Un gesto que hacía falta – El Deber, Bolivia

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En una decisión que se ajusta a los códigos de buena vecindad, el Gobierno del presidente Evo Morales resolvió devolver ayer a los dos carabineros de la policía de Chile que habían sido detenidos el viernes en la frontera con Chile, a 7,5 kilómetros sobre territorio boliviano.

La medida es la contracara de una actitud radicalmente opuesta por parte de las autoridades chilenas cuando detuvieron a nueve ciudadanos bolivianos, siete aduaneros y dos militares, que también terminaron en territorio extranjero en el marco de un operativo contra el contrabando.

En ese entonces, los funcionarios nacionales fueron detenidos con excesivo uso de la fuerza militar y sufrieron abusos. Pero no solo eso, la justicia chilena los mantuvo aprehendidos durante tres meses bajo la acusación de portación de armas de fuego, robo e invasión de territorio chileno. Finalmente, fueron condenados y expulsados del país de la forma más torpe.

No ocurrió esta vez con el suboficial Jaime Rubén Díaz Pezo y el cabo segundo Nicolás Antonio Morales que, en menos de 48 horas, fueron devueltos a su país en buen estado de salud y luego de haber sido tratados como detenidos con la investidura de efectivos policiales de una nación extranjera.

Pese a que los efectivos incurrieron en una transgresión en la frontera y pudieron haber sido puestos a disposición de la justicia, el Ejecutivo tomó la decisión de resolver el problema por la vía diplomática en atención al clamor de los familiares de los oficiales y por razones humanitarias.

El Gobierno boliviano aprovechó la ocasión para convocar a Chile a un diálogo franco y abierto sobre los conflictos que separan a ambas naciones y propuso la conformación de una comisión bilateral de alto nivel para evitar los roces que se dan en la frontera común.

Ambos incidentes pueden transformarse en una oportunidad para que, más allá de los juicios abiertos en el Tribunal de La Haya por la demanda marítima boliviana y por las aguas del Silala, La Paz y Santiago reactiven la agenda de temas comunes que exige acciones inmediatas de parte de ambos gobiernos.

Los conflictos por el tránsito de mercaderías, las migraciones de ciudadanos, el tráfico de drogas y el contrabando son algunos de los temas nodales que ambas administraciones deben encarar en forma coordinada.

Ajustado a una visión pacifista y diplomática de las relaciones internacionales, el Gobierno de Morales adoptó esta vez una sabia decisión que muestra al mundo que Bolivia tiene capacidad para estimular la convivencia pacífica con sus vecinos.

El Deber