Union Europea-Mercosur: ¿qué se está negociando?

Union Europea-Mercosur: ¿qué se está negociando?

Tras 18 años de negociaciones fallidas, la Unión Europea (UE) y el vaciado Mercosur se emplazaron la última semana a firmar antes de la Navidad un tratado de libre comercio, pese a las continuas resistencias de los sectores productivos y laborales de los países conosureños. “Hay una ventana de oportunidades que no debemos dejar pasar”, dijo Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la UE, al llegar a una reunión extraordinaria con el nuevo canciller argentino, Jorge Faurie , y sus pares de la región

Jorge Marchini

Siguen las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea (UE): “Se trata de un acuerdo de libre comercio, pero incluye diálogo político y cooperación en varias áreas, para ir hacia una asociación estratégica y regional”, afirmó el embajador Daniel Raimondi, subsecretario argentino de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería, uno de los encargados de las negociaciones.

Por lo pronto, aun existiendo muchas incógnitas y peligrosas tensiones, el gobierno de Argentina en tándem con el de Brasil apuestan a dar muestras ortodoxas de su propósito de avanzar rápidamente hacia una mayor apertura externa del Mercosur con el visto bueno de Paraguay y el probable de Uruguay (Venezuela no forma parte de las negociaciones). Para el gobierno argentino brindar un impulso raudo a las negociaciones con la Unión Europea forma parte central de su estrategia externa, como expresó y reiteró en varios oportunidades el Presidente Macri días atrás en su visita a España.

Es necesario reconocer que la negociación Mercosur-UE tiene una enorme importancia estratégica. Se trata de vínculos de sociedades y economías con enormes potencialidades de cooperación y complementación. No hay duda que mejorar y ampliar las relaciones entre las dos regiones debe ser un objetivo prioritario .

La trascendencia de las negociaciones en marcha requeriría por lo pronto que éstas fueran conocidas en forma amplia y puestas en debate público, pero no es así. . Resulta muy paradójico (¿ o cínico?) que en forma recurrente se reitera “el compromiso absoluto con la transparencia” y, quienes como “comprensible” pero que este tema tan trascendente se lleve en forma tan reservada. “Las negociaciones tienen muchos aspectos técnicos a resolver, pero todo se resuelve en la medida que haya voluntad política”, opinó Raimondi.

De todas formas, el propósito de resolver una negociación por “voluntad política ” supone siempre peligro de aceptar una negociación como hecho consumado, para luego recién ser puesta a consideración pública y parlamentaria ex-post. Aun si se denominara un acuerdo con Europa con eufemismos tales como “de cooperación económica”,u otra figura elegante al estar la denominación de “tratado de libre comercio ” ya muy cuestionada en el mundo , sus condiciones y exigencias serían similares y conllevaría mayores desequilibrios . Ello lo han puesto en evidencia numerosas evaluaciones serias y documentadas de los acuerdos concretados por la UE con otros países latinoamericanos (Centroamérica, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú)

¿Abrirse a cambio de qué?

En forma engañosa suele afirmarse que las negociaciones Mercosur- UE_ en marcha son sobre todo de tipo comercial. No es así, la mayor parte de los temas en discusión son de carácter estructural y comprometen el conjunto de la economía en ámbitos críticos tales como servicios, patentes, propiedad intelectual, compras públicas, inversiones y competencia.

La eventual provisión de ”igualdad en el tratamiento nacional”. a los países de la UE , aun si se incluyeran algunas salvaguardas de excepción marginales , impediría defender y priorizar la diversificación de matrices productivas que hoy resulta imprescindible encarar ante los cambios de economía mundial.Se repetiría, la grave crisis que sufre hoy la misma Europa como consecuencia del ahondamiento de las asimetrías entre los países del norte respecto a los de sur y del este.

Es necesario destacar que los aspectos comerciales son sólo uno de los capítulos, y tal vez no el más importante, de las negociaciones en marcha. Aun sin contar con información detallada imprescindible, pero sí el antecedente de acuerdos similares negociados por la UE recientemente, es posible anticipar sí que un acuerdo tendría como punto de partida una masiva eliminación reciproca inmediata de aranceles al comercio exterior.

En todo caso, es previsible que la UE seguirá sosteniendo las subvenciones y las protección de su sector agrícola, condición que intentan imponer en la negociación y que justifican por la existencia las presiones internas proteccionistas en sus propios países. Sus negociadores seguirán sosteniendo que los temas agrícolas deben ser tratados en OMC, aunque todos saben que la Ronda Doha está paralizada desde hace años.

Podrán hacer promesas ambiguas para “salvar la cara” a los gobiernos del Mercosur dispuestos a firmar como sea, pero no brindando concesiones significativas para una mayor apertura de sus mercados a los productos agropecuarios competitivos mercosureños. Se privaría así a los países del Mercosur el poder alcanzar el que sería el beneficio comercial esperado más importante a cambio de una apertura inédita masiva de los mercados locales a una competencia abierta de una economía más desarrollada; sobre todo evidente para la mayor parte de los productos industriales y servicios.

¿Dónde están los análisis costo-beneficio?

De forma de poder decidir qué tipo de entendimiento con Europa resulta imprescindible no dejarse llevar por enunciaciones superficiales y se convoque inmediatamente al análisis serio tanto general, como regionales y sectoriales, que incluya la evaluación de los efectos estructurales de corto y largo plazo y posibles alternativas realistas a un acuerdo liberalizador descompensado.

En lo inmediato, es preciso contraponer ultimatismos ( por ejemplo, afirmar que se debe negociar ahora o nunca), posibles maniobras (eventuales amenazas de proponer negociaciones “multiparte” en forma independiente, tal como lo hizo con la Comunidad Andina, para romper la unidad de Mercosur) o la lisa y llana distorsión de la realidad cuando se hace referencia a la segura expectativa de la llegada de enormes inversiones productivas que generarían muchísimas fuentes de trabajo (¿lluvia de euros?)

Existen antecedentes internacionales de opciones más equilibradas para la negociación con la Unión Europea y otros países y regiones más industrializados para superar asimetrías que debieran ser tenidos en cuenta. No debe dejarse una negociación crucial con la Unión Europa solo en manos de un grupo pequeño de “especialistas” y la presión de grupos de interés o medios de comunicación superficiales o sectorizados por posiciones ideológicas o intereses económicos particulares, como se ha repetido a lo largo de años.

Los TLC de la UE en América Latina

Federico Larsen

El interés de la UE hacia América Latina no es nada nuevo. Frente al estancamiento de las negociaciones multilaterales en el marco de la OMC, Europa decidió reforzar sus acuerdos bilaterales con diferentes países, comenzando por México, con quien firmó en 2002 el Acuerdo Global que sirvió de modelo para la firma del mismo tipo de Acuerdo Preferencial con Chile en 2003. Si bien se estén negociando aún ciertas modernizaciones, se podrían tomar ambos ejemplos como los inicios de una larga serie de Tratados modernos de Libre Comercio entre América Latina y la Unión Europea.

En 2006 la UE comenzó las negociaciones con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), alegando su respeto por la búsqueda de integración en la región. Sin embargo, ante la negativa de Bolivia, Ecuador y Venezuela, de aceptar los términos del TLC, la UE logró convencer a Colombia y Perú de que adhirieran al acuerdo en 2013 signando en parte el estancamiento definitivo del proceso de integración andino. Ecuador, en un inentendible vuelco argumentativo pidió ser incluido nuevamente en el acuerdo en 2014, y firmó su puesta en marcha en noviembre de 2016.

Este es, hasta hoy, el caso en el cual las implicancias de la firma de un TLC con la UE aparecen más evidentes, ya que buena parte de las clausulas impuestas al Ecuador contradicen su constitución de 2008 y su política de Estado camino hacia el Buen Vivir. El acuerdo obliga a armonizar algunos estándares fitosanitarios al régimen europeo, a certificar y registrar las semillas o conceder derechos de obtentor sobre plantas a productores europeos como si fuesen locales. Todos requisitos imposibles de cumplir para los campesinos e indígenas ecuatorianos.

Y allí está el tema central de los TLC que se están proponiendo y firmando en la última década. Basados en la necesidad de generar las condiciones necesarias para que capitales e inversores puedan actuar sin discriminación en ambos territorios, este tipo de acuerdo obliga a modificar leyes y reglamentaciones, generan adaptaciones obligatorias a tratados internacionales indeseables y favorecen principalmente a empresas transnacionales por sobre la acción de los Estados. El acuerdo que se está negociando entre la UE y el Mercosur no es excepción.

Ganadores y perdedores

La Comisión Europea (CE) encargó en 2009 un informe de evaluación del impacto que un acuerdo UE-Mercosur podría generar en ambos bloques. De la lectura del documento, elaborado por la Universidad de Manchester junto con firmas privadas europeas y latinoamericanas, se deduce en primera instancia que los beneficios se concentrarían principalmente en el sector agrícola del Mercosur, siempre y cuando haya una adecuación legislativa y acompañamiento de los Estados. Para la UE los beneficios se concentrarían el el sector manufacturero, y el mismo estudio advierte que “la disminución de la producción agrícola y alimentaria reducirá el empleo en dichos sectores”, e insta a la Unión a generar “programas de apoyo adecuados u otras medidas políticas” que mitiguen el impacto de la apertura comercial.

En el plano medioambiental, el informe alerta a los países del Mercosur acerca de “un riesgo de aumento de la contaminación del agua, requiriendo una normativa más estricta” y “un efecto potencial negativo sobre la biodiversidad, agravado por el desarrollo de la demanda de biocombustibles en Europa”.

El estudio concluye que un acuerdo entre las partes traería mayores beneficios económicos a largo plazo para los países latinoamericanos pero también mayores costos. No es difícil deducir que si los efectos del acuerdo generarán “beneficios económicos estáticos del orden del 0,5% del PIB en Argentina, 1,5% en Brasil, 2,1% en Uruguay, y quizá hasta del 10% del PIB en Paraguay”, y al mismo tiempo “pérdidas potenciales de empleo en diversos componentes del sector manufacturero y un deterioro en el nivel de las normas laborales en ciertas partes del sector agrícola”, su puesta en marcha acrecentaría la ya altísima desigualdad social en los países del Cono Sur.

Las negociaciones están estancadas justamente en los sectores de la producción que se verán afectados por el ingreso irrestricto de competidores. La UE, por la presión de Francia y otros países del Este, quiere excluir o reducir al sector agrícola del acuerdo (es decir el 70% de las exportaciones del Mercosur hacia Europa) y sobre eso insisten los medios. Pero hay otros aspectos que deberían acaparar la atención del público sudamericano, y de los cuales muy poco se sabe.

Mucho comercio, pero muy poco libre

Las negociaciones entre UE y Mercosur se llevan adelante desde 1995, cuando ambos bloques firmaron el Acuerdo Marco de Cooperación que dio vida al Foro Birregional de Negociaciones que ya ha llegado a su XXVII encuentro. Pese a las idas y vueltas en estos más de 20 años, la reunión de marzo en Buenos Aires cuenta ya con una serie de temas acordados, según el reporte elaborado por las delegaciones en octubre pasado en Bruselas, a excepción de las ofertas de acceso a los mercados. La Unión Europea presentó allí tres propuestas de acuerdo sobre el rol de las PyMES, las empresas estatales y las patentes. En todas se sigue el libreto de los TLC de nueva generación: preparar el terreno para inversiones extranjeras, eliminar todos los obstáculos para futuras decisiones de los inversores y proteger sus derechos aún cuando se deban modificar leyes de un Estado soberano.

En el capítulo dedicado a los servicios públicos, por ejemplo, la UE propone establecer parámetros basados en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) firmado en el marco de la OMC, del cual ninguno de los países del Mercosur es miembro. Sólo Argentina participa del Comité de Contratación del ACP como observador. Es decir, con la firma del TLC se abriría la posibilidad para que empresas europeas participen de la construcción de carreteras, aeropuertos, líneas ferroviarias y puertos, en las mismas condiciones que sus pares locales y bajo reglas que los países de la región han rechazado en otros foros internacionales. Y que para las empresas europeas ya son más que conocidas. Algo muy parecido sucede con las propuestas en torno a derechos de propiedad intelectual. La UE fija sus parámetros en función de acuerdos internacionales a los que los países del Mercosur no han querido adherir, como el Tratado de Singapur sobre marcas o el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) o el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

Estos últimos han sido creados para garantizar el cumplimiento de los estándares de EEUU en materia de propiedad intelectual, un requerimiento al cual los países periféricos siempre se han resistido y han sido inclusive sancionados unilateralmente (en el Mercosur, Brasil en 1985, 1987 y 1993 y Argentina en 1988).

Pero una de las propuestas más llamativas tiene que ver con el pedido de adhesión a los estándares marcados por el acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV91), al que los gobiernos del Mercosur se resisten. Se trata de un convenio que regula el derecho exclusivo de una persona o empresa de poder multiplicar una variedad vegetal registrada y protegida por él. Lo que equivale a impedir que pequeños productores campesinos e indígenas puedan cultivar determinadas variedades de plantas registradas sin pagar una patente a su obtentor.

La solución europea para el neoliberalismo latinoamericano

Los documentos y propuestas discutidas en las negociaciones son, en su gran mayoría, secretos. A pesar de la importancia que recubren para millones de personas, los detalles de los TLC suelen darse a conocer sólo una vez acordados entre negociadores. Sin embargo, los documentos públicos pueden darnos indicios del contenido de las charlas. En octubre pasado, las partes acordaron revisar el capítulo dedicado a los mecanismos de arbitraje y solución de controversias “a la luz de los TLC firmados más recientemente”.

Los últimos TLC en los que la UE tomó parte fueron el fracasado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) sellado entre la UE y Canadá. En ambos, el tema de cómo dirimir las controversias surgidas entre una empresa inversora y el estado receptor fue central. Las instancias existentes hasta ahora, como la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial han demostrado su clara intención de privilegiar siempre la inversión privada por sobre los derechos soberanos de los gobiernos. Bolivia, Venezuela y Ecuador ya abandonaron el CIADI, por ejemplo, por manifiesta parcialidad en contra de sus gobiernos. En 2014, la Comisión Europea llegó a organizar una consulta pública de la que participaron 150.000 personas para saber si los europeos estaban de acuerdo con la inclusión de este tipo de arbitrajes en las negociaciones del TTIP.

El 97% votó que no. Un rápido análisis de los TLC en el mundo nos muestran que existen 1600 tribunales de resolución de diferencias ligados a unos pocos estudios jurídicos internacionales a los que también suelen recurrir las grandes transnacionales. En un intento por transparentar el sistema, la UE generó una nueva propuesta de arbitraje, un Comité Comercial que incluyó en el texto del CETA negociado con Canadá y que prevé la intervención de un tribunal ad hoc constituido por 15 miembros (5 europeos, 5 canadienses y 5 internacionales). Pero, al fin y al cabo, los recursos de apelación también terminarían en manos del CIADI. Así, en las últimas cumbres internacionales, la UE presentó su propuesta de generar un Tribunal Multilateral de Inversiones, que ya recibió el apoyo del gobierno argentino y forma parte de las negociaciones por actualizar los TLC con Chile y México. Ese puede ser el modelo que se discuta en Buenos Aires, sin que se ponga en cuestión el espíritu general de protección de la inversión extranjera.

Es decir, más allá de las cuotas de apertura comercial, queda claro que la negociación entre Mercosur y Unión Europea mantiene las características de los acuerdos neoliberales de nueva generación: un ordenamiento jurídico global e inflexible, jerarquizado frente a derechos sociales e individuales locales y blandos; legislaciones nacionales desreguladas y actos soberanos cancelados por acuerdos comerciales en función de la “seguridad jurídica”; una integración subordinada y desequilibrada al mercado global, y la aceptación de la nueva división mundial del trabajo.

Si se revisan los compromisos que los gobiernos de los países del Mercosur están asumiendo a nivel internacional en el último año, se podrá ver que la tendencia general es a asumir a este tipo de orden global. Macri, Temer, Cartes, e inclusive Tabaré Vázquez, han tomado la vía que los aleja de la protección de los derechos sociales y soberanos de sus países -caricaturizados por la derecha en el caos venezolano- para encarar la ancha avenida neoliberal, la única posible ahora frente al auge de gobiernos “populistas” y “proteccionistas” como el de Trump. Será el nivel de conflictividad social, como en la América Latina de principios de los 2000 o la Europa de 2015/2016, el que podrá definir si estos proyectos prosperan o deberán reformularse.


Sindicatos de Europa y Latinoamérica exigen transparencia en las negociaciones

Ante las reuniones llevadas adelante en Buenos Aires entre los días 20 y 24 de marzo para el establecimiento de una Asociación Birregional entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), los representantes del movimiento sindical europeo y consosureño, y los del empresariado argentino, coincidieron en exigir mayor transparencia en las negociaciones.

La Coordinadora se Centrales Sindicales del Cono Sur (Ccscs) y la Confederación Europea de Sindicatos (Ces) reclamaron conjuntamente conocer de inmediato el contenido de las ofertas de acceso a mercados en materia de bienes, servicios, inversiones, compras públicas y propiedad intelectual, de modo de ofrecer la mayor transparencia informativa posible hacia los actores productivos involucrados, comprometiéndose a respetar las cláusulas de confidencialidad del acuerdo.

Los sindicalistas plantearon a las autoridades de ambos bloques sus principales preocupaciones y exigencias para que la negociación avance hacia un verdadero acuerdo de asociación que permita reforzar las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales entre ambas regiones y que sea capaz de potenciar el respeto a los derechos humanos, el empleo digno, el desarrollo sostenible y los valores democráticos, evitando que se constituya en un mero tratado de libre comercio.

Los trabajadores exigieron la consulta institucionalizada, real y efectiva de los equipos negociadores con las representaciones de la sociedad civil, especialmente con el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Foro Consultivo Económico Social (FCES) del Mercosur, así como con otros actores sociales representativos. Particularmente, y reclamaron el “respeto al diálogo social institucionalizado y efectivo de forma que el movimiento sindical de las dos regiones, representado por la CCSCS y CES, participe formalmente y sea escuchado en las sesiones de negociación”.

Las centrales sindicales solicitaron la inclusión de cláusulas que aseguren un trato especial y diferenciado para los países de menor desarrollo relativo, en particular de aquellos instrumentos de política industrial, cooperación científica, transferencia tecnológica y financiamiento preferencial que permitan desarrollar nuevos sectores productivos o proteger a sectores de producción con alto grado de sensibilidad.

Asimismo, exigieron la exclusión lisa y llana de los servicios públicos de la oferta de acceso a mercados en materia de servicios, con especial énfasis en la salud y educación, en tanto dichos ámbitos no se tratan de mercancías “sino de bienes públicos cuyo acceso forma parte de los derechos humanos de nuestros pueblos”.

Los trabajadores reclamaron la exclusión de toda cláusula vinculada con la protección de las inversiones y la cesión de jurisdicción ante eventuales conflictos entre inversores extranjeros y Estados nacionales, en tanto se tratan de prerrogativas soberanas de cada uno de ellos. Asimismo, solicitaron restringir el acceso a las compras gubernamentales a la concesión de preferencias puntuales y específicas en algunos sectores, bienes y servicios, debiendo ser siempre condicionadas a lo establecido por las leyes nacionales y a la garantía de respeto a los derechos sociales.

Las centrales sindicales reclamaron la exclusión de las cláusulas de extensión de patentes del capítulo de propiedad intelectual ya que, lejos de fomentar la innovación en nuevos productos, limitan el acceso a los medicamentos y perjudican las condiciones de vida de los pueblos.

También exigieron que se garantice que todo trabajador y trabajadora migrante y sus familiares tengan y puedan ejercer el derecho a migrar, no migrar, permanecer y regresar libremente, independientemente de su nacionalidad; que tengan derecho a la misma ayuda, información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo reconocidas a los nacionales del país en el que estuvieren ejerciendo sus actividades; y que se garanticen especialmente los derechos a la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras migrantes (Convenios 97 y 143 de OIT)

Solicitaron la CCSCS y la CES que se incluyan cláusulas en el acuerdo que obliguen a las empresas nacionales y multinacionales a ajustar su actividad a la “Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a las “Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para las Empresas Multinacionales”, a través de los puntos de contacto nacionales (OCDE), así como a los Principios Rectores sobre Empresas Multinacionales – “Proteger, Respetar y Remediar”- y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Además, el Acuerdo debe enmarcarse en el respeto a la Carta Social Europea y la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (2015) y los Acuerdos Marcos Globales sectoriales suscriptos.
Las centrales sindicales recordaron, asimismo, el consenso logrado en la mesa de negociaciones, antes de su interrupción en el 2005, respecto de los siguientes puntos planteados por los sindicatos:

i) Inclusión de un apartado referido a los convenios fundamentales de la OIT en general y al trabajo decente en particular, incluyendo sanciones comerciales si los convenios no son respetados;
ii) creación de un Comité Consultivo Mixto compuesto por el CESE y el FCES;
iii) reconocimiento en el futuro acuerdo de un “Fórum Laboral”, dedicado a los temas específicos del mundo del trabajo.

Los sindicatos ratificaron su posición expresada en la “Declaración sobre las Negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur” del 3 de junio de 2016, refrendada de manera conjunta entre la CES y la CCSCS, en donde se fija la visión y la posición del movimiento sindical de ambas regiones sobre el contenido y la forma de las negociaciones entre ambos bloques.

Finalmente, la CES y la CCSCS afirman que continuarán defendiendo las reivindicaciones laborales y también el principio de que las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur contribuyan a construir modelos de desarrollo más equilibrados económicamente, de mayor cohesión y justicia social y con garantía de respeto al medio ambiente. “Como en tantas otras ocasiones el movimiento sindical organizado estará a la altura de las circunstancias. Esperamos lo mismo de nuestros gobiernos”, concluye el documento.


Alerta sobre los peligros en la negociación

El Centro de Estudios Estratégicos de Integración Financiera (CINFIN) expresó su preocupación ante la inclusión de capítulos específicos destinados a incorporar compromisos de libre comercio que impliquen mayor desregulación en materia financiera, en la ronda de negociación que tuvo lugar en forma reservada entre funcionarios de Mercosur y la Unión Europea.

Tomando como antecedente otros acuerdos de liberalización (TLCs) firmados por la UE con países latinoamericanos en los últimos años -Chile, Colombia, Ecuador México- , es de suponer que el capitulo de servicios podría incluir el compromiso de permitir una peligrosa liberalidad para la introducción productos financieros y de seguros europeos (incluyendo operadores y en forma directa vehículos que sean de su elección) con riesgos serios de desplazar de la actividad financiera a bancos públicos y privados, compañías de seguros y. entidades cooperativas nacionales, cuyo rol es esencial para el establecimiento de un modelo de servicios financieros basado en el interés público.

Llevar adelante una negoción tran trascendental -en un mercado financiero como el de los países del Mercosur, posicionado en el corto plazo y con características alarmantemente especulativas- sin consultar actores (incluyendo entidades y también los trabajadores del sector), y sin evaluar sus posibles consecuencias sobre la calidad de los servicios y la estabilidad financiera , resulta muy peligroso para el futuro de las economías regionales, señala el equipo investigador.

El CINFIN pondera que las negociaciones de dos regiones tan importantes y con lazos tan estrechos como la Unión Europea y el Mercosur son un asunto de relevancia estratégica que debe realizarse en negociaciones que respeten la posición y voluntad unánime de todos los miembros del Mercosur, situación que se ve dificultada además por el desplazamiento de Venezuela del bloque regional sudamericano.

Asimismo, afirma que dichas negociaciones no pueden quedar en manos de instancias confidenciales ni reservadas a técnicos y diplomáticos para ser presentadas como hechos consumados hacia el resto de la sociedad. Por tal razón, ante las declaraciones oficiales de la Cancillería argentina en el sentido que se “se dieron avances significativos en todos los textos que integran los distintos capítulos de la negociación”, expresa la necesidad de una convocatoria abierta, amplia y plural a participar del curso de las nuevas tratativas, diálogos o negociaciones que tengan lugar en esta materia.

La transparencia y el dialogo constructivo con la sociedad civil debe ser la base del desarrollo de acuerdos que favorezcan el beneficio mutuo de las partes, destaca CINFIN.

 


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