Guatemala: mafiosos dominando el Estado

Guatemala: mafiosos dominando el Estado

Rafael Cuevas Molina, desde San José de Costa Rica

A pesar de las sonrisas que exhiben él y sus compinches en las sesiones del juicio que se les sigue por corrupción, el ex general Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala, la tiene cada vez más difícil. Conforme avanzan las investigaciones se formulan nuevos cargos en su contra, aparecen más secuaces y se evidencia que lo que hicieron en los últimos siete años fue producto de un plan bien pensado para tomar al Estado como botín.

En ese plan participaron militares, empresarios y burócratas, todos los cuales reconocieron a Otto Pérez como su gran padrino, como el capo de capos, a tal punto que cooperaban regularmente para hacerle regalitos como mansiones en la playa, helicópteros y otras bagatelas por el estilo. A esto le llamaron “la coperacha”.

Tenían razón de tenerlo tan en buen concepto. Pérez Molina le prestó ingentes servicios a la oligarquía guatemalteca en los últimos 35 años. Como kaibil, es decir, como miembro del grupo de élite del Ejército guatemalteco, fue pieza central en la ejecución de la estrategia de Tierra Arrasada que dejó miles de muertos en los primeros años de la década de los ochenta en el marco del conflicto armado interno.

Hay un documental de Allan Nairn,  Titular de hoy, en el que se le puede ver dando declaraciones sobre cómo lleva adelante la represión, y solazándose con los cadáveres de quienes yacen a sus pies luego de ser abatidos.

Ese primer aporte de Pérez Molina a la mantención de estatus quo se enriqueció décadas más tarde: hay fundadas sospechas de que fue parte importante en la conspiración que llevó, en abril de 1998, al asesinato del obispo Juan Gerardi, quien el día anterior había presentado públicamente las conclusiones de la investigación titulada Recuperación de la memoria histórica, impulsada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en la cual se consignaba, con datos fehacientes, al Ejército de Guatemala como el gran violador de los derechos humanos en el país.

Por último, fue impulsor de la red mafiosa que transformó al Estado en un nido de rateros. Para eso, fundó y organizó el Partido Patriota, el cual la fiscalía y la CICIG, que es una comisión ad hoc de las Naciones Unidas para Guatemala en el tema de la corrupción, han catalogado como verdadero partido tapadera orientado básicamente para alcanzar el poder y saquear el Estado.

Con esto, contribuyó a dar el toque final al sistema depredatorio que la oligarquía guatemalteca ha venido construyendo durante toda la segunda mitad del siglo XX. En ese sistema, el Ejército se incorporó como un agente central sin el cual no funcionaría. En esa cooperación oligarquía-Ejército, Pérez Molina fue una pieza importante pero no la única ni mucho menos. Él perteneció a una de las redes que, con fines de enriquecimiento, nacieron y se desarrollaron en el seno de la institución armada. Estas se dedicaron a distintos negocios: el contrabando, el tráfico de drogas, la trata de blancas, el secuestro y/o el robo de carros.

La parasitaria y mafiosa oligarquía guatemalteca necesitó al Ejército por varias razones. Porque, en la década de los ochenta, sin él sentían que la Revolución Nicaragüense y el avance de las fuerzas de izquierda en El Salvador tocaría las puertas de Guatemala. También porque, al mando del aparato del Estado en esa época, conspicuos miembros del Ejército coparon puestos claves que los enriqueció y los trasladó a su lado en el espectro de las clases sociales.

Esta alianza Ejército oligarquía viene forjándose desde 1954, cuando derrocó al presidente Jacobo Árbenz Guzmán. A partir de entonces iniciaron la construcción de un Estado que, primero, se especializó en reprimir la protesta ciudadana y, luego, una vez pasado a un estadio en el que esta podía ser controlada por mecanismos menos agresivos como los de la Tierra Arrasada, en succionar sus recursos. Al primero podemos llamarlo el Estado contrainsurgente; al segundo, el Estado cleptómano.

El ex general Otto Pérez Molina que hoy sonríe en las sesiones del juicio que se le sigue en los tribunales guatemaltecos es un bandido, pero no es el único. Como él hay muchos, y forman parte de un sistema que las marchas ciudadanas que copan las plazas centrales de la capital y de las principales ciudades del interior del país quieren que se cambie. Estas marchas multitudinarias y variopintas muestran el hartazgo de los guatemaltecos con este estado de cosas.

El año pasado, fueron cruciales para que Otto Pérez y su vicepresidenta renunciaran. Protestan pero no están en la capacidad de proponer alternativas , y esta es una característica que comparten con otros movimientos ciudadanos de otras partes de mundo. Como dice Tzvetan Todorov, “los indignados se atrevieron a decir que el rey está desnudo pero no saben cómo vestirlo”. En España, las fuerzas que emergieron de un movimiento de ese tipo, conocido como el 15M, derivó en Podemos.  En Guatemala no se avizora aún nada por el estilo pero la oligarquía está nerviosa. Por algo será.


De una resignación nacida del terror a una esperanzadora rebelión cívica

Edición del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Guatemala vive la emersión de una nueva etapa histórica cuyas perspectivas aún es difícil prever. País mayoritariamente indígena, con larga historia de injusticias, pobreza, desigualdades y marginaciones, donde décadas de cruenta represión, guerra contrainsurgente y paz mezquina implantaron una resignación nacida del terror, de pronto abrió paso a una amplísima rebelión cívica que devolvió voz y esperanza a los ciudadanos.

La revelación de varios casos de corrupción de escandalosas dimensiones, que involucran a gran parte del grupo gobernante y a centenares de empresarios, disparó la salida de multitudes a las calles, conglomerando gente de todas las edades y orígenes étnicos y sociales, niveles educacionales y preferencias políticas y religiosas. La convocatoria nació principalmente de los jóvenes de la clase media urbana, a partir de consignas sencillas e incluyentes: basta de funcionarios corruptos, queremos justicia.

Las demostraciones empezaron en la capital, mientras el medio rural aún siguió paralizado por la memoria del terror contrainsurgente; luego fueron extendiéndose por todo el país. En las marchas participaron semanalmente decenas de miles de personas, de forma inusitadamente pacífica, ordenada, respetuosa de la propiedad pública y privada.

Las movilizaciones rompieron la compartimentación histórica de la población guatemalteca; pusieron a dialogar la gente de la ciudad con los hombres y las mujeres de las distintas etnias, a los activistas de diferentes clases sociales, a los estudiantes de las universidades públicas y privadas, a entretejer sociedad nacional.

Las investigaciones fueron posibles por el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo internacional auspiciado por la ONU y constituido en 2007 por efecto de los Acuerdos de Paz de 1996. La Cicig, que goza de la confianza ciudadana, procura evitar que las falencias del sistema judicial permitan burlar la justicia. Anteriormente, ya había logrado la investigación y enjuiciamiento del ex presidente Alfonso Portillo y resolver otros casos importantes.

La Cicig ahondó pesquisas sobre la defraudación fiscal que finalmente alcanzaron al presidente Otto Pérez Molina, dieron pie a su desafuero y, finalmente, a su renuncia, sin esperar por las elecciones generales.

La descomposición de la rosca política dominante es tan grave que ni los principales candidatos escaparon a las pesquisas. Jesús Barquín, aspirante a la vicepresidencia en la fórmula encabezada por el favorito, Manuel Baldizón, fue encausado por un presunto lavado multimillonario de dinero urdido a través de 200 empresas fantasma.

En mayo de 2015, obtuvieron la renuncia de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, implicada en la organización delictiva La Línea, dedicada a evadir los pagos aduaneros a cambio de pagos directos de muchos empresarios. En junio de 2017, Estados Unidos hizo a Guatemala la solicitud formal de extradición, señalada en ese país de delitos de narcotráfico.

El 6 de septiembre tuvieron lugar lo que alguien llamó “unas extrañas elecciones” entre candidatos que venían de la época anterior a las movilizaciones sociales.

 El comediante evangélico y empresrio televisivo Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional fue electo presidente tras vencer claramente -con más de un millón de votos de diferencia- a su rival, la ex primera dama Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, de origen socialdemócrata.

Morales, quien asumió en enero de 2016,  fue presentado como “no político” con el slogan de “ni ladrón ni corrupto”, sobrepasó a sus contrincantes sin tener un partido con estructura ni proyecto nacionales, apoyado por la Asociación de Veteranos Militares –organización de los oficiales que plagaron al país de atrocidades durante la guerra contrainsurgente– y la derecha más radical.

 

No es gracioso: ya exigen su renuncia

En un año, la aprobación de la gestión del presidente guatemalteco descendió de 82 a 19% y las organizaciones sociales exigieron su renuncia por no haber cumplido con las demandas sociales, entre ellas el ataque a la cultura de la corrupción en las instituciones del Estado y enfrentar la inseguridad que dejó unos seis mil asesinatos en 2015.

De acuerdo al informe de Desarrollo Humano para Guatemala 2015-2016, el 73 por ciento de los guatemaltecos no gana lo suficiente para cubrir los gastos mínimos y una tercera parte de la población no tiene lo necesario para comprar alimentos. Además, 8 de cada 10 niños presentan desnutrición crónica.

En octubre de 2016, el mandatario reconoció que seis de cada diez guatemaltecos son pobres y afirmó que uno de los “grandes desafíos” es la reducción de las condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Analistas y expertos coinciden en que el incumplimiento más notable del mandatario ha sido la lucha contra la corrupción, que ha salpicado incluso a su familia y sigue afectando la esfera política de ese país. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) vincularon en septiembre de 2016 al hermano e hijo del presidente a un caso de corrupción y puso en tela de juicio la campaña contra este delito.

En marzo último, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) convocó a una movilización de movimientos campesinos e indígenas, pero también organizaciones sociales y populares, para exigir la renuncia del presidente por estar vinculado a la corrupción al actuar en complicidad de la evasión fiscal al condonar el pago de deudas de 216 empresas.Los manifestantes también pidieron una investigación a más de 100 diputados que pudieron haber recibido un soborno por parte de la empresa Odebrecht.


Comunidades originarias: De la rabia a la rebeldía

Kajkoj Máximo Ba Tiul , desde Ciudad de Guatemala

Este texto forma parte de una serie de artículos que escribimos junto a las comunidades Q’eqchi’ y Poqomchi.  Escritos desde el pensamiento, sentimiento y acción de comunidades que están en resistencia contra el sistema político, que promueve un modelo económico, social, cultural, educativo y religioso de sometimiento, embrutecimiento, alienación, enajenación y colonización. Comunidades que no se sienten representados por un montón de ONG, Organizaciones Sociales y Partidos de Izquierdad, que dicen representarnos.

Estos textos tienen como objetivo, debatir con todos ustedes, algunos puntos de vista que hemos discutido en las comunidades donde vivimos y hacemos pensamiento, pensando en un futuro no muy lejano, construir la “verdadera independencia”.  Como lo hemos dicho en innumerables veces, hacer este tipo de análisis, también tienen sus costos políticos, académicos, organizativos, etc. Incluso, desde quiénes discuten por todos lados lo poco que hemos avanzado, o de aquellos que desde la ciudad, pretenden construir recetas para la liberación, esto sin excluir a las clases pobres y desprotegidas que viven en las áreas periféricas de las grandes ciudades.

Al escribir estas líneas, lo hacemos porque estamos seguros y somos partidarios de que esta realidad no va a cambiar, si no comenzamos a construir una nueva ética y moral revolucionaria.  Como dijera en su momento el Che Guevara, hay que “avanzar hacia la construcción de un hombre nuevo”, es decir, una sociedad nueva, una humanidad nueva, revolucionaria y consecuente con los más pobres. Eso significa, que tenemos que avanzar hacia la construcción de una ética de los abajo, de lo vilipendiados, de los desconocidos,  de los desarraigados, de los sin tierras, de las víctimas y de los sufridos, incluso de aquellos que han sido engañados, como lo dice una lideresa Q’eqchi’, en una reunión convocada por el ministerio de cultura, en Cobán, Alta Verapaz; “hoy nos trajeron bajo engaños, sin saber cuál era el sentido de este evento“, repetido por mujeres mayas del occidente al verse engañadas y burladas por la actual ministra de cultura, al presentar su bochornoso, espurio y servil “estándar para el Convenio 169).

Una nueva ética y moral, construida desde los de abajo.  Desde aquellos que han vivido bajo el yugo de la opresión, la represión, la criminalización, el control, la judicialización.  Esa nueva ética y moral, parte de reconocer aquellos momentos que nos dan rabia.  Como decíamos en una reunión sobre “memoria histórica”, para eso hay que hacer referencia a la cuenta larga y no solo a la cuenta corta.

Porque nuestra rabia comienza allí.  Desde que llegaron; los Colón, los Alvarado, los Díaz del Castillo, los Molina y otros, que luego se encontraron con los Diesseldorf, Thomae, Sapper, Arena, Botrán, Bosch, Gutierrez, etc., y encontraron aliados a “indios permitidos”, que con la boca hablan de pueblos originarios, pero en el corazón “son serviles del capitalismo” y estos juntos construyeron lo que ahora se han denominado el poder conservador-oligárquico-burgués-religioso, a los que hemos añadido, corrupto-despojador-militar-asesino-narco-genocida.

Nuestra rabia inicia, cuando nos despojaron nuestras tierras, nos comenzaron a quitar nuestra forma de pensar, nos arrebataron nuestra forma de vivir, nos quitaron nuestra forma organizativa. Allí comienza la rabia y es una rabia que sigue cada vez más profunda, ¿por qué?. Porque siguen los vejámenes contra nosotros.  Hoy por ejemplo, si salimos a manifestar, siendo un derecho que ellos se inventaron para entretenernos, nos dicen que somos unos haraganes, pero si salen ellos son ciudadanos, productores o empresarios.  Ellos si pueden interponer ante sus Estado muchos “amparos”, pero nosotros aunque vayamos, no nos hacen caso.

Esta nuestra rabia es contra todos, incluso contra la falsa neutralidad del discurso académico y oficial.  Rabia contra la presentación de la historia como un proceso sin sujetos, sin nosotros”[3]. Rabia, contra las Universidades que forman profesionales al servicio del capitalismo.  Rabia, contra ingenieros, abogados, trabajadoras sociales, antropólogos, sociólogos, al servicio del modelo académico extractivista o vendiendo su conocimiento por dinero, sin importar la vida de los más pobres.  Es la rabia, que nace desde lo más profundo de la vida de la montaña, donde nace las aguas que llenan los ríos y que  llegan al mar.  Rabia, que viene acompañado del canto del cenzontle, guardabarranco, colibrí.  Rabia, que se llena del rugido del tigre, de la pantera y del sonido del cascabel de la serpiente.  Por eso, es una rabia que no lo entienden los de arriba, solo lo entendemos desde abajo.

Rabia, al  ver morir de hambre a tantos niños y niñas, por la maldita pobreza creada por la acumulación de riquezas en manos de pocos.   Da rabia, ver como se roban nuestras semillas y a cambio nos traen semillas “mejorada”, que solo sirven para destruir nuestra tierra y nuestra vida. Da rabia ver a cientos de hombres y mujeres, muchos de ellos campesinos, que van a las ventas de veneno comprar tanta “porquería”, para que muramos lentamente y con nosotros la tierra, que como él animal está atento a atrapar a su presa, están las empresas esperando que las dejemos para que entren a destruirla y explotarla.

Rabia, que nace al  ver que en las escuelas los maestros no llegan y cuando llegan solo son dos días a la semana y  descansan dos o tres semanas, tomando como excusa; reuniones, asambleas, juegos, enfermedad, etcétera.  Maestros, que repiten la historia oficial, escrita por los intelectuales de los grupos de poder.  Que reproducen los estereotipos machistas, misóginos, racistas y discriminadores del sistema capitalista neoliberal.

Así podemos seguir hablando porqué la rabia, es fuente de rebeldía.  Porque la suma de injusticias, nos puede llevar a articulación de todos para nuestra liberación.  Pero también nos puede llevar al sometimiento o a la violencia.  Esta rabia, que nos da el sufrimiento provocado por el sistema, tiene que ser no una rabia de venganza, sino de liberación.  Nosotros nacemos y vivimos con esa rabia y algunos hasta se nos adelantaron sin poder quitarse esa rabia, pero si hicieron el intento de liberarse de ella.  “La rabia está allí, creciendo, y somos parte de ella.  No podemos apartarnos de ella. Estamos montados sobre un tigre y no podemos bajarnos de él.  Lo que tal vez podemos hacer es influir en la dirección que tome”.

Por eso el camino debe ser hacia una rabia de esperanza.  Una rabia que libere, que detenga este sistema salvaje.  Debe ser una rabia que dignifique.  Debe ser una rabia que nos articule en este momento importante que tiene nuestros país, en donde todos, absolutamente todos aquellos que desde la colonia han tomado el control sobre nosotros, han fracasado, con su modelo de Estado-Nación.  Nuestra rabia debe ser conduce hacia la construcción de un modelo plurinacional donde quepan todos.

La rabia que nosotros tenemos, debe llevarnos a destruir la casa del criollo y construir una casa para y desde los de abajo.  Esta rabia debe ayudarnos a dejarnos de quejar, de panfletear, de estar escribiendo largos comunicados o de estar esperando que el Estado criollo nos abra un espacio.  La rabia nuestra debe ser de esperanza de decir hasta aquí a los opresores, violente, criminales, oligarcas, burgueses, narcos, militares, curas y pastores corruptos y vividores. Esta rabia debe detener la cooptación de indios permitidos.  Esta nuestra rabia, debe conducirnos hacia la articulación de una gran movimiento de liberación.  Porque nuestra rabia es rabia que dignifica y que no nos dejará doblegarnos.  Nuestra rabia es de rebeldía, porque soñamos con un futuro mejor.  Solo uniendo nuestras rabias, podemos recuperar  y defender nuestra tierra y nuestro territorio.

Con Nuestra América


Adiós a la consulta previa, libre e informada

Ollantay Itzamná, desde ciudad de Guatemala

Hace dos años, cuando el actual Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se encontraba en campaña electoral, unos periodistas le preguntaron: ¿Qué hará con la conflictividad social creciente en el país? El entonces candidato presidencial les respondió con la moraleja del gato y el ratón.

Hace unos días, el Presidente, con la finalidad de “mitigar la conflictividad social por la ausencia de un reglamento para la consulta (…), y promover la participación de indígenas”, en presencia de “autoridades ancestrales mayas”, presentó al país la Guía operativa para la implementación de la consulta a pueblos indígenas.

Este reglamento transitorio, es y será el mejor legado del actual Gobierno para las empresas nacionales e internacionales perturbadas por las resistencias comunitarias en los territorios indígenas. Pero, también es y será una de las peores pesadillas contemporáneas para las comunidades y pueblos en resistencia.

Según el Convenio 169º de la OIT (ratificado por Guatemala en 1995), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007), y la Declaración de la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas (2016), el derecho a la consulta previa, libre e informada, tiene por finalidad conocer la voluntad de los pueblos implicados en los impactos de un proyecto o programa.

Según los objetivos de los pasos 7 y 8 de la mencionada Guía de consulta chapina, el objetivo de la consulta es conseguir el consentimiento de los pueblos y “acordar las medidas de mitigación de los impactos negativos de la obra o proyecto para los pueblos”.

Ahora, los pueblos indígenas ya no podrán decir NO a las empresas, como lo venían haciendo con las autoconsultas. Esta Guía de la consulta les obliga a decir SÍ, porque este proceso busca como resultado “acuerdos de mitigación de los impactos de la obra”.

Según el objetivo del paso 1º de la Guía de consulta, el Gobierno nacional “determina si la medida administrativa (obra o proyecto) a realizar en el territorio es o no objeto consulta”.

Ya no serán los las comunidades o pueblos quienes determinen, en base a los derechos reconocidos internacionalmente, qué se consulta y qué no, sino el “agente que hace la consulta”.

Si en el paso 1º, el Gobierno decide qué se consulta y qué no. En el paso 2º, según dicha Guía, el Gobierno decide a quién se consulta y a quién no. “A través de sus instituciones representativas (…) acreditadas”, indica el documento.

Acreditarán y consultarán a representantes de los 48 cantones de Totonicapán, a algunas “autoridades ancestrales” restauradas por la cooperación internacional, y a otros [email protected] [email protected] Estos serán los firmantes de los futuros “acuerdos de mitigación” en la consulta. Similar al “selecto” proceso de consulta que hicieron a algunos indígenas para la elaboración de la Guía en mención.

El paso 3º indica que el Gobierno, sus asesores y los “representantes” definirán los “mecanismos” de consulta. El Convenio 169º indica que la consulta previa se debe realizar mediante mecanismos y sistemas propios de los pueblos. Es decir, asambleas comunitarias, cabildos (allí no hay representantes). Según la Guía, la consulta será únicamente a representantes acreditados (democracia liberal representativa). Sectores u organizaciones indígenas consecuentes, serán sistemáticamente excluidos del proceso de la consulta.

A todas luces, esta Guía de consulta, que se plantea como documento base para la elaboración y aprobación del próximo reglamento de consulta en el Congreso de la República, tiene por finalidad fulminar todos los procesos de las resistencias comunitarias en los territorios indígenas y campesinos. Llamar a consulta a los dirigentes indígenas permitidos, incluso en los territorios y municipios del país donde ya se realizaron procesos de autoconsulta (casi un total de 80 autoconsultas).

Después de las políticas públicas liberales que disolvieron las propiedades comunales de las tierras en Guatemala durante los siglos XIX y XX, las consultas a realizarse bajo “orientación” de esta Guía serán las más letales para la defensa de tierra-agua y territorios. Y, lo más doloroso, el gato utilizó a una Ministra y a un Asesor mayas para dar este zarpazo, y los ratones al parecer no perciben la magnitud del ataque.


Un reglamento para anular derechos y para el despojo

Pensamientos Guatemala

Los lineamientos para estandarizar el derecho de consulta tergiversan, restringen, disminuyen y anulan el alcance y espíritu del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros instrumentos internacionales, señala el Pronunciamiento de Autoridades Ancestrales.

La Guía es un mecanismo perverso que tiene por intención anular el derecho que tenemos las comunidades y pueblos a decidir libremente en nuestros territorios, señaló el Pueblo Maya K´iche´. La Guía pretende desconocer las casi cien consultas realizadas en igual número de municipios e imponer un mecanismo que protege únicamente los intereses y enriquecimiento de las empresas, utilizando el falso argumento que las comunidades no pueden oponerse a un proyecto empresarial, expresó la asamblea Social y Popular. 

En dos plumazos (o dieciséis páginas, nueve apartados y un procedimiento con ocho pasos), el Gobierno de Guatemala reduce hasta prácticamente anular la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. El crimen se perpetra a través de la Guía operativa), una supuesta regulación administrativa de un Tratado Internacional (Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales) que es en realidad una reinterpretación a la baja de este Convenio, y de los derechos colectivos de los pueblos.

Con la reglamentación lo que la élite y el Estado buscan es garantizar la certeza jurídica de transnacionales, proteger la industria extractiva o proyectos hidroeléctricos, aunque eso implique aniquilar a pueblos. Ha sido la negativa de colectivos indígenas no vendidos al sistema, lo que ha levantado críticas de la oligarquía, pero también de grupos de centro y centro-izquierda, quienes acusan a pueblos indígenas de ser irracionales, de rechazar el diálogo, de buscar polarización, de ser divisorios, difíciles, arrogantes o necios (…) Estos grupos terminan apoyando la agenda de la oligarquía, poniendo en riesgo la vida de comunidades, territorios y recursos indispensables para todos como el agua.

Una consulta que no consulta, con consultados que no deciden y decisiones que se imponen desde una autoridad central, agudiza los conflictos ya existentes alrededor de los proyectos extractivos. Los debates se prolongan y las disputas suben de intensidad: un Estado y un modelo de sociedad que prioriza la propiedad privada y los derechos de inversión y comercio, choca contra los intereses históricos de los pueblos y su libre determinación, es decir, la capacidad de decidir sin imposiciones externas su organización política, económica, social y cultural. (…)

 Reglamentar para el despojo

La propuesta gubernamental asume prácticamente todas las demandas del empresariado, planteadas con fuerza tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 4 de enero de 2017. En esa resolución provisional, la CSJ dictaminó la suspensión de los proyectos hidroeléctricos Oxec (sobre los ríos Oxec y Cahabón, comunidades q´eqchi´de Alta Verapaz) por no haber realizado consulta previa. El sector empresarial percibió la amenaza de esta decisión para su modelo de negocios, y respondió con una campaña mediática agresiva y polarizante, que se concretó en 1) la decisión de la Corte de Constitucionalidad -CC- de 26 de mayo (que permite la continuación de los proyectos, ver Consultas comunitarias y desarrollo. Nueve preguntas y un sueño) y 2) la reglamentación de las consultas.

La propuesta empresarial, sentencia de la CC y Guía gubernamental coinciden en los puntos medulares: El proceso de consulta tiene carácter indicativo, no vinculante; Las comunidades no coordinan ni dirigen el proceso de consulta, sino que lo hace una institución estatal, con funciones decisorias;  Los proyectos que están en marcha, aunque no hayan realizado consulta, continúan funcionando. La consulta se realiza en este caso a posteriori (este proceso es denominado por el sector empresarial como homologación retroactiva).

Asimismo, la violación del derecho de consulta y las violaciones de derechos cometidas por empresarios, quedan fuera de debate. La Guía parece un reflejo de la historia y del poder de las élites que deciden unilateralmente. Despojo, explica María Aguilar en El Periódico, disfrazado de legalidad.

Anexo:

Entre 1960 y 1996, 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos, 100 mil desplazados

La Guerra Civil de Guatemala —o Conflicto Armado Interno como se le ha llamado en Guatemala tras los acuerdos de paz de 1996— fue un largo conflicto bélico

entre 1960 y 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico ―nombrada por las Naciones Unidas para recopilar información histórica mediante un complejo análisis estadístico estimó que el saldo al final de la guerra fue de doscientos mil muertos, cuarenta y cinco mil desaparecidos, y cerca de cien mil desplazados.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las fuerzas armadas gubernamentales son responsables de 93 % de la violencia del conflicto y los grupos guerrilleros de 3 % (4 % no están identificados). La mayoría de las víctimas fue producto de políticas de tierra arrasada y combates en la región occidental de la Franja Transversal del Norte, particularmente el triángulo ixil,​ que fue poblado en la década de 1960 cuando se inció el proyecto de la Franja pensando que sería el granero nacional. A mediados de la década de 1970 se encontró petróleo en la región, lo que provocó intensos combates en el área.

El conflicto se inició a principios de la década de los sesenta, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Éste, sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca desde la Independencia en 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Árbenz Guzmán en 1954, propiciado por Estados Unidos y la trasnacional United Fruit Company.

En 1962 se creó el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR13), el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en 1971. El gobierno de Julio César Méndez Montenegro fue el único gobierno civil desde 1960 hasta 1986, aunque estuvo fuertemente influenciado por los miembros de la cúpula del ejército. Dio paso al trío de gobiernos militares de la década de los setenta y luego a la década de los golpes de Estado y de fuga de capitales.

La noche del 26 de abril de 1998, el obispo Juan José Gerardi fue asesinado a golpes en la cabeza en el garaje de la casa parroquial de San Sebastián, de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Dos días antes había publicado el informe “Guatemala: Nunca más”, que exponía a miles de testigos y víctimas de la represión estatal y culpaba de la mayoría de crímenes al ejército de Guatemala.

En las investigaciones se documentaron más de 54,000 violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar (1960-1996). La autoría de la mayoría de brutalidades, según pruebas fehacientes, incluidas masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes, se le atribuyó a las fuerzas del Estado. ​

En el reporte retrospectivo se presentaron miles de testimonios recogidos en todo el país, que fueron relatando cuarenta años de memoria de represión: doscientos mil guatemaltecos muertos, cincuenta mil desaparecidos, un millón de exiliados y refugiados, doscientos mil huérfanos, cuarenta mil viudas. Nueve de cada diez víctimas eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas. En el 90% de los crímenes, la responsabilidad era del ejército o de bandas paramilitares que se relacionaban con él.


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