Faltó decisión política para la integración. Un ALCA de facto

Faltó decisión política para la integración. Un ALCA de facto

Aram Aharonian

Pareciera que ya no hacen falta Tratados de Libre Comercio de nueva generación: de facto, sin tener en consideración las constituciones nacionales ni las normas jurídicas internas e internacionales, la derecha enquistada en el poder en Sudamérica avanza hacia la imposición de un bloque político-comercial digitado desde Washington, que reivindica el proyecto frustrado del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El plan es el mismo del ALCA y hoy encuentra en los gobiernos de derecha de Argentina y Brasil –uno llegado por los votos, otro por golpe de Estado– la decisión de retomarlo, hablando de flexibilización, modernización, inserción en el mundo, señala Rubén Armendáriz, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

Para ello obturan programas alternativos como un Mercosur más fuerte, con falaces argumentaciones jurídicas y con decisiones que no se adaptan a ningún tratado ni a ninguna normativa –creando una realidad de inseguridad jurídica en la región que, obviamente, significará un cúmulo de dudas en el momento de exigir inversiones–, alentando una mayor concentración y menor importancia relativa del trabajo, la desregulación de las industrias de servicios y la ruptura de toda norma proteccionista, nacional o regional, de compras gubernamentales. Pero más allá de esta ofensiva neoliberal y dependiente de los mandatos estadounidenses, hay que recordar que en la última década, después de la derrota del ALCA en Mar del Plata, nuestros países no privilegiaron –porque no pudieron o no quisieron– la conformación de un gran mercado interno plurinacional basado en la complementación productiva, ni priorizaron el progreso tecnológico conjunto a través del aumento del stock de conocimiento, pero enfatizaron el sendero de la división del trabajo, aprovechando la demanda asiática de productos.

La cuestión visible en la llamada crisis del Mercosur es el nivel de
cumplimiento “a tiempo” de sus normas por parte de Venezuela, que
afi rma que cumplió el 93 por ciento en sólo cuatro años, mientras que
otros socios no lo han logrado en los 25 años de funcionamiento. Argentina, Brasil, Paraguay –con la ambivalencia permanente de Uruguay–
primero le saquearon a Venezuela la presidencia pro tempore que le correspondía.

Se plantea el tema ideológico como causa del quiebre, pero cabe recordar que Venezuela fue incorporada como miembro pleno para completar geopolíticamente al bloque, fortalecer la matriz energética y acumular poder para jugar con mayor fuerza en un mundo que el Mercosur (de entonces) insistía que debía ser multipolar. Lo mismo sucedió con Bolivia, que desde 2015 es Estado parte y será miembro pleno cuando (si) todos los congresos ratifi quen su incorporación. La diversidad se mantuvo incluso respecto de los estados asociados al bloque: Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Guyana y Surinam.

La separación de Venezuela del bloque regional se da en medio de fuertes presiones para avanzar en el acuerdo de integración asimétrica del Mercosur con la Unión Europea, en una negociación en la que Venezuela no participa. Todo parece indicar que el Mercosur volverá a ser el organismo para el comercio de las grandes empresas trasnacionales y para intercambios comerciales en términos desiguales con grandes potencias, desconociendo las asimetrías existentes, recuerda Armendáriz.

La Asamblea Interparlamentaria Europa-América Latina (Eurolat) celebrada en Montevideo en septiembre último advirtió que cualquier posible acuerdo entre la UE y el Mercosur “debe basarse en la defensa de las economías locales, el respeto a la soberanía de los gobiernos y su capacidad de regular la economía”. Asimismo, condenó los tratados de libre comercio en vías de negociación y que afectan a los dos espacios: tratados como el TTIP, el CETA, el TISA y el TPP, que “buscan profundizar en la liberalización de la economía, la privatización de servicios públicos y la desprotección del medioambiente, priorizando el benefi cio privado a la
soberanía de los pueblos y la democracia”, reza el documento conjunto.

Obviamente, un acuerdo con la Unión Europea profundizará las asimetrías en perjuicio de las economías y sociedades del Mercosur, que basarían su economía en la exportación de productos agrícolas, lo cual, en una balanza comercial, frente a la importación de productos tecnológicos e industriales, supondría una pérdida, señala el parlamentario europeo Xabier Benito. Existe una América Latina en disputa, donde la integración política exige mayor relacionamiento económico para superar la actual restricción externa. El ALBA no logra dar el salto verdadero para disputar el ámbito económico y pareciera condenado a ser  marginalizado ahora que la Alianza del Pacífico acelera su proceso de inserción, dependiente de los centros de poder económico a escala mundial.

Un análisis certero

Quizá uno de los mejores análisis sobre la situación de la integración regionallo realizaron los participantes de los dos Foro sobre el Futuro de la Integración Regional: funcionarios, dirigentes políticos, movimientos sociales, pequeños y medianos empresarios, centrales sindicales, académicos, estudiantes reunidos en Montevideo, Uruguay, a fi nes de 2016 y en julio de 2017, convocados por la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA).

No fue sólo un diagnóstico, sino la suma de una serie de iniciativas y propuestas desde los ámbitos de la relación con la coyuntura económica, la integración con la economía mundial, la integración productiva, la integración financiera, y la dimensión social de nuestros organismos
regionales, en plena crisis en el Mercado Común del Sur (Mercosur).

La integración aparece para la gente cuando toca la cotidianeidad. El ciudadano común no ha percibido a los organismos de integración regional como ventaja y no hay una captación de la realidad de los procesos, que no pueden ser inmediatistas sino de largo plazo. No ha habido apropiación ciudadana de la integración ni se ha avanzado en la construcción
de ciudadanía común: se insiste en la libre circulación de mercaderías, pero no de los ciudadanos. No hay información ni desde los organismos ni desde los movimientos hacia la ciudadanía. Se hace imprescindible multiplicar la información dentro de las organizaciones sociales y sindicales y estar atentos a la invisibilización de los procesos de lucha.
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Al empeoramiento del cuadro económico-comercial-financiero se suma en paralelo un regresivo cuadro político en la región, con gobiernos que asumen una agenda neoliberal de ajustes económicos antisociales y recesivos, el aperturismo dogmático, intentando avanzar rápidamente hacia tratados de libre comercio asimétricos con países centrales, y una mayor exposición a movimientos especulativos y fugas de capitales para ahondar el endeudamiento público sin correlato de inversiones productivas y/o infraestructura, lo que conlleva a profundizar aún más los desequilibrios internos y externos.

Sin lugar a dudas, existen causas y presiones exógenas significativas, incluidas no sólo las causas económicas y financieras sino también las políticas. Pero ello no debe excluir la necesidad de priorizar también un análisis crítico y sincero sobre la evolución observada, para avanzar en una interpretación común que permita reconocer y asumir los problemas,
debilidades y falencias, y generar programas y propuestas alternativas consistentes.

El desprecio por la integración regional se ha evidenciado a nivel institucional y en forma notoria en el Mercosur, al inhibirse su funcionamiento unitario y marginarse en forma ilegal, contra sus fundamentos constitutivos y normativos, la presidencia pro tempore y la participación plena de la República Bolivariana de Venezuela. Por una visión limitada por las condiciones económicas y  financieras circunstanciales favorables en la década que va hasta el 2011-2012, los positivos avances políticos y sociales por parte de gobiernos con apoyo popular y posiciones antineoliberales no se correspondieron con cambios estructurales de las matrices productivas y los lazos de complementación económica y financiera regional.

Es un déficit que debe ser claramente reconocido. No se debe aspirar sólo a denunciar e interpelar los retrocesos evidentes en la integración regional, sino que se debe contribuir a la elaboración de propuestas alternativas concretas y realistas, y no meramente declamatorias. Es una disputa política, cultural y técnico-instrumental.

Debe por ello indefectiblemente retomarse el debate sobre el modelo de desarrollo de/para América Latina y el Caribe. Entre los temas que deben ser sincerados para cualquier intento de integración con la economía mundial se encuentran: a) los problemas del libre comercio acelerado y desequilibrado entre economías con tamaños, grados de desarrollo y niveles de productividad distintos; b) la actitud y las posiciones de países grandes en relación con los países chicos y la persistencia de conflictos (por ejemplo, Argentina y Uruguay), c) la actitud y las posiciones de sectores públicos y privados, d) la mayor extranjerización de las economías y la desarticulación del rol del Estado y de las burguesías nacionales como participantes económicos activos clave.

Es necesario plantearse e intentar responder la pregunta elemental: ¿para qué sirve hoy la integración regional?, y reconocer lo mucho que es posible y necesaria. Sumar al econocimiento de condiciones objetivas la claridad y el apoyo político amplio para una complementación que atienda los desafíos de un desarrollo con una agenda económica y
social común progresista, armónica, complementaria y no dependiente exclusivamente de los ciclos y condiciones extrarregionales. Para ello se necesita analizar, debatir y proponer conjuntamente un posicionamiento económico, comercial y fi nanciero común realista, consistente y sustentable ante el ahondamiento de la crisis. También es fundamental contar
con una visión geopolítica común independiente no basada en intereses particulares, ilusiones, preconceptos o dogmatismos, que rechace la intención de firma inmediata de TLC en forma no transparente y bajo una lógica globalizadora descompensada, que inhibe la imprescindible diversificación de la matriz productiva.

Asimismo, es necesario establecer mecanismos activos para evitar mayores  descompensaciones regionales de las cuentas externas; evitar la generalización de devaluaciones competitivas; coordinar mecanismos para cuidar y direccionar el ahorro regional y evitar la fuga de capitales; diferenciar y privilegiar el tratamiento de las relaciones intrarregionales ante tendencias proteccionistas crecientes; y estudiar y proponer una estrategia unifi cada de negociación de acuerdos comerciales, rechazando presiones para que se realicen en forma individual y, por lo tanto, en condiciones de negociación más desventajosas.

En general, cuando se habla de integración sólo se habla de una parte de ésta, la comercial, olvidando la enorme labor y movilización unitaria que sostuvieron y sostienen los movimientos políticos y sociales para esclarecer las consecuencias de negociaciones internacionales negativas para las economías y la sociedad, signifi cativamente llevadas adelante en forma reservada pese a su trascendencia estructural. Si bien la integración
productiva ha sido permanentemente enunciada como un objetivo central, es preciso reconocer que ésta no ha avanzado concretamente de acuerdo a las necesidades y potencialidades de complementación regional. Requiere de políticas públicas activas complementarias entre las economías, con un horizonte de largo plazo en temas centrales tales como producción y actividades de sectores estratégicos, educación, investigación y desarrollo, política industrial, de aranceles del comercio exterior, coordinación cambiaria y tributaria, compras públicas, financiamiento para el desarrollo, inversión extranjera, mejoramiento de la productividad.

El cambio en la matriz productiva tiene que ver esencialmente con agregar valor y trabajar con las heterogeneidades estructurales. Las actuales reglas de juego no impiden la generación de políticas que tengan el fi n de aprovechar mucho mejor nuestras capacidades de generar valor, con cadenas agroalimentarias. Mediante las cadenas productivas sociales,
un gobierno que compra, por ejemplo, determinado bien agrícola para sus programas nutricionales o sociales podría adquirir la misma mercancía localmente en vez de importarla.
Los proyectos para integrar la región, como los de infraestructura, pueden contribuir a este proceso en la medida en que se demanden materiales que contengan componentes locales. Se puede impulsar de manera conjunta la petroquímica, los emprendimientos hidroeléctricos,
las refi nerías, entre otros. Asimismo, las grandes transformaciones productivas no resultan sólo de la iniciativa del mercado, sino también de la programación y la planificación del desarrollo productivo. La región abandonó la industria. Ha estado decreciendo en los últimos diez años.

Hay que relanzarla como un factor de creación de valor. No podemos seguir vendiendo petróleo, minerales y cereales como base de nuestro desarrollo, esperando que bajen o suban los precios de los commodities. Tenemos que procesar esos productos y formar cadenas de valor, que actualmente explican el 80 por ciento del comercio mundial.

En la identificación de la integración productiva se ha confundido el desarrollo de “cadenas de valor” horizontales y verticales en mercados abiertos y desregulados para empresas multinacionales –que observan y flexibilizan sus actividades de acuerdo a ventajas circunstanciales de costos y localización dentro de complejos altamente globalizados– respecto de una integración productiva que requiere objetivos puntuales, políticas activas y planificación estratégica sectorial, en el marco de una
visión básica compartida. Las políticas que tratan de imponer gobiernos neoliberales de ajustes fiscales recesivos, mayor apertura externa y mayor privatización/extranjerización de las actividades económicas profundizan la crisis y los desequilibrios estructurales.

Para cualquier intento de integración productiva es imprescindible la recuperación de la demanda interna y regional, y una inserción internacional más armónica y diversificada para revertir el proceso de concentración del ingreso. Asimismo, impulsar una más amplia diversifi cación de las matrices productivas y económicas en general –incluyendo los servicios– para garantizar un desarrollo económico, social y ambiental armónico. Paralelamente debe analizarse el crecimiento de la productividad, la garantía de empleos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de la población.

En lo que respecta a la integración financiera, debe ponerse atención central en tres problemas modales crecientes: a) el aumento de los défi cit de las balanzas de pago; b) la fi nanciarización de las economías y la ausencia de limitaciones adecuadas a la apropiación de rentas financieras, agropecuarias y extractivas, que han obstaculizado seriamente el
proceso de integración fi nanciera; y c) la alta exposición a movimientos especulativos y fugas de capitales. Antes de preparar cualquier proyecto de integración financiera es preciso analizar experiencias vividas respecto de la inadecuación de las estructuras burocráticas estatales a las líneas trazadas por los gobiernos democráticos para poner el sistema financiero acorde a las prioridades públicas y privadas, y dimensionar el estudio
y la ponderación de la necesidad de mecanismos de complementación fi nanciera y de salvaguarda ante el impacto del ciclo de inestabilidad monetaria y fi nanciera que está atravesando la región –Banco del Sur, intercambios con monedas locales, regulaciones de la cuenta capital, fondos y mecanismos de complementación de reservas–.

Se debe entender que la problemática fi nanciera se profundiza por el crecimiento de la concentración de excedentes e ingresos, por la “captura de controles” por parte del propio sector fi nanciero, y por la permisividad en los movimientos que ha dado lugar a la multiplicación de la especulación y la fuga de capitales. Por ello es necesario el seguimiento y la
formulación de recomendaciones y orientaciones dirigidas al logro de la estabilidad monetaria y financiera, por un lado, y por el otro promover el desarrollo a largo plazo, de forma de canalizar los excedentes de ahorro hacia la inversión productiva y social. Tras los más recientes escándalos, se acrecienta la necesidad de controles a los fl ujos de capitales y de la puesta en marcha de mecanismos permanentes de auditoría ciudadana de la deuda.

La experiencia acumulada apunta a la necesidad de poner en marcha escuelas de formación de cuadros especializados en la administración fi nanciera, que respondan en forma independiente a la defensa del interés público. Además, se hace imprescindible un mayor diálogo e intercambio entre los espacios políticos y los ámbitos académicos pro-integración,
una mayor discusión en relación con los distintos paradigmas de desarrollo y su signifi cado, como la necesidad de la democratización real del debate sobre los acuerdos, alianzas, convenios que se propongan negociar y/o celebrar. Desde los sectores progresistas, y en especial los movimientos sociales, se expresan duras críticas a los Tratados de Libre
Comercio –que incluyen cláusulas de mayor liberalización fi nanciera– y a los tratados de protección de inversiones, ya que su implementación devendría en la pérdida de soberanía, por la ampliación de la inestabilidad y la mayor dependencia fi nanciera.

Cabe recordar la negativa experiencia de Europa a partir del Tratado de Maastricht de 1992, cuyo sesgo liberalizador y también favorecedor de los intereses del sector fi nanciero en lugar de los de la integración, coadyuvó a ahondar desequilibrios y, por ende, a una mayor desintegración.

Asimismo, se debe tener en cuenta el agotamiento de las instituciones de Bretton Woods, evidenciado en la crisis 2007-2008 y en particular –en nuestra región– por las muy negativas experiencias de políticas y recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que hoy vuelven al ataque.

La cartografía de la participación social se ha vuelto más densa, compleja y fragmentada, y, paralelamente, desconocida para la mayor parte de la ciudadanía de la región. Si el derecho de participación social es obstaculizado de facto o manipulado, se niega la ciudadanía y se socava la legitimidad democrática del organismo integrador. Se constató la ausencia de estudios rigurosos, con una amplia perspectiva histórica, que den cuenta de la trayectoria social compartida por nuestros países, lo que podría contribuir a la construcción colectiva imprescindible de una conceptualización original y anclada en la realidad de nuestra región, así como con la elaboración de propuestas para ampliar y profundizar la participación en un contexto de grandes cambios que requiere la intensa refl exión y participación social.

Mientras se trata de invisibilizar los demás organismos de integración, hoy se busca convertir al Mercosur en un esquema “flexibilizado”, estructurado en torno al libre comercio, que conlleva el desmantelamiento de los mecanismos que en la última década buscaron promover la participación popular y la inclusión social, e incluso se apunta a desarticular
compromisos establecidos por el Tratado de Asunción que dio origen al bloque, como la perforación del arancel externo común o la política comercial común. Se debe recordar que fue gracias a la participación activa de los movimientos sociales y sindicales que se logró avanzar en el Mercosur, en logros trascendentes como el Acuerdo Multilateral de Seguridad Laboral y la creación del Instituto Social. Se debe destacar la importancia de los actores sociales en la construcción de la agenda de la integración, acompañando los procesos de formación y articulación, tejiendo alianzas pero sin desnaturalizar su representatividad, con nuevas formas de organización, actuando como sujetos de transformación.

Es necesaria la participación más activa de la academia y las universidades en los procesos de integración y en la elaboración y el debate teórico de las distintas formas de integración no sólo comercial, sino cultural, social, ciudadana. Hoy el modelo de integración que se quiere imponer pone en riesgo nuestras formas de democracia. Uno de los problemas radica
en cómo estimular la participación social en el rediseño del modelo de integración para que los gobiernos no la digiten. No se puede borrar el pasado, no se puede borrar la institucionalidad sin reinventarla, transformando los espacios –más democráticos– para garantizar la participación social en la construcción de la integración a través de una estrategia y agenda comunes.

Existe una coincidencia en la alianza, indispensable en lo social, de sindicatos, estudiantes, movimientos sociales, cooperativas, pequeñas y medianas empresas con lo político, pero no supeditada a las necesidades de los políticos, para la defi nición de un programa estratégico que logre la construcción de espacios de integración en la diversidad. Es necesaria la articulación del bloque social y político con agenda propia, que se transforme en una apuesta superadora de la burocratización, con un entramado que trascienda lo reivindicativo. Incorporar a los estudiantes, a sus organizaciones regionales, a las universidades en la construcción de itinerarios. En esta etapa de crisis no se debe perder la capacidad de
acción de los movimientos populares. Y si desmantelan, copan con ONG o invisibilizan los espacios de participación, hay que pensar en la organización de contra-cumbres sociales, paralelas a las de los mandatarios.

Asimismo, ante las amenazas de toda índole que padecen los migrantes, hace falta por parte de nuestros gobiernos una actitud enérgica en la defensa de los derechos humanos, superando la actual postura de indiferencia ante las deportaciones, la tensión racial, la incertidumbre económica y el riesgo de daños a la integridad física y emocional de los
migrantes. Es urgente, también, la acción de cara a los renovados bríos cobrados por el racismo y la xenofobia, no sólo entre los ciudadanos estadounidenses a partir de la campaña y el triunfo en la elección presidencial de Donald Trump, sino también en varios países latinoamericanos.

Como corolario, se puede concluir que nuestros gobiernos progresistas han sido débiles para impulsar la integración regional, para lo cual faltó decisión política. Se avanzó en la integración política, pero no hubo claridad ni decisión para asumir la complementación económica ni una
nueva arquitectura financiera común. Durante una década se disertó sobre la primavera de la integración, pero no construimos un modelo de integración regional; no hubo decisión política para ello. Es claro que la integración debe ser productiva, fi nanciera y social, y requiere una estrategia común con políticas activas de complementación y desarrollo. La desintegración “globalizadora” amenaza a los derechos sociales y laborales, y puede generar tensiones y conflictos regresivos: proteccionismo chovinista reactivo, tensiones migratorias.

Sin lugar a dudas hay necesidad de corregir errores, coordinar discursos y estrategias. La hegemonía del capital financiero –que canaliza hacia actividades especulativas gran cantidad de recursos que podrían estar dirigidos a actividades productivas, con generación de bienes y de empleos– es un fenómeno general del capitalismo en su era neoliberal. De haberse aprovechado los procesos de integración, en particular en un Mercosur que cumplió 25 años y donde hubo más homogeneidad, se hubiera podido formular y poner en práctica un modelo de desarrollo productivo que neutralizara y superara los efectos de la especulación financiera.

No hubo decisión política, pese a los discursos, cánticos y consignas integracionistas.

(Del libro El progresismo en su Laberinto, Editorial Ciccus)


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