Ciudades de América Latina viven en el desorden territorial

Ciudades de América Latina viven en el desorden territorial

Emilio Godoy – IPS, desde Ciudad de México

Javier Méndez decidió en 2014 vivir en su apartamento en una transitada avenida de un barrio del sur de Ciudad de México por el panorama que desde el octavo piso le brindaban los ventanales a los volcanes que custodian la capital.

Pero la construcción de una torre residencial de 22 pisos, a un costado de su edificio, le desgaja los deseos de permanecer en esa vivienda, en la delegación (municipio) de Benito Juárez, una de las 16 que componen la capital mexicana.

“Ocasionará más tráfico, más consumo de agua y de electricidad, más generación de basura. No deberían permitir ese tipo de construcciones. Además, es ilegal”, lamentó a IPS este maestro jubilado de 73 años.

La torre residencial trepará 22 pisos y hospedará 752 viviendas en un área de unos 12.000 metros cuadrados, mediante una inversión de unos 75 millones de dólares, según los permisos de construcción consultados por IPS.

“No interesa hacer planes y cuando se tienen que hacer por ley, no interesa que la gente los conozca, y luego tratan de no cumplirlos. Detrás de este proceso están los intereses inmobiliarios”: Alfonso Iracheta.

Para Méndez, las autoridades urbanas no debieron conceder la autorización porque la constructora reporta una dirección única, cuando aglutinó varios predios para contar con la superficie requerida para erigir el edificio. Además, colinda con una gasolinera, con los consecuentes riesgos ambientales, sanitarios e inmobiliarios.

“El terreno neto no da para construir una torre de ese tipo. Los planes urbanos no se respetan. Me tocó ver el boom inmobiliario, parte irregular”, señaló Méndez, fundador del no gubernamental Movimiento en Tierra Firme-Promoción y Protección Ciudadana.

Un grupo de vecinos se movilizó estérilmente para rechazar la edificación de grandes torres en la zona. En los alrededores ya construyeron cuatro y otros seis están en obra.

El fenómeno ejemplifica la voracidad constructora y la especulación que se ha adueñado de este país latinoamericano de 129 millones de habitantes, y especialmente de Ciudad de México. Asimismo, exhibe la falta de aplicación de los planes de ordenamiento territorial, básicos para definir áreas urbanizables, no urbanizables, espacios públicos y la protección ambiental.

Prácticamente todos los países latinoamericanos cuentan con planes de ordenamiento territorial, pero enfrentan el desafío de su aplicación a nivel nacional, regional y municipal.

Con 641 millones de personas en la actualidad, la región será en 2050 la segunda más urbanizada del mundo, detrás de la que aglutina a todo el continente americano, con 86 por ciento de su población viviendo en ciudades y 100 millones en asentamientos irregulares, según un estudio de 2016 sobre los desafíos que ello supone, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Ese organismo de las Naciones Unidas proyecta que las megaciudades (más de 10 millones de habitantes) y las grandes urbes (entre uno y cinco millones) adquirirán más importancia, mientras que las urbes intermedias (de 300.000 a 500.000) experimentarán un fuerte crecimiento.

En la región, suman reportes de la Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo, sus metrópolis se enfrentan a la contaminación, la exposición al cambio climático, el crecimiento caótico, el congestionamiento vehicular, la proliferación de la economía informal y la desigualdad. Hasta ahora, las urbes medianas siguen la ruta de las megalópolis, en la reproducción de un esquema insostenible.

Aunado a ello, la generación y calidad de la información territorial es limitada y el involucramiento de la sociedad civil resulta escaso en el diseño y revisión de los planes, lo cual contribuye a su debilidad.

San José, ejemplo de ciudad difusa

La capital costarricense, San José, es un ejemplo de un concepto de ciudad difuso: la capital tiene 42 kilómetros cuadrados, pero la ciudad se desborda más allá de sus límites.

La Gran Área Metropolitana (GAM), englobada en el Valle Central del país, suma casi 2.000 kilómetros cuadrados. Aunque representa menos de cuatro por ciento del territorio costarricense, concentra 60 por ciento de la población, pero carece de una autoridad metropolitana unificada, al contrario de lo que sucede en otras capitales de la región.

Junto a San José, otros 30 municipios componen la GAM, cada uno con su alcalde y normativa.

“Hay una gran fragmentación político-administrativa en la GAM y un problema que es metropolitano”, dijo Tomás Martínez, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del estatal Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Martínez coordinó el Plan de Desarrollo Urbano de la GAM, el último esfuerzo para modernizar el ordenamiento territorial metropolitano, aprobado en abril de 2014 pero varado por un proceso judicial. Por ello, el plan vigente desactualizado data de 1982.

“Hay tres rutas diferentes: los municipios van por un lado, el gobierno nacional va por otro y el sector privado por otro”, explicó a IPS.

A nivel municipal, la situación no mejora. El independiente informe Estado de la Nación 2015 determinó que solo 20 de las 36 municipalidades del Valle Central, 30 parte de la GAM, tenían planes de ordenamiento territorial y solo ocho de estos contaban con los reglamentos requeridos y el estudio de viabilidad ambiental aprobado.

Uno de estos con los planes al día es San José, pero el municipio capitalino no tiene control sobre cómo o dónde se crean las redes eléctricas, de aguas o de transporte público.

Olvido a propósito

Para Alfonso Iracheta, académico del estatal El Colegio Mexiquense, el ordenamiento urbano es “estratégico” y “prioritario”.

“Pero no interesa hacer planes y cuando se tienen que hacer por ley, no interesa que la gente los conozca, y luego tratan de no cumplirlos. Detrás de este proceso están los intereses inmobiliarios”, acusó.

Ciudad de México, con más de nueve millones de habitantes y que con su zona metropolitana rebasa los 20 millones, intenta emprender una vía más organizada y sostenible, en medio de críticas por la forma de abordar los problemas.

Su Constitución, aprobada en febrero y que entrará en vigor en septiembre de 2018, prioriza la planeación y el ordenamiento territorial y estipula la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.

El texto establece que la planeación tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía, las actuales delegaciones.

El gobierno de la capital, con rango de estado en un país federal, ya envió a su Asamblea Legislativa la propuesta de Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), que se debe aprobar antes de noviembre y que regirá hasta 2030.

Tal plan, con 17 estrategias y 63 acciones, identifica las áreas urbanas con potencial de desarrollo, de mejoramiento, de reciclamiento, de conservación patrimonial y de integración metropolitana.

Pero la propuesta generó inconformidad, pues 24 organizaciones vecinales interpusieron el 20 de julio un amparo bajo el argumento de la ausencia de una consulta real.

Un análisis de ese colectivo señala que el PGDU se orienta a la comercialización del suelo urbano, al modificar los criterios de uso y densidad habitacional, Además, critican, impulsa nuevos mecanismos para regular los mercados de suelo, en un intento por resolver divergencias entre vecinos y constructoras.

Se permite “construir con permisos discrecionales, concesionar espacio público, áreas verdes”, arguye el estudio.

Por ejemplo, en Benito Juárez las organizaciones vecinales han identificado 350 construcciones irregulares que rebasan la altura permitida.

En México no hay un dato preciso de cuántos de los 2.454 municipios cuentan con plan de ordenamiento territorial actualizado, pero el hecho de que unos 400 no posean ni catastro refleja la situación, según datos de la Secretaría (ministerio) de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial.

Contradicciones

De los 4,7 millones de habitantes de Costa Rica, se estima que poco menos de la mitad vive en la GAM. En la municipalidad capitalina viven solo 340.000 personas.

“La herramienta más importante para planificar está completamente en manos del gobierno nacional”, señaló a IPS el director de Planificación Urbana de San José, Vladimir Klotchkov.

De origen ruso, Klotchkov diseñó el primer Plan Director Urbano de San José entre 1992 y 1994 y luego se quedó para coordinar la planificación urbana de la ciudad, pero su autoridad termina en los 42 kilómetros cuadrados capitalinos.

Las alcaldías costarricenses no tienen injerencia sobre el transporte que circula por sus cantones (municipios), pues esta competencia recae en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

“Todavía no hemos logrado articular la propuesta de transporte público con la de planificación urbana, que es lo más básico y elemental del mundo”, afirmó Martínez.

Méndez, en Ciudad de México, planteó que “tenemos que defender el espacio público, detener la gentrificación y acabar con la corrupción inmobiliaria”.

Para Iracheta, la movilización antinmobiliaria representa un caldo de cultivo para cambios positivos. “No podemos seguir jugando a que hacemos planes y tenemos leyes, y ver cómo la ciudad destruye los entornos naturales”, sentenció.

*Fotos de Emilio Godoy


Los servicios crecen en urbes latinoamericanas, pero con sacrificados

Orlando Milesi-IPS, desde Santiago de Chile

Cerca de 80 por ciento de los latinoamericanos ya viven en zonas urbanas, convertidas en un motor de crecimiento pero también de desigualdad,  que en el caso de los servicios públicos se potencia con su privatización y el sacrificio de poblaciones periféricas, en un modelo no sostenible que se busca modificar.

“Los residuos, el aire, el ambiente, el agua, todo en esta aérea se ha ido deteriorando, al extremo  que la población ha ido disminuyendo. La gente no se va de Rungue sino que huye de toda esta atmósfera con la cual se hace muy difícil vivir”, relató a IPS el director de la escuela de esta localidad a 40 kilómetros al norte de Santiago, Denis Guerrero.

Nelson Orellana, alcalde de Til Til, un municipio del que forma parte Rungue y con 15.000 habitantes, explicó que se  convirtieron en una zona de sacrificio, “un hecho real para quienes vivimos cercanos al 70 por ciento de todos los residuos domiciliarios que se generan  en la capital” de Chile.

“Solucionan el problema de contaminación que no saben cómo resolver en la gran ciudad, recibiendo sus residuos domiciliarios, industriales y lodos biológicos. Nos hemos transformado en un patio trasero…hoy recibimos todo lo que nadie quiere recibir”, sentenció a IPS el alcalde de uno de los municipios de la Región Metropolitana de Santiago, con 7,4 millones de personas en total, 6,5 millones en la propia capital.

“Hace  20 años se inició el relleno sanitario Lomas los Colorados. Ahora ya tenemos en total más de 31 proyectos  activos  y contaminantes en nuestra comuna (municipio). En total 12.000 toneladas diarias de basura ingresan a la comuna”, agregó Orellana.

La recolección y tratamiento de los residuos junto al transporte colectivo se convirtieron en problemas claves a solucionar en las grandes ciudades latinoamericanas, que ya avanzaron significativamente en otras coberturas como el suministro de agua potable y el saneamiento.

Según el especialista Ricardo Jordán, en América Latina “estamos pasando de una etapa en la cual faltaba de todo a otra donde ya no falta tanto porque son menos las demandas,  pero la desigualdad en la calidad y en la prestación de los servicios ha ido aumentando”.

“Disminuyó la pobreza, pero en los últimos 10 a 15 años aumentó la desigualdad y somos uno de los continentes más desiguales”, recordó a IPS el jefe de la unidad de asentamientos humanos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión  Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con su sede en Santiago.

De lo social a lo privado

“Hay países muy desiguales, como Brasil y Chile, donde el Gini (índice de desigualdad) de las  ciudades es mayor que el de los países. Por ejemplo, São Paulo es más desigual que Brasil  y Santiago es más desigual que Chile”, aseveró.

Plan regional para Nueva Agenda Urbana

En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat (Hábitat III), realizada en Quito en octubre de 2016, se pasó a considerar a las ciudades como una oportunidad y no un problema. Una importante parte del producto interno bruto (PIB) de los países se genera en las ciudades y especialmente en sector de los servicios.

”Las ciudades generan economías de aglomeración y de localización y ese es un activo del cual se apropian las empresas”, dijo Ricardo Jordán, para explicar que las urbes generan externalidades negativas, como problemas y calamidades, y positivas y que ambas son gestionables.

Para el especialista de la Cepal, ante a un nuevo momento: el de la consolidación de una región de ciudades, corresponde un nuevo paradigma para América Latina, que recoja la Nueva Agenda Urbana adoptada en Hábitat III para los próximos 20 años, mediante un plan de acción regional.

Ese plan incluirá los temas de planificación, financiamiento y monitoreo y se debatirá durante una Conferencia de Ciudades, a realizarse en Santiago en la primera semana de octubre, organizada por la Cepal, Hábitat ONU y los ministros del sector.

Son temas que también se interconectan con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vigentes en la comunidad internacional desde 2016. El número 11 de ellos busca alcanzar “ciudades y comunidades sostenibles”.

Es un plan que parte de que las ciudades pueden contribuir a cerrar la brecha de la desigualdad, en la región más desigual del mundo, ya no a través de los niveles de ingreso sino dignificando los barrios más populosos y hacinados.

“Si la familia se siente viviendo en un barrio seguro, provisto de áreas verdes, con acceso relativamente expedito a servicios de calidad, uno tiene una dignificación de los barrios que permite cerrar esa brecha histórica, eterna y tal vez permanente de la desigualdad de los ingresos”, concluyó Jordán.

Agregó que la región se globalizó y en los años 90 pasó de un modelo social de gestación, generación  y prestación de servicios a un modelo privado.

“Todas las grandes empresas que eran públicas en la prestación de servicios se privatizaron. Quedan pocos vínculos con  el Estado”, ejemplificó.

Para Jordán,  “no es una  disyuntiva o un dilema entre lo privado y lo público sino que primero lo privado, pero regulado, y lo público como público, pero con eficiencia. Está pendiente para todos los servicios un régimen mixto público privado….que sin decir no a la gestión  privada de los servicios,  garantice cobertura y acceso”.

América Latina es una región donde el proceso de urbanización puede darse por terminado y los expertos coinciden en que una ciudad sostenible se asocia  hoy a la gestión de bienes y servicios  de  calidad.

“Agua y saneamiento fue el gran problema urbano sobre todo para sectores marginales hasta los 70 del siglo pasado. Ello se fue resolviendo poco a poco: Chile tiene 100 por ciento cubierto y en Brasil sigue habiendo algún déficit”, afirmó Jordán.

Mientras la atención se concentró en agua y saneamiento, problemas con el transporte colectivo y los residuos sólidos  no recibían atención.

“Nos dimos cuenta que esto era terrible porque tenía una acumulación y otros problemas y efectos. El nuevo gran tema en los 90 fue la gestión de  los residuos sólidos. Y mientras tapabas los hoyos, el transporte estaba ahí hasta que se les ocurrió en Bogotá anunciar el Transmilenio para resolver el caos en el tema de servicios del transporte”, reseñó.

Medellín y su modelo sostenible de transporte

La experiencia con el transporte público en Medellín, la capital industrial de Colombia, al noroccidente del país, fue muy relevante porque tiene que ver con la salud y la vida al tratarse de una de las ciudades más contaminadas de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud.

Con poco menos de tres millones de habitantes en el angosto Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, en Medellín los vientos no alcanzan a evacuar la contaminación atmosférica, causada en más del 78 por ciento por vehículos particulares, según el Plan de Descontaminación del Área Metropolitana  de 2015.

Medellín es la única ciudad colombiana que tiene el servicio de metro, desde 1995.  Su Sistema Integrado de Transporte incluye metro, tranvía, teleférico, buses con carriles exclusivos y hasta bicicletas.

Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, declaró a IPS que un secreto del éxito del transporte público en la ciudad ha sido la concertación con el sector privado.

”El primer objetivo fue disminuir los tiempos de desplazamiento mediante la coordinación de la operación; el segundo, generar tranquilidad tanto a los usuarios, como a las empresas de transporte, mediante un monitoreo tecnológico de la seguridad, con un recaudo electrónico y con vehículos en un estado óptimo y el tercero generar condiciones que permitan el acceso al sistema de todos los ciudadanos, en especial de las personas con discapacidad física o sensorial” dijo.

Añadió que “el propósito central es promover la movilidad sostenible teniendo el transporte público como eje principal y establecer parámetros que permitan la reducción de emisiones contaminantes en un sistema financieramente autosostenible con una tarifa asequible”.

Iglesias subrayó el comportamiento de la ciudadanía gracias a “un programa permanente para desarrollar un modelo cultural alrededor del sistema”.

“Uno de los principales logros es la articulación interinstitucional y el trabajo conjunto con los transportadores privados. Este esfuerzo entre la administración y el sector privado es uno de los factores diferenciadores frente a la manera como normalmente se han estructurado los proyectos en otras ciudades”, resumió el funcionario.

La veterana periodista antioqueña Ana Cristina Navarro cree que otro secreto del buen funcionamiento del este sistema de transporte es que  “hay bastante control social sobre lo público. Se ha dado en los últimos 20 años un proceso de avance en la participación social ciudadana y, por tanto, en veeduría”.

Para los medellinenses ese sistema “es de todos, hay que cuidarlo. Los recursos que se invierten son pocos”, dijo Navarro a IPS.

Empuje hacia lo sostenible

La Cepal está promoviendo “el gran empuje ambiental en la producción de servicios, tanto en residuos sólidos, transporte, agua y saneamiento y energía. La forma de producirlos es  lo que tenemos que abordar ahora porque eso garantiza  una calidad más completa”, afirmó Jordán.

“Los desafíos están en la línea de la producción y la de cerrar las brechas de calidad de cada uno de los servicios…cómo accede una persona de menos recursos a un servicio cada vez de mayor  calidad”, resumió.

Gabriela Carvajal, dueña del restaurante Belén, en Til Til, graficó a IPS esa brecha: “Tenemos que vivir con las moscas. En el verano es mucho más intenso el mal olor. El tren pasa cada hora, con 20 vagones o más llenos de silos con basura, y tenemos que soportar también el percolado (liquido de materia descompuesta) que cae de la basura y corre por la línea”.

En la única escuela de Rungue, 150 alumnos estudian desde preescolar hasta el final de la educación básica, en un entorno maloliente y contaminado.

“Uno mira a los niños y ve con las ganas  que estudian, trabajan y tratan de salir adelante. Pero para las autoridades que deciden ese tipo de cosas no tiene ninguna significación. Más de 700 veces cada curso hay niños se retiran de clases anticipadamente debido a enfermedades” disparadas por la contaminación,  lamentó Guerrero, su director.


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