Ecuador: el Congreso aprueba censura contra el excontralor Carlos Pólit por vínculos con Odebrecht

La sesión en la Asamblea Nacional inició a las 15:30 del domingo 2 de julio del 2017. Y alrededor de siete horas después el excontralor Carlos Pólit fue censurado con 132 votos a favor, de los 133 legisladores presentes. Marcelo Simbaña, del movimiento Creo, fue el único en abstenerse.

Hasta las 22:30 habían intervenido 17 legisladores, sin contar los 80 minutos de intervención de Daniel Mendoza, el oficialista que impulsó el juicio político. Estaban inscritos para participar aún una veintena de legisladores, sin embargo, Mendoza mocionó la censura de Pólit y el envío del informe de la Comisión de Fiscalización a la Fiscalía.

La moción llegó después de la intervención de la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla, ante cuyo discurso varios miembros de la oposición empezaron a reclamar y pedir réplicas.

Pese a los reclamos de los legisladores que querían participar, el oficialismo apoyó la moción y el presidente de la Asamblea, José Serrano, ordenó la votación y aclaró que no había derecho a réplica en este tipo de debate.

La censura de Pólit será enviada a los 12 países que están involucrados en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El debate se dividió en dos temas centrales: la reformación de la Contraloría y la corresponsabilidad de otros actores en el problema con la corrupción.

El primer tema lo han impulsado varios legisladores oficialistas y sus aliados. La socialista Silvia Salgado, por ejemplo, habló de fortalecer la institucionalidad, de reformar la Ley Orgánica de la Contraloría y que ajustarla a la nueva realidad del país.

El socialcristiano Luis Fernando Torres, sin embargo, les recordó que el juicio busca censurar a Pólit, no a la institución. Ya que se pondría en duda el trabajo técnico de los equipos de auditoría, que en estos diez años han examinado más de USD 980 000 y emitido más de 20 000 informes.

Homero Castañeda, de Creo, habló de la corresponsabilidad de Alianza País y del Consejo de Participación Ciudadana en la designación de las autoridades de control.

El Comercio