América Latina en el Día de los Desaparecidos: el caso Maldonado en Argentina y una realidad preocupante en México y Colombia

Conmemoran el Día internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

A propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra este miércoles, recordamos algunos casos de personas que han sido detenidas, ocultadas y desaparecidas en América Latina.

La desaparición forzada se usa frecuentemente como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. Esa práctica se ha convertido en un problema que afecta no solo a los parientes del desaparecido, sino también a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Anteriormente, fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, sin embargo, las desapariciones forzadas son perpetradas actualmente en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas políticos, indígenas, ancianos y niños, son especialmente vulnerables ante esta situación, asegura la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, es preocupante el incremento de desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Como es el caso del joven activista argentino Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto del presente año, tras ser detenido por Gendarmería durante un allanamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, Argentina.

Diversas organizaciones de derechos humanos responsabilizan al Estado por la desaparición de Maldonado y exigen que se conozca su paradero.

Por su parte, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, sostiene que no hay pruebas que demuestren que el activista se encontraba en ese lugar aquel día.

Ante la flagrante indiferencia y violación de los derechos humanos, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, comparó al Gobierno de Macri con la dictadura militar de Jorge Rafael Videla, en la que sufrió la detención y desaparición de dos hijos y una nuera.

“Es tan parecido a la desaparición de nuestros hijos, me trajo tantos recuerdos”, sostuvo De Bonafini, al tiempo que aseguró que la Administración de Macri repite la práctica llevada a cabo por Videla: ocultar información sobre el paradero de las víctimas de la desaparición forzada.

Ayotzinapa, a casi 3 años de los desaparecidos

Otro claro ejemplo de olvido de justicia y de violaciones de derechos humanos, es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el estado Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, luego de ser atacados por la policía local de Iguala.

A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, el Estado mexicano no ha dado ninguna respuesta relevante sobre el paradero de los jóvenes, por su parte, ha tratado de silenciarlo, tras no permitir en reiteradas ocasiones la investigación de los entes internacionales, debido a incoherencias en las investigaciones de las autoridades mexicanas.

Tanto padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, como diversas organizaciones de los derechos humanos se han movilizado en reclamo de la “verdad y justicia”. Ante la lucha, la Procuraduría General de la República (PGR) de México ha asegurado que entregará resultados del caso en octubre de este año.

De acuerdo a cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en México se desconoce el paradero de al menos 30.973 personas. Según la Secretaría de Gobernación, son 639 casos ocurridos hace casi una década; 236 anteriores a 2007, y de 429 se desconoce la fecha exacta de las desapariciones.

Expertos aseguran que la mayoría de los desaparecidos han sido víctimas de secuestros por parte de bandas criminales, también se han reportado muchas desapariciones forzadas por la policía y los militares, que a veces actúan en connivencia con las bandas criminales.

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado al Gobierno mexicano por no hacer nada por esta problemática social relacionada con el narcotráfico y grupos de bandidos.

El titular de la Secretaría de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, exigió a la Cámara de Diputados la aprobación del borrador de la Ley de Desaparición Forzada que tienen en su poder.

Chong trata de dar respuesta a organismos internacionales y nacionales que reclaman la existencia de una legislación que ampare a las familias de los desparecidos y cumpla con aplicar la justicia.

Asimismo, los familiares de las más de 30.000 desaparecidas actualmente en México, también exigen la aprobación de esta ley, cuyo texto indica que “ningún caso de desaparición forzada pueda archivarse, en este delito no aplican amnistías, indultos y medidas similares a la impunidad”.

Colombia, un país de desaparecidos

Colombia continúa siendo uno de los países de América Latina que más resalta en los casos de desapariciones forzadas.

Aún no se ha podido establecer el total de desapariciones forzadas durante el conflicto armado en Colombia, la cifra oscilaría entre las 30.000 y las 60.000 personas, según el Sistema de Información de Red de Desaparecidos Cadáveres (SIRDEC).

Organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y políticos de Colombia han expresado su respaldo a la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que tendrá como labor principal encontrar a los más de 50.000 desaparecidos que hay en el país suramericano.

Las cifras tanto de desapariciones forzadas, como de asesinatos y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia evidencia la presencia de grupos paramilitares, en la pretensión de ocupar los espacios del territorio abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras el acuerdo de paz firmado con el Gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Así lo aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, quien evidenció en un reciente informe que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.

Telesur


Argentina – Denuncia penal contra Macri por la “desaparición forzada” de Santiago Maldonado

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció ayer penalmente al presidente Mauricio Macri, a tres ministros, a dos secretarios y a cinco jefes de la Gendarmería por la “desaparición forzada” del joven Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto en Esquel, Chubut.

Fuentes judiciales informaron que la presentación también pidió que “oportunamente” se cite a prestar declaración indagatoria a Macri y al resto de los denunciados para, posteriormente, se disponga “su procesamiento en orden a los delitos tipificados en la presente denuncia”.

La denuncia fue hecha ante la Cámara Federal porteña y, tras el sorteo de rigor, recayó con el número 12.445/2017 en el juzgado federal 6, de Rodolfo Canicoba Corral.

Además de Macri, la presentación alcanzó al Jefe de Gabinete, Marcos Peña; a los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, respectivamente; y a los secretarios de Derechos Humanos, Claudio Avruj y de Seguridad, Pablo Noceti.

También abarcó al director de Gendarmería, Gerardo Otero; a los comandantes de la fuerza en Chubut, Fabián Méndez, Pablo Badie y Conrado Balari; y al jefe del Escuadrón 36 de Esquel, gendarme Juan Pablo Escola.

En nombre de la LADH firmaron la presentación su presidenta y secretario, Graciela Rosenblum y José Schulman, respectivamente, con el patrocinio letrado de los abogados representantes del Instituto Arturo Sampay, Eduardo Barcesat, Arístides Corti y Jorge Cholvis.

Puntos clave de la presentación de la LADH

– Se debe investigar si los presuntos hechos descriptos en la denuncia constituyeron los delitos de “desaparición forzada de personas”, “encubrimiento”, “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”.

– “Está probado por diversos testimonios volcados en la causa judicial (…) que Santiago Maldonado participó de un reclamo en solidaridad con integrantes de la Comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, próximo a la ruta nacional 40”.

– “Más de 30 efectivos” de la Gendarmería Nacional reprimieron “de forma severa y brutal” la protesta “con empleo de armas de guerra” e “invadieron el lugar iniciando una persecución con ribetes de cacería, bajo las consignas de ‘fuego’, ‘disparen’, ‘cacen a uno’, ‘atrápenlos’, por orden emanada del Juez Federal Guido Otranto”.

– “La estampida de los mapuches ante este ataque brutal e indiscriminado, llevó a correr hacia un río cercano. Santiago Maldonado corrió también con ellos y se refugió en arbustos linderos al río, pero no lo cruzó, se presume que por no saber nadar y desconocer también que era un río, en ese paraje, no muy profundo ni correntoso”.

– “Santiago se había refugiado de la cacería humana, con las piernas sumergidas hasta las rodillas en el río, tomado de un arbusto, cuando su cuerpo fue aprehendido por los efectivos de Gendarmería” a la vez que resaltó que “los gendarmes formaron una pantalla tras el cuerpo de Santiago y lo cargaron en un vehículo de Gendarmería”.

– “Tras esa aprehensión del cuerpo de la víctima, nada se ha sabido ni esclarecido sobre la vida, libertad, integridad física y psíquica de Santiago Maldonado; nuevamente el “noche y niebla” se ha enseñoreado sobre la suerte y paradero de un ser humano”.

– “Sólo el Gobierno nacional persiste en la negativa” la hipótesis de la desaparición forzada de Maldonado, y lo hace “trazando relatos ficcionales y, como siempre en los períodos de excepcionalidad institucional, intentan culpabilizar a la víctima”.

– “El rimero de miserabilidades – prosiguió- culmina con las expresiones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que en programa de Mirtha Legrand afirmó que se pretende generar la existencia de dos bandos: “…los que quieren que Santiago aparezca y los que quieren que Santiago no aparezca”.

Río Negro


La ONU pide a México reforzar sus medidas para evitar desapariciones

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al Estado mexicano a abrir un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición en el país, donde suman más de 32 mil personas en esa calidad.

En un mensaje con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas –que se conmemora este 30 de agosto– y en el contexto de los 10 años de la aprobación por las Naciones Unidas de la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el representante en México de esa oficina, Jan Jarab, difundió un mensaje en el que exhortó a las autoridades del país a reforzar el régimen de protección internacional contra dicho flagelo.

En el llamado, que se da a conocer este miércoles, el funcionario internacional alentó enérgicamente al Estado mexicano a reconocer la competencia del Comité de la ONU para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones a los derechos consagrados en dicha convención.

Ya han transcurrido ocho años de la ratificación por México de la convención. Actualmente están registradas más de 30 mil personas desaparecidas en el país. Considerando el dolor existente, y que sigue creciendo, es imperioso que México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición y refuerce el régimen de protección internacional contra dicho flagelo, sostuvo Jarab.

Agregó que como activo promotor de la convención, México debe sumarse a los estados que ya se benefician de la jurisprudencia del comité. Y esto se logrará mediante el reconocimiento de su competencia, con lo que el Estado mexicano daría una muestra adicional y concreta de querer atender el crítico problema que padece mediante la cooperación de los organismos internacionales.

Además, al reconocer esa competencia se dotaría a las víctimas de un estándar de protección más alto y les permitiría recurrir a una instancia internacional especializada en el legítimo reclamo de sus derechos.

Jarab detalló que con el propósito de impulsar el reconocimiento de la competencia del comité, este miércoles a las cuatro de la tarde, la ONU-DH México lanzará la campaña Defendamos hoy los derechos de las personas desaparecidas, en la que, mediante las redes sociales, se invitará a la ciudadanía a sumarse al llamado al Estado mexicano para aceptar la competencia del comité.

Esta oficina internacional reiteró su exigencia a la Cámara de Diputados para que apruebe, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, la ley general sobre desaparición de personas, se le asignen los recursos necesarios y se garantice su puesta en marcha efectiva.

La ONU-DH reafirma su voluntad y compromiso de seguir acompañando a las víctimas de desaparición en México en sus demandas de justicia, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no repetición. Además, refrenda su disposición de seguir brindando su asesoría y cooperación al Estado mexicano para superar el gran reto que enfrenta en esta materia, finalizó.

La Jornada


Colombia: buscar los desaparecidos, una tarea de avance lento – Por Olga Patricia Rendón

La desaparición forzada en Colombia es un delito que se mantiene. Si bien se firmó un Acuerdo de Paz con las Farc, que, según la Procuraduría, deben responder por 2.760 personas de las que se desconoce su paradero, otros grupos como bacrim, carteles de droga y delincuencia común siguen con esta práctica.

Este crimen, aún vivo en el país, ha dejado, según el Registro Único de Víctimas, 46.970 personas desparecidas en el marco del conflicto armado, y esta es una de las razones por las que la búsqueda se ha tornado lenta e infructuosa.

Además, la imposibilidad de determinar cuántos siguen sin aparecer debido a los subregistros por falta de denuncia, o porque regresaron y sus familiares no avisaron a las autoridades, ayuda a mostrar un panorama sin resultados apremiantes.

“La desaparición forzada sigue ocurriendo en Colombia, y eso es algo que tiene que ser visible para toda la sociedad”, señaló Martina Fava, responsable de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR.

¿Un Estado insuficiente?

La conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada busca sensibilizar a la población mundial sobre uno de los delitos más atroces, ya que su carácter de ejecución permanente no permite la sanación de las familias y, por el contrario, la inquietud y zozobra se mantienen hasta la aparición del ser querido.

De la desaparición forzada se tienen noticias en Colombia desde 1977. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, son más de 60.000 personas de las que no se sabe nada (dato que difiere con el de la Unidad de Víctimas).

Para hallarlos, Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, dijo que se hace necesario impulsar, con una firme voluntad política, “avances concretos en la búsqueda de personas desaparecidas. Los pasos que se han dado no son suficientes. Todas las partes del conflicto tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas sobre los hechos ocurridos”.

En esa dirección, hoy el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, le enviará una carta al presidente Juan Manuel Santos en la cual le pide que adelante todas las acciones legales para aceptar la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas, contemplado en la Convención Internacional de Protección de todas las personas contra las desapariciones, cuyo artículo no fue ratificado por Colombia, lo que impide que el Comité contra la Desaparición Forzada de las ONU pueda recibir y tramitar casos que se presenten en el país.

“Evidencia falta de voluntad política para resolver uno de los crímenes más atroces que, desafortunadamente, se siguen presentando”.

Las acciones del Estado

No obstante, el Estado colombiano ha trazado una ruta para la búsqueda de aquellas personas de las que se desconoce su paradero.

Una de las medidas es la creación la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, nacida bajo el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Aunque esta unidad aún no está conformada, hasta el momento funciona la comisión nacional creada en el año 2000. El Comité de Escogencia de la JEP está determinando quién será el director de la UBPD y se conocerá el 26 de septiembre; se espera inicie operación en enero de 2018.

Los retos los dejó claros el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina: “Hemos estado trabajando hasta en el más mínimo detalle para garantizar que la unidad pueda cumplir con sus funciones, para que las víctimas puedan participar en los momentos del proceso. El mayor desafío que enfrenta la UBPD es el de consolidar el número de personas desaparecidas”.

Además, Medicina Legal avanza con el Plan Cementerio desde octubre de 2015, con el cual ha exhumado 388 restos óseos que habían sido sepultados sin identificar. Ahora la tarea es darles nombre. Así mismo, la Fiscalía ha exhumado desde el 2005, 8.736 cadáveres y ha entregado a sus familiares 4.062 restos óseos de sus seres queridos.

INFORME

CIFRAS DE LA PROBLEMÁTICA

· 46.970 personas han sido víctimas directas de desaparición forzada, según el Registro Único de Víctimas.

· Entre enero y junio de 2017, 3.357 personas desaparecieron, de acuerdo con Medicina Legal. 1.829 eran hombres y 1.528 mujeres. De ellos, 51 corresponden a desaparición presuntamente forzada.

· En Antioquia se presentaron 221 desapariciones en el primer semestre de este año.

· 87.054 personas desaparecidas continúan sin aparecer, según Medicina Legal.

· Desde el 2014, el CICR recuperó los restos de 44 personas desaparecidas, indagó por la suerte de 857 personas y adelantó gestiones que dieron con el paradero de 365 personas reportadas como desaparecidas, quienes fueron encontradas vivas o muertas.

(*) Periodista egresada de la Universidad de Antioquia.

El Colombiano


ONU: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Llegan unos hombres. Irrumpen en la vivienda, casa, casucha o choza de una familia, rica o pobre, en una ciudad o en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en cualquier momento del día o de la noche, habitualmente de paisano, algunas veces en uniforme, siempre armados. Sin dar explicaciones, sin presentar ninguna orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quién actúan, se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un automóvil, haciendo uso de la violencia de ser necesario.

Así suele ser el primer acto del drama que lleva a la desaparición forzada o involuntaria de una persona, violación particularmente odiosa de los derechos humanos.

¿A quién afecta?

Definición

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Documento PDF, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:

«se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y queluego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»

Las propias víctimas

Las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber “desaparecido” de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.

Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.

Amigos y familiares de las víctimas

La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas si no existe un certificado de defunción. El resultado es a menudo la marginación económica y social.

Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres, además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A ese título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo.

Los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos.

Comunidades

Las comunidades están directamente afectados por la desaparición de sostén de la familia, y la degradación de la situación de las familias económica y su marginación social.

La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Una grave violación de los derechos humanos

Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber “desaparecido” de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son:

-El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;

-El derecho a la libertad y seguridad de la persona;

-El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

-El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida;

-El derecho a una identidad;

-El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales;

-El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización;

-El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición

Las desapariciones también suponen en general una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas, así como sus familias:

-El derecho a la protección y a la asistencia a la familia;

-El derecho a un nivel de vida adecuado;

-El derecho a la salud;

-El derecho a la educación.

Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, establecen que, cuando como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una «desaparición forzada» ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.

ONU


¿Cuáles son los países con más desapariciones forzadas?

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha propuesta por la ONU como conmemoración, se analizan los países que cuentan con más desapariciones forzadas en los últimos 30 años.

El mundo conmemora este miércoles el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra este miércoles, diferentes órganos de la ONU señalan en un comunicado que es “inadmisible” que en 2017 se sigan produciendo desapariciones forzadas.

Esta fecha fue propuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para recordar a las personas que han sido detenidas y reportadas desaparecidas en todo el planeta.

La fecha se celebra desde el 2011, luego de que se emitiera una declaración por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 65/209, del 21 de diciembre de 2010. Según la ONU, el propósito de esta celebración es “exigir verdad, justicia y, además, honrar la memoria de los desaparecidos”.

>> Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

En la actualidad, se contabilizan 43 mil casos de desapariciones en estudio en el mundo, según el último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas reunido en Buenos Aires (Argentina).

“Todos los días recibimos nuevos casos de personas en todo el mundo que han sido sujetas a una desaparición forzada. Cuando esto sucede, la vida de familias enteras se rompe en pedazos, y la estructura de la sociedad se daña. Esto tiene que acabar”, señalaron los expertos del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En este sentido, los expertos de la ONU también expresaron su preocupación por la reducción del espacio democrático para los familiares y los defensores de derechos humanos que trabajan en desapariciones forzadas, y subrayaron la obligación de los Estados de garantizar que puedan trabajar de manera eficaz.

 

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha propuesta por la ONU como conmemoración, se analizan los países que cuentan con más desapariciones forzadas en los últimos 30 años.

El mundo conmemora este miércoles el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra este miércoles, diferentes órganos de la ONU señalan en un comunicado que es “inadmisible” que en 2017 se sigan produciendo desapariciones forzadas.

Esta fecha fue propuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para recordar a las personas que han sido detenidas y reportadas desaparecidas en todo el planeta.

La fecha se celebra desde el 2011, luego de que se emitiera una declaración por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 65/209, del 21 de diciembre de 2010. Según la ONU, el propósito de esta celebración es “exigir verdad, justicia y, además, honrar la memoria de los desaparecidos”.

>> Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

En la actualidad, se contabilizan 43 mil casos de desapariciones en estudio en el mundo, según el último informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas reunido en Buenos Aires (Argentina).

“Todos los días recibimos nuevos casos de personas en todo el mundo que han sido sujetas a una desaparición forzada. Cuando esto sucede, la vida de familias enteras se rompe en pedazos, y la estructura de la sociedad se daña. Esto tiene que acabar”, señalaron los expertos del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En este sentido, los expertos de la ONU también expresaron su preocupación por la reducción del espacio democrático para los familiares y los defensores de derechos humanos que trabajan en desapariciones forzadas, y subrayaron la obligación de los Estados de garantizar que puedan trabajar de manera eficaz.

Telesur


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