuencas del Golfo de México, el Atlántico sur brasileño y Paraná y el Plata -, concentran un 40% de la población regional en un 25% del territorio, con sólo un 10% de los recursos hídricos totales. Muchas áreas en Mesoamérica, los Andes, el noreste brasileño y el Caribe, sufren carencia recurrente o crónica de agua. La circulación atmosférica y las corrientes oceánicas causan la existencia de extensos desiertos en el norte de México, Perú, Bolivia y Argentina.

Los expertos prevén, en los próximos años, un aumento en la cantidad de huracanes, tormentas, sequías, olas de calor y tornados que afectan a la región. Los climas se harán más extremos: las zonas que sufren sequías se volverán más áridas y los lugares húmedos contarán con mayor volumen de precipitación. El aumento de la temperatura del planeta podría provocar la desaparición de los glaciares, disminuir la disponibilidad de agua potable para 70 millones de personas, intensificar las tormentas tropicales y los huracanes, y amenazar a las poblaciones

En lo que a la agricultura respecta, los modelos proyectados para América Latina y el Caribe indican una disminución de los rendimientos de varios cultivos, como cebada, viñedos, maíz, papas, soja y trigo. Por otra parte, el calentamiento global incrementaría los impactos negativos de las enfermedades y pestes en las personas, animales y plantas, con efectos negativos adicionales sobre la producción.

La criosfera (parte de la corteza terrestre en la cual se forma el hielo) está representada, en América Latina, por glaciares en los Andes altos y por tres grandes campos de hielo en el sur del continente. El calentamiento en las regiones de las altas cumbres podría conducir a la desaparición de importantes superficies de nieve y hielo. Las simulaciones proyectan que una subida de 4,0 grados centígrados en la temperatura “eliminaría casi la mitad de los glaciares del mundo para final del siglo,” según la WWF.

Los estudios de vulnerabilidad, ante el aumento del nivel del mar producido por el derretimiento, de los hielos sugieren que los países del Istmo Centroamericano, Venezuela y Uruguay podrían sufrir pérdidas de tierras costeras y biodiversidad, intrusión de agua salada y daños en las infraestructuras costeras.

El aumento de los desastres climáticos en América Latina, que representan 70% de sus emergencias, impulsa un debate socioambiental en la región que busca profundizar sobre las causas y respuestas ante estos eventos extremos. La advertencia de la ONU es que la variabilidad climática incrementará la frecuencia y magnitud de los eventos extremos.

Según el Índice de Riesgo Climático Global, en el periodo 1996-2015 cuatro de los 10 países más afectados en el mundo son de América Latina y el Caribe: Honduras (primero de todos), Haití (tercero), Nicaragua (cuarto) y Guatemala (noveno). Perú sufrió entre marzo y abril inundaciones y deslizamientos, debido al fenómeno de “El Niño costero”, generado por el calentamiento de las aguas del litoral, con un saldo de más de 100 muertos, un millón de personas afectadas, 7.000 productores rurales damnificados (80 por ciento pequeños agricultores) e incalculables daños de infraestructura. Las lluvias también dañaron más de 60.000 hectáreas e inutilizaron 18.000.

Casi la cuarta parte de las pérdidas y daños causados por desastres de mediana y alta intensidad en países del Sur en desarrollo afectaron al sector agrícola, lo que toma especial significación porque nuestra región es una gran productora de alimentos, un sector del que depende el 33% de la población activa.

La FAO y la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres ayudan a desarrollar una Estrategia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional, a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Gabriela Merlinsky, de la Universidad de Buenos Aires,  indicó que “la relación sociedad-naturaleza es la que está definiendo este proceso de aceleración en la tasa de extracción de los recursos naturales y de formas de uso de los recursos y del suelo, que implican mayores riesgos ambientales. (…) El aspecto peligroso de esto es que se vuelva un discurso globalizante por el cual echemos la culpa de todos los males al cambio climático y no tomemos en cuenta aquellos elementos estructurales de nuestra sociedad que hacen por ejemplo, que nos inundemos más”, puntualizó.

Señaló que hay es una intensificación del monocultivo, en particular la producción sojera que absorbe mucho menos agua que otro cultivo. El agua queda retenida en el suelo y hay un elevamiento de los niveles de las cuencas hidrológicas lo que son las napas freáticas, lo que aumenta la exposición a las inundaciones. “Lo que está detrás de esos problemas es la vieja cuestión del capitalismo y del avance despiadado sobre los recursos naturales y los serios problemas de regulación de parte del Estado, indicó.

Los fenómenos climáticos, en abril causaron en Mocoa, en el amazónico departamento colombiano de Putumayo, devastadores aludes sobre viviendas, con el saldo de más de 300 muertos, además de  miles de desplazados. Catalina Toro, de la Univerdidad Nacional de Ciolombia, señaló a IPS que no es un desastre natural: “Son lugares completamente deforestados, lugares donde los desplazados de los desplazados son obligados a asentarse en unas condiciones bastantes frágiles al lado de los ríos”, subrayó.

A su juicio, “estos problemas tienen que ver con la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la construcción de carreteras, la exploración petrolera y minera, que va moviendo los ecosistemas y afectando de manera muy fuerte toda esa zona que es un bosque húmedo tropical que de por sí ya está bastante intervenido por la colonización”.

Para Toro ese “modelo de desarrollo depredador extractivo” corre el grave peligro de ampliarse, ahora que concluyó el conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y es posible penetrar y explotar  territorios de gran valor ecológico, antes vedados por la guerra.

Walter Vergara, uno de los autores del estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), proyectó que para 2050 las consecuencias financieras de los impactos climáticos para la región serían de unos 100.000 millones de dólares anuales.

Una barrera para el desarrollo

En los últimos años, el problema del cambio climático ha captado un nivel de atención sin precedentes y ello se tradujo en una movilización internacional para concertar acciones destinadas a mitigarlo, en un dinamismo en materia de innovación tecnológica para contar con las herramientas que permitan paliar sus causas y en una preocupación creciente por sus posibles consecuencias negativas sobre el desarrollo de los países.

El tema ha pasado incluso a integrar la agenda de prioridades de Naciones Unidas junto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la región, hasta hace muy poco tiempo, la discusión se centraba en el impacto ambiental de este fenómeno y solo recientemente se ha concentrado en los efectos económicos. En un informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destaca algunos aspectos económicos relacionados con el cambio climático y sus consecuencias en América Latina y el Caribe, como el vínculo con el comercio internacional, el contagio negativo de las finanzas públicas y las futuras restricciones a un desarrollo económico con alto grado de consumo de carbono.

El cambio climático es una barrera para el desarrollo en términos de los recursos que se perderán o que deberán reasignarse para adaptarse a sus efectos negativos. Sin embargo, también representa una oportunidad para buscar un desarrollo de mejor calidad, con más inversiones en tecnologías que puedan mitigar algunas externalidades ambientales negativas del proceso de desarrollo.

El clima de Latinoamérica está cambiando debido principalmente a las crecientes concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Los patrones de precipitación están cambiando, las temperaturas están aumentando y algunas áreas están experimentando cambios en la frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias intensas. Los impactos van desde el derretimiento de los glaciares andinos hasta devastadoras inundaciones y sequías.

Los dos grandes océanos que rodean el continente, el Pacífico y el Atlántico, se están calentando y acidificando a medida que aumenta el nivel del mar.

Desafortunadamente, se esperan mayores impactos en la región ya que la atmósfera y los océanos siguen cambiando rápidamente. El suministro de alimentos y agua se verá afectado. Los pueblos y las ciudades, así como la infraestructura necesaria para sostenerlos, estarán cada vez más en riesgo. La salud y el bienestar humano se verán afectados negativamente, así como los ecosistemas naturales.

Fenómenos meteorológicos extremos

Los cambios en el clima y los fenómenos meteorológicos extremos han afectado severamente a América Latina. Eventos como tifones y huracanes, tormentas eléctricas, granizadas, tornados, tormentas de nieve, fuertes nevadas, aludes, marejadas, inundaciones incluyendo inundaciones repentinas, sequías, olas de calor y olas de frío, son cada vez más frecuentes y severos. Todo esto ha provocado el desplazamiento de personas, numerosas muertes e importantes pérdidas económicas.

Las tormentas tropicales originadas tanto en el Atlántico como en el Pacífico han devastado algunas áreas de México, Centro América y el Caribe. Más allá de los daños causados por las tormentas en las zonas costeras, las lluvias torrenciales en el interior han causado muchos mayores daños. En 1998, tan sólo el huracán Mitch afectó a 600,000 personas – en gran parte debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias.

Sequías

Los investigadores están conservadoramente seguros de que el Amazonas, el noreste de Brasil, Centro América y partes de México sufrirán mayores sequías. La principal preocupación es la posibilidad de sequías extremas y más frecuentes en el Amazonas, lo cual podría orillar a la región hasta un “punto de no retorno”, lo que aumentaría la probabilidad de que se perdieran grandes cantidades de selva amazónica.

Entre las sequías recientes que afectaron el Amazonas destacan las de 2005 y 2010. Asimismo, las actuales condiciones de sequía en México, Centro América y el Caribe inbtensificadas debido al fuerte fenómeno de El Niño, que está ocurriendo en un contexto de temperaturas más altas asociadas con el calentamiento global.

A mediados de 2015, tras cuatro años con lluvias inferiores a lo normal, São Paulo, en Brasil, estaba atravesando por la peor sequía en más de 80 años. El principal sistema de agua de la ciudad, la reserva Cantareira, abastece las necesidades de agua de 5.3 millones de personas, cuando antes de la sequía llego a abastecer hasta 9 millones de personas. En agosto de 2015, los funcionarios declararon que la situación de agua de la ciudad era “crítica”: Sao Paulo tenía almacenada agua solo para aproximadamente cinco meses de suministro.

Esta situación ilustra la vulnerabilidad de algunas ciudades latinoamericanas ante la sequía, mientras que el cambio climático altera la frecuencia y/o severidad de las sequías en la región.

Aumento del nivel del mar

Al calentarse, los océanos se expanden y se elevan aún más al recibir grandes cantidades de agua dulce debido al derretimiento de los glaciares y las capas de hielo. El nivel del mar continuará aumentando a un ritmo acelerado en el futuro. Para 2100, el nivel del mar podría aumentar de uno a cuatro pies más.

El aumento del nivel del mar amenaza a la población latinoamericana – gran parte de la cual vive en zonas costeras – debido a la contaminación de los acuíferos, la erosión de las costas, las inundaciones en zonas bajas y el aumento del riesgo de marejadas.

Aumento del nivel del mar y acidificación del océano

Gran parte del área costera que rodea al arrecife mesoamericano e islas cercanas son zonas bajas y por lo tanto vulnerables al aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático. La erosión costera ya ha sido documentada y, entre otras cosas, puede afectar los procesos de anidación y reproducción de las tortugas marinas.

El aumento de la temperatura del agua genera más episodios de blanqueamiento de los corales, lo cual es devastador para los arrecifes y toda la vida marina que depende de ellos. La acidificación del océano, provocada por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en el agua, es otra amenaza que afecta a los arrecifes coralinos. (WWF)

Políticas regionales contra el calentamiento

Aunque 27 países de Latinoamérica han ratificado el protocolo de Kyoto, que establece la reducción de la emisión de dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor en la atmósfera, las crisis económicas y políticas que sacuden la región han impedido hasta ahora la implementación de acciones efectivas para combatir el calentamiento.

Los países de la Región han desempeñado un papel muy activo en las negociaciones internacionales vinculadas al tema. Al mismo tiempo, algunas políticas de los países de la Región constituyen interesantes iniciativas en materia de energías renovables y eficiencia energética, instrumentos innovadores en políticas de transporte e instrumentos económicos para la reducción de emisiones de carbono o para la protección y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales renovables.

Pobreza, acelerada urbanización, insuficiente infraestructura básica para el acceso al agua potable y para el saneamiento, inestabilidad económica y excesiva deuda pública, destacan entre los factores que imponen estas limitaciones.

Acciones frente al cambio climático

América Latina y el Caribe han tomado medidas importantes para responder al cambio climático. Países como Brasil, México, Perú y Colombia han hecho importantes compromisos para reducir sus emisiones de carbono. Entre 1990 y 2012 la deforestación en algunos países como Brasil y México ha disminuido, reduciendo por lo tanto la contribución relativa del sector forestal a las emisiones generales de la región.

Otros países como Costa Rica, Uruguay, Nicaragua y Chile están aprovechando el potencial de la energía renovable y reduciendo gradualmente el aporte de los combustibles fósiles a su red energética. En el período 2006-2013, la capacidad total de energía renovable en Latinoamérica creció más del 270%, lo que demuestra el apetito de la región por nuevas tecnologías de energía renovable.

Cada vez más, los países latinoamericanos están evaluando los impactos actuales y las proyecciones del cambio climático en todos los sectores críticos de la economía, como la agricultura, la pesca, la energía y la infraestructura. El objetivo de Latinoamérica es preparar a su población y a los sectores productivos clave ante la creciente variabilidad climática y los cambios a largo plazo que ya estamos percibiendo.

Bolivia

Bolivia promulgó las primeras leyes del mundo que reconocen los derechos de la naturaleza en el 2010 con su Ley de los Derechos de la Madre Tierra. De acuerdo con esta ley, la Tierra es un sujeto político con derechos a la vida, la biodiversidad, el agua, el aire limpio y más. La ley establece que el gobierno debe desarrollar políticas para proteger a la Tierra de las causas del cambio climático global.

Villamontes, en La Paz, fue el primer municipio boliviano en implementar un plan de adaptación ante el cambio climático, completado en 2012 con ayuda del CAF Banco de Desarrollo de América Latina y varias organizaciones no gubernamentales. El plan, que debe ser replicado por otras municipalidades, busca reducir los impactos emergentes del cambio climático a la vez que garantiza la seguridad alimentaria.

Bolivia pretende aumentar la proporción de energía renovable en su red energética de 39% en 2010 a 79% en 2030. El gobierno también planea reducir la vulnerabilidad del suministro de agua en aproximadamente un 40% hasta 2030, y se ha comprometido a detener la deforestación ilegal y a aumentar la superficie forestal en 4.5 millones de acres para 2030 (adicionales a los 52.5 millones de hectáreas existentes en 2015).

Colombia

Colombia ha implementado importantes innovaciones a nivel de ciudades. Trabajando en la interface entre la planificación urbana y el cambio climático, Colombia ha ganado varios premios por el sentido ecológico de su sistema de transporte, que incluyen programas de bicicletas públicas y sistemas de tránsito rápido.

En 2013, Colombia se comprometió a alcanzar cero deforestación neta en la Amazonía colombiana para el 2020, lo que equivale al 40% de su territorio, mejorando la gobernanza y promoviendo acuerdos con los sectores productivos clave para hacer frente a la deforestación, apoyando alternativas de desarrollo de bajo carbono en la región, y apoyando los medios de sustento, territorios y derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana. Como parte de este proceso, Colombia ha ampliado el Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete a casi 2.8 millones de hectáreas, un área equivalente al tamaño de Bélgica.

Costa Rica

Costa Rica está cerca de convertirse en el primer país latinoamericano impulsado 100% con energía renovable (meta 2021). En 2013, generó el 87% de su electricidad con fuentes renovables, en especial energía hidroeléctrica, aproximadamente el 20% del total de la electricidad renovable no se generó con energía hidroeléctrica.

El país incrementó su cobertura forestal de 24% en 1985 a casi 52% en 2012, aumentando la cantidad de carbono removido de la atmósfera y almacenado en la vegetación y los suelos.

Costa Rica ha reafirmado su compromiso de ser neutral en términos de carbono para 2021 y se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 44% por debajo de lo que serían en 2030. Esto equivale a reducir las emisiones en un 25% por debajo de los niveles de 2012. También se ha comprometido a elaborar un plan nacional de adaptación al cambio climático para 2018, centrándose en particular en los temas de biodiversidad, agricultura, agua, zonas costeras, pesca, salud, infraestructura, energía, turismo y ciudades

Ecuador

El Programa Socio Bosque, lanzado en 2008, puso en marcha un programa voluntario, basado en incentivos para frenar la deforestación y promover la recuperación del ecosistema (incluyendo reforestación). Ha conservado 1.4 millones de hectáreas de bosque.

El país planea obtener 93% de su electricidad a partir de energía hidroeléctrica (en 2012, el 50% de la energía se produjo así) y desarrollar la energía solar, geotérmica y de biomasa.

Asimismo pretende reducir las emisiones del sector energético, que actualmente representan el 50% de las emisiones del país, en 20.4%-25% para el año 2025 y las emisiones de los sectores agrícola, forestal y de otros usos del suelo, que actualmente representan alrededor del 43% de las emisiones de gases de efecto invernadero el país, aunque indica que la sostenibilidad de estas medidas forestales y de conservación depende del apoyo financiero internacional.

Guatemala

Guatemala implementó una nueva política energética con la meta de generar el 80% de su electricidad a partir de energía renovable para el 2030. Guatemala cuenta ya con una de las mayores plantas solares de Centro América.

En 2013, el gobierno aprobó una ley sobre cambio climático que tiene por objeto reducir la vulnerabilidad y garantizar los esfuerzos de adaptación a los efectos del cambio climático, además de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y puso en marcha una nueva ley para combatir la deforestación, que se centra en iniciativas de desarrollo sostenible en comunidades rurales en el período 2017-2047.

Guatemala se comprometió a reducir en 11.2% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, en base a los niveles de emisiones del 2005.

México

México fue el primer país en desarrollo que formuló una ley integral para hacer frente al cambio climático en 2012 e introdujo un impuesto al carbono en 2014 de 3.50 dólares por tonelada de CO2, para diversos combustibles fósiles excluyendo el gas natural.

Se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 22% de lo que serían en 2030 pudiendo llegar a una reducción del 36%, y a llegar a 0% de deforestación para el año 2030 e invertir en medidas de adaptación para prepararse ante los impactos del cambio climático.

 

Perú

La energía renovable en Perú tiene el potencial de suministrar electricidad a más de 2.5 millones de personas, y se ha comprometido a aumentar el porcentaje de energía generada por fuentes renovables de un 27% en 2011 a 40% en 2021.

Perú se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país en un 20% por debajo de lo que serían en 2030 y también con medidas de adaptación para prepararse a las alteraciones climáticas, centradas en el agua, la agricultura, la pesca, el sector forestal y la salud.

El país hace hincapié en cinco temas transversales: manejo del riesgo de desastres, aumento de la resistencia de la infraestructura, promoción de la inversión privada, protección de las poblaciones más pobres y vulnerables, considerando explícitamente los temas de género.