Los silencios del mensaje de la presidenta: la última cuenta de un proyecto falseado

Álvaro Ramis

El mensaje presidencial del 1º de junio de 2017 quedará grabado como uno de los discursos más importantes de Michelle Bachelet. Entre las intervenciones de la actual mandataria que permanecerán en la memoria histórica deberían figurar al menos cinco. Cabe recordar su discurso al asumir el mando en su primer periodo, el 11 de marzo de 2006, donde propuso la idea del “gobierno ciudadano”, que reflejó un anhelo, frustrado, de quiebre con el “despotismo ilustrado” de Ricardo Lagos.

Otro discurso importante, que delineó una política para el periodo, fue el 14 de marzo de 2008, con motivo de la inauguración del XXVIII congreso del PS, donde por primera vez se refirió explícitamente a la necesidad de tener una nueva Constitución, proyecto que todavía no logra llegar a puerto. También su intervención como presidenta protempore de Unasur el 15 de septiembre de 2008, en el marco de una cumbre extraordinaria de presidentes que respaldó a Bolivia ante un intento de golpe de Estado. En esa ocasión, Bachelet presentó la “Declaración de La Moneda” que expresó una crítica abierta a la política intervencionista de Estados Unidos, y mediante una hermosa alusión a la figura de Salvador Allende fue enfática en el compromiso con el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos, la integridad e inviolabilidad territorial, la democracia y los derechos humanos en los países de la región. Por supuesto, también hay que recordar su discurso al regreso de Nueva York, en la comuna de El Bosque, el 27 de marzo de 2013. En esa ocasión, junto con aceptar su segunda candidatura presidencial delineó los elementos centrales del programa de la Nueva Mayoría y la orientación general de sus políticas.

Estos discursos, junto al mensaje presidencial de este año, representan lo mejor de Michelle Bachelet. En ellos ha hablado la voz de la militante socialista más auténtica, que normalmente, en medio de las vicisitudes del cargo presidencial, queda atrapada y no se suele escuchar. En su aspecto formal el discurso del 1º de junio denota la pluma de Pedro Güell, principal asesor de contenidos de la presidenta. Pero en su fondo es Bachelet misma la que ha hablado. Más allá de la cuenta de resultados, el número de obras públicas realizadas, las leyes aprobadas, las cifras y la casuística, Bachelet le ha dado a su último mensaje un tono mayor, que cierra su ciclo como figura de primer orden político. En síntesis, y para espanto de El Mercurio, la presidenta reivindicó de forma contundente y sin complejos la necesidad de las reformas en curso, y reconoció que deben ir más allá de lo que se ha hecho. Y para eso es necesario impedir el retorno de la derecha al poder. Hasta ese punto el discurso era impecable.

Confusión entre deseo y realidad

El problema es que Michelle Bachelet parece confundir sus deseos con la realidad. En entrevista con la agencia EFE el 31 de mayo, la presidenta se explayó en el sentido del discurso que daría el día siguiente. Y allí expresó algunas ideas desconcertantes. En síntesis, la presidenta afirmó que las reformas que emprendió durante su segundo gobierno han terminado con el sistema neoliberal: “Había algunos vestigios del modelo neoliberal con los que hemos ido terminando a través de las reformas. La educación era tal vez el más potente”, señaló. Durante toda la entrevista la presidenta habla en pasado a la hora de referirse a los problemas del país: “Chile tenía el sistema de educación más discriminatorio y segregado (…) En Chile se avanzó mucho, pero seguía habiendo una gran desigualdad. La nueva etapa requería hacerse cargo de las demandas ciudadanas”.

Si bien ningún actor racional debería despreciar o minusvalorar el esfuerzo de la presidenta y su voluntad de avanzar en un programa orientado hacia objetivos justos y bien intencionados, tampoco ningún observador juicioso podría decir que “los vestigios” del neoliberalismo se han superado con las reformas del actual gobierno. Ni mucho menos que “había” una gran desigualdad, o que “teníamos” una educación discriminatoria y segregada, o que “se requería” hacerse cargo de las demandas ciudadanas.

Esta confusión en los tiempos verbales es mucho más que un problema en la oratoria. Es un equívoco en la interpretación de la realidad. Es una diferencia entre considerar que lo que se ha hecho en el actual gobierno es un punto de llegada, que sólo hay que consolidar y prolongar, o al revés, que es sólo un anuncio, un diagnóstico de lo que se requiere, más que el comienzo de un nuevo ciclo político. Sin duda los historiadores dirán que el actual gobierno fue el último de la “era binominal” (1990-2018). Pero no podrán decir que fue el primer gobierno de una “era posneoliberal”.

Esta confusión puede atribuirse a la lejanía del poder, que lleva a disminuir la capacidad de los gobernantes para percibir el real impacto de las transformaciones sociales y culturales que se van produciendo. Desde una oficina de La Moneda se carece de sensores para palpar las incertidumbres de la sociedad y se subvalora la dura experiencia cotidiana de las personas con el modelo. También existe el natural narcisismo de los equipos de gobierno, que enfervorizados en medio de las batallas cotidianas pueden llegar a creer que lo que han hecho termina de una vez con los enemigos que han buscado derrotar. Pueden llegar a imaginar que lo reformado en estos años es un nuevo punto de partida, y que bastaría con seguir desplegando lo realizado para arribar a la meta. Este es uno de los puntos débiles en la argumentación bacheletista.

Silencios que resuenan

Pero el aspecto más intranquilizador en la intervención presidencial no radica en lo que se afirmó, sino en las ausencias. Silencio sobre lo que no se dijo por encima de lo que sí se dijo. Y silencio acerca de lo que derechamente no estuvo presente. En el primer caso el silencio radica en lo inacabado e incompleto de muchas de las reformas en curso y su escasa viabilidad legislativa. En su mensaje la presidenta anunció el envío de una batería de proyectos que poseen muy bajas probabilidades de arribar a buen destino. Y La Moneda lo sabe. Basta recordar la reforma constitucional al capítulo XV, que abra la puerta a un cambio de fondo y que justificó la elaboración de las bases ciudadanas de la nueva Constitución, mediante el proceso constituyente de 2016.

En situación igualmente incierta se encuentra la reforma al sistema previsional, la reforma a la educación superior, la aprobación de la ley de aborto en tres causales, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y una larga lista de otras propuestas que se han ido postergando una y otra vez por la dificultad de lograr mayoría parlamentaria para su aprobación.

Esta lista de anuncios se podría catalogar como una lista de anhelos más que una lista de realizaciones y resultados. Si antes del quiebre de la Nueva Mayoría esta agenda ya era difícil, después de la ruptura con la DC todo se ha complicado mucho más, en la medida en que los extremistas de centro que levantaron a Carolina Goic han iniciado su fuga hacia las alturas de la indefinición, esperando que los movimientos del sol les indiquen hacia donde inclinar sus favores.

Otro silencio de este tipo radica en no asumir las contradicciones internas de las reformas en curso. La Confech fue muy directa en su evaluación al mensaje presidencial al destacar que junto a “valorar ciertas propuestas”, se están estabilizando políticas neoliberales que permanecerán por largo tiempo. Sofía Barahona, presidenta de la FEUC, afirmó al respecto: “¿Qué va a pasar con el endeudamiento de los estudiantes? ¿Qué va a pasar con el lucro? Tenemos muchas instituciones que no adhirieron a la gratuidad y podrán seguir lucrando y estafando a las familias, enriqueciéndose con el esfuerzo de los ciudadanos… falta una camiseteada real del gobierno con las demandas del movimiento estudiantil”. Cabe recordar que todavía no se ha consolidado una legislación formal para la implementación de la gratuidad, la que deberá seguir aplicándose por medio de glosas y medidas excepcionales, lo que la pone en riesgo en caso de un triunfo de la derecha.

El segundo tipo de silencio de Bachelet radica en lo que no abordó. En algunos casos esta falta se puede agradecer, porque si se hubiera explayado no hubiera sido muy alentador el discurso. Es el caso de las escasas referencias a la política exterior, y la ausencia total de una política hacia América Latina. La gran “Declaración de La Moneda”, de 2009, parece un documento paleolítico, que no se condice con la actual política exterior chilena, que se ha alineado totalmente con la Alianza del Pacífico, ariete del neoliberalismo más recalcitrante, y en apoyo a las políticas intervencionistas de las OEA capitaneada por Luis Almagro.

Otro silencio clamoroso fue en materia laboral, asumiendo que las cifras de trabajo asalariado siguen en franca retirada frente al aumento del trabajo precario. Y la ausencia de una reflexión sobre la decadencia moral de las instituciones del Estado, que va mucho más allá del Parlamento y los partidos políticos. Los enormes fraudes de Carabineros y en el ejército hubieran ameritado una reflexión de fondo, pero la Nueva Mayoría no parece tener una política en materia de Defensa que vaya más allá de mantener fuera de las cámaras de TV a los militares.

El 1º de junio Michelle Bachelet comenzó a escribir sus últimas líneas en la gran política chilena. Todas las carencias, silencios y contradicciones de sus dos gobiernos impedirán que su figura se levante como un símbolo incuestionable para la Izquierda del futuro. Sin embargo, con todos estos enormes reparos, el juicio histórico le será favorable, porque supo mantener el timón con el norte en lo importante. Por eso no se equivocó cuando dijo en el Diario Financiero: “A mí no me interesa para nada un crecimiento económico brutal por sí solo, el crecimiento económico tiene que expresarse en una mejora en la vida de las personas (…) Y digo para las personas porque para aquellos que miden el gobierno solo por el crecimiento económico, evidentemente este no va a ser el gobierno de mayor crecimiento económico. Eso es evidente. Sin embargo, yo espero que todas aquellas reformas que han buscado darle más dignidad a las personas, más igualdad en sus oportunidades y derechos, queden plasmadas en la vida de la gente”.

*Publicado en  “Punto Final”, edición Nº 877, 9 de junio 2017.


Pedir perdón a los mapuches, un gesto “insuficiente”

Orlando Milesi-IPS

El inédito gesto de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los “errores y horrores” cometidos en su contra por el Estado de Chile, es considerado “insuficiente” por dirigentes indígenas y actores sociales que viven en la Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor territorio ancestral.

Todos ellos demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente violencia en contra de mapuches, cuyo último episodio sucedió el 14 de junio cuando carabineros (policías militarizados) lanzaron gases lacrimógenos durante un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los alumnos de su escuela, entre otros pobladores.

Los abogados del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el martes 27 un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad mapuche de unas 120 familias, situada en la región de la Araucanía, en el centro de este país sudamericano cuyo territorio se alarga en una estrecha franja entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.

“Esto de pedir perdón y reconocer que ha habido errores y sobre todo horrores es importante”, declaró Adolfo Millabur, alcalde de la pequeña ciudad de Tirúa, epicentro del ancestral territorio mapuche, sobre la declaración del 23 de junio de la mandataria socialista, en que también lanzó el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de Araucanía.

“Que un presidente de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión del Estado chileno al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucanía, haya reconocido errores y sobre todo horrores  creo que es un aporte”, sostuvo.

La llamada Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenían antes del conflicto a apenas medio millón.

Pero Millabur pidió “medidas concretas para reparar el daño causado” e indicó que “sería un buen gesto que se desmilitarizara la zona.  Están sufriendo los niños, hay víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que es militarizar la zona”.

La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la petición de perdón de Bachelet “apunta a mejorar el entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado”.

Pero también sostuvo que “ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas formas y métodos de dialogo, como el actuar de las policías en nuestras comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de la ley antiterrorista”.

Los alcaldes aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los continuos allanamientos de sus viviendas e instalación, el último la incursión en la escuela de Temucuicui.

Pobladores mapuches han sido detenidos y procesados bajo la ley antiterrorista, instituida en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochel (1973-1990) y aún vigente,  que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.

Según el último censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11 por ciento se declara indígena.

De los 1,9 millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches. También hay aymaras, atacameños, pehuenches y pascuenses, mientras aparecen sin población los alacalufes, ona y yaganes.

El sacerdote jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa, dijo a IPS que “es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón si no va acompañado de reparación justa”.

Bresciani cree, asimismo, que habrá dialogo con los mapuches “si se ponen sobre la mesa temas más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese dialogo se hace con todos los sectores por muy radicales que sean”.

El religioso alude a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucania, que designó Bachelet en enero del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó el pedido de perdón.

“Si quiere hablar de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su plan Araucanía”, dijo el religioso.

Jorge Pinto, doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la comisión asesora de Bachelet y ratificó a IPS que la propuesta para la Araucanía es “maciza y sólida”  e interpretó la petición de perdón como un gesto para retomar el dialogo.

“Lamentablemente nos falta más diálogo.  Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión  trae más violencia”, dijo Pinto.

Pero el académico pidió “avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que por el momento  han quedado afuera”.

Pinto admitió, asimismo, que “no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los recursos”.

“Nadie está proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región sino que necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato)  debe ser con quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras”,  afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho controlan el asiento ancestral mapuche.

El misionero jesuita Bresciani cree que “el tema no es primeramente de pobreza o de exclusión sino político”.

“En las propuestas se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral”, aseveró.

Según Bresciani, la situación de pobreza extrema en la Araucanía “es fruto de una política sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para hacer de las comunidades clientes del mismo sistema”.

Todos los actores sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes prefieren denominar como “el regreso del sol”, en coincidencia con el solsticio de invierno austral.

También resaltan el aumento de la enseñanza del mapuzungún, la lengua mapuche, en las escuelas de sus comunidades.

Además, subrayan la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo reemplazo no han afrontado los sucesivos gobiernos democráticos, que solo hicieron algunas limitadas reformas.

Advierten, empero, que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le quedan nueve meses en el cargo.

Difícilmente pueda concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras así como sus intereses.

El expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), pre candidato presidencial de la alianza de derecha Chile Vamos, quien encabeza las encuestas para suceder a Bachelet, estuvo de acuerdo con la petición de perdón de la mandataria a los mapuches.

“Sí, estoy de acuerdo con el perdón porque creo que a lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias contra el pueblo mapuche”, dijo Piñera. Añadió, sin embargo, que “el pedir perdón es un gesto, pero no soluciona ningún problema”.