Iniciativa Mérida, ¿una guerra derramada contra la población?
Iniciativa Mérida, ¿una guerra derramada contra la población?
A EE.UU el narcotráfico le sirvió para entrar en México, armar el famoso plan Mérida similar al plan Colombia. Hay que dejar de pensar que el narcotráfico se lo puede vencer con aviones, drones y ametralladoras. Obviamente, hay narcotraficantes que están de acuerdo con los poderes hegemónicos del mundo y le sirven. La Iniciativa Mérida les ha servido para matar campesinos y acallar la protesta. El periodista Luciano Rivera Delgado fue asesinado de un disparo en la cabeza en la madrugada del lunes 31 de julio en la localidad Playas de Rosarito, en el norteño estado de Baja California. Conducía el noticiario CNR Noticias Canal 54 y dirigía la revista “Dictamen”. Rivera es el periodista número 16 asesinado en los primeros siete meses de 2017.
¿Para qué ha servido el plan contra las drogas financiado por EE.UU.?
Alberto Nájar – BBC Mundo
¿Para qué ha servido la Iniciativa Mérida? Es la pregunta que se formula en México ante la nueva crisis de violencia en el país. La estrategia que se aplica desde 2008 pretende combatir el tráfico de drogas en México y Centroamérica con recursos del gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, desde 2008 el congreso estadounidense le ha asignado al Plan Mérida (como también se le conoce) unos US$1.600 millones. En contraste, en 2015 el presupuesto mexicano para seguridad en el país –que incluye el combate al narcotráfico y la violencia que genera- es de unos US$13.000 millones.
Sin embargo, el problema no es sólo la diferencia en el gasto sino el diseño original de la Iniciativa, explica a BBC Mundo Sonja Wolf, académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).En la estrategia, un elemento importante fue el discurso de Estados Unidos para reconocer que tiene parte de responsabilidad en el problema del narcotráfico, explica.
«Las iniciativas no pueden ser más que un apoyo, y creo que el Plan Mérida va más bien en lo discursivo, lo simbólico. Estados Unidos quiere hacer su parte pero la ayuda es muy limitada».
Estrategia militar
Durante los primeros años de la Iniciativa, la mayor parte de los recursos se gastaron en tecnología y armas para combatir a los carteles de la droga. Por ejemplo las autoridades estadounidenses entregaron a las fuerzas armadas mexicanas helicópteros, aviones con aparatos de rastreo térmico, programas y equipo de cómputo y radiocomunicación así como entrenamiento especializado en operaciones antinarcóticos.
Parte del equipo entregado bajo la Iniciativa, especialmente helicópteros, se perdió en accidentes durante misiones contra carteles de la droga o en operaciones de auxilio por huracanes.Este cariz militar del Plan fue una petición del gobierno mexicano, encabezado entonces por Felipe Calderón, según han revelado especialistas como Wilbert Torre, autor del libro Narcoleaks.
Pero con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia del país, la estrategia cambió.
Desde 2013, cuando se negoció una nueva etapa de la Iniciativa, los recursos se destinaron primordialmente a la prevención de los delitos y la violencia, según dijo el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.
Tarea común
La guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Calderón (2006-2012) causó la muerte a unas 70.000 personas, y al menos otras 23.000 más desaparecieron, según cifras oficiales. En los dos años recientes, ya bajo un nuevo gobierno en México, se han registrado acciones violentas en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Las autoridades insisten en que el índice delictivo ha bajado en el país, aunque organizaciones civiles afirman lo contrario.En todo este lapso, desde mediados de 2008, la Iniciativa Mérida ha estado vigente. Hoy el plan necesita más que discursos y dinero, coinciden especialistas.
Una estrategia efectiva contra el narcotráfico y la violencia que genera necesita de acciones contundentes de Estados Unidos, pero también de sus países vecinos. «Toda iniciativa como la Mérida puede apoyar en algo, pero sobre todo los países que reciben los fondos tienen la mayor responsabilidad en encontrar respuestas más eficaces a lo que quieren hacer», explica Sonja Wolf.
El ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en una conversación con el diario Reforma, recordó que se necesita más que la coordinación entre los dos países para terminar con la violencia. «Como vecinos podemos hacer cosas para ayudar, para apoyar, pero claramente la evolución en México es responsabilidad de México, no de nosotros».
Efecto Trump hace declinar Iniciativa Mérida
Alonso Urritia – La Jornada
Sujetos a revisión como parte de los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México, los diferentes fondos de apoyo en materia de seguridad y lucha contra el tráfico de estupefacientes han tenido una tendencia declinante. La partida principal, englobada en la denominada Iniciativa Mérida, de la cual el país vecino ha transferido 2 mil 624 millones de dólares a México en 10 años, tiene prevista para 2017 una asignación de tan sólo 129 millones de dólares.
Durante su anuncio de la construcción del muro, Trump incluyó como parte de las acciones colaterales para reforzar la seguridad de su país la revisión de todos los fondos aportados a México durante los pasados cinco años para revisar su destino.
Sin embargo, según un estudio del Congreso estadunidense, a partir de la Iniciativa Mérida, que además de la aportación de respaldo financiero intensificó la cooperación bilateral, se registró la aprehensión de los principales líderes de los cárteles de la droga en México.
Impulsada por el presidente de extracción republicana George W. Bush, en 2007, la Iniciativa Mérida estaba inserta en un cambio en los esquemas de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas, luego de dejar atrás el viejo esquema de certificaciones estadunidenses como condición para otorgar apoyos financieros.
De acuerdo con las partidas aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, la etapa de mayor auge del financiamiento estadunidense se produjo entre 2008 y 2010, cuando se transfirieron casi mil 500 millones de dólares al gobierno mexicano. Las transferencias financieras y de equipo militar coincidieron con el periodo en que escalaba la guerra contra el narcotráfico en México y cuando se disparó la violencia que dejó miles de muertes en el calderonismo.
Basada en la experiencia del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida supuso un cambio en la actitud mexicana de aceptar apoyo financiero de Estados Unidos. Sin embargo, a partir de esos años las aportaciones de Washington fueron menguando e incluso para el ejercicio 2015, tras conocerse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras violaciones a derechos humanos en México, la administración de Barack Obama congeló la aportación de 5 millones de dólares, los cuales se liberaron en octubre pasado.
En el gobierno de Enrique Peña el monto que obtuvo nuestro país vía Iniciativa Mérida fue de 672 millones de dólares, frente a los poco menos de 2 mil millones que se recibieron en el sexenio pasado.
Matar al mensajero
Los periodistas que cubren los hechos de violencia en los estados en los que el narcotráfico tiene una mayor presencia en México son uno de los actores más afectados por esta connivencia entre el crimen organizado y las agencias de seguridad que se ve alentada por el apoyo del gobierno estadounidense a la guerra contra las drogas.
De acuerdo con el sitio web The Intercept, los periodistas asesinados en México son aquellos que están comprometidos en “documentar la corrupción política y las relaciones del Estado con el tráfico de drogas”. Éste fue el caso de Javier Valdez, cofundador del semanario Ríodoce, quien fue asesinado a plena luz del día supuestamente por haber publicado una entrevista con uno de los enviados de Dámaso López, El Licenciado, líder de una de las alas en las que se dividió el Cártel de Sinaloa después de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán.
“Una semana antes del asesinato de Valdez, el Comité para la Protección de los Periodistas sacó a la luz un reporte en el que detalló los recientes asesinatos de periodistas y las fallas en el procesamiento de estos crímenes”, refiere The Intercept. El gobierno mexicano ha registrado desde el 2000 el asesinato de 114 periodistas, sin embargo, sólo 48 de estos crímenes han sido investigados, de los cuales tres han resultado en una condena.
También el gobierno estadounidense ha hecho referencia a los constantes ataques en contra de periodistas y a la impunidad con la que el gobierno de México trata estos delitos. Según el informe sobre derechos humanos en México del Departamento de Estado: «A veces los periodistas son objeto de ataques físicos, hostigamiento e intimidación debido a sus informes. Los autores de la violencia contra los periodistas siguieron actuando con impunidad con pocos informes de investigación, detención o enjuiciamiento de sospechosos”.
Ceceña: Una guerra derramada hacia toda la sociedad
Federico Larsen – Miradas al Sur
Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia, Los Caballeros Templarios, son solamente algunos de los nombres de las organizaciones criminales del Estado de Guerrero, México, que han comenzado a aparecer con fuerza en las páginas de la prensa internacional en las últimas semanas. Todos nombres que remiten a la fuerza, la virilidad, la lealtad, y que han servido para firmar las peores atrocidades cometidas en ese paraíso turístico en las últimas décadas.
Según datos oficiales, solamente en 2013 se cometieron allí 2.203 homicidios. Una tasa de 63 asesinatos cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Pero aun esos datos tienen el defecto de estar basados sobre lo que las autoridades federales y distritales registran, y en los últimos tiempos quedó más que claro que esa información es muy poco confiable. Porque si hay algo que caracteriza a los Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia o Los Caballeros Templarios, es su profunda penetración en la vida política e institucional de Guerrero.
Alcaldes, fiscales, gobernadores y legisladores han sido acusados y hasta condenados como jefes de esos mismos grupos. El último caso que conmocionó a la sociedad mexicana, y que puso en evidencia estos vínculos, fue la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala a manos de la policía local el pasado 26 de septiembre. Todos eran alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero, institución que ha formado históricamente jóvenes con una fuerte tradición de lucha social. Entre sus ex alumnos se destacan Lucio Cabañas Barrientos, líder del grupo guerrillero Partido de los Pobres; el sindicalista Genaro Vázquez Rojas, asesinado en una emboscada por el ejército, o el dirigente comunista Othón Salazar Ramírez.
En diciembre de 2011 la represión policial contra los estudiantes de esa escuela dejó un saldo de dos jóvenes muertos durante una protesta para exigir mejoras edilicias para la institución. Los normalistas de Ayotzinapa y sus profesores fueron atacados el mes pasado por efectivos municipales mientras viajaban a la manifestación que todos los años se realiza en la Ciudad de México en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. Allí pretendían llevar sus demandas por una reforma educativa y cuestionaban a las autoridades locales por las condiciones en que deben estudiar. S
in embargo, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien actualmente está prófugo, ordenó que se detuvieran los colectivos en que se trasladaban los normalistas. Desde ese momento seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecieron. Por estos hechos, las autoridades de Guerrero, pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron sindicadas como cómplices del crimen organizado que azota el Estado, y la sociedad toda salió a manifestarse para pedir la aparición con vida de los jóvenes y la renuncia de los mandatarios locales.
“Estos muchachos de Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el traspaso de un umbral”, analizó en esta entrevista, Ana Esther Ceceña, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y referente del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
-¿Cómo se puede analizar lo que sucede en la política mexicana, a la luz de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa?
-Están pasando muchas cosas con la política mexicana. Es un proceso que viene avanzando desde hace unos 12 o 15 años, y se ha relacionado también con esta política general de la droga que hizo correr los centros neurálgicos desde Sudamérica hacia México. Porque, como el mercado más grande de consumo es EE.UU., México es la locación más adecuada. Eso fue provocando un corrimiento de esas actividades ilícitas relacionadas con la venta, el tráfico e incluso con la producción misma de drogas. Cuando esto se instaló ya de manera consistente en el país, EE.UU. promovió una política que llamaba de guerra contra las drogas, que fue asumida cabalmente por el entonces presidente Felipe Calderón a partir del año 2006.
Esta “guerra contra el narco”, como se la llamó, significaba por un lado dar institucionalidad al trabajo del ejército en seguridad interna, y eso movió muchas cosas en el terreno de los cuerpos de seguridad del país, porque ya no eran solamente las policías las que estaban combatiendo el crimen organizado sino que entraba el ejército de manera muy protagónica en el combate supuestamente al narcotráfico. Desató realmente una guerra en el país esta política. A pesar de que la sociedad mexicana ha estado insistiendo muchísimo en que no es ni siquiera la manera de detener al narco, y que está provocando problemas terribles en el país, no se ha querido modificar. No solamente por las autoridades mexicanas. EE.UU. ha dicho reiteradamente que esa es la política adecuada y la que van a sostener.
Y la sostienen a través de la Iniciativa Mérida y también a través de otro conjunto de relaciones que tienen con México hace tiempo atrás y que se han ido reforzando, pero siempre con esta misma intención. Eso se combina, por otro lado, con un país en el que las instituciones políticas son muy frágiles porque están muy deslegitimadas y porque la corrupción es algo realmente sistemático y abarca todos los niveles del manejo público.
-Qué significa esto para la vida cotidiana de la población?
-Hoy en México al mismo tiempo que hay reclamos por la aparición de estos muchachos tenemos muchos otros desaparecidos. Estos jóvenes de Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el traspaso de un umbral, por la manera tan impune, tan salvaje como fueron tratados. Pero de hecho es una tónica que está más o menos instalada en todo el país, y cada día aumenta el número de víctimas y desaparecidos. Hay muchos reclamos en ese sentido pero al mismo tiempo hay reclamos en todos los otros niveles. Es decir que hay una situación en la que ha desaparecido, o por lo menos hay vacíos gigantescos en el estado de derecho. En parte por esta militarización ascendente. Entonces no hay estado de derecho, no hay autoridades a las cuales acudir, no hay instancias que garanticen una cierta seguridad ciudadana, y eso combinado con el aumento de los negocios del crimen organizado y de varios otros tipos ha dado lugar a un explosivo. Estamos preocupadísimos porque el país parece estar a punto de estallar en pedacitos.
Es decir, a punto de ser balcanizado. Porque no hay autoridad del Estado. Incluso ahora con estos acontecimientos terribles, mientras la sociedad está escandalizada, el presidente trata el tema como si fuera un atropellamiento de una persona en un viaducto. El Estado central está muy frágil y los poderes locales han crecido muchísimo. Se han fortalecido en parte a través de la representación política que tienen los gobernadores, pero siempre muy vinculados con la actividad mafiosa que hay en cada región. Entonces usted va a tener en cada lugar elecciones en las cuales algunos candidatos son retirados por miedo y otros son puestos con recursos del crimen organizado. De manera que se ha ido conformando una estructura de poder en todo el país de poderes locales muy contaminados por el crimen organizado y un Estado muy débil, con sospecha de estar imbricado también con el narco. Todo esto en el medio de una total y absoluta impunidad. La sociedad ha sido colocada en una situación de indefensión casi total. S
e siente muy sola, muy agredida y en cierto sentido descontrolada porque no se sabe bien por dónde vienen los golpes, porque llegan por todos lados. No es una guerra muy focalizada. Es una guerra derramada hacia toda la sociedad. Y de repente puede ocurrir que es contra algunos empresarios, luego contra un poblado, o contra estudiantes o cualquier otro miembro. Es una situación de una tremenda inestabilidad, de un tremendo vacío del estado de derecho, de una indefensión muy grande y de una impunidad total.
-En su momento llamó la atención que las autoridades involucradas fueran miembros del PRD, que se presentó en los últimos años como un contrapeso progresista a la corrupción generalizada…
-Es el sistema político en su conjunto. Por supuesto hay matices, pero que en estas circunstancias son menores. Ya no hacen diferencias. El caso de Guerrero es gravísimo en ese sentido, es muy elocuente. Porque el gobernador que ha sido reiteradamente señalado por una actitud de arrogancia e impunidad y atropello, está sostenido por el PRD. La cúpula le ha sostenido su apoyo y está entonces involucrada en lo que está sucediendo ahí. El gobernador dijo que él no intervino cuando supo lo que estaba sucediendo con estos muchachos porque llamó al alcalde de Iguala y no le contestó el teléfono, por ejemplo.
-¿Entonces no hay ninguna alternativa?
-La situación es difícil porque realmente ha escalado muchísimo. Los niveles a los que ha llegado esta imbricación entre la política, las instituciones y el crimen organizado son muy altos. Pero la sociedad está movilizadísima incluso en estas circunstancias que son tan difíciles, de tanto miedo. Tenemos jóvenes en las calles de todas las ciudades importantes del país todo el tiempo reclamando. Y eso es algo muy sentido por los jóvenes. Porque la verdad que esto es una guerra. Una guerra social en que la gran parte de los afectados son los jóvenes. Se mata a los migrantes jóvenes, se desaparecen jóvenes que son llevados a fincas y se les hace trabajar como esclavos. Están ocurriendo cosas gravísimas que no salen tanto a la luz y que involucran sobre todo a la población joven, que ya están golpeados por el neoliberalismo, por una situación económica difícil, que no tienen muchas perspectivas de futuro y además son las principales víctimas de estos criminales. Creo que ha llegado el momento de que, si de por si van a vivir asustados porque les puede pasar de todo, es el momento de tomar la rienda y salir a levantar sus voces. Y se están organizando, se están movilizando. Algo muy curioso es que en este caso tenemos jóvenes de universidades privadas, de las que forman los cuadros de la burguesía, que se han movilizado y han hecho actos en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. Es decir que hay realmente una conmoción social amplia, que abarca muchos sectores de la sociedad. Pero además tenemos organizaciones de derechos humanos, más tradicionales, intelectuales, académicos, sindicatos o trabajadores que también se movilizan. Incluso organizaciones barriales. Los culpables de este asesinato son los culpables de todo lo que le está ocurriendo a esta sociedad. Es como un criminal amplio, un masacrador muy amplio que nos está golpeando a todos en todos lados. Que está carcomiendo derechos, que nos está quitando las pocas libertades democráticas que se habían conseguido. Y llegó el momento en que la sociedad no está más dispuesta a permitirlo. No sé si esto es suficiente como para echar atrás una dinámica que ha ido corroyendo, descomponiendo la sociedad hasta tal punto, pero creo que más bien tendríamos que pensar en qué tanto se logra reconstruir los valores sociales, los valores democráticos, en un mediano plazo, y qué tanto se logra controlar a la corrupción cuando ésta ha llegado a los niveles más altos. Esto quiere decir que las instituciones que estarían abocadas a controlar y sancionar están comprometidas con la misma corrupción. Es una situación que no se resuelve de un día para el otro. No basta con cambiar un presidente o poderes locales. Es un trabajo que va a tomar tiempo, que nos va a costar para recuperar la posibilidad de vida en este territorio. Pero mucha gente está en eso y estamos peleando como podemos y donde podemos.
-Es llamativo cómo en los países con mayor presencia militar y económica de EE.UU., como México, Colombia o inclusive Paraguay, se note mayormente esta descomposición y la actuación del crimen organizado. ¿Hay ahí alguna relación?
-Lo que está ocurriendo en México tiene que ver con este reacomodo territorial y disciplinario que corresponde al siglo XXI. Nosotros hablamos aquí de que estas guerras como la que está ocurriendo en México son las guerras del siglo XXI. Que no son propiamente una guerra. No es una dictadura. Eso tiene principio y fin. En el caso de lo que nos está ocurriendo a nosotros es el crecimiento rampante de una situación de guerra.
Una situación de guerra que se instala y que como no tiene un principio claro tampoco tiene un fin claro.
Va poco a poco transformando las formas de vida. Por un lado con ese disciplinamiento que requiere el capitalismo a nivel internacional. Para nosotros EE.UU. es el hegemón principal de este sistema capitalista por más que haya disputas hegemónicas. Y para nosotros, que vivimos al lado, que tenemos una frontera enorme con ellos, que tenemos 17 millones de mexicanos viviendo allá, que tenemos vínculos muy fuertes con ellos, la política de EE.UU. es la que se asume como representación del capitalismo mundial. Para ellos el siglo XXI ha sido un siglo de muchos desafíos porque el capitalismo como tal está siendo fuertemente cuestionado en todos los lugares del planeta.
Y poblaciones incluso chiquitas se levantan contra las políticas capitalistas. Y eso está ocurriendo en tantos lugares que se ha vuelto un elemento de desafío a los planes de impulso de la acumulación capitalista. Las empresas son fuertemente contestadas, se buscan recursos legales o de movilización para evitar que las mineras destrocen territorios. Entonces el desafío ha implicado que en este siglo XXI se ha estado pensando estratégicamente un reordenamiento de las disciplinas en el territorio. Por disciplinas entiendo la aceptación de un modo o de otro de la dinámica del sistema capitalista y su modo de acumulación. Para hacer este reordenamiento evidentemente uno de los brazos fuertes ha sido el militar.
La militarización en América latina solamente en el siglo XXI ha hecho pasar el número de bases en un continente donde hay una situación relativa de paz, donde EE.UU. tiene muchos recursos diplomáticos y económicos para tener el control de la situación. Que se ha dado a través de las bases militares pero también en las modificaciones en el comportamiento militar. En las reglas de control de las sociedades. Por ejemplo, los cambios en los códigos penales y las leyes relacionadas con la seguridad. La introducción por ejemplo de esta idea del enemigo terrorista en todos nuestros países. Y lo que hace eso es colocar a la población como sospechosa.
El terrorista es un enemigo difuso, que no se sabe dónde está y por dónde va a salir. Que generalmente se parece mucho a la gente sencilla, que actúa desde su casa haciendo por ejemplo un arma biológica. Entonces todo poblador de estos países es un sospechoso. Cambió el estatus. Nosotros antes éramos siempre inocentes hasta que se pruebe que somos culpables. Hoy es al revés. Hoy somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes. Y esto hace que las políticas de seguridad se hayan modificado muchísimo. Hoy en todos nuestros países, incluido EE.UU., nos pueden detener sin orden de aprensión, pueden catear nuestros domicilios sin orden. Simplemente con la justificación de que podríamos ser terroristas.
Esto ha provocado situaciones que llevadas al extremo son la que tenemos en México. Aquí tenemos sí un enemigo claro que se marcó cuando inició la guerra contra en narco que eran los cárteles de la droga. Pero hasta donde nosotros sabemos han sido tocados muy levemente. El negocio de la droga sigue siendo un negocio boyante en el país. Los cárteles controlan territorios, vías de comunicación, siguen teniendo altísimas ganancias y la sociedad es la que está siendo afectada. Es decir, aquellos que de algún modo eran afectados por estas actividades ilegales también están siendo afectados por aquellos que supuestamente las están combatiendo. Pero esto no es propiamente una guerra. No hay una declaración de guerra ni una dictadura.
Es un país supuestamente democrático. Pero todo el sistema político valida estas cosas, y parece como que esto es una anomalía. Cuando crece la criminalidad nos debemos preguntar cómo todas las instituciones la han estado auspiciando. Hay cosas que hacen que son terribles. Han creado una cantidad de cuerpos de seguridad en estos años que realmente da risa. Porque cuando crean uno, capacitado, de alto nivel, que se ocupe de combatir al crimen organizado, al cabo de un año lo sacan porque todos se corrompieron y crean otro. Empieza a ocurrir que el propio ejército y la policía están capacitando gente que en realidad está trabajando para el crimen organizado.
-¿Cómo reaccionan las sociedades ante este proceso?
-Yo creo que hay como dos sociedades paralelas acá. Esta sociedad sórdida del crimen, donde matar ya no es un problema, donde lo que está en cuestión no es si uno mata, sino cómo mata. Y otra sociedad que ya no sabe muy bien dónde está parada. Que es la que se quedó con la idea de que estábamos en un país con ciertas reglas democráticas, con cierta posibilidad de acudir a ciertas instancias de regulación jurídica, que tenía cierto tipo de valores para la cual matar sigue siendo inadmisible. Pero esa parte va quedando un poco colgada del aire. La descomposición social en México está siendo muy profunda. Porque lo que ocurre en la sociedad realmente existente es que lo que se está instalando es una situación de guerra que no es una guerra. Es un cambio de modalidades de vida. Tal vez a modalidades de muerte.
