Guatemala: la Corte impide al presidente Morales expulsar al comisionado de la ONU que pidió enjuiciarlo

Contexto Nodal
El viernes 25 de agosto, la fiscal general Thelma Aldana e Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pidieron enjuiciar al presidente Jimmy Morales por presunta comisión de ilícitos electorales durante su campaña de 2015. Luego, el mandatario declaró “non grato” a Iván Velásquez y le ordenó salir del país, lo que fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad. La crisis política desató protestas contra Morales y la renuncia de dos ministras y varios funcionarios. La Corte Suprema deberá decidir si da luz verde al proceso judicial contra el presidente.

La CC ordena, definitivamente, que no expulsen a Velázquez

La Corte de Constitucionalidad (CC) amparó al procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas para que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez no sea expulsado del país en forma definitiva.

La CC otorgó un amparo provisional al PDH pero el acto reclamado (la declaratoria de non grato y expulsión de Velásquez) se suspende en definitiva porque los magistrados consideran que el presidente actuó de manera ilegal contraviniendo una norma constitucional.

Los magistrados que votaron a favor de esa decisión fueron: Francisco de Mata Vela, Gloria Porras, Boanerge Mejía, en contra Dina Ochoa y Neftalí Aldana.

Rodas promovió un amparo contra el presidente Morales, señalando como acto reclamado la declaratoria de non grato que emitió contra Velásquez, comisionado de la Cicig.

Los magistrados señalaron que tras examinar el contenido del documento transcrito, que contenía la declaración de Morales como persona “non grata” al comisionado, la Corte advierte que el mismo carece de las solemnidades formales que la Constitución en sus artículos 182, segundo párrafo, y 194, inciso C) prescriben de la validez de la decisión que por su medio se intentó dictar.

La afirmación de que carece de las solemnidades formales exigidas, radica en el hecho de que el documento lo firmó únicamente el presidente, sin refrendo del ministro de Estado que corresponde, según el tema que trata el mismo, afirma la resolución.

Ese incumplimiento de la solemnidad formal de la que se hace mención, deriva en que el documento reprochado y la decisión resultan nulos de pleno derecho.

Otra de las falencias advertidas por los magistrados concierne en las incongruencias entre las fechas consignadas en el documento que contiene el “pronunciamiento”, ya que cita el 26 de agosto y en el apartado final se cita el 27 de agosto.

También se hace alusión, como fundamento legal que la decisión se basa en la literal p) del artículo 183 de la Constitución, que no guarda relación con dicha decisión, señalan los magistrados en la resolución.

Finalmente la Corte estimó necesario invocar lo normado en el artículo 12 del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidad y el gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que preceptúa “Toda controversia entre las partes, relacionada con la interpretación o con la aplicación del presente Acuerdo, se resolverá por negociación entre las partes o por otro medio de solución mutuamente convenido”.

Satisfecho

El PDH aseguró sentirse satisfecho porque la CC haya restablecido el imperio del derecho y que se cuente con un garante de la Constitución.

Indicó que con esto se demuestra que no hay nadie sobre la ley y ahora lo que le toca a Guatemala es volver a la armonía. Añadió que la decisión del presidente queda evidentemente calificada como ilegal.

La Hora


Antejuicios contra el Presidente comienzan su recorrido

La Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió ayer la solicitud de antejuicio interpuesta por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); también la petición presentada por Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), ambas en contra del presidente Jimmy Morales Cabrera.

Por lo que es probable que el pleno de magistrados conozca hoy durante la reunión ordinaria, las querellas que buscan quitarle la inmunidad al mandatario para que se le investigue por varios delitos.

Esa Cámara, dirigida por la magistrada Vitalina Orellana, deberá analizar los expedientes para conocer el fondo de las solicitudes, posteriormente elevará los expedientes al pleno y luego de la discusión los magistrados deberán votar a favor o en contra a darle trámite a las peticiones.

De aceptar ambos expedientes o uno de los dos, la CSJ remitirá los documentos al Congreso de la República, donde los diputados integrarán por sorteo una Comisión Pesquisidora, la que al finalizar el trabajo informará al pleno si es necesario que se le retire la inmunidad al mandatario para que se le investigue.

La solicitud presentada por el MP y la CICIG es por el supuesto delito de financiamiento electoral ilícito y anónimo, al no presentar informes de los recursos manejados por el partido FCN-Nación del cual Morales era el secretario general durante la campaña de 2015.

Mientras que el antejuicio presentado por AC, es por los delitos de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, al querer expulsar del país al jefe de la CICIG Iván Velásquez, y evitar así la investigación por financiamiento ilícito.

Pedirán inhibirse

Preliminarmente se conoce que por lo menos tres magistrados de la CSJ buscarán inhibirse de conocer esas solicitudes de antejuicio. La primera sería Silvia Patricia Valdés Quezada, debido a que ella reconoció públicamente tener una amistad y afinidad con Morales Cabrera.

También, se abstendría de conocer el proceso las magistradas Vitalina Orellana y Elizabeth García, aunque no fueron explicadas las razones. En su lugar, tendrían que integrar el pleno los presidentes de Sala de Apelaciones.

Al cierre de esta edición, se conoció que la Cámara podría posponer la presentación de ambas solicitudes de antejuicio para la reunión ordinaria de hoy, y en su lugar incluirán la discusión de otras denuncias que están pendientes de resolver.

No obstante, una fuente interna del Organismo Judicial (OJ) informó a elPeriódico que, si los togados no incluyen la discusión de los antejuicios en la reunión de hoy, la magistrada María Eugenia Morales pedirá al presidente de esa Corte, Nery Medina, que convoque a reuniones extraordinarias durante el resto de la semana, hasta que se discuta el punto.

Marco Canteo, experto en temas judiciales, indicó que los magistrados deberán analizar y resolver apegados a derecho, con el fin de trasladar un mensaje de institucionalidad al país.

“En este momento la institucionalidad del país y la Corte Suprema están a prueba. Es el camino correcto para resolver la situación con responsabilidad, independientemente cual sea su resolución, el fin primordial debe ser fortalecer la institucionalidad, tramitar en apego a derecho y aplicar con claridad y certeza la justicia conforme a las facultades legales y constitucionales que ellos tienen”, puntualizó.

Agregó que cada magistrado deberá hacer un análisis personal y ético para reconocer si es prudente conocer las solicitudes o inhibirse.

Otras peticiones

En el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Mynor Moto, se encuentra la solicitud de antejuicio presentada por Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack, en contra del presidente Jimmy Morales, por el delito de desobediencia. Ese juzgador deberá inhibirse y elevarlo en las próximas horas a la Secretaría de la CSJ.

Mientras que en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, presidido por Silvia de León Santos, fue ingresada la solicitud de antejuicio presentada por Alejandro Balsells, Eleonora Muralles, Elvin Díaz y Gabriel Wer, por los delitos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia.

El Periódico