Los pueblos indígenas no están en la agenda de los gobiernos centroamericanos

Los pueblos indígenas no están en la agenda de los gobiernos centroamericanos

Tomás Andréu – Noticias Aliadas

El abogado salvadoreño Jesús Amadeo Martínez es presidente del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) por el periodo 2013-2016 y representante del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS). Tiene 54 años y pertenece al pueblo Lenca, que habita en El Salvador y Honduras. Tuvo conciencia de sus raíces indígenas en 1992 tras la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado que vivió El Salvador por más de una década. En ese momento, hermanos indígenas le pidieron asesoría sobre la seguridad jurídica de la tierra.

“La guerra desarticuló a los grupos organizados indígenas. Fue necesario, entonces, hacer un esfuerzo nacional para reivindicar la lucha de los pueblos indígenas en El Salvador”, dijo en entrevista con Tomás Andréu, corresponsal de Noticias Aliadas en El Salvador, que además abordó temas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas en Centroamérica.

-¿Qué impacto ha tenido el CICA en los países centroamericanos con respecto a los derechos de la comunidad indígena?

-Hemos podido tener incidencia con nuestra plataforma a nivel regional. Como CICA tenemos la vicepresidencia en el Consejo Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana (CC-SICA). Tenemos una gran agenda de trabajo muy amplia. Un punto vital es la aplicación del marco jurídico internacional: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 [sobre Pueblos Indígenas y Tribales] de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También estamos trabajando en el tema del cambio climático. Queremos hacer aportes en el SICA, pero desde la cosmovisión indígena. Y no podemos dejar atrás la seguridad alimentaria. Estamos haciendo propuestas en la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura].

-¿Qué balance hace desde el CICA sobre la situación actual de la comunidad indígena en la región?

-Cada país centroamericano tiene su propia especificidad de lucha: los hermanos misquitos de Nicaragua están luchando por la autonomía de sus tierras en el Atlántico. En Panamá luchan por sus comarcas. Y así en cada país. El Salvador es la excepción, porque los indígenas no tenemos tierras. La problemática que tenemos los pueblos indígenas en Centroamérica es la gran industria extractiva: mineras, petroleras. Y uno nuevo: la construcción del canal [interocéanico] en Nicaragua. Otro gran problema centroamericano es la seguridad jurídica de las tierras.

En esta lucha por la reivindicación de los derechos de la comunidad indígena también ha habido desapariciones y asesinatos de nuestros hermanos. Otros fueron arrestados por reclamar sus derechos. ¿Cómo resumimos estas acciones? Como defensa de la Tierra. Como estamos dentro de un sistema capitalista, esto invisibiliza la lucha de los pueblos indígenas. Y también hay que aclarar que no estamos atados a ninguna situación ideológica.

-¿Y qué tanta incidencia tienen en las estructuras de los gobiernos centroamericanos?

-Esto es toda una lucha, hermano. Esto no es nada fácil. Cuando los intereses económicos están presentes, no hay gobierno que te apoye. Hay un temor en los gobiernos centroamericanos de las luchas con autonomía. A veces hay espacios en la región centroamericana, pero son espacios que se dan por presiones internacionales que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no están en la agenda de los gobiernos centroamericanos. La participación de la comunidad indígena en el SICA se ve muy poco. Y el SICA son los gobiernos de Centroamérica. Eso te da una idea de la situación en la región.

A los gobiernos les interesa más la comercialización de los territorios que ver la parte humana y la reivindicación de los derechos indígenas. Por eso criminalizan nuestra lucha. No hay gobierno en Centroamérica que esté aplicando su compromiso en la ONU [Organización de las Naciones Unidas]. No hay compromisos políticos. Los gobiernos centroamericanos no tienen compromisos con los pueblos indígenas para reivindicar sus luchas. Así de simple.

-Si pudiéramos hacer una lista de gobiernos centroamericanos que tienen una deuda con la comunidad indígena, ¿qué países la estarían encabezando?

-La deuda histórica es en El Salvador. Recién en el 2014 existe un reconocimiento institucional de los pueblos indígenas del país. Y esto sucedió porque fue una lucha de muchos años. Aun así, no se ve una voluntad política para aplicar ese reconocimiento, porque para ello se necesita una ley que proteja los derechos de los indígenas. Al mismo tiempo, debe de haber un marco internacional. Hubo un compromiso del gobierno salvadoreño de firmar el Convenio 169 de la OIT, sin embargo, no ha sucedido. Y esto viene desde el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y el [actual] presidente, Salvador Sánchez Cerén lo ha retomado. Pero esta [supuesta] voluntad política no camina. Nosotros no podemos decir que en El Salvador haya una reivindicación de los pueblos indígenas. Creemos que la ratificación del Convenio 169 de la OIT no sucederá en este segundo gobierno del FMLN [Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional].

-¿Por qué piensa que no sucederá en este segundo gobierno de izquierda?

-El sistema es el sistema. El temor más grande en El Salvador es que el Convenio 169 de la OIT habla sobre el resarcimiento de los daños causados a los pueblos indígenas. Eso implica la devolución de tierras ancestrales. Tocar eso es tocar intereses. Y el gobierno de El Salvador no quiere llegar hasta ese extremo. La izquierda partidaria —FMLN— puso unas mesas de diálogo y fue acompañada por las organizaciones indígenas, porque teníamos la esperanza que las cosas iban a cambiar. El plan quinquenal del gobierno no menciona metas con respecto al tema de los derechos de los indígenas.

-¿De qué le sirve a la comunidad indígena de El Salvador estar en un apartado de la Constitución?

-Nuestra lucha comenzó en el 2003, y en el 2005 se le planteó a la Asamblea Legislativa nuestra visibilización en la Carta Magna. Eso nos costó casi 10 años. Si no figurábamos en la Constitución, entonces seguía la negación de nuestra existencia en las instituciones del gobierno, es decir, desde el Estado mismo. Ahora ya no se puede decir que los indígenas no existen en El Salvador. Esto ya es un comienzo, una ventaja. Nos permite un marco jurídico en la educación, salud, espiritualidad propia de los indígenas. Esto es toda una lucha. Quizás ni yo lo podré ver [el fruto del esfuerzo].

-El gobierno de Sánchez Cerén ya tiene en sus manos una política nacional para la comunidad indígena. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-Hemos tenido un debate con el Ejecutivo y le hemos hecho ver que esa política no puede realizarse en este momento porque carece de actualidad. En el derecho internacional se ha avanzado más que en lo que pretende implementar el gobierno. Una política como esa bien puede ser un arma de lucha como también un arma para fusilarnos. Le hemos pedido al Ejecutivo que se vaya a las zonas, a las comunidades indígenas para retroalimentar el documento del Ejecutivo. Debe recoger esas opiniones que resulten, porque no es posible que se avance a nivel internacional y aquí en El Salvador estemos retrocediendo. Antes, en los discursos, aparecían los pueblos indígenas. Ahora ya no. Hemos desaparecido. Y esto por algo debe de ser. La política [que quiere implementar el gobierno] debe de existir si es aprobada por las organizaciones indígenas.

-¿Pero con qué no están de acuerdo?

-La estructuración de la política no nos va a favorecer. En los conceptos mismos [hay deficiencias]. El documento te habla hasta de comarcas. En El Salvador no tenemos comarcas. Te habla de pueblos originarios, cuando lo correcto es pueblos indígenas porque así lo determina el marco jurídico internacional. Y la Constitución nos reconoce así. Además, la política debe desglosarse. Se debe saber los grandes ejes que el gobierno se comprometerá a impulsar. Y eso no lo ves ahí. El documento a medias te habla de la espiritualidad, de la lengua. Y de eso no se trata esto. Una política debe de ser una herramienta de lucha para los pueblos indígenas.

-¿Qué es lo más importante para los pueblos indígenas de El Salvador: aparecer en la Constitución, la política nacional del gobierno o la ratificación del convenio 169 de la OIT?

-Para nosotros lo mejor sería la ratificación del convenio, porque los convenios están sobre las leyes nacionales. Pero no vemos voluntad. El gobierno sólo debe firmarlo, y para que sea ley, lo traslada a la Asamblea Legislativa y es esta la que lo ratifica. Pero ni siquiera esa voluntad vemos nosotros. También sería muy importante que se declarara ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso sería una herramienta muy buena. Incluso, sería mejor que la política que intenta promover el gobierno (…) Ya estamos aburridos de que se nos vea de forma paternalista o como algo folklórico. La gente del gobierno nos dice en los debates que quieren ver a los indígenas. El concepto de esa gente sobre un indígena es que anda descalzo, que vive en una casa a punto de caerse, es decir: es pobre, analfabeto, sucio. No pueden ver a indígenas profesionales, porque eso para ellos ya no es indígena.

-¿Cuál es la mirada autocrítica que puede hacer de los movimientos indígenas en América Latina?

-Estamos tratando de fortalecer nuestra identidad a través de un posicionamiento en conjunto. Siempre hay problemas como los hay dentro de una familia biológica. Es difícil llegar a los consensos, pero hemos llegado a la conclusión de que necesitamos posicionamientos que nos fortalezcan. Y en eso hemos avanzado mucho. También tenemos problemas externos que pueden venir del gobierno mismo o de la cooperación internacional que se va directo a las comunidades pasando por alto a las estructuras organizadas y con eso lo que logra es destruir el tejido social de los pueblos indígenas. Pero nuestros hermanos han entendido eso. Hemos madurado y ahora coordinamos esfuerzos.

-¿Por qué cree que a pesar de sus rasgos, los mandatarios latinoamericanos no reconocen sus raíces indígenas?

-Ahora todos quieren ser indígenas por moda y no por conciencia. Te hablan del Buen Vivir pero no como un paradigma indígena, sino como un eslogan gubernamental. El mismo presidente Sánchez Cerén ha dicho que es indígena, pero no basta con eso, tiene que demostrarlo. Si estoy en un cargo público y me identifico como indígena, pues tengo que apoyar a mis hermanos.

Noticias Aliadas


Panamá: Comunidades indígenas divididas en torno a hidroeléctrica

Louisa Reynolds

El 27 de setiembre, el Congreso General Ngäbe Buglé, la autoridad más alta de la Comarca Ngäbe Buglé (región semiautónoma), votó en contra de un acuerdo firmado entre el presidente Juan Carlos Varela y la expulsada líder indígena Silvia Carrera, que permitía el inicio de operaciones de la hidroeléctrica Barro Blanco, ubicada en el distrito de Tolé, a 400 km al oeste de Ciudad de Panamá.

El acuerdo, firmado el 22 de agosto, fue rechazado por un estrecho margen luego de una sesión extraordinaria de cuatro días. Sólo 141 de los 300 delegados indígenas ejercieron su derecho a votar, de los cuales 65 votaron a favor y 76 en contra del proyecto argumentando que Carrera se había excedido en sus atribuciones como Cacica General, la representante electa de la comunidad indígena Ngäbe Buglé, que había llegado a un acuerdo con el gobierno sin haber consultado adecuadamente a las comunidades indígenas.

Ubicada en el río Tabaseré, la planta hidroeléctrica de 28 MW ha causado controversia desde que en el 2007 el gobierno del expresidente Martín Torrijos (2004-2009) autorizó su construcción ya que inundará 189 Ha de territorio Ngäbe, poniendo en riesgo la agricultura de subsistencia y las fuentes de agua potable, y amenazando con dejar bajo el agua petroglifos sagrados del pueblo Ngäbe.

Más de 150,000 integrantes del grupo indígena Ngäbe Buglé actualmente viven dentro de la comarca que fue establecida en 1997.

La hidroeléctrica, desarrollada por Generadora del Istmo SA (GENISA), empresa panameña creada específicamente para este proyecto, es financiada por dos bancos de desarrollo europeos: la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), así como por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Aunque la construcción está terminada en un 95%, fue paralizada en febrero del 2015 en medio de enfrentamientos entre manifestantes Ngäbe Buglé y fuerzas de seguridad locales. La administración de Varela entabló conversaciones con las autoridades indígenas pero las tensiones aumentaron el 22 de mayo de ese año cuando el gobierno permitió a GENISA hacer una inundación de prueba al reservorio mientras se desarrollaban las negociaciones.

En vista que las protestas indígenas persistían, el gobierno ordenó a GENISA en junio detener la inundación de prueba dejando el reservorio a 87.5 metros sobre el nivel del mar, poco menos de su máximo de 103 metros.

Sin consulta previa

Las negociaciones continuaron, respaldadas por las Naciones Unidas, hasta que se llegó a un acuerdo que fue firmado por Carrera y el gobierno de Varela en Llano Tubri, capital de la comarca. Sin embargo, la ceremonia a la que asistieron el presidente Varela y la vicepresidenta Isabel Saint Malo, que se llevó a cabo con fuerte presencia policial, fue interrumpida por las protestas y una decena de activistas indígenas casi lograron que el evento fuera suspendido momentos antes que se iniciara. A pesar de los enfrentamientos con la Policía, el acuerdo fue firmado pero minutos después Varela, Saint Malo y Carrera se vieron obligados a refugiarse en una escuela luego que los manifestantes les lanzaran piedras.

Varela manifestó que fue “un incidente aislado” y acusó a los manifestantes de incitar a niños a lanzar piedra a las autoridades. “Vimos como niños inocentes fueron utilizados para esto”, dijo.

Integrantes del Movimiento 10 de Abril, fundado en 1999 por activistas que protestaron contra una hidroeléctrica anterior, insisten que Carrera firmó el acuerdo sin haber consultado a las comunidades indígenas y demandó su anulación. También están considerando llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2014 ordenó al Estado panameño pagar a las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Bayano, en la provincia de Darién, una compensación de US$2.5 millones.

Mientras tanto el presidente Varela no da marcha atrás e insiste que el acuerdo debe ser implementado.

“El acuerdo va y ese es el acuerdo que queda”, dijo. “Cualquiera que irrespete a las autoridades, no nos queda más que hacer respetar las leyes de la República y a todas las autoridades. Hay que respetar a los caciques de la comarca que fueron escogidos democráticamente”.

La votación ha puesto en evidencia profundas divisiones dentro de la comunidad Ngäbe Buglé. Por un lado, quienes apoyan el acuerdo firmado por Carrera argumentan que es en el mejor interés de la comunidad ya que permite seguir adelante con la terminación y operación de la hidroeléctrica a cambio que GENISA —que ha sido multada por más de $750,000 por irregularidades en su estudio de impacto ambiental y en el proceso de consulta a la comunidad— sea reemplazada por otra empresa. GENISA ha acusado al gobierno de haber “violado” sus derechos.

Además, el acuerdo establece un fideicomiso para desarrollar alternativas a las prácticas agrícolas de subsistencia que se interrumpirán por la presencia de la represa, tales como forestería, ecoturismo y actividades artesanales, garantiza que 50% de los trabajadores provendrán de la comunidad Ngäbe Buglé, y establece que 15% de las ganancias generadas por la hidroeléctrica serán invertidas en la comarca Ngäbe Buglé. Cualquier futuro proyecto dentro de territorio Ngäbe Buglé deberá ser aprobado en un plebiscito así como por las autoridades indígenas.

Igualmente se llevará a cabo un estudio arqueológico para determinar si es mejor retirar los petroglifos del lugar o protegerlos dentro de una estructura de concreto.

Problema político

“Se establece el reconocimiento de los pueblos indígenas por el Estado y se da la participación en el desarrollo a los pueblos indígenas en vez de ser despojados de sus territorios. Vemos esto como un modelo pacífico que puede sentar un precedente para otros países como Honduras, donde se ha ratificado el Convenio 169 [de la Organización Internacional del Trabajo], pero se ha dado el asesinato de Berta Cáceres y otros líderes”, explicó Esteban Pinns, asesor técnico del Congreso General Ngäbe Buglé.

“Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la hidroeléctrica porque asesinaron a hermanos Ngäbe; lo que queremos es minimizar el daño creado por los gobiernos anteriores”, agregó Pinns en referencia al caso del manifestante ngäbe Onésimo Rodríguez, quien fue asesinado por cuatro asaltantes enmascarados en marzo del 2013 luego de asistir a una protesta contra la hidroeléctrica.

Según Pinns, el verdadero punto de discordia es el hecho que el acuerdo estipula que las autoridades locales, y no el Congreso General Ngäbe Buglé, administrarán los recursos económicos. “Se convirtió en un problema político”, afirmó.

Por otro lado, Olmedo Carrasquilla, coordinador del grupo ambientalista Voces Ecológicas, sostiene que en principio sería un error aceptar cualquier compromiso con el gobierno y que la hidroeléctrica nunca debe entrar en funcionamiento.

“No podemos pasar por encima de un pueblo. Todas esas tierras que se inundaron ya perdieron su espacio espiritual. Es una afectación que no se subsana con dinero o con reubicación, es una violación a los derechos humanos”, indicó a Noticias Aliadas. “No hay garantía que los pueblos indígenas obtengan un verdadero beneficio. En el 2012 se aprobó la ley que prohíbe concesiones y supuestamente le da beneficios al pueblo Ngäbe Bugle pero no se ha cumplido”.

Luego del rechazo del Congreso General Ngäbe Buglé al acuerdo, sus defensores aseguran que renegociarán un nuevo acuerdo en términos más favorables para la comunidad Ngäbe Buglé que será enviado al Congreso General Ngäbe Buglé en un plazo de dos meses.

Pinns confía que el voto aprobatorio ganará por segunda vez. “Hay una situación muy tensa en la política interna de la comarca. No hubo una divulgación [del acuerdo] y [quienes se oponen al acuerdo] manejaron a la gente que quisieron. Por eso sólo asistió poco más de la mitad. Ahora no creo que se rechace porque hay más divulgación y la gente está más enterada”.

Carrasquilla, por su parte, insiste que entre la comunidad “el gobierno no goza de la mayoría de aceptación. Queremos que se vuelva a hacer una nueva consulta; puede llegarla a perder”. —


Mujeres mayas demandan justicia en histórico juicio

Louisa Reynolds – Noticias Aliadas

Petrona Choc, de 75 años, no titubeó cuando contó ante el tribunal cómo los soldados la arrastraron a ella y sus hijos fuera de su casa en 1982, dispararon contra su esposo y la retuvieron contra su voluntad junto con otras mujeres en una base militar cercana, donde fue violada repetidamente y obligada a cocinar para su captores.

“Un día llegaron los soldados y uno de mis hijos, Abelino, dijo: ‘ahí vienen los soldados hoy vamos a morir’. Reuní a mis hijos y les dije que huyéramos a la montaña otra vez, íbamos huyendo cuando escuchamos el tronar de los disparos y ahí murió mi esposo”, relató el 3 de febrero al Tribunal A de Mayor Riesgo.

Choc es una de las 11 mujeres maya q’eqchí de la pequeña localidad de Sepur Zarco, en el oriental departamento de Izabal, que se encontraron cara a cara con los dos hombres que les ordenaron cocinar, limpiar y las sometieron a violación sistemática hace tres décadas: el excomandante de la base Esteelmer Reyes Girón y el excomisionado militar regional Heriberto Valdez Asij.

Esta es la primera vez en el mundo que el delito de esclavitud sexual ocurrido durante un conflicto armado se  juzga en el país donde fue cometido.

Las víctimas se presentaron a la audiencia con las cabezas cubiertas con mantas para evitar ser identificadas y sólo se las quitaron cuando fue su turno para rendir testimonio, ya que al ser víctimas de violación en comunidades rurales con frecuencia son rechazadas y aisladas. Muchas integrantes de organizaciones de mujeres y de derechos humanos que asistieron al juicio también se cubrieron las cabezas como muestra de solidaridad.

“Nos violaron, grande fue el sufrimiento que nos causaron, y me decían que ya no había nadie que preguntará por mí”, dijo Choc. Su testimonio era tan desgarrador que en varios momentos el intérprete parecía visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas.

Reyes Girón y Valdez Asij son acusados de haber ordenado y permitido la violación, esclavitud, desaparición forzada y asesinato de no combatientes, crímenes de lesa humanidad que no son considerados por la ley de amnistía de 1996.

La violación como arma

Las víctimas fueron secuestradas y esclavizadas en 1982, durante la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-83), quien fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en el 2013 y actualmente enfrenta un nuevo juicio luego que el veredicto fue anulado por un tecnicismo. Aunque fue corto, el régimen de facto de Ríos Montt fue una de las etapas más sangrientas del conflicto armado guatemalteco, ya que las Fuerzas Armadas intensificaron sus ataques contra las comunidades indígenas bajo la creencia que protegían a guerrilleros.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), hasta 1979 la violación era usada selectivamente por las Fuerzas Armadas contra mujeres pertenecientes a organizaciones guerrilleras. Sin embargo, en la década de 1980 fue utilizada sistemáticamente como parte de los ataques del Ejército contra las poblaciones civiles indígenas. La CEH registró 1,465 casos de violación cometidos durante los 36 años de conflicto armado. El 80% de las víctimas eran indígenas.

Durante la audiencia de apertura el 1 de febrero, la fiscal Hilda Pineda dijo que la violencia sexual era usada como “arma de guerra” contra la población civil. Tres hombres maya q’eqchí declararon que los militares separaban hombres y mujeres para que las mujeres pudieran ser violadas en grupo por la tropa. También dijeron que quedaron sin hogar luego que los soldados los obligaron a desmantelar sus chozas y llevar la madera y planchas de aluminio a la base militar donde fueron usadas como materiales de construcción. Los tres testigos señalaron a Valdez Asij y dijeron que estaba presente en el lugar donde se cometieron estos crímenes.

El juicio por el caso Sepur Zarco se está llevando a cabo en la misma sala en la que se realizó el juicio por genocidio contra Ríos Montt en el 2013. Tal como ocurrió en ese caso, la defensa trató de detener el proceso al presentar una interminable sucesión de apelaciones, reclamando que la jueza Yassmin Barrios no era imparcial ya que ella ya había emitido fallos en otros casos vinculados con violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.

Militares arrestados

Dos semanas antes que empezara el juicio por el caso Sapur Zarco, se realizó otro paso importante para garantizar la justicia para las víctimas de violaciones durante el conflicto armado con el arresto de 18 oficiales militares por las masacres y desapariciones forzadas cometidas en la década de 1980.

Catorce de los arrestados son acusados por desaparición forzada y tortura en relación a una fosa común conteniendo los restos de 533 cuerpos de 84 fosas clandestinas descubiertas en el 2012 en una exbase militar en el departamento de Cobán. Entre los detenidos se encontraba el exjefe del Estado Mayor del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano del dictador Fernando Romeo Lucas García (1978-82).

Los fiscales también pidieron retirar la inmunidad como legislador a Edgar Ovalle Maldonado, uno de los oficiales militares en retiro que fundó el Frente de Convergencia Nacional (FCN) que llevó al poder al nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en el 2015, para que enfrente cargos por su supuesta participación en el caso Cobán. Sin embargo, el 28 de enero, la Corte Suprema determinó que no había motivos para enjuiciar a Ovalle.

Expertos forenses determinaron que las víctimas de Cobán provenían de diversas partes del país, sugiriendo que el lugar podría haber sido un centro de interrogación y detención. Numerosos cuerpos se encontraban vendados, con las manos y pies atados, lo que indicaría que fueron ejecutados. Algunos tenían heridas de armas o huesos rotos que fueron curados y vueltos a romper, señal que fueron torturados antes de ser ejecutados. La fiscal general Thelma Aldana se refirió al caso como “uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”.

Los cuatro oficiales restantes fueron acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, secuestrado por integrantes del aparato de inteligencia del Ejército en 1981 en venganza por el activismo de su familia como opositora a la dictadura de Lucas García. Entre los acusados se encuentra el coronel retirado Francisco Gordillo Martínez quien llegó a ser uno de los tres miembros de la junta militar encabezada por Ríos Montt.


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