El Ministerio Público presenta antejuicio contra el presidente por la muerte de las 41 niñas en orfanato estatal

Nueve minutos a más de 300 grados centígrados en un aula de 47 metros cuadrados. Así fue el incendio que se cobró la vida de 41 adolescentes, quienes fueron encerradas en una habitación del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por órdenes de quienes debían procurar su protección.

Esos fueron algunos detalles que presentó el Ministerio Público acerca de la segunda fase de la investigación relacionada con la muerte de las adolescentes, enfocada en los días 7 y 8 de marzo pasados.

Durante la presentación, en la que no participó el Ministerio de Gobernación ni la Policía Nacional Civil (PNC), las secretarias del MP y la Fiscalía Contra el Femicidio, expusieron que el jefe de la sección de Menores de la PGN, Harold Flores; la jefa del Departamento de Protección Especial contra el maltrato del Hogar Seguro, Brenda Chamám; y la defensora de la Niñez y la Adolescencia de la oficina del PDH, Gloria Castro, fueron testigos del maltrato hacia las adolescentes desde la tarde del 7 de marzo y no hicieron nada para detener la situación.

Según el análisis de las cámaras instaladas en el centro, a las 15:36 horas el personal del Hogar Seguro le abrió la puerta peatonal a un grupo de adolescentes que tenía planificado abandonar el lugar debido al maltrato que recibían, detalló el fiscal adjunto contra Femicidio, Édgar Gómez.

El director del Hogar, Santos Torres, desde el mediodía había alertado a la PNC sobre la fuga de los menores, según la fiscalía. A las 16:06 horas, la Policía retornó a un grupo de jóvenes y los ubicó frente al portón del centro, puesto que los encargados argumentaron que, tras el abandono, no podían dejarlos entrar salvo por orden de juez competente.

Minutos después, llegaron el extitular de la SBS, Carlos Rodas; la ex subsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller, la defensora Gloria Castro; y personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Ante la mirada de todos los funcionarios, llegó la noche y un equipo antidisturbios que usó gas pimienta para neutralizar a los jóvenes, según el MP. Una medida innecesaria, puesto que no había menores en conflicto con la ley penal, dijo la fiscal Contra Femicidio, Berónica de León.

Pasadas las 23:00 horas, los funcionarios acordaron el reingreso de los adolescentes y le delegaron el control a la PNC, de acuerdo con un acta en poder del MP, en la cual consta que la Defensora de la Niñez se retiró del lugar.

Adentro, los monitores no querían recibir a los jóvenes, lo que motivó otra acta, firmada por Rodas, Torres, Chamám y los trabajadores del Hogar Seguro.

Con base en esa narrativa, la fiscalía señala que los tres funcionarios incumplieron con sus atribuciones, que se

engloban en “velar por el interés superior del niño, niña o adolescente”.

Los jóvenes permanecieron más de siete horas a la intemperie. “En las diferentes imágenes se puede establecer que los adolescentes estuvieron en condiciones de vulnerabilidad –con frío, sucios y mojados– nadie tomó las medidas de protección para resguardarlos”, detalló la subsecretaria Ana Elena Guzmán.

La Defensora de la Niñez vio y consintió que los policías reprimieran a los adolescentes. “Los tenían tirados en el suelo, a algunos los engrilletaron”, puntualizó la fiscal De León. Fuentes policiales indican que algunos de los internos tenían conducta violenta.

A Harold Flores se le reprocha que junto al subinspector Luis Armando Pérez Borja buscó los espacios para recluir a los adolescentes, explicó De León: Las 56 mujeres en el área de Pedagogía y a los 52 varones en el auditórium.

La situación se agravó a la mañana siguiente, cuando ocurrió el incendio.

La Policía no abrió la puerta

Ambos salones, sin servicio sanitario, quedaron bajo custodia de la PNC por órdenes de los funcionarios de la SBS, detalló la secretaria general del MP, Mayra Véliz.

Las jóvenes prendieron fuego a las esponjas que les proveyeron para dormir, altamente inflamables, al igual que las bandejas de duroport en las que les sirvieron la comida.

La subinspectora Eva Lucinda Marroquín tenía la llave del candado del aula; abrió la puerta cuando las monitoras hicieron el conteo y cuando les sirvieron el desayuno. Pero no lo hizo cuando salía humo del salón, “simplemente porque no quiso”, manifestó la fiscal De León. A Marroquín se le sindica por homicidio, mientras que a los otros funcionarios por homicidio culposo.

El incendio de nueve minutos en un ambiente con escasa ventilación, generó gases que asfixiaron a 41 de las 56 jóvenes.

Los señalamientos hacia los funcionarios capturados ayer, se basan en el conocimiento de los hechos y su inacción para frenarlos. En entrevista con CNN en Español, el presidente Jimmy Morales reconoció que sabía “del candado” y del encierro de las menores.

Al final de la conferencia, se preguntó qué acción tomaría el MP frente a esa declaración, por lo que la secretaria general Mayra Véliz manifestó que se trasladaría a la Corte Suprema de Justicia la denuncia contra Morales presentada en marzo por los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán.

Ayer casi a las 18:00 horas, la queja llegó a la Corte y se inició el trámite de antejuicio contra Morales. Tardó tres meses, de acuerdo con Véliz, porque el MP debía efectuar diligencias previas, como el acopio del nombramiento y el acta de toma de posesión del mandatario.

El portavoz presidencial, Heinz Heimann, indicó que el Presidente es respetuoso de la Ley, por lo que solo espera ser notificado sobre la solicitud de antejuicio y así analizar el caso.

Capturas injustas

La procuradora General de la Nación (PGN), Anabella Morfín, aseguró que la detención del Procurador de la Niñez es injusta. Debieron citarlo, pues estuvo en constante comunicación con el MP, dijo.

El PDH, Jorge de León Duque, lamentó la aprehensión de la Defensora de la Niñez, pues consideró que actuó apegada a Derecho y en concordancia con su mandato constitucional, ya que en la institución han denunciado las violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes desde 2013.

Jueza bajo escrutinio

El MP también solicitó retirarle la inmunidad a la jueza de Paz, Rocío Murillo, quien no practicó la exhibición personal a favor de los adolescentes. La juzgadora fue notificada telefónicamente a las 19:55 horas, pero se constituyó a las 23:00.

41

Menores murieron en el incendio que duró 9 minutos.

El Periódico


Hogar Seguro: capturan a autoridades y solicitan antejuicio contra jueza

Cinco funcionarios públicos, entre ellos dos policías, fueron detenidos por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que dejó 41 muertas hace tres meses, informó la fiscalía. Un juez ordenó prisión provisional mientras llega el día de su primera declaración.

Los detenidos son empleados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Policía Nacional Civil (PNC).

Los cinco empleados públicos enfrentan cargos por delitos como homicidio, abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes, dijo la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera.

En la zona 5 capitalina fue detenida Gloria Patricia Castro Gutiérrez, de 57 años, actual defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH.

En la zona 13 se aprehendió Harold Augusto Flores Valenzuela, 55, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN.

Mientras que en la zona 5 de Villa Nueva, fue detenida Brenda Julissa Chamam Pacay, 42, jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas de la PGN.

El Ministerio Público (MP) informó que las capturas son en seguimiento a la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde el pasado 8 de marzo murieron 41 niñas y adolescentes quemadas.

Tambien fue capturado, Luis Armando Perez Borja, subcomisario de la PNC y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, subinspectora de la PNC.

Pérez Borja es señalado de los delitos de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad, mientras que a Marroquín Carrillo se le señala de homicidio y maltrato contra personas menores de edad. Los operativos en este momento continúan.

Los capturados

Gloria Patricia Castro Gutiérrez
Harold Augusto Flores Valenzuela
Brenda Julissa Chamam Pacay
Luis Armando Perez Borja
Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo
Antejucio

A las 10.30 horas, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una solicitud de antejuicio en contra de la Jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez.

La solicitud se hizo por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.

La jueza Murillo Martínez no practicó una exhibición personal que debía haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el hogar seguro.

Clamaban ir al baño

La fiscal Verónica de León dijo en conferencia de prensa que el personal de la PGN se retiró del Hogar Seguro, “dejando a las y los adolescentes en un lugar infrahumano”.

“Las adolescentes clamaban para que las dejaran ir al baño porque ya había transcurrido demasiado tiempo y no se habían podido asear”, refiró De León.

La fiscal señaló que uno de los testimonios da cuenta que cuando la monitora acudió a pasar lista, del salón emanaban olores fétidos debido a que las menores habían permanecido durante horas con la ropa con la que intentaron huir por un río de aguas negras, además de que se vieron obligadas a hacer sus necesidades fisiológicas adentro del cuarto.

“Simplemente no quiso abrir”

De León también reveló que la subinspectora de la PNC, Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, era quien tenía la llave y estuvo todo el tiempo frente al salón donde fueron encerradas las adolescentes.

“Pudo ver que las adolescentes se estaban quemando y no abrió la puerta”, dijo la fiscal.

Acerca de la pregunta de por qué la subinspectora policial no abrió la puerta, De León indicó que “simplemente no quiso abrir”.

Ana Elena Guzmán, subsecretaria del Ministerio Público (MP), informó que a eso de las 23.15 horas se levantó un acta suscrita por personal y autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y representantes de la PGN, en la cual acordaron el reingreso de los adolescentes y también delegaron el control del centro a la PNC.

“La Procuraduría de los Derechos Humanos fungió como intermediario y posteriormente se retiran del lugar”, declaró.

En prisión provisional

El juez Cuarto Penal, Carlos Guerra, quien conoce el caso del Hogar Seguro, informó a los capturados el motivo de su detención y les ordenó prisión provisional en la cárcel de la Brigada Mariscal Zavala, zona 17.

La audiencia de primera declaración fue programada para el martes 20 del mes.

En la audiencia el juez ordenó al Procurador de los Derechos Humanos abstenerse de emitir opinión con relación al caso de la Tragedia en el hogar.

Prensa Libre