Guatemala: se suman las acciones judiciales contra el presidente Jimmy Morales y la Corte Suprema decide si le quita la inmunidad

Jimmy Morales tiene dos nuevas acciones de antejuicio

Hellen Mack, a nombre de la fundación Mirna Mack, se presentó esta mañana al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, del Organismo Judicial, para presentar una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.

Mack asegura que la decisión de presentar esta solicitud que busca que el presidente pierda su inmunidad, se basa en que supuestamente el mandatario habría incurrido en el delito de desobediencia, por no respetar la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente la expulsión de Velásquez.

Además aseguró que la solicitud de antejuicio interpuesta por la fundación, se argumenta en el artículo 32 de la Ley de Amparos, que establece que la Corte de Constitucionalidad (CC) puede destituir a la persona que no obedezca alguna resolución.

A criterio de Mack, el presidente Jimmy Morales incurrió en desobediencia, porque después de haber sido notificado de la decisión de la CC, reiteró en su mensaje, la declaración de non grato al comisionado.

“Mientras está el amparo provisional, él -Jimmy Morales- está obligado a obedecer y al no obedecer, él ya incurrió en la desobediencia, y por lo tanto, si la Corte de Constitucionalidad lo decidiera, lo pudiera destituir”, dijo Mack.

Los ciudadanos Eleonora Muralles, Alejandro Balsells, Gabriel Wer y Elvyn Díaz, pidieron que se le retire el derecho de antejuicio a Morales y presentaron otra solicitud, argumentando que el mandatario incurrió en tres delitos.

Según los cuatro ciudadanos, las acciones del presidente denotan faltas y pueden tipificarse bajo los delitos de obstrucción a la justicia, coacción y abuso de autoridad. Al momento el Organismo Judicial ha recibido cuatro solicitudes de antejuicio contra el presidente Morales.

Otras solicitudes

El viernes de la semana pasada, Thelma Aldana, fiscal general del Ministerio Público, e Iván Velásquez, comisionado contra la Impunidad en Guatemala, presentaron una investigación por financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.

La investigación reveló que el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) obtuvo de manera ilícita financiamiento para la campaña que llevó a la presidencia a Jimmy Morales y quien figuraba como secretario general de la agrupación política.

Por estos delitos, el MP y la Cicig, presentaron una solicitud de antejuicio contra el mandatario. El domingo, después de conocerse la decisión de Morales de declarar non grato a Iván Velásquez y ordenar su expulsión, la organización Acción Ciudadana presentó una segunda solicitud para retirar la inmunidad al presidente.

Prensa Libre


Esta semana la CSJ conocería antejuicio contra presidente Jimmy Morales

En las manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, está el primer paso del avance de la solicitud del retiro de inmunidad al presidente Jimmy Morales. El proceso se desarrollará en medio de una crisis de Estado, por la decisión de Morales de declarar non grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

La CSJ podría conocer el expediente este miércoles, durante la plenaria de magistrados, dijo a la agencia DPA, el portavoz del Organismo Judicial, Ángel Pineda.
Se confirmó que el expediente de antejuicio fue presentado la tarde del viernes ante un juzgado de turno por la Cicig y el Ministerio Público (MP).

Thelma Aldana, fiscal general del MP e Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, presentaron los resultados de investigaciones que vinculan al mandatario, por el delito de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015, cuando ganó la elección presidencial, como candidato del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), del cual era también secretario general.

La disputa llegó a su extremo el domingo, cuando Morales declaró “non grato” al comisionado Velásquez y ordenó su expulsión “inmediata”.

La intolerancia hacia Velásquez llevó al mandatario a visitar la sede de la ONU el viernes para entrevistarse con el secretario general del organismo, António Guterres, y pedir límites a la acción al frente de la Cicig.

La expulsión no se concretó porque la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó la medida resolviendo a favor tres amparos provisionales, promovidos contra la decisión de Morales.

Morales, quien al asumir la presidencia el 14 de enero de 2016 se hizo eco del fuerte deseo de la población de acabar con la corrupción, enfrenta, 19 meses después, la posibilidad de una formación de causa por el delito de financiamiento electoral ilícito.

Eventualmente, de perder su inmunidad, una decisión que en última instancia corresponde al Congreso, en caso de que la CSJ decida darle trámite, el jefe de Gobierno tendría que encarar a la Justicia, lo que lo obligaría a renunciar al cargo.

Esto pasó hace dos años con el entonces presidente Otto Pérez Molina, después de que en agosto de 2015, la Cicig y el MP, solicitaran su antejuicio tras vincularlo con una red de defraudación aduanera.

Los dos órganos de investigación presentaron la solicitud contra Pérez Molina el 21 de agosto de 2015, sindicándolo de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Cuatro días fueron necesarios para que la CSJ resolviera con lugar, lo que motivó al entonces mandatario a dimitir el 2 de septiembre.

No es ésta la única razón que provoca un desgaste entre Morales y Velásquez. En el ámbito familiar hay un proceso que afecta a Morales. Se trata de un proceso penal contra uno de sus hijos y su hermano. Ambos son procesados por un fraude por el cobro de un servicio no prestado en 2013, al Registro General de la Propiedad.

El mandatario guatemalteco dijo ayer que “confirma” su decisión de declarar “persona non grata” a Velásquez, pero advirtió que la razón no se origina en “motivos personales”.

Defiende que su posición radica en que Velásquez se ha excedido al mandato de la Cicig, y concretamente lo señala de haber ejercido “presiones” sobre el Legislativo y sobre los administradores de Justicia mediante una presión mediática.

De cara a una semana crucial, la población, que ya realizó el domingo protestas, espera conocer la acción que el mandatario ejercerá frente al trámite del antejuicio promovido en su contra.

Entretanto, diputados del partido Convergencia, presentaron ante la CC una acción de amparo, ante un posible estado de sitio que eventualmente decretara el Ejecutivo, informó Sandra Morán, una de las diputadas que solicitó la medida.

Prensa Libre


Infografía del colectivo #Justicia Ya


 

Esto debes saber de la crisis que atraviesa ahora Guatemala

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, justificó su decisión de expulsar al colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de Naciones Unidas.

El mandatario dijo en un mensaje a la nación que al declarar “non grato” al jefe de la misión de las Naciones Unidas y ordenar su inmediata salida del país actuó por “lealtad a la patria”.

Argumentó que Velásquez se excedió en sus funciones al intervenir en asuntos internos de Guatemala, como “presionar” al Congreso por reformas constitucionales y utilizar a los medios de comunicación para que respaldaran las acusaciones de la CICIG.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala dejó en suspenso la decisión presidencial de declarar “non grato” al jefe de la misión de Naciones Unidas contra el crimen y la corrupción, el colombiano Iván Velásquez.

La CC, máximo tribunal en materia constitucional, que sesionó de urgencia este domingo, concedió un amparo interpuesto por particulares contra la expulsión del país de Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El vocero de la CC, Santiago Palomo, dijo a periodistas que el amparo en favor del jefe de la CICIG fue autorizado por tres magistrados, mientras que otros dos se declararon “disidentes” (ni a favor ni en contra).

Renuncias

En tanto, la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia María Hernández Mack, y tres viceministros de la cartera renunciaron este domingo como colaboradores del gabiente del presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, informaron medios locales.

Hernández y los viceministros Edgar Rolando González Barreno, Adrián Estuardo Chávez y Juan Carlos Verdugo renunciaron en una carta dirigida a Morales, después que el mandatario declaró “non grato” al colombiano Iván Velásquez, presidente de una misión de Naciones Unidas contra la inmunidad.

“En el momento en que usted decide declarar non grato al Sr. Iván Velásquez de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), asume una posición a favor de la impunidad y de sectores corruptos del país”, indicó la misiva, citada por la edición electrónica del diario guatemalteco El Periódico.

Esa decisión contradice “las declaraciones que alguna vez hizo sobre justicia y transparencia”, indicaron los excolaboradores del gabinete al mandatario, que calificaron la medida como “acciones prepotentes que parecen dirigidas a obstaculizar la justicia”.

“Consideramos que el plan de trabajo que veníamos desarrollando deja de ser ética y políticamente viable en un gobierno como el suyo, por lo que presentamos la renuncia irrevocable a nuestro puesto de ministra y viceministros, a la espera de su aceptación para el proceso formal de entrega del despacho ministerial”, añadieron.

También se produjo la dimisión de Enrique Godoy García-Granados en los cargos de comisionado del mandatario en el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y presidente de la directiva del Instituto Nacional de Fomento Municipal (Infom).

Las dimisiones se producen en momentos en que integrantes del Gabinete de Gobierno comenzaban a llegar, al filo del mediodía, al Palacio Nacional de la Cultura, donde el titular de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo Estuardo García Morales, confirmó que fueron convocados por el presidente.

Este mismo día, manifestantes se pronuncian en favor de Velásquez y la CICIG ante el Palacio Nacional de la Cultura, la Casa Presidencial y la sede de la CC, en el centro de la capital, y en contra de la decisión de Morales.

Financiamiento ilícito

La CICIG, una misión de la ONU que colabora en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el país, anunció el viernes con el Ministerio Público (MP) que pidió el retiro de la inmunidad del presidente Morales para investigarlo por un probable delito electoral.

Velásquez y la titular del MP, Thelma Aldana, explicaron que se requería el desafuero del mandatario para investigarlo por financiamiento electoral ilícito en los pasadas comicios generales del 2015 cuando fungía como secretario general del ahora partido en el gobierno.

Por las investigaciones de la CICIG y del MP se tienen importantes avances contra la impunidad y la corrupción, como el encarcelamiento de quien fuera el presidente del país, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Pérez Molina y Baldetti asumieron en enero de 2012 y finalizarían su mandato cuatro años después. Fueron detenidos y están en prisión desde septiembre de 2015 acusados de encabezar una organización criminal y una red de corrupción que operaba desde la autoridad recaudadora de impuestos de Guatemala, entre otros casos de corrupción.

El anuncio de la expulsión del titular de la CICIG consternó a la comunidad internacional, que de inmediato anunció su apoyo a Velásquez y a la ONU, mientras que Estados Unidos adelantó que sancionaría al país, de acuerdo con fuentes diplomáticas.
La crisis involucra un enfrentamiento del mandatario con la titular del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Como resultado de una investigación del MP y de la CICIG –entidad de Naciones Unidas que colabora en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad-, el presidente Morales fue acusado de financiamiento electoral ilícito.

El ahora partido en el gobierno, cuyo secretario general era Morales, no justificó el origen de un financiamiento de más seis millones de quetzales (unos 840 mil dólares) en las pasadas elecciones generales de 2015.

El derechista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido de reciente formación y vinculado a sectores militares, postuló como su candidato presidencial en los pasados comicios a su máximo líder, Jimmy Morales.

Según las investigaciones, FCN-Nación no cumplió con las medidas de fiscalización, ni justificó el origen del presupuesto de la campaña política, de acuerdo con los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por su parte, el Arzobispado de Guatemala manifestó su “pesar por la intempestiva y, muy seguramente, injustificada expulsión del comisionado Velásquez”. Además de su “preocupación por la inestabilidad política que el mismo presidente Morales ha generado”. “Debilitar la Cicig hoy equivale a favorecer, en nombre de supuestas banderas soberanas, el que la impunidad y los corruptos salgan beneficiados”, sostuvo.

En tanto, organizaciones internacionales, como Transparencia Internacional y Acción Ciudadana, también rechazaron la expulsión de Iván Velázquez, pues consideró que se trata de “represalias directas contra las entidades que han combatido la corrupción y la impunidad“.

Aristegui Noticias


CC otorga amparo para que Iván Velásquez permanezca en el país

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió emitir un amparo provisional y dejó en suspenso la orden del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al comisionado Iván Velásquez.

El presidente de la CC, Francisco de Mata Vela, pidió a la Cancillería guatemalteca y a la Policía Nacional Civil dejar en suspenso la orden emanada del presidente Morales.

La resolución de amparar ocurre por dos acciones presentadas por Álvaro Montenegro y Elvin Díaz.

Soy 502


Presentan antejuicio contra Jimmy Morales por obstrucción a la justicia

Acción Ciudadana (AC) presentó una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, al considerar que pudo haber incurrido en los delitos de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

Manfredo Marroquín, director de AC, explicó que el mandatario no puede actuar sobre el interés particular y debe prevalecer el interés social y citó el artículo 44 de la Constitución Política.

”Al tomar la decisión de nombrar non-grato a la CICIG, básicamente lo que está haciendo es obstruyendo el camino de la justicia para llegar la verdad”, dijo Marroquín.

“El presidente está tomando decisiones que solo le favorecen a él” expresó Manfredo Marroquín, durante la presentación en el Organismo Judicial de la petición de retiro de antejuicio.

Esta solicitud se suma a la presentada el viernes por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que señalan que el mandatario Jimmy Morales, en su calidad de representante del partido FCN-Nación, pudo haber cometido el delito de financiamiento electoral ilícito.

Soy 502


Informe del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala