Chile: casi un 10% de la población se declara perteneciente a algún pueblo originario, según escuesta

El centro ceremonial ‘Leli Antu Ruka Mew’ de la comuna de la Cisterna recibió este miércoles 26 de julio al Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, junto a la Subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner; el Director Nacional de Conadi, Alberto Pizarro; y el Alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, quienes presentaron los principales resultados de la Encuesta Casen 2015 sobre Pueblos Indígenas.

Luchando por conservar sus manifestaciones propias, las 1.585.680 personas que declararon pertenecer a uno de los nueve pueblos originarios reflejan que la mayor cantidad de la población indígena presente en Chile se declara Mapuche, alcanzando un 83,8% del total, es decir 1.329.450 personas. Muy de lejos en las estadísticas, continua la población Aymara, que corresponde a un 6,8 %; los Diaguitas, con un 4,0 % o los Rapa Nui, con un 0,3%.

“Hemos sido discriminadas en muchas áreas de nuestra vida, en lo laboral, la educación, por eso es necesario que se evidencian estas brechas para que se pueda trabajar en mejorar las condiciones. Queremos que el Gobierno cree políticas para que esto se norme. Nosotras no deberíamos sentir vergüenza por lo que somos pero la sentimos durante mucho tiempo. Esto debe tener un corte, hemos luchado para sentirnos integrados, para darnos a conocer, nos hemos educado para lograrlo”, señaló una de las asistentes al evento, ataviada con vestimentas tradicionales de la cultura mapuche.

Cifras y conceptos estadísticos

Si bien el porcentaje de descendientes o pertenecientes autoreconocidos ha aumentado en 2,4 puntos porcentuales en comparación a la última medición – que data del 2006-, la revitalización de las culturas de los pueblos originarios dista mucho de las condiciones adecuadas de vida, al menos en las entendidas dentro de la caracterización de pobreza que mide el instrumento gubernamental a cargo del Ministro de Desarrollo Social y aplicado por el Instituto Nacional de Estadísticas en conjunto con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.

La encuesta se dice ser representativa de las quince regiones del país ya que además tiene muestras de 139 comunas, que concentren el 80% o más de las viviendas de la región analizada. Así, la entrevista voluntaria y anónima fue aplicada en 83.887 hogares, en representación de 266.968 personas, entre el 2 noviembre de 2015 y el 31 de enero de 2016.

Mediante distintas categorías de análisis se establecieron algunos criterios para caracterizar a las y los encuestados, resaltando los índices relativos a la pobreza, que fueron divididos de acuerdo a los ingresos y las condiciones mínimas para la subsistencia. Por ejemplo, se entrega el dato que el ingreso mensual mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, tomando en cuenta a cuatro integrantes de un hogar, corresponde a $400.256. Inferior a esta cifra, se considera ‘pobre’ y si el monto no alcanza al menos los 2/3 de esta cifra, es catalogado como de ‘pobreza extrema’.

Asimismo, la llamada ‘pobreza multidimensional’ refiere a quince indicadores, 3 por cada dimensión relevante para el bienestar, como son la educación, la salud, el trabajo y seguridad social, la vivienda y el entorno o las redes y la cohesión social. Si acumulan 22,5% o más carencias en estos ámbitos, las personas habitantes del hogar encuestado se consideran en este estado.

Con respecto a estas mediciones, se aprecian disminuciones durante los últimos años, ya que entre 2006 y 2015, la pobreza por ingresos entre personas pertenecientes a pueblos originarios disminuyó de 44,0% a 18,3%, observándose además una reducción estadísticamente significativa en el periodo 2013-2015 en que decreció de un 23,4% a un 18,3%.

Si bien la tasa de pobreza por ingresos de las personas que declaran pertenecer a un pueblo indígena muestra valores superiores respecto de los observados en población no indígena, es decir un 18,3% versus un 11,0%. En el año 2015, la brecha observada entre ambos tipos de hogares se redujo en 2,6 puntos porcentuales para el período 2013-2015, alcanzando un 16,4 %.

Asimismo, aunque más moderada, la pobreza multidimensional también ha mostrado reducciones en el tiempo, decreciendo de un 43,0% a un 28,4% entre los años 2009-2015, considerando la medida comparable con cuatro dimensiones: vivienda, salud, educación, trabajo y seguridad social. A su vez, entre el 2013 y 2015, se registró una baja de 2,8 puntos porcentuales, cayendo de un 31,2% a un 28,4%. De todas formas, un 30,8 % del total de personas perteneciente a pueblos indígenas se encuentra en situación de pobreza multidimensional- versus un 19,9% de la población no indígena. Por último, si se incorporan los indicadores de entorno y redes, la pobreza de las personas pertenecientes a pueblos indígenas llega al 30,8%.

Datos y números a relevar

En cuanto a la distribución geográfica, los resultados de la Encuesta Casen 2015 ilustran que el 30,1% de la población indígena está en la Región Metropolitana, mientras que un 19,6% habita en la de La Araucanía. No obstante, si se analiza el porcentaje de pueblos originarios por región, en la novena se registra un 31,7% del total de la población, con un 99,1% mapuche; seguido de Arica y Parinacota, con un 25,9% del total, autoreconociéndose como aymara un 82%. Se revela además que el 75,3% de esta población reside en zonas urbanas, mientras que el 24,7% restante lo hace en zonas rurales.

Por su parte, el instrumento de análisis afirma que los jefes de hogares indígena alcanzan 418.986 personas, siendo un 42,6% mujeres y un 55% con niños integrantes del grupo familiar. Por ello, se sostiene que el 69,7% de los hombres trabajan versus el 47% de mujeres. También se aprecian diferencias en las tasa de ocupación. Mientras que la población indígena se encontraba ocupada en un 52,5%, en la población no indígena la tasa de ocupación es de 54,1%. Este índice también se ha elevado en el tiempo para la población indígena: si el año 2009 era de 49,2%, el 2013 fue de 51,5%.

Relativo a los ingresos promedio que obtienen por el trabajo, se entrega la información que éste corresponde a$ 372.073, con un valor por hora trabajada de $2089. “Esta cifra es indignante ya que la brecha salarial de una persona indígena en relación a una no indígena llega a un 32%, lo que nos muestra que en Chile persiste la discriminación, persiste el sesgo y que el mercado laboral no es capaz de adecuarse todavía con justicia social a políticas remuneracionales, que dignifiquen tanto a las personas indígenas como a las no indígenas, ahí tenemos un desafío y ciertamente que es parte de las políticas públicas que hay que profundizar”, afirmó el responsable de la cartera de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

En términos de educación, si bien existen 16 mil estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, el analfabetismo alcanza un 4,7% del total, reflejado en mayor porcentaje entre las personas de 60 o más años, con un 16,8%. Además, un 78,6% no habla ni entiende alguna lengua originaria; sólo un 10,7 habla y entiende. De ellos, el 14,2% de las personas que hablan y entienden se encuentra entre los 45 a 59 años.

Al mismo tiempo, es importante destacar que al año 2015 no hay importantes diferencias en la proporción de niños, niñas y adolescentes que asisten a un establecimiento educacional de educación parvularia, básica o media, según su pertenencia a algún pueblo indígena. Sin embargo, se observa una brecha importante en la tasa de asistencia a la Educación Superior (18 a 24 años), donde el porcentaje de población indígena es de un 31,3%, versus 38,1% de la que no lo es.

Independiente de ello, el 19,3% de los hogares declara haber sufrido discriminación por pertenecer a un pueblo indígena, debido a su apariencia física o al nivel socioeconómico en que podría situársele.

Por ello, cobra vital relevancia el pronto despacho del Ministerio de Pueblos Indígenas -que se encuentra en proceso de votación particular dentro de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. A pesar de la suma urgencia de debate en que se encuentra este crucial avance, prioridad legislativa para este 2017 según la última Cuenta Pública, la rápida tramitación está entrampada, al igual que el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que contempla la creación de nueve consejos consultivos.

De todas formas, el próximo 3 de agosto se efectuará una consulta indígena, que permitirá generar aportes que puedan ser incluidos en una nueva Constitución, configurando las bases para un reconocimiento constitucional efectivo, que contemple los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos políticos con participación efectiva de los pueblos originarios, que tal vez podrían constituirse y avanzar logrando algunos escaños en las Cámaras, luego de las elecciones parlamentarias de final de año.

El Ciudadano